El cruel ataque a los uniformados de la Policía de Tarazá se produjo cuando estos estaban cumpliendo labores de control al tránsito en el municipio. Desde dos motocicletas, hombres armados comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra los uniformados, dejando gravemente herido al patrullero Rafael Lenin Suárez.

“Cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas dispararon de manera indiscriminada contra los uniformados, resultando lesionado el patrullero Lenin Rafael Suárez Osorio, de 26 años de edad”, informó la Policía de Antioquia.

Otro ataque se reportó en el municipio de Remedios, también en la cabecera municipal. El atentado habría dejado a tres policías lesionados y al parecer a dos delincuentes abatidos. En un video se ve el triste momento en que los policías heridos tienen que ser trasladados en una moto grúa, hacia un hospital cercano.

En la última semana van 13 atentados contra la fuerza pública en Antioquia, registrados en el Norte, Urabá, Magdalena Medio, Nordeste y Bajo Cauca, dejando una lamentable cifra de cuatro policías y un soldado asesinados.

Dentro de uno de los cambuches de la invasión de la finca Santa Elena, en Caucasia, ocurrió el asesinato de dos hombres, luego de que personas armadas llegaran hasta la propiedad y les dispararan, en medio de la disputa criminal que se vive en este municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la invasión más grande de Colombia y allí fueron asesinados José Gabriel Pineda González y otra persona que no fue identificada, ya que no le encontraron documentos.

Las autoridades manejan como primera versión un ajuste de cuentas entre las estructuras delincuenciales, aunque los residentes de esta invasión indicaron desconocer de lleno lo sucedido con estas dos personas, debido a que habría ocurrido en horas de la madrugada y el ataque se habría perpetrado con un arma con silenciador.

Aunque fue poco lo que los investigadores lograron recolectar en esta zona, ya avanzan en las indagaciones para dar con los responsables y una de las bases para hacer la investigación son los antecedentes de Pineda González, quien contaba con registros por los delitos de daño en bien ajeno, hurto y tráfico de estupefacientes.

Este hecho ocurrió dentro de los predios de la finca Santa Elena, en este municipio del Bajo Cauca antioqueño, un predio de 378 hectáreas y que fue invadido por 8.000 personas desde hace un año y que desde entonces pasó de estar conformada por unas carpas verdes y negras sostenidas por palos de madera a contar con decenas de propiedades hechas de material y con servicios públicos.

La propiedad es administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y se encuentra en un litigio con el exnarcotraficante Juan Gabriel Úsuga Noreña, quien la compró en 1998, pero que desde el Domingo de Ramos de 2024 fue invadida, bajo el apoyo del Gobierno Nacional, ya que el entonces director de la entidad, Daniel Rojas Medellín, dijo que no iba a desalojar a nadie de estos terrenos.

De hecho, el presidente Gustavo Petro en una visita a Caucasia expresó: “Alcalde, usted aquí como primera autoridad, le solicito: háblese con los señores dueños de tierras, haciendas, latifundistas no para que nos engañen, ojo, a precio comercial y tierra fértil, nosotros estamos dispuestos a comprarles las haciendas. Si hay un predio urbano o cerca de la ciudad, le pediría que organice a las familias que se han tomado los terrenos para vivienda en una asociación de vivienda y el Gobierno Nacional va a ayudarles por autoconstrucción, o sea, trabajando, a construir las viviendas en un barrio que pueda ser legal”.

En cuanto a los temas de seguridad en Caucasia, durante los dos primeros meses de 2024 se presentaron cuatro asesinatos, de acuerdo con Medicina Legal, en su mayoría en medio de confrontaciones del Clan del Golfo y algunas estructuras criminales locales.

Más de 10 mil ciudadanos se han unido a la iniciativa de la “Vaca por las Vías 4G en Antioquia”, recaudando un total de 3 mil 453 millones de pesos. Este esfuerzo colectivo, liderado por el gobernador Andrés Julián Rendón, será para la culminación de cruciales proyectos de infraestructura en el departamento, según lo establecido por el departamento.

El anuncio oficial fue realizado por el gobernador Rendón a través de su red social, X, donde expresó su sincero agradecimiento por la solidaridad demostrada por los ciudadanos y extendió la invitación a seguir apoyando la causa con el hashtag #MetoPaLaVaca.

Los fondos recogidos serán destinados a financiar la conclusión de proyectos vitales como el Túnel del Toyo o un intercambio vial en Bolombolo, corregimiento del municipio de Venecia, en el suroeste de Antioquia. Estas obras conectarán las vías Pacífico 1 y 2 con la troncal del café y la vía al mar 1, facilitando el acceso y la movilidad en la región.

