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Mineros del Bajo Cauca le apuestan al 'cero mercurio'

Dos hombres tratan de prender la minidraga de succión, oxidada por la humedad, el sol y el continuo uso. Halan con fuerza la polea y revisan el tanque y el motor, pero nada funciona.

Diez minutos después, ya cansados de los brazos, con uno de los hombres casi sumergido en el agua revisando el tubo de succión, se logra por fin escuchar el bramido constante y preciso de la motobomba.

Están a orillas del río Tarazá, un brazo del majestuoso río Cauca, que por años ha sido lugar de trabajo de los mineros artesanales.

“Desde siempre he trabajado de barequero, lo mismos que mis padres y abuelos. Mis hijas ahora estudian en la universidad gracias a lo que hago”, dice Clemencio Martínez, quien hace parte de la Asociación de Mineros de Guarumo (Asomidragua), del corregimiento de Cáceres, en el bajo Cauca antioqueño.

Esta asociación, que integra a más de 90 mineros y beneficia a 270 personas, se unió desde junio del año pasado al proyecto Cero Mercurio, organizado y liderado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.

El objetivo que se han trazado los miembros del proyecto es lograr que la minería en el bajo Cauca y nordeste de Antioquia se desarrolle en la legalidad y la formalidad. Para esto, abogados, ingenieros de minas y medio ambientales, dictan talleres y conferencias a propietarios y personal administrativo de 90 unidades de producción minera.

“Ya tenemos 60 mineros con muchas posibilidades de poder legalizarse, los otros 100 que están en el proceso seguirán por el camino, porque no sabemos hasta cuándo continúe el proyecto (…) Solo el acompañamiento que les hemos dado ha servido para que ellos se asocien y, además, se concienticen de la necesidad de tener un buen manejo ambiental para lograr legalizarse”, dijo Oseas García, coordinador regional de componente de minería de Usaid.

El énfasis de los cursos y talleres es el mejoramiento de prácticas comprometidas con el desarrollo social y del medio ambiente, pero también se imparten cursos de legislación laboral, seguridad industrial y salud ocupacional, que beneficia a los mineros en el proceso de legalización.

Adicional a la capacitación, Usaid creó un consultorio jurídico en Segovia que pretende orientar a los mineros y sus familias en seguridad social, contabilidad y medio ambiente. Por ahora ya van 560 consultas, pero el objetivo es llegar a las 2.400.

“Todo lo que puedan hacer las instituciones en materia de capacitación es ganancia, porque el minero aún no tiene la claridad de cómo es el tema de la legalización y eso es lo que hace falta, que le gente tome conciencia de las cosas y aprenda temas que son tan necesarios y que se deben aplicar si queremos recibir apoyo del Estado”, dijo Darío de Jesús Garcés Díaz, líder de la Asociación de Mineros de Guarumal.

Esta asociación extrae el mineral a través de 90 minidragas y utiliza un promedio de dos kilogramos de mercurio al día, cuando hace algunos meses eran siete los que caían al río y contaminaban sus aguas.

Debido a estos ejemplos, al programa también se unieron la Asociación de Mineros del Jardín y siete minas de la Empresa Minera de Jobo Medio (Emijom) en la Vereda Jobo Medio, municipio de Zaragoza.

“Son personas que quieren el camino de la legalidad y de la formalidad. Hacen esfuerzos muy grandes y van al Bagre y a Caucasia a las capacitaciones que hacemos (…) Nosotros los apoyamos en trabajo de obras y plan de manejo ambiental con recursos y además con la realización de un estudio técnico de manejo ambiental”, contó García.

Es el caso de la Asociación de Mineros de Guarumo (Asomidragua), que además de recibir capacitación técnica sobre el manejo ambiental y legal, también están siendo beneficiados con recursos para el montaje y construcción de pequeños centros de beneficio.

La asociación aporta la propiedad de los lotes y Usaid se encarga de adecuar la infraestructura, dotarla con equipos de concentración gravimétrica libre del uso de mercurio y brindar capacitación para el manejo de los mismos.

“Antes de pronto contaminábamos porque no teníamos el conocimiento, pero ahora estamos a la espera del centro de acopio porque sabemos que cuando se de este proyecto las cosas comenzarán a cambiar. Pero ahí quedan las grandes dragas y empresa mineras, porque el gobierno nos acusa de que nosotros somos los que más contaminamos el río y no, si tenemos es algo muy pequeñito”, aseguró Garcés.

