La Gobernación de Antioquia anunció que en Tarazá se construirá un centro transitorio para sindicados para la Subregión del Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de aliviar la sobrepoblación en las estaciones de policía. Para este proyecto el Gobierno de los Estados Unidos invirtió 1.5 millones de dólares, buscando fortalecer la seguridad y la justicia rural en la región.

Al respecto, esto dijo Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia: “La importancia del proyecto para la construcción de la cárcel en el Bajo Cauca se da porque así la gobernación en parte va a des hacinar las estaciones de policía y vamos a poder librar hombres de la Policía Nacional para que cumplan su misión que es garantizar la seguridad ciudadana”.

En Medellín se realizó el primer encuentro de socialización de esta iniciativa, que convocó a la Gobernación de Antioquia, los alcaldes del Bajo Cauca antioqueño, y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Gobierno norteamericano, entre otras instituciones.

Esto agregó Paula Polo, directora de Paz de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, sobre los nuevos proyectos que acompañarían a la cárcel de Tarazá: “Vamos a iniciar la construcción del centro transitorio en el municipio de Tarazá. Pero también es importante llegar con otro tipo de proyectos, como lo es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Sobre todo, en los municipios del Bajo Cauca, donde contamos con economías ilícitas, las cuales las vamos a cambiar por economías ilícitas, como lo son los proyectos productivos”.

Por último, el gobierno de los Estados Unidos espera que con esta inversión mejore la seguridad y haya mayor garantía para los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

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Cerca del 30 por ciento de los líderes de acciones comunales en el Bajo Cauca habrían renunciado a sus cargos por las presiones de los grupos armados que se disputan el dominio de esa subregión del departamento de Antioquia, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.

En concreto, la información al respecto la dio la Fundación Sumapaz, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos y documenta las afectaciones por el conflicto en la región.

“Recibimos información de diferentes fuentes donde se hace constar la renuncia de varios líderes comunales en todos los municipios del Bajo Cauca. Esta tiene que ver con varios factores: en primer lugar, el fortalecimiento, avance y ampliación de las fronteras de control territorial de las organizaciones que hacen presencia en la zona y cómo estos están buscando instrumentalizar a la población civil, principalmente a las juntas de acción comunal, bajo intimidaciones directas y han generado que muchos que no quieren ser instrumentalizados decidan mejor renunciar a sus cargos”, le dijo a EL COLOMBIANO Óscar Yesid Zapata, investigador de la Fundación Sumapaz.

Pero aparte de la constatación directa realizada por la entidad mencionada, de acuerdo con Zapata, este fenómeno ya había sido advertido dentro de la exposición del contexto de la zona realizada por la Defensoría del Pueblo en la alerta 047 de 2020 donde se habla de “las cerca de 25 consumaciones de riesgo sobre situaciones de violencia en el Bajo Cauca”

Agregó que su propósito al hacer la denuncia al respecto es llamar la atención del Gobierno Nacional y departamental, que son los responsables directos de garantizarles la seguridad a las personas dedicadas al servicio de sus comunidades, para que emprendan acciones de prevención y protección.

“La situación es muy delicada porque se pierden escenarios importantes de participación política; con esto se ve obstaculizado el ejercicio democrático que tienen estas organizaciones sociales, que es fundamental para la implementación de proyectos de bienestar social”, dijo.

“El llamado es al gobernador (Andrés Julián Rendón) y al presidente de la República (Gustavo Petro) para que realmente se preocupen por estas situaciones”, reiteró Zapata.

Este diario también consultó al Instituto Popular de Capacitación, otra organización de Derechos Humanos que hace presencia en el Bajo Cauca, y su presidente, Carlos Zapata, dijo no tener conocimiento del fenómeno denunciado por Sumapaz. Sin embargo, corroboró que, en su intento por lograr un reconocimiento político en el marco de los diálogos que el Gobierno ha iniciado con organizaciones ilegales en el contexto de la estrategia de la paz total, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo vienen tratando de cooptar a las acciones comunales y sería una problemática que se aprecia sobre todo en los municipios de Cáceres, Caucasia y Tarazá.

Como lo dio a conocer hace unos días  en un informe, en los primeros tres meses de este año las AGC, ahora autodenominadas como Ejército Gaitanista de Colombia, ha desatado una guerra con las disidencias de las antiguas Farc por el control territorial en cuatro de las nueve subregiones de este departamento.

Esas cuatro áreas son Urabá, Occidente, Bajo Cauca y Nordeste, todas conectadas geográficamente entre sí. El resultado ha sido el aumento de los homicidios en algunos lugares hasta en más del cien por ciento.

Uno de los conflictos más cruentos ha tenido como centro una parte del Nordeste y del Bajo Cauca, donde se han dado encuentros violentos del Clan del Golfo con una alianza atípica entre el ELN y las disidencias de las Farc, tradicionalmente enemigas pero actualmente amangualadas en esta guerra.