El Túnel del Toyo, en particular, es un megaproyecto vial de gran importancia estratégica. Una vez finalizado, reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento entre Medellín y Urabá, permitiendo que este trayecto se complete en tan solo 4 horas y media. Además, esta infraestructura facilitará una conexión expedita con los futuros puertos proyectados en esta zona del país, promoviendo el comercio y el desarrollo económico regional.

La gobernación ha reiterado que las contribuciones a esta colecta se realizan exclusivamente de manera digital, a través del sitio web oficial de la Gobernación de Antioquia (antioquia.gov.co).

La Gobernación de Antioquia anunció que en Tarazá se construirá un centro transitorio para sindicados para la Subregión del Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de aliviar la sobrepoblación en las estaciones de policía. Para este proyecto el Gobierno de los Estados Unidos invirtió 1.5 millones de dólares, buscando fortalecer la seguridad y la justicia rural en la región.

Al respecto, esto dijo Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia: “La importancia del proyecto para la construcción de la cárcel en el Bajo Cauca se da porque así la gobernación en parte va a des hacinar las estaciones de policía y vamos a poder librar hombres de la Policía Nacional para que cumplan su misión que es garantizar la seguridad ciudadana”.

En Medellín se realizó el primer encuentro de socialización de esta iniciativa, que convocó a la Gobernación de Antioquia, los alcaldes del Bajo Cauca antioqueño, y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Gobierno norteamericano, entre otras instituciones.

Esto agregó Paula Polo, directora de Paz de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, sobre los nuevos proyectos que acompañarían a la cárcel de Tarazá: “Vamos a iniciar la construcción del centro transitorio en el municipio de Tarazá. Pero también es importante llegar con otro tipo de proyectos, como lo es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Sobre todo, en los municipios del Bajo Cauca, donde contamos con economías ilícitas, las cuales las vamos a cambiar por economías ilícitas, como lo son los proyectos productivos”.

Por último, el gobierno de los Estados Unidos espera que con esta inversión mejore la seguridad y haya mayor garantía para los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Fuente: https://bityl.co/P5Mz

Cerca del 30 por ciento de los líderes de acciones comunales en el Bajo Cauca habrían renunciado a sus cargos por las presiones de los grupos armados que se disputan el dominio de esa subregión del departamento de Antioquia, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.

En concreto, la información al respecto la dio la Fundación Sumapaz, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos y documenta las afectaciones por el conflicto en la región.

“Recibimos información de diferentes fuentes donde se hace constar la renuncia de varios líderes comunales en todos los municipios del Bajo Cauca. Esta tiene que ver con varios factores: en primer lugar, el fortalecimiento, avance y ampliación de las fronteras de control territorial de las organizaciones que hacen presencia en la zona y cómo estos están buscando instrumentalizar a la población civil, principalmente a las juntas de acción comunal, bajo intimidaciones directas y han generado que muchos que no quieren ser instrumentalizados decidan mejor renunciar a sus cargos”, le dijo a EL COLOMBIANO Óscar Yesid Zapata, investigador de la Fundación Sumapaz.

Pero aparte de la constatación directa realizada por la entidad mencionada, de acuerdo con Zapata, este fenómeno ya había sido advertido dentro de la exposición del contexto de la zona realizada por la Defensoría del Pueblo en la alerta 047 de 2020 donde se habla de “las cerca de 25 consumaciones de riesgo sobre situaciones de violencia en el Bajo Cauca”

Agregó que su propósito al hacer la denuncia al respecto es llamar la atención del Gobierno Nacional y departamental, que son los responsables directos de garantizarles la seguridad a las personas dedicadas al servicio de sus comunidades, para que emprendan acciones de prevención y protección.

“La situación es muy delicada porque se pierden escenarios importantes de participación política; con esto se ve obstaculizado el ejercicio democrático que tienen estas organizaciones sociales, que es fundamental para la implementación de proyectos de bienestar social”, dijo.

“El llamado es al gobernador (Andrés Julián Rendón) y al presidente de la República (Gustavo Petro) para que realmente se preocupen por estas situaciones”, reiteró Zapata.

Este diario también consultó al Instituto Popular de Capacitación, otra organización de Derechos Humanos que hace presencia en el Bajo Cauca, y su presidente, Carlos Zapata, dijo no tener conocimiento del fenómeno denunciado por Sumapaz. Sin embargo, corroboró que, en su intento por lograr un reconocimiento político en el marco de los diálogos que el Gobierno ha iniciado con organizaciones ilegales en el contexto de la estrategia de la paz total, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo vienen tratando de cooptar a las acciones comunales y sería una problemática que se aprecia sobre todo en los municipios de Cáceres, Caucasia y Tarazá.