Mientras adquieren la infraestructura y se legalizan, estos mineros seguirán utilizando menos mercurio en la extracción del mineral para así no contaminar el afluente, del que siempre se han servido.

Porque, dicen, ellos quieren y respetan el río, por eso se comprometen a no contaminarlo y devolver el agua tal como llega a su draga.

Cursos de seis meses para legalizarse

Por seis meses, pequeños mineros del bajo Cauca y nordeste de Antioquia dejarán sus dragas por un pupitre.

El programa contempla capacitar y actualizar a los propietarios de pequeñas empresas y empleados en toda la normatividad minera vigente en Colombia, así como en temas de legislación ambiental, laboral, seguridad industrial y salud ocupacional.

Así mismo se les brindará herramientas empresariales y administrativas para que inicien su proceso de formalización empresarial.

Fuente: http://bit.ly/1p00aWu

Campesinos del Bajo Cauca reviven tierras explotadas por la minería

Hace diez años a Rogelio Ortega le entregaron la tierra en la que hoy vive. La condición: no realizar ni permitir la explotación ilegal de oro. La compañía Mineros S.A., que antes extraía el mineral de allí, fue la que se la dio.

Su trabajo es sustituir los degradados suelos de 15 hectáreas con árboles y cultivos. Con nada más.

El pasado 31 de mayo y luego de demostrar que cumplía con todas las condiciones, a Rogelio y a otras 15 familias ubicadas en El Bagre, Zaragoza y Nechí, en el bajo Cauca antioqueño, les entregaron los derechos de propiedad de estas parcelas.

Casi 240 hectáreas otrora explotadas por la compañía antioqueña, ahora están en manos de campesinos de esta región que tienen la tarea de recuperarlas y seguir cultivando en ellas.

Carlos Mario Castaño, director ambiental de Mineros S.A., explicó que la entrega de los derechos de propiedad de estas parcelas es solo uno de los programas de recuperación ambiental que adelanta esta compañía.

Se conoce como el programa Parcelas Agroforestales y nació en el 2001.

La idea es ubicar cada año a tres familias con vocación agrícola en parcelas de propiedad de la compañía para que vivan en ellas y comiencen un proceso de reforestación y siembra de productos agrícolas.

Les entregan las tierras y se firma un contrato de aparcería con una duración de tres años.

Durante este tiempo, además de darles un auxilio económico equivalente a un salario mínimo mensual, les brindan acompañamiento y asesoría técnica para que inicien el proceso de montaje de sus cultivos.

“En estos primeros años el campesino solo debe poner la mano de obra. Después de un tiempo los vamos soltando para que se vuelvan autosuficientes y saquen adelante sus cultivos. Buscamos que vuelvan esa actividad una empresa”, cuenta Castaño.

Además, la compañía establece unas metas de productividad y rentabilidad de cada parcela, después, se estudia que los responsables de estas cumplan las condiciones. Tras ello inician un proceso de titulación de los predios para que queden a nombre de los campesinos.

Rogelio, por ejemplo, hoy tiene cultivos de frutas como guanábana, mango y piña que ahora vende, además, celebra que después de tantos años de trabajo tiene un pedazo de tierra para él, su esposa y tres hijas.

“Mucha gente me decía que para qué seguía cultivando en esta tierra si la empresa me la iba a quitar. Ya es mía y me sirve para sacar adelante a mi familia” dice el campesino.

Hasta hoy, 39 familias habitan y cultivan igual número de parcelas y 16 ya tiene en sus manos los derechos de propiedad.
“Todavía queda trabajo por hacer. Vamos a continuar con este proyecto que tiene un impacto social en la zona”, concluye Castaño.

Fuente: http://bit.ly/Tdd71V

Nuevos mineros formalizados en el Bajo Cauca


photo3A 800 600 Copiar Nuevos mineros formalizados en el Bajo Cauca.

Desde este miércoles 21 de mayo en el Bajo Cauca, cerca de 120 mineros de Zaragoza, pertenecientes a varias asociaciones, comenzaron a trabajar desde la legalidad.