El motivo es el manejo de las rentas criminales resultantes de la distribución de estupefacientes, de la explotación del oro en las corrientes del río Cauca y en los socavones de las áreas que limitan con el sur de Bolívar. La confrontación ha dejado hasta ahora más de 64 asesinatos y cientos de desplazados.

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Campesinos en Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, están confinados en un refugio humanitario tras las hostilidades de grupos armados ilegales que causaron la masacre de cuatro pobladores.

La zozobra persiste en las comunidades rurales de esa localidad del Bajo Cauca antioqueño, en especial en la vereda San Pablo donde se registró la más reciente masacre del país.

El temor en el territorio por los enfrentamientos de los grupos armados ilegales, sobre todo del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, han conllevado a que al menos cinco familias se hayan desplazado pero también que la mayoría de los campesinos estén confinados. Incluso, se ubicaron en un refugio humanitario en esa misma vereda como lo señaló William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca.

“Confinamiento siempre se ha tenido en ese sector de Cáceres, temas de movilidad o extensión de control horario en los caminos, control de movilidad en los caminos, debido a lo que se pasó en San Pablo la comunidad se concentró en un refugio que tienen allí”, afirmó.

La misma Defensoría del Pueblo ha alertado que los confinamientos podrían evidenciarse hasta en 33 veredas de Cáceres por las hostilidades que ponen en riesgo a los campesinos.

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La Fiscalía informó este domingo en un comunicado que comenzó la tercera fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, establecida para el año 2023. Se trata de 95 inmuebles que están vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia y cuyo avaluó supera los 161.277 millones de pesos.  

"Durante esta primera semana de agosto fueron entregadas las fincas denominadas San Luis I, II y III, ubicadas en Montería (Córdoba); y cuyo valor se calcula en 20.372 millones de pesos. La investigación adelantada por la Fiscalía señala que dichos predios estarían vinculados al accionar delictivo del Clan Cifuentes Villa, presuntos financiadores de grupos de las autodefensas comandadas por los hermanos Castaño Gil; también con la Oficina de Envigado que fue comandada por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna", se lee.

Agrega el reporte que se entregaron cinco inmuebles en los municipios de El Bagre y Zaragoza (Antioquia), que estarían relacionados con el Bloque Central Bolívar de las AUC y su valor asciende a 3.797’351.500 de pesos. Además de cinco bienes que habrían hecho parte del patrimonio ilegal del Bloque Cacique Nutibara y que están ubicados en Envigado y Medellín (Antioquia), cuyo valor alcanzaría los $1.222’214.000. 

Los demás bienes incluidos en la tercera fase están ubicados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Valle del cauca, indicó el ente acusador.

Destaca la entidad en esta entrega, en el Caribe, "la finca La Caña, ubicada en zona rural de Montería (Córdoba), que alcanza un valor de 44.142 millones de pesos y está vinculada con el accionar delictivo del Clan Cifuentes Villa, presuntos financiadores de la Casa Castaño. Y la finca Doble Cero, ubicada en el municipio de Valencia (Córdoba). Su valor supera los de 6.675 millones de pesos.  Este bien fue denunciado por Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, como propiedad de Fidel Castaño Gil".

Y también la hacienda Las Mercedes, ubicada en zona rural del municipio de Buenavista (Córdoba), predio avaluado en 3.474 millones de pesos y que estaría vinculado con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco y el Bloque Central Bolívar de las AUC. 

"Cumplida la tercera fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las víctimas para su administración, en octubre de 2023 la Dirección de Justicia Transicional, durante el periodo del señor Fiscal Francisco Barbosa Delgado, habrá entregado 1.185 bienes por un avalúo que supera el billón de pesos", concluye la Fiscalía.

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La Corporación Comité DDHH Jesús María Valle Jaramillo, denunció que el grupo ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidos como Clan del Golfo, ha intensificado los retenes ilegales en algunos municipios, especialmente en zonas rurales de Segovia y Cáceres. Donde por ese control ya se reporta desabastecimiento de alimentos y gasolina.

Según la denuncia, la primera situación se estaría reportando en el municipio de Cáceres en el Bajo Cauca antioqueño, allí el grupo ilegal AGC estaría realizando desde hace unos 15 días un control en la vía de acceso a las veredas El Tigre, Muribá, Vijagual, Las Conchas, Peñitas, Peladero, San Pablo, Vaqueros, Malabrigo, el Carmen, Naranjal y La Tinta. Hacia estos caseríos se estarían impidiendo la entrada total de combustible y hasta alimentos lo que tendría desabastecidas esas veredas.

La falta de combustible también tendría parada la explotación de oro en algunas minas de la zona sur de Cáceres, como también es conocida. Esta denuncia fue contrastada con fuentes de la zona quienes confirmaron dicha situación y, agregaron que los retenes no son nuevos, pero lo que denuncia de la corporación sobre el desabastecimiento sí lo es.