Como lo dio a conocer hace unos días  en un informe, en los primeros tres meses de este año las AGC, ahora autodenominadas como Ejército Gaitanista de Colombia, ha desatado una guerra con las disidencias de las antiguas Farc por el control territorial en cuatro de las nueve subregiones de este departamento.

Esas cuatro áreas son Urabá, Occidente, Bajo Cauca y Nordeste, todas conectadas geográficamente entre sí. El resultado ha sido el aumento de los homicidios en algunos lugares hasta en más del cien por ciento.

Uno de los conflictos más cruentos ha tenido como centro una parte del Nordeste y del Bajo Cauca, donde se han dado encuentros violentos del Clan del Golfo con una alianza atípica entre el ELN y las disidencias de las Farc, tradicionalmente enemigas pero actualmente amangualadas en esta guerra.

El motivo es el manejo de las rentas criminales resultantes de la distribución de estupefacientes, de la explotación del oro en las corrientes del río Cauca y en los socavones de las áreas que limitan con el sur de Bolívar. La confrontación ha dejado hasta ahora más de 64 asesinatos y cientos de desplazados.

Fuente: https://bityl.co/OxBx

Los habitantes de Antioquia respondieron al llamado del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez para financiar la finalización de las vías de cuarta generación (4G) en el departamento, lo que desencadenó un torrente de solidaridad y compromiso comunitario.

Este gesto, impulsado por la iniciativa del gobernador Andrés Julián Rendón, fue denominado como “el vaquímetro”, una muestra de la determinación del pueblo antioqueño por asegurar su desarrollo y progreso.

La propuesta inicial, presentada por el expresidente Uribe, planteaba que aproximadamente un millón de habitantes de Antioquia contribuyeran con alrededor de un millón de pesos cada uno, ya sea mediante donaciones o préstamos, para completar las carreteras que atraviesan el departamento.

Esta idea generó un intenso debate en las redes sociales, donde los usuarios expresaron sus opiniones y preocupaciones.

Sin embargo, a medida que se difundía la noticia y se debatían los detalles del plan, la respuesta de la comunidad antioqueña fue abrumadoramente positiva. En apenas dos días, el fondo creado para este propósito logró recaudar la suma de $1.240′454.646, gracias al compromiso y generosidad de miles de ciudadanos.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, hasta las 10:00 a. m. del domingo 24 de marzo, la recolección de fondos había superado la marca de mil millones de pesos.

Uno de los rostros visibles de esta movilización es Estiven Pino, un trabajador del Túnel del Toyo y miembro destacado de la mesa de veeduría de la “vaca”. En un emotivo testimonio, Pino compartió su experiencia como un hombre común que, gracias a este movimiento, encontró una voz y una plataforma para contribuir al desarrollo de su región.

“Solo soy un simple campesino que ayer estaba arrastrando mangueras en el lodo y hoy estoy acá, soy víctima de violencia”, expresó Pino. “Muchos hombres y mujeres hemos trabajado diariamente arduamente todos los días. Todos los antioqueños y colombianos, con sus impuestos, también han contribuido a que se construya. Es hora de dar ejemplo de lo bueno”.

Las donaciones, que superaron las expectativas más optimistas, fueron interpretadas como un símbolo del compromiso y la unidad del pueblo antioqueño. Más de 1.200 personas contribuyeron con un millón de pesos cada una.

Sin embargo, este movimiento también enfrentó desafíos y controversias. La donación realizada por el Clan del Golfo ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso. A pesar de las promesas de devolución por parte del secretario de Hacienda, el destino de este dinero y las implicaciones éticas de aceptar fondos de origen cuestionable continúan siendo motivo de debate.

Clan del Golfo habría donado millones a la “vaca” las vías 4G en Antioquia

A través de un comunicado que rápidamente se viralizó en redes sociales, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, confrimó una donación cercana a los $10 millones para la “vaca” destinada a financiar la terminación de obras de infraestructura en Antioquia.

El comunicado, cuya veracidad aún no ha sido desmentida por ninguna autoridad, incluye supuestos comprobantes de consignaciones que respaldan la contribución del Clan del Golfo a esta causa. Según el texto, el EGC se suma a la colecta pública con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y evitar que las obras se vean afectadas por la burocracia nacional.

Si bien la donación fue recibida con sorpresa y controversia, dado el origen del Clan del Golfo y las preocupaciones sobre la legitimidad de los fondos, el gobernador Rendón emitió un pronunciamiento firme.

En su declaración, Rendón asegura que no permitirá que la iniciativa sea manchada por dineros ilícitos y que cualquier donación debe pasar por procesos de identificación rigurosos. Además, advirtió que cualquier anomalía será reportada a las autoridades correspondientes.