La empresa Mineros S.A. les cedió un terreno de 127 hectáreas para explotar y facilitar el proceso de formalización de estos mineros, siendo el primer caso en Colombia en el que una empresa de minería a gran escala cede un área de registro de propiedad privada (RPP) a una comunidad de mineros informales. Los mineros pertenecen a la Empresa de Mineros de Jobo Medio-Emijom S.A.S., ubicada en la vereda Jobo Medio del municipio de Zaragoza, constituida por siete unidades mineras, 33 socios y 120 personas.

Este proceso lleva alrededor de dos años de gestión, ha estado acompañado por la Secretaría de Minas de Antioquia y hace parte del programa de formalización y legalización minera del Bajo Cauca en el que participan la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Minas, la empresa Mineros S.A., la Fundación Mineros y el programa Bioredd+ de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid Colombia).

El evento oficial de formalización se realizó a las 9:00 a.m. en la mina Emijom con la presencia de los mineros beneficiados, representantes de la empresa donante y autoridades municipales, departamentales y de la nación.

En el Bajo Cauca se han venido adelantando procesos a través del laboratorio de formalización y legalización, un piloto que desarrolla la Gobernación en convenio con el Ministerio de Minas y Energía y Corantioquia desde el año 2012, y otros de mediación entre titulares y mineros informales en los que se han legalizado seis unidades mineras.

Se trata de un nuevo resultado de este programa que busca que en el departamento de Antioquia se desarrolle una minería legal y responsable y que el pasado 10 de mayo logró la formalización y legalización de cinco asociaciones mineras, esta vez en Buriticá, Occidente antioqueño, beneficiando a 347 mineros. Gobernación Antioquia.

Fuente: http://bit.ly/SkidsB

El 'Clan Úsuga' ahora quiere dedicarse a la minería ilegal

A mediados del año pasado, una familia campesina en el corregimiento El Doce, en Tarazá (Antioquia) recibió una oferta sin salida: 150 millones de pesos a cambio de su finca de 122 hectáreas en plena zona minera, o la muerte. Las amenazas venían de una banda de la región que decía ser vocera de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, el máximo jefe de la banda criminal ‘los Urabeños’, ahora llamada ‘clan Úsuga’.

La denuncia de uno de los miembros de la familia, que optó por salir huyendo de sus tierras y no recibir un solo peso, puso a la Policía tras de una de las redes al servicio de ‘Otoniel’ y de una reciente modalidad de despojo de tierras con la minería.

La Policía de Carabineros, a través de la Unidad de Intervención especial contra la Minería Ilegal, acaba de capturar a siete miembros de esa red que venía sembrando zozobra en Tarazá. Otros tres, desmovilizados de las Auc y quienes para la Policía eran los jefes de la organización ilícita, fueron notificados en la cárcel de procesos por explotación ilícita de yacimientos, desplazamiento, concierto para delinquir, entre otros delitos.

En el expediente, que ayer fue expuesto por la Fiscalía ante un juez en Medellín, la Policía señala que los desmovilizados del ‘bloque Mineros’ de las Auc alias ‘Chaparro’, ‘Rojo’ y ‘Viejito’ seguían delinquiendo desde las cárceles. Los tres pertenecieron a la banda criminal ‘los Paisas’, pero a finales del 2012 crearon una alianza con ‘los Urabeños’ basada en explotación minera. “La alianza consistió en recibir apoyo de la banda criminal, en hombres y armas, a cambio de entregar el 60 por ciento de las ganancias de la explotación de los yacimientos”, dijo uno de los investigadores del caso.

Además, en la historia criminal de ‘Chaparro’, preso en la cárcel El Pedregal desde septiembre del 2013, aparece que este hombre hizo parte del anillo de seguridad de César Augusto Luján, el exjefe paramilitar conocido como ‘Mono Vides’ y quien cayó muerto en el 2010 en un enfrentamiento con la Fuerza Pública.

La Policía dice que en la finca de la familia campesina, los hombres de ‘Chaparro’ instalaron a miembros de la banda para la siembra de cultivos de mata de coca mientras preparaban las tierras para la exploración aurífera. En el momento de la operación, los peritos establecieron que cada mes producían ganancias entre los 70 y 90 millones de pesos producto de la minería ilegal.

Otro de los frentes de investigación de la Policía es el capítulo de los propietarios de las retroexcavadoras utilizadas.