“Retenes sociales, control social en el mismo que no generan condiciones para el desarrollo social y laboral de las comunidades de estos sectores, lo que está obligando a un desplazamiento de este personal. En el municipio como tal, esto se está presentando desde el 16 de junio, es decir, vamos casi por 15 días. Cabe resaltar que la población de sectores ha venido denunciando hacia las entidades locales y departamentales y no hay respuesta del gobierno sobre las mismas. Hay un silencio y una omisión”, dijo Gerardo Caballero, integrante del Proceso Nacional Campesino y coordinador nacional agrario.

De otro lado las fuentes consultadas le aseguraron a Caracol Radio que la situación para las veredas antes mencionadas es más grave de lo que se ha conocido públicamente, pero que el temor a denunciar, como en otras zonas del departamento impide que esta situación trascienda. Por ejemplo, que ese control que hace el Clan del Golfo en esa zona es para evitar que le lleguen suministros a la guerrilla del ELN con quien sostiene una guerra por el territorio y en esa labor afectan a las comunidades, tanto así, que indican las fuentes que a la zona no se puede ingresar celulares, ya que son requisadas las personas que van hacia las zonas rurales. Quien quiera ingresar debe tener un permiso y otro de salida. Tampoco se pueden movilizar por las zonas rurales entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.

Otra situación que tiene bastante atemorizada a la población es que el pasado sábado un grupo de presuntos guerrilleros del ELN pernoctaron en inmediaciones de la mina Guapa, distante a unos 10 minutos del área urbana. Según la fuente que habita el municipio de Cáceres, no se tenía registro de la llegada de este grupo ilegal tan cerca de la cabecera municipal desde hace más de dos décadas.

Caracol Radio consultó a la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles que tiene injerencia en ese territorio e indicaron que ya comenzaron con la investigación para determinar las acciones e identificar el lugar exacto del retén ilegal.

Segovia:

La organización también denuncia que la misma situación estaría ocurriendo en zona rural de Segovia, específicamente en las veredas Montefrío y Puerto López, dónde las AGC, estarían intimidando a la población, incluso obligando al comercio a cerrar generando desabastecimiento de algunos artículos de la canasta familiar y el combustible.

“Básicamente desde el 26 de junio se viene presentando una avanzada paramilitar exactamente de un grupo que se denomina AGC, son más de 20 hombres fuertemente armados que vienen haciendo presencia en veredas como Montefrío y Puerto López de este municipio. Ellos realizan un posicionamiento de la vereda Arenales y empiezan a hacer una labor de control social en el territorio, es decir, están cerrando negocios, están pintando casas y están realizando una hostilidad a estos procesos sociales que hacen parte de este territorio”, agregó el integrante del Proceso Nacional Campesino.

Lo que más le preocupa al vocero y que le han expresado los campesinos de las veredas de Segovia, es que muy cerca de la vereda Arenales donde están instalados los ilegales hay presencia de la fuerza pública a través del ejército Nacional. Por ello, solicitó al Estado garantizar las condiciones de seguridad a las comunidades de estas subregiones del Nordeste y Bajo Cauca que están sufriendo la expansión de los grupos al margen de la ley.

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Las fotos que andan circulando por las redes en las que miembros del ELN posan al lado de niños en Versalles, Tibú, Norte de Santander, podrían no ser solo proselitismo armado. 

Se tuvo conocimiento del caso de una niña de doce años que dice que fue secuestrada por el ELN en el bajo Cauca antioqueño para ser explotada sexualmente en Medellín.

Sucedió hace un año, en el municipio de El Bagre, Antioquia, durante una incursión del ELN que se prolongó por más de un mes. Llegaron hasta su casa a exigirle a la familia que se la entregaran "porque todos debían aportar". Tenía 11 años cuando se la llevaron, con otros niños y niñas del pueblo. En principio, pensó que la convertirían en una combatiente, pero a los pocos días del rapto, fue apartada junto con otras niñas. La metieron en un carro y la llevaron a Medellín, donde ella y las demás niñas fueron entregadas a un hombre que, a partir de ese momento, se convertiría en su explotador sexual.

El hombre las obligó a merodear el parque Lleras durante varios meses hasta que la niña y una de sus compañeras aprovecharon el descuido del hombre para escapar, con tan buena suerte que pudieron llegar hasta una estación de policía. Aunque al principio los agentes no creían lo que la niña estaba relatando, finalmente resolvieron abrirle un caso y entregarla al ICBF, que hoy la tiene bajo custodia, aunque lejos de su familia.

La niña no ha podido regresar a El Bagre porque el pueblo sigue dominado por los grupos armados ilegales. Una mitad del municipio es controlada por un grupo al que han denominado “despliegue delictivo El Bajo”. La otra mitad es controlada por la guerrilla del ELN. La niña asegura que fueron "los elenos" los que la sacaron de su casa y los que la entregaron en Medellín. 

