A mediados del año pasado, una familia campesina en el corregimiento El Doce, en Tarazá (Antioquia) recibió una oferta sin salida: 150 millones de pesos a cambio de su finca de 122 hectáreas en plena zona minera, o la muerte. Las amenazas venían de una banda de la región que decía ser vocera de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, el máximo jefe de la banda criminal ‘los Urabeños’, ahora llamada ‘clan Úsuga’.

La denuncia de uno de los miembros de la familia, que optó por salir huyendo de sus tierras y no recibir un solo peso, puso a la Policía tras de una de las redes al servicio de ‘Otoniel’ y de una reciente modalidad de despojo de tierras con la minería.

La Policía de Carabineros, a través de la Unidad de Intervención especial contra la Minería Ilegal, acaba de capturar a siete miembros de esa red que venía sembrando zozobra en Tarazá. Otros tres, desmovilizados de las Auc y quienes para la Policía eran los jefes de la organización ilícita, fueron notificados en la cárcel de procesos por explotación ilícita de yacimientos, desplazamiento, concierto para delinquir, entre otros delitos.

En el expediente, que ayer fue expuesto por la Fiscalía ante un juez en Medellín, la Policía señala que los desmovilizados del ‘bloque Mineros’ de las Auc alias ‘Chaparro’, ‘Rojo’ y ‘Viejito’ seguían delinquiendo desde las cárceles. Los tres pertenecieron a la banda criminal ‘los Paisas’, pero a finales del 2012 crearon una alianza con ‘los Urabeños’ basada en explotación minera. “La alianza consistió en recibir apoyo de la banda criminal, en hombres y armas, a cambio de entregar el 60 por ciento de las ganancias de la explotación de los yacimientos”, dijo uno de los investigadores del caso.

Además, en la historia criminal de ‘Chaparro’, preso en la cárcel El Pedregal desde septiembre del 2013, aparece que este hombre hizo parte del anillo de seguridad de César Augusto Luján, el exjefe paramilitar conocido como ‘Mono Vides’ y quien cayó muerto en el 2010 en un enfrentamiento con la Fuerza Pública.

La Policía dice que en la finca de la familia campesina, los hombres de ‘Chaparro’ instalaron a miembros de la banda para la siembra de cultivos de mata de coca mientras preparaban las tierras para la exploración aurífera. En el momento de la operación, los peritos establecieron que cada mes producían ganancias entre los 70 y 90 millones de pesos producto de la minería ilegal.

Otro de los frentes de investigación de la Policía es el capítulo de los propietarios de las retroexcavadoras utilizadas.

En una de las denuncias aparece que varias de las máquinas usadas presuntamente en la minería ilegal pertenecerían al exalcalde de Tarazá Reinaldo Posso, quien a finales de abril fue asesinado por sicarios en la vereda Puerto Bélgica, en Tarazá. Sobre su muerte, las autoridades aún investigan los móviles del crimen.

No los enviaron a una cárcel

Un juez de control de garantías decidió no enviar a la cárcel a los siete capturados al considerar que por la calidad de los delitos podían seguir vinculados al proceso sin ir a un penal. Esto, según dijo, por el nivel de hacinamiento.

Fuente: http://bit.ly/1oFH6JY

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Puerto López en el municipio de El Bagre, sujetos armados dispararon contra Amanda Lucía Betancourt de 32 años, provocando graves heridas en su cuerpo.

La mujer fue trasladada de urgencia en una ambulancia de misión humanitaria, pero los sicarios persiguieron el vehículo, posteriormente bajaron al personal médico y procedieron a rematarla.

Ante este lamentable hecho la Gobernación de Antioquia reiteró su rechazo a violaciones a la Misión Médica humanitaria

Nuevamente la Gobernación de Antioquia, a través de la seccional de Salud, reitera su rechazo a las violaciones a la Misión Médica que se han vuelto reiterativas en el departamento. El caso más reciente es el de Amanda Lucía Betancur, de 32 años, quien fue asesinada por varios hombres que detuvieron el vehículo con emblemas de la Cruz Roja en la que era traslada del corregimiento de Puerto López,  en el municipio de El Bagre, para la respectiva atención médica.

Este hecho se suma al asesinato del campesino Arbey Urrego, el pasado 7 de abril, cuando era trasladado desde Ituango a una entidad de atención de mayor complejidad; y a las amenazas a varios funcionarios del sector médico.

“Bajo ninguna circunstancia aceptamos ese tipo hechos y de amenazas. Creemos que la sociedad en pleno debe acompañar a las autoridades para proteger a las instituciones y a las personas que velan por la salud de las comunidades”, afirmó la secretaria Seccional de Salud, Luz María Agudelo Suárez.

Fuente: http://bit.ly/1iBKNuW

La Asociación de Transportadores de Carga denunció que en los primeros cinco meses de este año, ha aumentado considerablemente el número de ataques de guerrilleros de grupos armados ilegales contra los vehículos de carga que se desplazan por las carreteras del país.
 
Alejandra Baquero García, presidenta de la junta directiva de ATC, aseguró que por cada vehículo quemado pierden un patrimonio valorado en cerca de 300 millones de pesos, por lo que reiteran una intervención del Gobierno Nacional. 
 
“Estamos muy preocupados porque la seguridad está muy complicada, necesitamos solucionar esta situación, nosotros ya le hemos hecho varias solicitudes al Gobierno, entre ellas, el desmonte de los resaltos en las carreteras porque ahí es cuando somos víctimas de atraco, también más protección en las vías; los problemas de orden público son un problema del estado y nosotros somos los principales afectados”, detalló la señora Baquero.
 