En una de las denuncias aparece que varias de las máquinas usadas presuntamente en la minería ilegal pertenecerían al exalcalde de Tarazá Reinaldo Posso, quien a finales de abril fue asesinado por sicarios en la vereda Puerto Bélgica, en Tarazá. Sobre su muerte, las autoridades aún investigan los móviles del crimen.

No los enviaron a una cárcel

Un juez de control de garantías decidió no enviar a la cárcel a los siete capturados al considerar que por la calidad de los delitos podían seguir vinculados al proceso sin ir a un penal. Esto, según dijo, por el nivel de hacinamiento.

Fuente: http://bit.ly/1oFH6JY

Conalminercol reitera participación en paro nacional que iniciará el lunes

En Antioquia habrá tres puntos de concentración de los manifestantes.

La Confederación Nacional de Mineros, que agrupa a pequeños y medianos mineros artesanales reiteró su participación en el paro nacional que iniciará el lunes, por considerar que el Gobierno no le ha cumplido los acuerdos que suscribieron el año pasado para poner fin a la protesta que adelantaron durante casi 20 días.
 
Así lo reiteró Luz Estella Ramírez, directora ejecutiva de Conalminercol, quien indicó que todos los acercamientos con los delegados del gobierno han sido infructuosos, y continúan los señalamientos de criminales, la destrucción de maquinaría y la ocurrencia de hechos tan graves como los que se han registrado en Buriticá.
 

La señora Ramírez indicó que en Antioquia habrá tres puntos de concentración de los mineros, uno en Buriticá donde se está expresando con mayor algidez la confrontación entre multinacionales y pequeños mineros, otro Caucasia en el Bajo Cauca Antioqueño una de las principales regiones mineras, y el municipio de la Pintada en donde también se concentrarán los manifestantes de Dignidad Cafetera.
 
La directora ejecutiva de Conalminercol aseguró que se trata de una jornada civilista, democrática y amplia, sin actos de violencia, para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con lo que firmó. 

Fuente: http://bit.ly/1kizhqM

Miedo al paro minero

Los habitantes de Caucasia empezaron a hacer provisiones, pues se prevé que el comercio cerrará esta semana.
Los habitantes de Caucasia empezaron a hacer provisiones, pues se prevé que el comercio cerrará esta semana.
 

Caucasia, Antioquia. Ante la llegada de gremios mineros a este municipio, para las manifestaciones del paro nacional, la Alcaldía expidió un decreto que prohíbe el parrillero desde las 8:00 de la mañana hasta 5:00 de la tarde. Desde el sábado empezaron a llegar mineros del Bajo Cauca y otros municipios de Antioquia, para empezar las marchas que desde hoy se tomarán Caucasia.

Hoy a las 8:00 de la mañana será la primera marcha minera, en la que los manifestantes saldrán con todas sus familias para exigir el derecho al trabajo.

Los más preocupados por la situación son los comerciantes, pues con pérdidas que superaron los 5 mil millones de pesos, según ellos, este municipio del Bajo Cauca, fue más afectado por el paro minero en julio y agosto del año pasado.

Margarita Rodríguez, comerciante del municipio, dijo que todavía no acaban de reponerse de las perdidas del año pasado, por eso temen por las nuevas concentraciones. "Las manifestaciones nos afectan porque comienzan pacíficas y terminan en unos desórdenes terribles, destruyen carros, hay saqueos al comercio y demás", señaló la mujer.

"El miedo y la preocupación en el Bajo Cauca es que de nuevo las protestas afecten el orden público, tal como sucedió el año pasado", dijo Juan Diego Calle, comerciante.

El alcalde de Caucasia, José Nadín Arabia Abissad, dijo que la  comunidad debe estar  tranquila, porque la autoridad está preparada para enfrentar desórdenes.

Fuente: http://bit.ly/1kiDpqA

Mineros de Antioquia se sumarán al paro nacional del 28 de abril

La Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, anunció este miércoles quese sumarán al nuevo paro nacional que iniciará a partir del próximo 28 de abril.

La decisión la tomó Conalminercol, luego de las reuniones de las "dignidades agrarias" que se convocaron esta semana y debido al poco avance en los acuerdos logrados el año pasado con el Gobierno Nacional.

Luz Estela Ramírez, directora ejecutiva de Conalminercol, afirmó a Caracol Radio que todavía no ha sido posible que se expida un decreto de transición mientras sale el Proyecto de Ley que los reconozca como pequeña y mediana minería.