La trata en el Bajo Cauca

Su caso podría no ser el único. Organizaciones de derechos humanos que trabajan en la zona, como la Corporación Jurídica Libertad y las Iglesias Santuarios de Paz, afirman que desde hace dos años han empezado a recibir cada vez más denuncias de niñas desaparecidas que luego terminan siendo explotadas en Medellín. En este sentido, las organizaciones advierten que la participación de los grupos armados ilegales en la trata de personas con fines de explotación sexual, no ha sido suficientemente investigada. “Nosotros seguimos en deuda de reconocer la enorme responsabilidad que han tenido los grupos armados en el país en los casos de trata con fines de explotación sexual. Esto no es algo nuevo, pero sí se ha negado mucho”, asegura Katherine Jaramillo, directora de la ONG Valientes, que trabaja ayudando a rescatar a víctimas de las redes de trata. 

En 2020, en un análisis general de la seguridad de todo el Bajo Cauca, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la incursión de nuevas estructuras paramilitares y guerrilleras, encabezadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y por el ELN, en busca del control de ciertas economías de la zona –entre ellas, la minería ilegal y los cultivos de coca–. La Defensoría hizo énfasis en dos fenómenos adicionales: por un lado, el reclutamiento de niños y adolescentes para obligarlos a ingresar a las filas de la guerrilla. Por el otro, la captación de niñas y adolescentes con fines de trata y explotación sexual. 

Pese a que esa alerta temprana no mencionó específicamente a los responsables de la trata y se refirió a grupos armados en general, una fuente de la Defensoría le dijo a CAMBIO que la entidad en la tarea de verificar al menos seis casos que demostrarían la participación del ELN en la trata de personas. 

Astrid Elena Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), le dijo a CAMBIO que, aunque el ICBF tiene unidades móviles que atienden los casos de explotación sexual en menores en zonas de alto riesgo, en el bajo Cauca antioqueño ha sido imposible operar, justamente por el dominio que los grupos armados ilegales sobre la región.

La trata y el conflicto armado

El 18 de noviembre de 2021, la Red Petra Mujeres Valientes entregó un informe a la Comisión de la Verdad en el que expuso dos temas: la violencia sexual contra mujeres y comunidad LGTBIQ+ durante el conflicto armado y la creación de redes de explotación sexual para la financiación de grupos armados ilegales. Pero el informe no ha generado ningún tipo de acción estatal para atender el problema.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe de 2022 sobre la trata de personas, habla sobre la nueva modalidad de financiación que han implementado los grupos armados ilegales.

“Los grupos armados ven en la trata de personas un nuevo negocio, aprovechando el control que ejercen en las zonas donde hacen presencia. Se registra un incremento en el número de casos de trata de personas utilizadas para trabajos forzados”, señala la ONU en el informe de 2022. El 46 por ciento de las redes de trata son manejadas por crimen organizado. Otro 23 por ciento, por organizaciones criminales con control territorial. La ONU también ha constatado que el 62 por ciento de las personas sometidas son utilizadas para explotación sexual.

De acuerdo con un analista que trabaja con cooperación internacional, cuyo nombre prefirió mantener en reserva por seguridad, la caída de negocios como la cocaína ha llevado a que los grupos armados ilegales se hayan volcado a este tipo de delitos. Además de captar víctimas para explotarlas sexualmente, también se dedican a captar a niños, adolescentes y hombres adultos para trabajos forzados. 

Para Katherine Jaramillo, el gran obstáculo que hace difícil reconocer el delito y la manera como operan estas redes es la baja comprensión que existe sobre la trata. Por ejemplo, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes también puede ser entendido como una forma de trata, "pero en Colombia hemos normalizado mucho estos fenómenos. Nosotros tenemos un caso de una víctima reclutada por una guerrilla que, al final, fue utilizada con fines sexuales dentro de la misma organización. Ella fue llevada a otro país, donde su caso sí fue tipificado como 'trata' en contexto de guerra. Eso acá no lo vemos”.

Por eso ha sido tan difícil, para las organizaciones que velan por las víctimas, que en Colombia –en el contexto del conflicto armado– se reconozca plenamente la responsabilidad de los grupos armados ilegales en el delito de trata de personas, que afecta a cientos de víctimas cada año.

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Por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, 75 campesinos se desplazaron de la vereda El Algarrobo en Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Denuncian el homicidio de un civil en medio del fuego cruzado, por lo que piden garantías de seguridad para regresar a sus viviendas.

El vocero del Proceso Social de Garantías, Óscar Yesid Zapata, confirmó que las familias huyeron del sitio por temor a ser asesinadas. Los niños y adultos están a la espera de las garantías de seguridad para regresar al territorio. 

"Unas 25 familias se desplazaron de manera forzada al casco urbano de Cáceres, serían 75 personas y al parecer, la disputa entre los ilegales en la vereda El Algarrobo es por una mina que hay en el territorio. Hay una situación difícil con evasivas institucionales que no están atendiendo estas situaciones ante el riesgo en el que está la comunidad".

Según la ONG de Derechos Humanos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Caparros se disputan el control de la zona para la comisión de delitos. Otras familias de la vereda estarían en riesgo de desplazamiento.

¿Desplazados en Tarazá?

El pasado 31 de marzo, dos núcleos familiares compuestos por 16 personas se desplazaron del corregimiento La Caucana hacia el casco urbano de Tarazá y de ahí a un lugar seguro, tras  amenazas de grupos armados ilegales. En el lugar hay una disputa entre el Clan del Golfo y Los Caparros, según las autoridades.

