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Los ochenta niños y niñas de Cáceres se vistieron de cortos, lucieron uniformes nuevos de las mejores selecciones de fútbol y corrieron, gambetearon y anotaron muchos goles. No todos se llevaron las medallas del torneo, pero aprendieron valores y comportamientos para driblar el reclutamiento de los grupos armados ilegales.

Durante una semana (del 11 al 16 de mayo) los menores participaron del torneo Juega por la Vida, la campaña del Ministerio de Defensa contra ese delito que en estos días se concentró en el Bajo Cauca antioqueño, una de las regiones afectadas por el reclutamiento de menores de edad por las guerrillas y bandas criminales.
Los uniformes y colores de las selecciones representaban cualidades como tolerancia, respeto, disciplina, amistad solidaridad y responsabilidad.

El objetivo no solo era mostrar el talento para el fútbol, sino poner en práctica, en la cancha, los valores enseñados durante los partidos para respetar las reglas de juego, a los compañeros, rivales y la autoridad representada en los árbitros.

Así lo entendió bien Laura*, una niña de 11 años que fue la goleadora en la categoría femenina. La menor vive con su madre y hermanos en zona rural de Cáceres. Su padre está en prisión por múltiples delitos.

Ella contó durante los partidos que, “me gusta jugar al fútbol porque me divierto con los amigos y aprendemos a no pelear ni decirles groserías a los árbitros y hacerles caso a los técnicos”.

En la zona donde vive Laura y los demás niños y adolescentes tienen presencia las Farc y las bandas criminales, que con engaños e intimidaciones reclutan a los menores para sus filas subversivas, o en el caso de las bandas, para cobrar extorsiones, robar, instalar minas antipersonal y transportar armas y estupefacientes. También son víctimas de abusos sexuales.

Además del torneo, “las jornadas de prevención del reclutamiento ilegal de menores convocaron a cerca de tres mil personas de Cáceres y municipios vecinos”, indicó el coronel Ulises Figueredo, comandante de la Décima Primera Brigada, adscrita a la Séptima División del Ejército.

Juega por la Vida se desarrolló la semana pasada en 8 municipios del país y hace parte de la estrategia ‘Basta aquí soy libre’, que ha llegado en tres años a 187 municipios con alto riesgo de reclutamiento ilegal de menores.

El objetivo es llevar una oferta institucional de salud y educación, aprovechamiento del tiempo libre a regiones donde el conflicto ha impedido al Estado proteger a la población civil.

Fuente: http://bit.ly/1cMN6zX

La Defensoría del Pueblo lanzó este viernes una alerta al gobierno nacional y a las Fuerzas Militares por el desarrollo de enfrentamientos armados entre guerrilleros del Eln y paramilitares de las llamadas autodefensas gaitanistas en el Bajo Cauca antioqueño, los cuales tienen en riesgo a la población civil y de hecho, ya han provocado un desplazamiento masivo de habitantes de la zona rural.

En un informe de riesgo de inminencia, la Defensoría reporta sobre la tensa situación afrontan los habitantes del municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, como consecuencia de fuertes enfrentamientos entre presuntos miembros del ELN y el grupo postdesmovilizado de las Autodefensas Gaitanistas.

Añade que al menos 125 familias llegaron desplazadas a la cabecera municipal desde la vereda El Saltillo, equivalentes a 415 personas, discriminadas en 112 mujeres, 109 hombres, 90 niñas y 104 niños, ello como consecuencia de los combates.

Indica que desde el martes anterior, cuando comenzaron las hostilidades entre estas estructuras al margen de la ley, la Defensoría del Pueblo ha acompañado a la comunidad afectada por estos brotes de violencia que habrían ocasionado daños en varias viviendas del caserío donde se presentaron los hechos.

Según la Defensoría, la presencia de los actores armados es de tal naturaleza, que a través de su Sistema de Alertas Tempranas emitió un informe de riesgo de inminencia con carácter urgente dirigido a la Gobernación del departamento, en el que se advierten condiciones de vulnerabilidad y posibles infracciones a los derechos humanos para los habitantes de las veredas La Porquera y El Veinte, donde según información oficial hay otras 123 familias compuestas por 525 personas.
La Defensoría Regional recibió denuncias en proceso de verificación respecto a la aparente incursión de los grupos ilegales en algunas casas, así como las amenazas y presunta tortura contra tres ciudadanos a quienes acusaron de ser colaboradores de una de las organizaciones en confrontación.

Finalmente, la Defensoría anuncia que de acuerdo con el diagnóstico que sobre las condiciones de seguridad ofrezcan las autoridades, desplazará una comisión humanitaria a la zona para verificar en el terreno el impacto de los choques armados y las garantías para un futuro retorno de las familias desplazadas.

El municipio de Zaragoza, a 209 kilómetros de la ciudad de Medellín, en el nororiente de Antioquia. Una de las fuentes de su economía es la minería del oro y la plata, muy tradicionales. Limita por el norte con el municipio de Caucasia, por el este con el municipio de El Bagre, por el sur con el municipio de Segovia y por el oeste con los municipios de Anorí y Cáceres.

Fuente: http://bit.ly/1cMMkmn

Tropas de la Armada Nacional, en desarrollo de operación de vigilancia, interdicción y seguridad fluvial, incautan 740 galones de Acpm, detectado en un puesto de inspección y control fluvial sobre la orilla del río Nechí, en el departamento de Antioquia.

Tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.17, detectaron una embarcación tipo bongo que se movilizaba sobre el río Nechí, a la altura del corregimiento de Cuturú, en Caucasia - Antioquia.

Al verificar la embarcación, se logró la incautación de 740 galones de Acpm, un motor de 40 HP y la embarcación teniendo en cuenta que no fue presentado el certificado de Carencia de esta sustancia controlada por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Esta embarcación cubría la ruta desde El Bagre – Antioquia, hacia el sector de Las Minas, ubicado en Caucasia - Antioquia.

Fuente: http://bit.ly/1F0BeFe

Héctor Leonidas Giraldo, alcalde de Tarazá, acusado por abuso sexual a menor de edad, fue dejado en libertad por el juzgado 38 penal municipal de Medellín, luego que de que el juez considerara que no existían pruebas suficientes para encarcelarlo.

Según informaron fuentes judiciales, la Fiscalía utilizó como prueba una base de datos, de interceptaciones de llamadas, a las que no se le hizo un control previo, por lo que el fiscal de garantías consideró que, ante la invalidez de la prueba, no se otorgaría la medida de aseguramiento.

La Fiscalía informó que apeló la decisión, por lo que en los próximos días un juez en segunda instancia decidirá si pone la medida de aseguramiento al alcalde de Tarazá, quien fue denunciado por una colaboradora de la alcaldía, que afirmó que los hechos ocurrieron en 2012.

Giraldo Arango, actual alcalde de Tarazá fue capturado junto a otras 73 personas acusadas de abuso sexual a menor de edad dentro de un operativo de la Fiscalía de Antioquia; lo que es “totalmente histórico, nunca antes se había visto una persecución masiva contra este flagelo que viene afectando nuestro territorio”, aseguró el ente judicial.

Fuente: http://bit.ly/1cam05v