Así mismo, agregó que no se ha reglamentado el decreto 2235, que regula los operativos de destrucción de maquinaria y equipos. Por otro lado, Ramírez aseguró que no se han elaborado las guías mineras ambientales par las regiones.
  
En Antioquia habrá tres puntos de concentración de los medianos y pequeños mineros, que serán definidos en una reunión este miércoles.

Fuente: http://bit.ly/1lsIS3i

Pequeños y medianos mineros se sumarán al paro del 28 de abril

Los pequeños y medianos mineros agrupados en la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, anunciaron su participación en el nuevo paro nacional que iniciará a partir del próximo 28 de abril, según lo definieron en reuniones con las "dignidades agrarias" que han venido convocando esta nueva jornada de protesta.
 
Luz Estela Ramírez, directora ejecutiva de Conalminercol, indicó que la decisión de tomar parte en el nuevo paro nacional, se toma ante el poco avance en los diálogos con elGobierno Nacional para resolver los puntos del acuerdo suscrito el año pasado, que puso fin a la protesta que se realizó en todo el país durante casi un mes.


 
La señora Ramírez indicó que hasta ahora no ha sido posible que se expida un decreto de transición mientras sale el Proyecto de Ley que los reconozca como pequeña y mediana minería, pero además aún no se ha reglamentado el decreto 2235, que regula los operativos de destrucción de maquinaria y equipos, tal como se acordó para levantar el paro del año pasado.
 
Además, no se han podido elaborar guías mineras ambientales acordes con las características de cada región.
 
La directiva gremial indicó que la participación en el paro será civilista y democrática, pero en esta ocasión se acordó que habrá concentraciones conjunta de mineros, campesinos y personal del magisterio y la salud.
 
En el caso de Antioquia habrá tres puntos de concentración, los cuales se definirán en una reunión que habrá hoy.

Alcaldes del bajo Cauca se reunirán para hablar de minería en la región

Este viernes Zaragoza Antioquia, será la sede del Segundo Encuentro de Alcaldes del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, reunión que tratará, entre otros aspectos, los avances del Programa de Formalización de la Pequeña Minería al igual que los planes de acción para la disminución del uso del mercurio en la actividades mineras de la región.

Colombia ocupa el primer lugar de la lista en América Latina y el tercer en el mundo entre los países con mayor contaminación por mercurio. Un estudio realizado por la Gobernación de Antioquia encontró que en los municipios del Nordeste y Bajo Cauca, la concentración de mercurio en el aire se encontraba alrededor de 340 microgramos por metro cúbico, un valor 300 veces superior al aceptado por la Organización Mundial de la Salud, lo que ha ocasionado niveles altos de contaminación en el medio ambiente y en la salud de los pobladores.

El proyecto Global de Mercurio GMP-2 de la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) financiado por la Gobernación de Antioquia y Corantioquia, encontró en el año 2010, concentraciones de 1,25 microgramos de mercurio gaseoso por metro cubico de aire en la zona urbana de Segovia; después de la intervención de GMP-2, se registró una disminución del 48% de esta sustancia en el aire del municipio.

En tal sentido, y teniendo en cuenta que Ley 1658 del 15 de julio de 2013 reglamentó la reducción y eliminación del uso del mercurio antes de 5 años en la industria minera, la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Minas; la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a través del componente de apoyo para la formalización de la pequeña minería del Programa BIOREDD+ y 8 alcaldías de la región trabajarán en la implementación de planes municipales para el cumplimiento de esta normatividad.

Importante destacar que en este encuentro también se presentarán los avances de la oficinade Consolidación Territorial de la Gobernación de Antioquia y la presentación de una iniciativa por parte de diferentes entables del Municipio de Segovia para el montaje de una de planta común de beneficio mineral.

Para este evento han sido convocado los alcaldes: José Nadin Arabia Abisaad (Caucasia), Ubaldo Enrique Pacheco Julio (Cáceres), Harold Alonso Echeverri Avendaño (El Bagre), Eduardo Cabrera Urbiña (Nechi), Héctor Leonidas Giraldo Arango (Tarazá), Camilo Mena Serna (Zaragoza), Jorge Eliecer Gil (Remedios) y Johny Alexis Castrillón (Segovia).