Muestreos de la Procuraduría General de la Nación alertaron contaminación por mercurio y arsénico en el río Nechí,  uno de los más importantes de Antioquia, que concentra alta población en su cuenca y que vierte sus aguas al río Cauca.

De acuerdo con el ente de control, sobre la ronda hídrica del río Nechí en la cabecera municipal del municipio,  se identificaron 15 partes por millón - ppm de mercurio y 23 ppm de arsénico, superando los niveles establecidos por la normatividad internacional de la EPA (Enviromental Protection Agency), los cuales se encuentran establecidos en niveles máximos permisibles de 11 ppm y 0.68 ppm respectivamente, advirtiendo un potencial riesgo para las comunidades cercanas a este afluente.

En la primera mesa territorial realizada en Antioquia, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró que 10 de los 32 departamentos del país están en alerta por uso de mercurio en minería ilícita, por lo que realiza seguimiento y control a las actividades extractivas sin autorización y que están generando graves impactos socioambientales y un deterioro en el tejido social, el orden público y la salud de los colombianos.

Así mismo, la Procuraduría anunció investigación disciplinaria contra el ex alcalde municipal de Buriticá por la falta de implementación de medidas para atender la situación de orden público en el municipio e  informe con fines disciplinarios contra el comandante de la estación de Policía de Caucasia por las presuntas faltas de acciones efectivas para el control de la presunta extracción ilícita de minerales que se realiza en la ciénaga Cascajo del corregimiento de Margento en Caucasia.

Finalmente, se anunció la emisión de la Circular 003 de 2024, la cual exhorta entre otros aspectos, a organismos y entidades, a dar cumplimiento a la implementación con enfoque local y de género, de las acciones necesarias para el control de la extracción ilícita de minerales, que incluya la oferta institucional para asegurar la formalización o sustitución de actividades mineras.

Fuente: https://bityl.co/Os7f

Luego de varias reuniones entre las autoridades de los municipios del Bajo Cauca con directivos de la Fiscalía General de la Nación, un funcionario del ente investigador anunció que próximamente se realizaría la reapertura de la sede de Medicina Legal de Caucasia.

Además, también se anunció que además se daría el retorno de tres fiscales al municipio de Tarazá, los cuales habían debido dejar el territorio a raíz del caso de secuestro en el que resultaron siendo víctimas por parte del Clan del Golfo.

El director seccional de Fiscalías en Antioquia, Daniel Parada, le explicó a Teleantioquia Noticias que el hecho tiene una importancia inmensa no solo para los usuarios, que podrán hacer sus trámites mucho más cerca sin tener que desplazarse hasta Montería, sino también para la institución pues ratifica su presencia en la convulsa subregión.

La medida también es un aliciente para reducir los tiempos de reacción de la entidad y de atención al público, incluso en gastos de transporte de los cuerpos sin vida que debían desplazarse hasta otras zonas para luego se retornados a sus familiares, los cuales muchas veces no tenían como costear este y otros trámites.

Cabe recordar que el pasado 7 de febrero de 2023, el en ese entonces fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció el cierre temporal de la sede de la Fiscalía en el municipio de Tarazá por el secuestro del que fueron víctimas tres fiscales y una funcionaria de un juzgado de ese municipio.

“Quiero rechazar enfáticamente los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero cuando 12 hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá, en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia”, indicó.

Posteriormente al cierre de la oficina de Tarazá se siguió el de la sede de Medicina Legal de Caucasia el 1 de agosto de 2023 por amenazas a sus colaboradores.

Daniel Parada, director seccional de Fiscalías en Antioquia confirmó que fueron reabiertas las sedes de Medicina Legal en Caucasia y la Fiscalía en Tarazá, ambos municipios del bajo Cauca. Esto luego de que se suspendieran las actividades por razones de seguridad.

En enero del 2023, tres fiscales, con sede permanente en Tarazá, fueron secuestrados y posteriormente liberados, ante esto la Fiscalía, alegando que no había seguridad, cerraron la oficia en febrero de ese año.

Posteriormente, el 1 de agosto, la sede de Medicina Legal de Caucasia también fue cerrada, por amenazas recibidas por los colaboradores.

Pese a estas circunstancias, finalmente la Fiscalía ordenó la reapertura de las sede y confirmó el correcto funcionamiento.

Fuente: https://bityl.co/Oqiz

Ante la falta de resultados eficientes y poca evidencia de la ejecución de la estrategia del Gobierno Nacional para la contención de la explotación ilícita de yacimientos mineros, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, convocar sesiones extraordinarias del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados – CONALDEF.