En Medellín lamentaron los recientes hechos ocurridos en el municipio de Tarazá, norte de Antioquia, donde fueron quemados dos camiones, pidieron además investigación de los hechos.
 
La Asociación de Transportadores de Carga revelaron que durante el año 2013 las perdidas por afectaciones, intimidaciones y ataques guerrilleros sumaron los 50.000 millones de pesos.

Fuente: http://bit.ly/1uKygPh

Voceros de las 11 organizaciones que conforman la Cumbre Agraria, Popular y Étnica, y representantes del Gobierno Nacional, encabezados por los ministros de Agricultura e Interior, buscan un acuerdo para levantar el paro agrario, que ya completa 12 días. En el primer día de sesión se concretó la firma de un decreto presidencial que le da vida a la Mesa Única de Negociación. Este viernes los delegados de las partes continúan trabajando para evacuar los nueve puntos que se discuten. Mientras los diálogos avanzan, los voceros de las organizaciones sociales afirmaron que las movilizaciones siguen convocadas en Popayán, Barranquilla, Ituango, Tarazá, Florencia, Mocoa, Cali, Bucaramanga, ente otras.

Los puntos que aún faltan por ser acordados tienen que ver con la creación de un fondo para el fortalecimiento de la economía étnica y campesina, que serviría para apoyar proyectos propios de la economía de pequeños agricultores, así como de aquellos proyectos que incentiven la promoción de actividades tradicionales de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Frente al tema, la principal diferencia entre el Gobierno y las organizaciones es por el monto que debe tener el fondo en mención.

Otro de los temas en que se busca un acuerdo se refiere a la conformación de una comisión de verificación de derechos humanos y garantías que esté acompañada por Naciones Unidas. La propuesta busca que el organismo internacional haga seguimiento a las jornadas de protesta, ya que existen acusaciones de excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Antimotines , así como los señalamientos de que los manifestantes están bloqueando las vías.

De esta manera, la firma del decreto presidencial constituye sin duda un primer paso en el camino de conjurar el malestar social que alegan las organizaciones participantes de la Cumbre Agraria. La mesa única de negociación es una petición que se ha repetido desde las movilizaciones del año pasado, ahora los voceros del Gobierno y las 11 organizaciones seguirán trabajando para lograr un acuerdo total en torno al tema agrario.

Fuente: http://bit.ly/1uKxG4b

Hombres del frente 36 de las FARC incendiaron dos tractomulas entre los municipios de Tarazá y Valdivia, en el norte de Antioquia.

La información fue confirmada por el secretario de Gobierno Departamental, Santiago Londoño.

Según reporte de las autoridades, por estos hechos no se presentan heridos, en tanto que el flujo vehicular en esa zona del departamento fluye con total normalidad.

Los cerca de 1.500 campesinos, mineros e indígenas que pretendían movilizarse hacia Medellín para participar en las movilizaciones prevista en esta capital desde mañana hasta el viernes, denunciaron que las autoridades han bloqueado las vías de salida de varias poblaciones e impiden su desplazamiento.
 
Carlos Morales, presidente de Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste manifestó que los manifestantes que se dirigían hacia Medellín han sido inmovilizados en Remedios, Ituango y Tarazá, por el Ejército y la Policía que les impiden movilizarse y ejercer el derecho pacífico a la protesta.
 
El señor Morales indicó que estas actuaciones del Ejército y la Policía desconocen lo acordado con las autoridades administrativas de Medellín que habían dado el permiso para las movilizaciones, aunque desautorizaron una concentración que se pretendía realizar en un sitio de la ciudad durante los tres días.
 
A raíz de estos hechos algunas de las vías que conducen de esas poblaciones hacia Medellín, se encuentran a esta hora bloqueadas, por los campesinos que esperan se les permita continuar su marcha hacia la capital del departamento. 

Hoy a las 11:00 a.m. en el cementerio de Santa Rosa de Osos será sepultada la asesora de Gana, Gloria Beatriz Balbín Londoño, de 41 años, atacada el pasado domingo cuando abría una oficina de la empresa en el barrio Camellón de esa población.

La mujer, quien recibió un balazo en el cuello, murió en la noche del miércoles en la Clínica León XIII de Medellín, debido a una complicación.

Desde ayer a las 7:00 p.m. es velada en la sala El Divino Rostro de la población.

Santiago Londoño, secretario de Gobierno de Antioquia, informó que a la empleada le hicieron una traqueotomía y contrajo una bacteria lo que le produjo la muerte.

Respecto a la investigación, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Gustavo Chaparro, aseguró que va muy adelantada y ya se tiene identificado a uno de los dos sicarios que atentaron contra la empleada. Agregó que por este atentado siguen cerradas las oficinas de Gana en ese municipio del Norte.

Gana dijo que las nueve oficinas de Santa Rosa están cerradas pero en forma preventiva, mientras se investiga si la muerte de esta asesora tiene que ver con las amenazas que le vienen haciendo a la empresa en el norte, nordeste y el Bajo Cauca.

Anotó que en otros municipios como Yarumal, Tarazá, El Bagre y Caucasia se viene trabajando de la mano de la Policía para reanudar las actividades cotidianas.

El secretario de Gobierno de Antioquia aseveró en este sentido que ya con la asesoría de la Policía se están abriendo algunos puestos en municipios como Caucasia y Segovia.

El pasado 27 de marzo, en el municipio de Yarumal, pistoleros asesinaron a Diana Lucía Restrepo, otra empleada de Gana. Bandas criminales del Bajo Cauca, Nordeste y norte de Antioquia le exigen a Gana el pago de una millonaria vacuna, ante lo cual la empresa se ha negado, lo que originó una serie de amenazas a los asesores en diferentes municipios.

Fuente: http://bit.ly/RrCqvR