Presentan plan de capacitación a las Asociaciones de Pequeños Mineros Paralelo al encuentro de alcaldes del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, en el Auditorio de la Alcaldía de Zaragoza, se dará la presentación y lanzamiento del programa de capacitación en gestión empresarial dirigido a miembros de las juntas directivas de 14 asociaciones de mineros del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia.

Entre ellas: Asociación de Mineros de Antioquía – ASOMINA; Asociación de Mineros del Bajo Cauca – ASOMINEROS BC; Asociación de Dragueras Artesanas de Guarumo; Asociación de Dragueros Artesanales de Jardín Tamana – ASODRATA; ASOVIBT, COOMICOL; COOMINAS y la Corporación de Mineros Afro Descendientes de Zaragoza CORMINAFROZA, entre otras. Estas asociaciones reúnen un promedio de 6 mil mineros de la región.

La Gobernación de Antioquia y USAID buscan, en un término de 8 meses, fortalecer n institucionalmente a las asociaciones que reúnen a unidades de producción minera o mineros individuales, para que tengan la capacidad de formular y diseñar su propio plan estratégico de negocios y sean sostenibilidad en el tiempo.

Fuente: http://bit.ly/1oThTPZ

No hay quien frene la minería ilegal en el Bajo Cauca

 

Mientras lee este artículo, en el Bajo Cauca hay un número indeterminado de dragas ilegales y retroexcavadoras revolcando toneladas de arena en las riberas y afluentes del río Nechí, derribando árboles,  abriendo enormes cráteres en la tierra. 

Sacan, día y noche, un oro que no les pertenece, sin tener título minero, y menos una licencia ambiental, no deben reforestar un centímetro y no pagan un peso de impuestos al Estado. En suma, un negocio redondo sin control alguno que, según el dueño, se llama minería informal o minería criminal, igual ambas por fuera de toda ley.

Y sin quien detenga de forma efectiva las rentables operaciones, pues los costos son una tercera parte de lo que valdrían cumpliendo todas las normas, cada vez son más las dragas brasileras y buldóceres que no se bastan con degradar los baldíos de la Nación, como pudo constatar este diario el 4 de marzo pasado, durante un sobrevuelo y recorrido por el río Nechí.

Dentro de los títulos asignados a la empresa Mineros S.A. para extraer oro con sus dragas en los municipios de El Bagre, Nechí, Caucasia y Zaragoza, las otras dragas, las “brasileras” ilegales, ya han degradado, 4.161 hectáreas, por lo menos. Eso es casi la mitad del área urbana de Medellín.

Con 42 puntos de minería ilegal a lo largo del río Nechí identificados, y advertidos a todas las autoridades desde el 7 de febrero pasado, se calcula que son al menos 60 dragas que, sumado a la maquinaria pesada, pueden emplear de forma irregular a unas 700 personas, casi la misma cantidad de trabajadores de Mineros, la mayor productora legal de oro del país.
  
Destruir lo recuperado

Pero la sed avara por esas pepitas doradas no tiene límites, y menos ambientales. Unas 1.200 hectáreas han sido recuperadas y reforestadas por la compañía, para compensar el impacto de su operación. Sin embargo, 134 hectáreas, lo equivalente a 181 canchas de fútbol profesional, dejaron de ser verdes: se sumaron a una costra amarilla que crece todos los días por cuenta de la minería informal y criminal.

Y como la creencia es que de donde se sacó oro, quedó oro, los invasores decidieron volver desde el año pasado a ‘reciclar’ las tierras consolidadas ambientalmente donde crecían bosques, plátano, maíz y otros cultivos. Por esos predios pasaron hace más de siete años las dragas legales de Mineros, pues bien, hoy  40 hectáreas de parcelas agroforestales están convertidas en grandes huecos y colinas de arena y barro.

“Solicitamos la acción enérgica del Estado para controlar estas actividades ilegales que destruyen sin consideración el esfuerzo de recuperación ambiental…”, escribió con impotencia Beatriz Uribe, presidente de Mineros, a la Gobernación, Secretaría de Minas, Corantioquia y los ministerios de Minas, Ambiente y Defensa.

La petición se da luego de agotar todas las herramientas jurídicas del titular minero y porque no han servido de nada, dice la carta, 13 amparos administrativos ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), e igual número de avisos a las alcaldías, informes a la Policía y denuncias ante la Fiscalía. Esto sin contar 174 reportes, de nuevo a las autoridades competentes, de igual número de invasiones mineras registradas con maquinaria pesada desde junio de 2010.
 