El secretario de Gobierno de Tarazá, Deivinson Montero, explicó en su momento de ese desplazamiento está un líder de la vereda La Cabaña de La Caucana, a quien le asesinaron a un familiar en los últimos días, lo que aumentó el temor de sus seres queridos.

Hace un mes y medio, fueron asesinados tres mineros en la vereda Tumaco de Tarazá, Bajo Cauca. En su momento, las autoridades atribuyeron la masacre a Los Caparros como una retaliación por el no pago de extorsiones del administrador del socavón.

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Las autoridades siguen sin conocer el paracedero de los seis jóvenes desaparecidos desde el pasado 25 de febrero cuando viajaban hacia la costa Caribe en un camión de carga y al parecer, fueron retenidos por grupos ilegales. en un sector entre Puerto Valdivia y Tarazá.

La policía logró que las familias de los muchachos en edades entre los 15 y 21 años denuncien este hecho y así lograron activar todo un operativo para hallarlos ojalá con vida. Para ello se sumó el Gaula, la Sijin y la Fiscalía; el ente investigador delegó un fiscal especializado para que adelante las indagaciones del caso.

“Iniciamos un ejercicio de búsqueda de estas personas en el municipio de Valdivia y nos desplazamos un poco más hacia Tarazá, Cáceres y Caucasia. Hemos coordinado con nuestro Ejército Nacional, la gobernación de Antioquia y las alcaldías municipales”, dijo el coronel Jorge Cabra, comandante de la policía Antioquia.

Los familiares de los muchachos han logrado comunicarse con algunos de ellos, señaló el Personero del municipio de Valdivia y han indicado que están bien, pero que no se les permite indicar el lugar exacto en el que están retenidos.

Por el momento no se desconoce qué grupo criminal es el responsable de esta retención ya que desde puerto Valdivia y hasta Caucasia delinque la guerrilla del Eln, el Clan del Golfo, Los Caparros y disidencias.

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El Gaula militar y el CTI lograron liberar a una comisión médica que había sido secuestrada en el Bajo Cauca Antioqueño, al parecer, por el Grupo Armado Los Caparros.

Según la Fiscalía General de la Nación, hombres que se identificaron como integrantes del Grupo Armado Organizado Los Caparros secuestraron a estos dos profesionales de la salud, el viernes 19 de febrero, hechos ocurrido en el corregimiento Cuturú, de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

Los rescatados aseguraron que fueron retenidos cuando acudieron a un llamado que les habían hecho para atender una emergencia en ese caserío.

Al parecer, los dos hombres permanecían privados de la libertad en la misma ambulancia en la que se movilizaban.

La Fiscalía adelanta las pesquisas para individualizar, capturar y judicializar a los responsables del hecho. 

Fuente: https://bityl.co/5jFj

Ya son 161 familias, representadas en 510 personas, entre niños y adultos, que permanecen en el coliseo municipal de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, tras desplazarse de la vereda Río Man de Cáceres por las amenazas de los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio.

El alcalde de Caucasia, Félix Olmedo, dijo que como el coliseo no contaba con las condiciones para albergar a todas las familias, se les propuso trasladarlas a la antigua sede del hospital del municipio, pero se negaron por temor a ser contagiados de coronavirus.

El mandatario local aclaró que la antigua sede del hospital no presta servicios de salud y fue higienizada, pero para tranquilidad de las familias, permanecerán en el coliseo con ayudas humanitarias y apoyo psicosocial hasta que regresen a la vereda, bajo condiciones de seguridad.

"Aunque esta vereda es jurisdicción de Cáceres, está ubicada más cerca del casco urbano de Caucasia. Nosotros los estamos atendiendo con todos los protocolos que se establecen para este tipo de situaciones”, destacó.

¿Ayudas humanitarias?

El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, aseguró que hay un “pánico colectivo” por la presencia de los grupos armados en la zona.

Los desplazados recibieron las primeras ayudas humanitarias como sábanas, cobijas, toldillos y elementos de cocina, por parte de la Unidad para las Víctimas. Según algunos líderes, solo diez habitantes quedaron en la vereda de Cáceres y los otros huyeron por temor.

Según algunos líderes, solo diez habitantes quedaron en la vereda de Cáceres y los otros huyeron por temor. Del total de familias desplazadas, 40 permanecen en el coliseo municipal de Caucasia. Las otras se auto albergaron en casas de amigos y familiares, donde esperan garantías de seguridad para volver.

Fuente: https://bityl.co/5Wyb

La Unidad de Víctimas capítulo Antioquia, entregó ayudas humanitarias a 222 campesinos que se desplazaron de la vereda Buenos Aires del municipio de Cáceres el pasado mes de noviembre del 2020, pero que debido al miedo y las continuas amenazas de grupos ilegales se trasladaron a la vecina población de Caucasia, municipio que los acogió.