El Ministerio Público le solicitó a la jefe de la cartera ministerial, convocar a este espacio de coordinación interinstitucional para el control y vigilancia contra la deforestación y otros crímenes ambientales, que permita definir acciones y planes de trabajo por la minería ilegal de oro y metales preciosos en ecosistemas estratégicos del Río Atrato, Río Cauca, Amazonía y del Páramo de Santurbán.

La problemática, según el órgano de control, se agudiza especialmente los ecosistemas ubicados en el Bajo Cauca antioqueño, la región de la Amazonía y los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Santander, Bolívar, Caldas y Córdoba.

Finalmente, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos, y Agrarios, el órgano de control expresó que es apremiante concretar acciones para detener la deforestación y coordinar la implementación de estrategias de rehabilitación, recuperación y restauración ecológica en regiones que además, sufren el flagelo de la violencia y en la que sus habitantes vienen sufriendo afectaciones a la salud, vida y seguridad alimentaria, por cuenta de la contaminación con mercurio, cianuro y otros contaminantes.

El Ejército reportó la captura de dos presuntos integrantes de una organización criminal que delinque en el bajo Cauca Antioqueño. De acuerdo con el reporte de las autoridades, se logró la ubicación de una vivienda, la cual sería un punto de encuentro de criminales dedicados al tráfico y la extorsión de comerciantes.

En este lugar se capturó a un individuo, quien sería el encargado de recolectar los dineros producto de las actividades ilegales. Así mismo, en una operación en simultánea se logró la captura de su compañero, quien fue capturado en flagrancia, reclamando 900 mil pesos producto de la extorsión a un comerciante del municipio.

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En esa operación se hizo la incautación de un revólver, munición para el mismo, prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, dinero y un celular, con los cuales amedrentaban e intimidaban a la comunidad para lograr sus fines criminales.

Los capturados y el material incautado fueron dejados ante las autoridades judiciales correspondientes.

Fuente: https://bityl.co/Mzzy

En las recientes horas todo un revuelo se generó en Antioquia y tiene que ver con el alcalde electo de Zaragoza, en el bajo Cauca, quien tiene encima varias investigaciones por posible corrupción. Incluso, algunas voces dicen que podría terminar preso antes de asumir el cargo.

Luego de que el pasado 29 de octubre se llevaran a cabo los comicios, inició oficialmente el proceso de empalme entre quienes abandonan las alcaldías y gobernaciones y quienes entran a liderar. Con esto, también empiezan a salir a la luz varias investigaciones que tienen algunos mandatarios electos y que permiten cuestionar su victoria en las elecciones. 

Ese es el caso del alcalde de Zaragoza en Antioquia, Andrés Luján Monroy, quien tiene cuatro procesos judiciales por varios delitos según la red de veedurías de Colombia. 

“Entre ellos falsedad y contratos sin el lleno de los requisitos legales, pero este no es el único señalamiento que pesa contra él mismo, hay procesos adelantados por fuga de presos, igual indebida celebración de contratos, a su vez como presunto tráfico de influencias, todas estas ameritan también sanciones ejemplarizantes y prontas”, indicó Pablo Bustos, presidente de la red de veedurías. 

La versión de Andrés Luján Monroy sobre procesos en su contra

Por su parte, el alcalde electo Andrés Luján aseguró que la audiencia prevista para el pasado miércoles 8 de noviembre, por el delito de falsedad de documento público, fue aplazada y no tiene fecha programada. Respecto a lo que tiene que ver con los otros tres delitos, indicó que todos están archivados. Así lo confirmó en diálogo con Noticias RCN. 

“No estoy a punto de ser condenado. Nosotros hemos actuado con mucha transparencia, no nos hemos robado nada, no le hemos hecho daño a nadie y dentro de este proceso solamente se venía el sentido del fallo por el delito de falsedad ideológica de documento público, no es cierto que Andrés esté investigado por peculado, por prevaricato y mucho menos que tenga 4 o 5 procesos”, aseguró. 

Andrés Luján ganó en Zaragoza, municipio del bajo Cauca de Antioquia, con 5.241 votos.

Fuente: https://bityl.co/MIys

Desde la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional informaron que en el marco del Plan Ayacucho y en cumplimiento del Plan Democracia, han designado a 2.500 soldados para fortalecer la seguridad en los 213 puestos de votación que serán custodiados por los uniformados el próximo domingo 29 de octubre, durante las elecciones regionales.

Según la información suministrada por la institución, los miembros del Ejército estarán en 33 puestos de votación en el Bajo Cauca antioqueño, 93 en Córdoba, 52 en Sucre y 35 en Bolívar. 