Esta oficina les entregó alimentos a las 65 familias que derivan el sustento de los cultivos de plátano, yuca, maíz, arroz y de la cría de especies menores, además de la pesca.

“La Unidad para las víctimas viene atendiendo cada una de las eventualidades que han venido sucediendo en el Bajo Cauca. El año pasado se invirtieron 2.200 millones de pesos a los municipios que hicieron el trámite. Estos recursos le apuntaron a la prevención de estos hechos que sucedieron y afectaron a la integridad de las víctimas”, aseguró Wilson Córdoba director de esta unidad en Antioquia.

El funcionario señaló que durante el año 2020, de los 16 desplazamientos reportados en Antioquia, 10 ocurrieron en el Bajo Cauca, siendo la subregión más golpeada con este hecho victimizante que obliga a las personas abandonar sus viviendas para salvaguardar su integridad.

Fuente: https://bityl.co/5R4k

Un barrio de invasión de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño comenzó un proceso de transformación que ha sido posible gracias a la Alcaldía de ese municipio y los habitantes de la zona que se unieron para generar mejores condiciones de vida.

Se trata del sector Gloria de Dios del municipio de El Bagre. Un terreno de alto riesgo propenso a los deslizamientos de tierra e inundaciones en el Bajo Cauca que con ayuda de la comunidad ahora cuenta redes de acueducto y la comunidad está a la espera de su pavimentación.

Recientemente se desplazó hasta la zona su equipo de trabajo, en cabeza de  la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Obras Públicas del municipio con toda la maquinaria para intervenir y mejorar las condiciones urbanísticas. 

Según las autoridades de El Bagre, también fue radicada y aceptada la solicitud para llevar energía e instalar toda la postería para la comunidad.

Fuente: https://bityl.co/5Epr

Más de 20 días después de abandonar sus casas por miedo a los combates entre estructuras ilegales, 33 de las 220 familias que se desplazaron de la Isla de la Amargura, en el municipio de Cáceres (Antioquia), regresaron de manera voluntaria a su vereda. 
 

Los grupos familiares estaban albergados en una escuela del corregimiento el Guarumo de esta localidad y otras decidieron irse para Caucasia. 
 

Pese a que el Ejército está acompañando el retorno voluntario de estas personas, organizaciones sociales que hacer presencia en esta región del departamento, sostienen que la decisión no está motivada en un aumento en las condiciones de seguridad en la zona. 
 
Oscar Yesid Zapata, vocero del Proceso social de garantías en Antioquia, asegura que es probable que dentro de poco tiempo se registren nuevos hechos de violencia. 
 
Según Zapata “que estas familias tengan que regresar por sus propios medios es una señal de la poca presencia del Estado que no brindó las alternativas para que estas personas estuvieran bien, pese a la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo sobre este territorio desde hace tiempo”. 
 
Sin embargo, por medio de su cuenta de Twitter, el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez Trujillo, dijo que “mis soldados han sido entrenados para garantizar seguridad y bienestar a la población”. 

Desde el pasado 2 de septiembre, la Isla de la Amargura comenzó a quedarse sin habitantes que, por el temor a que estructuras criminales atentaran contra su vida, prefirieron salir de sus casas y albergarse en una escuela del corregimiento El Guarumo donde permanecen 190 grupos familiares que se resisten a regresar.

Si bien la Alcaldía ha entregado kits con alimentos y artículos de primera necesidad, dos semanas después del desarraigo masivo, las provisiones comenzaron a escasear, complicando aún más la permanencia de estas personas. 

Fuente: https://bityl.co/3huU

Continúa el desplazamiento de campesinos en la vereda de La Esperanza del municipio de Tarazá. El éxodo comenzó el pasado miércoles con seis familias para un total de 14 personas desplazadas, pero entre el jueves y el viernes 3 familias más recibieron amenazas de la banda criminal Clan del Golfo.

“Se les está brindando ayuda sociológica y son atendidos por la secretaria de salud que ha brindado una ayuda importante, han estado presentes las 24 horas”, contó Deivinson Montero, secretario de gobierno de Tarazá.

Las cifras oficiales conocidas por caracol Radio indican que actualmente hay 68 personas desplazadas, entre ellas 26 menores de edad y tres mujeres en embarazo, para un total de 16 familias.

Algunas de las las víctimas de la violencia están en un albergue en la I.E Ángel de la cabecera municipal,recibiendo ayudas humanitarias como alimentación, hidratación, kit de bioseguridad en prevención al COVID-19, otras personas están auto albergadas en también en el área urbana con seguimiento de la gobernación y la Unidad de Víctimas.

Fuente: https://bit.ly/30fJGln

Eder Narváez, director de NP Noticias y corresponsal de Teleantioquia Noticias, recibió una nueva amenaza de muerte. Según la Mesa de Derechos Humanos de los Periodistas de Medellín y Antioquia, en el mensaje, que recibió en horas de la madrugada de este sábado 18 de abril, le dan tres días para abandonar el municipio de Caucasia, Bajo Cauca del departamento. 