Asimismo, aseguraron que pondrán a disposición sus capacidades tácticas, técnicas y humanas, con el firme propósito de velar por su protección. Además, afirmaron que hasta los sectores más apartados de estas zonas llegarán las tropas para garantizar el libre derecho al voto y prevenir cualquier situación que altere el orden. 

La Décima Primera Brigada del Ejército Nacional informó que, desde los diferentes Puestos de Mando Unificados (PMU), miembros del Ejército, Armada y Policía Nacional integrarán esfuerzos con las Gobernaciones, Alcaldías, Registraduría Nacional y demás autoridades civiles departamentales, para contribuir al desarrollo de un proceso electoral transparente y libre de amenazas. 

Cabe resaltar que desde la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han alertado que por lo menos 33 municipios de Antioquia se encuentran en riesgo extremo electoral, convirtiéndolo en uno de los departamentos de Colombia con mayor cantidad de municipios de riego electoral, especialmente en las subregiones de Urabá, Norte, Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño.  

Asimismo, desde la MOE han informado sobre los posibles riesgos de fraude electoral que se pueden registrar en el departamento. Defensores de derechos humanos de Antioquia han denunciado hostigamientos hacía las comunidades por parte de grupos al margen de la ley para favorecer algunos candidatos.    

Fuente: https://bityl.co/LulM

En el municipio de Valdivia, en la zona urbana del Bajo Cauca antioqueño, una comisión que realizaba labores de allanamiento fue atacada desde el interior de una vivienda donde se encontraba material de guerra almacenado.

Tras un enfrentamiento de 20 minutos, ocho personas, siete hombres y una mujer, fueron capturadas y posteriormente enviadas a la cárcel.

Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, los enfrentamientos ocurrieron tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda, con los atacantes usando armas de fuego.

De acuerdo con Daniel Parada Bermúdez, director Seccional de Antioquia, las investigaciones indican que los capturados formaban parte de una estructura criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios selectivos en varios municipios del norte y Bajo Cauca antioqueños.

Los delitos imputados a los detenidos están relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso civil y militar.

En el transcurso de la operación, se incautaron 14 fusiles, una subametralladora, un revólver, 8,516 cartuchos de diferentes calibres, una mina antipersonal, radios de comunicación, 11 morrales, 14 uniformes pixelados y boinas con siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entre otros elementos.

Fuente: https://bityl.co/LYlD

En una acción conjunta entre el ejército, la Armada Nacional y la policía ubicaron y destruyeron tres unidades mineras que serían ilegales, según las autoridades. Este operativo se realizó en el río Cauca entre las poblaciones de Cáceres y Caucasia en Antioquia.

Según el reporte del operativo en las tres unidades incautaron tres dragas tipo caperuzas, cuatro dragas tipo buzo, tres motores industriales y diez motobombas. Con esta poderosa maquinaria las personas que trabajaban allí podían extraer más de 1.000 gramos de oro al mes recaudando casi 280 millones de pesos. Presuntamente con estas extracciones ilegales los grupos al margen de la ley presuntamente financian sus actividades ilegales en el territorio.

Esta extracción había afectado más de cuatro hectáreas de fauna y flora lo que podría demorar entre 30 o 40 años en recuperarse.

Fuente: https://bityl.co/LYkv

43º Juegos Intercolegiados de Antioquia, Final Prejuvenil. En el municipio de Tarazá se presentan deportistas de las nueve subregiones del departamento. Competencias en diez deportes. Encuentro deportivo del martes 3 al domingo 8 de octubre. (Fotos cortesía, enviadas por Carlos Alberto Pineda Pérez)

En Tarazá, uno de los seis municipios del Bajo Cauca de Antioquia, pues los otros cinco son: Caucasia, Nechí, Cáceres, Zaragoza y El Bagre, se realizará, desde este martes 3 y hasta el domingo 8 de octubre, una de las finales departamentales de los cuadragésimo terceros Juegos Intercolegiados de Antioquia.

El municipio de Tarazá, que cuenta con aproximadamente 42 mil habitantes, fue fundado el 24 de febrero de 1953 por María del Socorro Casas Gómez y Francisco Valencia Rivera.

En esta población, que es municipio desde el año 1979, en el marco de las justas estudiantiles organizadas y realizadas por Indeportes Antioquia y la Administración Municipal, se desarrollarán torneos en diez deportes con la presencia de atletas de las nueve subregiones del departamento.

En ajedrez, baloncesto, fútbol sala, fútbol, tenis de mesa y voleibol se competirá en la categoría prejuvenil, 12 a 15 años. Por su parte, en la división juvenil (15 a 17 años), se efectuará el torneo de rugby hombres y mujeres. En prejuvenil y juvenil, se presentarán deportistas en patinaje, taekwondo y tejo.

Las emulaciones en las diez disciplinas mencionadas anteriormente, comenzarán el miércoles 4 de octubre en horario matinal.

La apertura e inauguración:

La apertura e inauguración de los 43º Juegos Intercolegiados en el municipio de Tarazá está prevista para este martes 3 de octubre desde las 4:00 de la tarde con un desfile que del parque principal irá hasta el patinódromo municipal, en donde desde las 4:30 de la tarde se realizarán los actos de protocolo.

Los hechos inaugurales serán presididos por Mario Sierra Correa, alcalde de Tarazá; Héctor Javier Vásquez Monsalve, subgerente de Fomento y Desarrollo Deportivo del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia y Edwin Bohórquez, gerente del Instituto Municipal de Deportes de Tarazá, entre otras personalidades.

La apertura de los juegos este martes 3 y las competencias desde el miércoles 4 y hasta el domingo 8 de octubre, contarán con la presencia de deportistas de Urabá, Occidente, Norte, Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá.

Los escenarios deportivos:

En el municipio de Tarazá, los deportistas presentes en las justas atléticas competirán en el parque educativo Jesús Arcángel Ramírez, la placa cubierta Rafael Núñez, el estadio Abraham Miguel Vides, la cancha sintética de fútbol, el coliseo Fredilberto Ramos Salcedo, el patinódromo municipal, la cancha auxiliar Rafael Núñez, la placa cubierta de la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur y la Unidad Deportiva Tarazá.

Campesinos en Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, están confinados en un refugio humanitario tras las hostilidades de grupos armados ilegales que causaron la masacre de cuatro pobladores.

La zozobra persiste en las comunidades rurales de esa localidad del Bajo Cauca antioqueño, en especial en la vereda San Pablo donde se registró la más reciente masacre del país.

El temor en el territorio por los enfrentamientos de los grupos armados ilegales, sobre todo del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, han conllevado a que al menos cinco familias se hayan desplazado pero también que la mayoría de los campesinos estén confinados. Incluso, se ubicaron en un refugio humanitario en esa misma vereda como lo señaló William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca.

“Confinamiento siempre se ha tenido en ese sector de Cáceres, temas de movilidad o extensión de control horario en los caminos, control de movilidad en los caminos, debido a lo que se pasó en San Pablo la comunidad se concentró en un refugio que tienen allí”, afirmó.

La misma Defensoría del Pueblo ha alertado que los confinamientos podrían evidenciarse hasta en 33 veredas de Cáceres por las hostilidades que ponen en riesgo a los campesinos.

Fuente: https://bityl.co/Kwbx

La Fiscalía informó este domingo en un comunicado que comenzó la tercera fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, establecida para el año 2023. Se trata de 95 inmuebles que están vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia y cuyo avaluó supera los 161.277 millones de pesos.  

"Durante esta primera semana de agosto fueron entregadas las fincas denominadas San Luis I, II y III, ubicadas en Montería (Córdoba); y cuyo valor se calcula en 20.372 millones de pesos. La investigación adelantada por la Fiscalía señala que dichos predios estarían vinculados al accionar delictivo del Clan Cifuentes Villa, presuntos financiadores de grupos de las autodefensas comandadas por los hermanos Castaño Gil; también con la Oficina de Envigado que fue comandada por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna", se lee.

Agrega el reporte que se entregaron cinco inmuebles en los municipios de El Bagre y Zaragoza (Antioquia), que estarían relacionados con el Bloque Central Bolívar de las AUC y su valor asciende a 3.797’351.500 de pesos. Además de cinco bienes que habrían hecho parte del patrimonio ilegal del Bloque Cacique Nutibara y que están ubicados en Envigado y Medellín (Antioquia), cuyo valor alcanzaría los $1.222’214.000. 

Los demás bienes incluidos en la tercera fase están ubicados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Valle del cauca, indicó el ente acusador.

Destaca la entidad en esta entrega, en el Caribe, "la finca La Caña, ubicada en zona rural de Montería (Córdoba), que alcanza un valor de 44.142 millones de pesos y está vinculada con el accionar delictivo del Clan Cifuentes Villa, presuntos financiadores de la Casa Castaño. Y la finca Doble Cero, ubicada en el municipio de Valencia (Córdoba). Su valor supera los de 6.675 millones de pesos.  Este bien fue denunciado por Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, como propiedad de Fidel Castaño Gil".

Y también la hacienda Las Mercedes, ubicada en zona rural del municipio de Buenavista (Córdoba), predio avaluado en 3.474 millones de pesos y que estaría vinculado con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco y el Bloque Central Bolívar de las AUC. 