En el texto le reprochan por su cubrimiento de noticias de orden público y porque nunca se refiere al ELN. "Tres días te doy para que te vayas de Caucasia, no se te olvide, lo que nunca haces es hablar del ELN, verdad, por qué nunca hablas de ellos, incluso hasta una entrevista le das, tres días tienes, ahí te la dejo", dice el mensaje. 

El pasado 13 de abril el comunicador había recibido una primera amenaza, a través de mensajes de texto, firmados, aparentemente por alias ‘el Negro’, comandante de ‘Los Caparros’. 

"Mira 'compa' te voy a decir algo, soy Manuel, alias 'el Negro', comandante de 'Los Caparros', uno, dejas de estar hablando tanto o te acuesto, dos, los que matamos anoche no mas es el principio, cabrón, o te calmas o le bajas dos rayas o te vas pal cielo, como la ves, ahí te voy a enviar un detalle para que veas que hablamos en serio", dice el primer mensaje. 

La Mesa de Derechos Humanos de los Periodistas de Medellín y Antioquia también aseguró que hasta el momento, el profesional no cuenta con un esquema de seguridad. "La Mesa de Derechos Humanos de periodistas Medellín y Antioquia solicita a las autoridades y organismos de garantía goce y satisfacción de Derechos de los periodistas, proteger de inmediato al periodistas Narváez toda vez que su vida corre peligro e investigar, dar captura y judicializar a los presuntos criminales autores de las amenazas", indicó la organización a través de un comunicado. 

Fuente: https://bit.ly/3eLQIn0

Un juez penal municipal con función de control de garantías  impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un soldado profesional como presunto responsable de acceder carnalmente a su hija y a su hijastra de apenas 6 años de edad, en hechos ocurridos en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con la investigación, el militar habría abusado sexualmente en varias oportunidades de la hija de su compañera sentimental desde que ella tenía 6 años de edad  hasta los 13, mientras que a su propia hija, al parecer, la sometió a los vejámenes en el año 2017.

El integrante de las Fuerzas Armadas tendrá que responder ante la justicia por los  delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. En las audiencias preliminares el uniformado de 33 años de edad, no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía.

El procesado fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en una guarnición militar del municipio de Caucasia y no se allanó a los cargos imputados.

Niña de seis años habría sido abusada por su padrastro en Medellín

En su propia vivienda, ubicada en un barrio del Nororiente de la capital antioqueña, una niña fue víctima vejámenes sexuales desde que tenía seis años de edad, por parte de su padrastro a quien un juzgado penal de Medellín envió a prisión.

Los investigadores de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, Caivas de la Fiscalía, que las agresiones se habrían iniciado en el año 2016 y se extendieron hasta el 31 de enero de 2019.

Con base en los elementos materiales probatorios presentados por el representante de la Fiscalía, el Juzgado 4 Penal Municipal de Medellín, con Función de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del presunto victimario, un plomero de 40 años de edad.

En consecuencia, el procesado tendrá que responder ante la justicia por su posible responsabilidad en los delitos de acceso carnal abusivo, con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

Fuente: http://bit.ly/39LOqRU

En menos de dos semanas el Intituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió la protección de 12 menores de edad que al parecer iban a ser reclutados por bandas criminales del bajo Cauca de Antioquia.

De acuerdo con la directora del Instituto, Selma Patricia Rodríguez, los menores fueron trasladados a zonas más seguros y en donde no corren riesgo de reclutamiento.

“Estos jóvenes tienen características que pueden ser fácilmente reclutados por grupos al margen de la ley; la idea es que nosotros miramos que sí son vulnerables y entramos en proceso restablecimiento de derechos; ellos no salen de su entorno familiar sin embargo se ven inmersos en el conflicto y esas familias terminan desplazadas y ahí entramos nosotros a fortalecer esa familia”, precisó la funcionaria.

Las edades de los menores oscilan entre los 12 y 15 años.

Fuente: http://bit.ly/2OR8Gcq

Una visita por el Bajo Cauca Antioqueño, fue lo que pidió Leiderman Ortiz Berrio, nuevo alcalde de Caucasia, Antioquia, al Procurador Fernando Carrillo. 

Le elevó esta solicitud con el fin de visibilizar la situación de orden público que padece la región.

El Bajo Cauca Antioqueño ha sido conocido por la presencia de los múltiples grupos al margen de la ley que delinquen en la zona y pretenden apropiarse del territorio para seguir con las economías conexas al narcotráfico.

Para Ortiz Berrio es de suma importancia que el jefe del Ministerio Público visibilice la situación que ha sembrado pánico en los habitantes de la zona, dado que a diario se registran desplazamiento forzado, e incluso reclutamiento de menores.

“Tengo el honor de dirigirme a usted para expresarle mi profunda preocupación por la grave crisis de seguridad que vive en la actualidad la región del bajo Cauca antioqueño”, expuso Ortiz Berrio, quien no ha podido posesionarse y asumir las riendas de la administración municipal por una acción judicial.