"Cumplida la tercera fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las víctimas para su administración, en octubre de 2023 la Dirección de Justicia Transicional, durante el periodo del señor Fiscal Francisco Barbosa Delgado, habrá entregado 1.185 bienes por un avalúo que supera el billón de pesos", concluye la Fiscalía.

Fuente: https://bityl.co/KNdy

Si por el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia , hay preocupación de cuenta del accionar de mineros ilegales y de estructuras delincuenciales que desde hace semanas hostigan a los trabajadores de la Zijin Continental Gold, por los lados de la minería en el Bajo Cauca hay tensión por cuenta de los recientes operativos de las autoridades que terminaron con la destrucción de dragas y maquinaria amarilla, por los cuales los mineros alertan de un nuevo posible paro. 

El último operativo del Ejército y la Policía en contra de la minería ilegal se realizó en el sector del municipio de El Bagre conocido como El Jobo, en aguas del río Nechí. Allí fueron destruídas 3 dragas y se inmovilizó maquinaria amarilla.

Tres días antes se había realizado otro procedimiento que incluso fue informado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez: “En operaciones contra la minería ilegal en los municipios de Cáceres, Zaragoza y El Bagre fueron destruidos 3 dragas y 8 excavadoras, avaluados en $ 7.650 millones, afectando las finanzas del Clan del Golfo y los del Bajo", escribió en sus redes sociales el funcionario..

Sin embargo, los operativos de las autoridades no solo estarían afectando a mineros ilegales. Así lo hizo saber la Mesa Minera del Río Nechí asegurando que en el procedimiento que realizaron en el sector El Jobo, fue destruída una draga llamada La Naiva que pertenece a una tradicional familia minera de El Bagre y que, argumentan, estaba en proceso de legalización o caracterización con la Gobernación de Antioquia.

“Hemos hecho toda la caracterización de la gobernación de antioquia y vemos con sorpresa del gobierno colombiano que no nos da la oportunidad de formalizarnos, no nos da la oportunidad de crear empresa en colombia”, aseguró Álex Cossio, quien estaba al mando de esa draga.

Hechos como la destrucción de La Nativa han causado malestar en mineros de la subregión, que están analizando la posibilidad de decretar un paro minero porque consideran que las autoridades no están distinguiendo entre los ilegales, los legales y los que están en proceso de legalización.

“En este momento vamos a reunirnos todos los que hacemos parte de la Asociación y otras asociaciones que comportan la minería en el Bajo Cauca, para tomar decisiones, algunos ya hablan de la intensión de un paro, primero tenemos que reunirnos y ver todas las posibilidades, porque lo que queremos en este momento es que nos dejen trabajar, pero no descartamos la posibilidad de una manifestación pacífica”, dijo Francisco Arrieta, vocero de la Mesa Minera del Río Nechí.

Estos operativos se desarrollan a la par de un proceso de identificación o caracterización de unidades mineras del Bajo Cauca, que adelanta la Secretaría de Minas de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, explicó cómo avanza el proceso: “Se ha hablado de un censo de 4.00 a 4.500 unidades mineras, el censo ya van en 3.000, y continuaremos en ella porque ese es el camino, pero ojalá no haya un escollo que signifique un ataque o una intimidación de la población civil”.

Hay que recordar que esta caracterización se adelanta con el objetivo de realizar análisis técnicos y ambientales para definir la viabilidad de un proceso de formalización o reconversión productiva.

Fuente: https://bityl.co/K24S

Con el fin de contrarrestar los fenómenos de violencia que se viven actualmente en diferentes regiones del país, la Procuraduría General de la Nación, en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), fortalecerán la capacidad de acción de las autoridades territoriales, miembros del Ministerio Público, fuerza pública y sociedad civil, incluyendo lideresas, defensoras y mandatarias locales, en los municipios de Caucasia y Cáceres (Antioquia), Caloto (Cauca) y Quibdó (Chocó).  

En el marco del proyecto "Fortalecimiento de capacidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana con enfoque de género y construcción de paz", se realizarán cuatro jornadas que contarán con el apoyo del ministerio de Defensa Nacional y con la participación activa de representantes de los municipios, expertas en género y paz, así como actores relevantes en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Las capacitaciones se enfocarán en la socialización de la nueva Política Nacional de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana en relación a la agenda de género y paz; la identificación y construcción de un mapa de actores clave involucrados en la seguridad y convivencia ciudadana y la aplicación de herramientas de análisis para cada uno de los municipios participantes.

Esta alianza de la Procuraduría busca contribuir a la garantía de los derechos de las mujeres en el marco de la política pública territorial de seguridad y convivencia ciudadana; fortalecer capacidades de los actores locales y promover acciones con perspectiva de género, en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final de Paz, la promoción de la equidad de género, la construcción de paz, el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana en los municipios priorizados.

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