El nuevo alcalde, que lleva ejerciendo como líder social por más de 20 años, decidió lanzarse al mundo de la política y con ello conseguir ser elegido mandatario de Caucasia, Antoquia, esto debido a que conoce las problemáticas que aquejan su región.

“La corrupción y la delincuencia no se detienen en nuestra región. Ante este panorama, le escribo porque conozco su profunda sensibilidad y lucha por la defensa de los líderes sociales en Colombia y lo invito a que me acompañe a la región para que conozca de primera mano la grave crisis de seguridad y corrupción”, dijo el nuevo mandatario.

Para Ortiz Berrio, todo lo mencionando anteriormente es producto de la disputa territorial que tienen cinco actores armados: Los Caparros, el Clan del Golfo, los disidentes de las Farc, el Eln, y la delincuencia asociada al narcotráfico que protegen el movimiento de dinero, armas, laboratorios y rutas para el transporte de cocaína perteneciente al cartel mexicano de Sinaloa. Ortiz Berrio argumentó que los actores armados amenazan la seguridad de los pobladores de los municipios de Caucasia, Tarazá, Nechí, El Bagre, Cáceres y Zaragoza. Si bien, en este momento, el mandatario fue elegido por los habitantes de Caucasia como el nuevo alcalde, precisamente, para combatir el flagelo de la violencia, una acción legal en su contra lo tiene fuera del cargo, dado que una decisión judicial así lo determinó.

En su proceso judicial, que se ha adelantado desde enero pasado, solicitó a la Procuraduría que se designe una comisión especial para que intervenga de manera permanente. 

Fuente: http://bit.ly/2OzFuGv

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación socializó en Medellín el plan de acción para reforzar la seguridad y la protección de líderes de poblaciones vinculadas al programa de sustitución de cultivos ilícitos, ubicadas en Ituango, Briceño, Cáceres, Tarazá y Anorí.

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Catalina Rojas, jefe de Gabinete de la Consejería, manifestó que durante la reunión se explicó la ruta de atención que se va a tener para proteger a estos líderes. Se contó con la participación de organismos internacionales, como la  Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de Organización de Estados Americanos (MappOEA) y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

"El objetivo es socializar la ruta de atención para proteger a los líderes que hacen parte del programa de sustitución. Decirles que el Gobierno está comprometido en la implementación del acuerdo y en el cumplimiento a las familias que hacen parte del proyecto. Identificamos retos y acciones a mejorar", señaló.

La funcionaria agregó que "se desplegó un equipo para socializar el plan de acción en Medellín. Tuvimos la oportunidad de hablar con líderes de la región, de los cinco municipios donde se está implementando el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Participaron delegados de la Procuraduría, la Defensoría, las alcaldías y la Gobernación de Antioquia".

Catalina Rojas indicó que en 15 días se realizará una nueva reunión con los líderes en Antioquia para responder a distintas inquietudes que surgieron en la última jornada.

De acuerdo con cifras oficiales, desde la firma del los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc, se tiene registro de 58 homicidios de líderes del programa de sustitución.

El programa fue implementado por parte del Gobierno Nacional en doce regiones del país, en donde, según las autoridades, se ha evidenciado la mayor cantidad de situaciones de riesgo que podrían amenazar la integridad de los líderes de sustitución de cultivos ilícitos de hoja de coca.

Fuente: http://bit.ly/30Bmjjg

En un bus contratado por la Mesa de Víctimas, 19 integrantes de una familia tuvieron que abandonar sus viviendas en el barrio Villa del Río en el municipio de Cáceres, por el inminente riesgo en el que se encontraban.

Según las mismas denuncias, las víctimas han recibido reiteradas amenazas de parte grupos armados de la zona.

El temor de la familia se profundizó porque recientemente hallaron el cuerpo sin vida de una persona aún no identificada en el río. Por lo que decidió advertir a las autoridades y desplazarse forzosamente de sus viviendas.

En el bus se embarcaron la abuela, los hijos y algunos nietos, acompañados por la Policía y la Personería para garantizar la seguridad de la familia.

El personero de Cáceres, Ánderson Piedrahita, aseguró que las 19 personas fueron sacadas del municipio hacia otro lugar confidencial en Antioquia.

"El sitio no se lo puedo decir porque es reservado, pero la familia tomó la decisión de no quedarse en el municipio. Decidió irse del municipio porque se sentía en riesgo y lógicamente cuando una persona se siente en riesgo, hay que establecer sus garantías", agregó el representantes del Ministerio Público.

Las autoridades también adelantan una investigación para establecer cuál grupo armado  y por qué razones habría amenazado esa familia.

Versiones preliminares señalan que todos estos hostigamientos serían represalias por capturas de integrantes del Clan del Golfo y los Caparrapos en la zona, resultado de los intensos operativos de la Policía y el Ejército.

Al igual que esta familia, más de 10.000 personas han sufrido el desplazamiento forzado en el Bajo Cauca. De estas, unas 4.800 desplazados han huido a la capital antioqueña.

Fuente: http://bit.ly/2BVUp7Y