¿Y quién responde?
Desde el 6 de marzo pasado, BajoCauca.com buscó respuestas en todas las autoridades competentes, pero al cierre de esta edición, 16 días después, el Ministerio de Medio Ambiente ni la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente de la Fiscalía atendieron la reiterada solicitud de qué acciones efectivas harán ante el tema.

Entre tanto, las otras dependencias locales, departamentales y nacionales que tienen algún grado de responsabilidad coinciden en tres cosas: advertir lo compleja de la situación, las limitantes normativas para actuar y que falta mucho por hacer. 

Sin embargo, siempre aclarando su estricta competencia, tampoco ofrecen salidas oportunas. Son más los anuncios  que las acciones para detener un cáncer ambiental que no solo afecta los títulos de Mineros (ver Reacciones).

Por ley, quien debe ser el primero en responder ante estas situaciones es el alcalde. En el caso de El Bagre, su mandatario, Harold Echeverri Avendaño, señaló que “estamos en trámite de revisar cómo esos predios son restablecidos en lo minero, social y ambiental” y aclara que se ha presentado la debida atención a todos los requerimientos administrativos que direcciona a la Policía. 

Pero  este excomerciante de oro omite que el Código de Minas lo obliga a no solo actuar por solicitud, sino de oficio, y en sus respuestas se advierte su prevalencia por “más capacitación y menos represión, esta última solo cuando la tenga que haber, pero no debe ser la constante”. De fondo, ¿qué garantías de seguridad puede tener Echeverri si enfrenta la minería criminal? ¿le conviene políticamente en un pueblo minero irse en contra de la mayor fuente de ingresos de sus pobladores?

Enterado del caso de Mineros, el coronel José Gerardo Acevedo Ossa, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía, dijo que “pronto se intervendrá en el Bajo Cauca” y todo indica que procede la destrucción de maquinaria, a partir de unas leyes vigentes que considera laxas. El Bajo Cauca entra a lista de prioridades, según el oficial.

Él lidera la Fuerza de Tarea Conjunta contra la minería criminal, creada el 7 de febrero pasado. Esa nueva instancia del Gobierno sienta en la misma mesa a coordinarse a 12 ministerios y entidades. Además tiene 600 policías, 250 funcionarios y el apoyo local del Ejército en los operativos que, por cierto, tardan por lo menos en 15 días para prepararse, mucho más tiempo que el necesario para una draga moverse del sitio denunciado (ver recuadro).

Por su parte, la Gobernación de Antioquia se asume como “articulador” y sin competencia directa, coinciden los secretarios de Gobierno, Santiago Londoño, y de Minas, Claudia Cadavid. El primero argumentó que “no existe una política minera integral en el territorio que reconozca características particulares en cada región.  Con lo que hay hoy, se puede, básicamente, reaccionar y contener”.

La segunda, recalcó que su “labor está asociada a la minería legal” y, que ya se instauró en el Bajo Cauca el primer laboratorio de formalización del país con 150 unidades mineras (entables) y 100 ya fueron diagnosticadas. Ahora falta que se terminen de elaborar planes de manejo técnico y ambiental para entrar en “transición a la legalidad”. Pero es un proceso que va para largo y en él se amparan los dragueros invasores ante cualquier requerimiento, como se pudo verificar.

Desde Corantioquia hay gran preocupación por los efectos de la minería ilegal, pero hay limitaciones insalvables para que pueda aplicar las sanciones de ley: “no todas las zonas están bajo control de la Policía y el Ejército (…) y cuando hay una actividad ilícita cuidada por alguien con un fusil no aplica ir a decir: ‘vea, vine a ponerle una medida preventiva de la actividad’ o ‘por favor, quita la draga y se la lleva’, eso no va a pasar”, puntualizó Alejandro González Valencia, director de esta autoridad ambiental regional.

Desde la Vicepresidencia de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se informó por escrito a este diario que en lo que va de este año ya tienen registro de cuatro solicitudes de amparos administrativos interpuestos por Mineros S.A. "De acuerdo con la competencia otorgada por el Ministerio de Minas y Energía, es la Gobernación de Antioquia, en cabeza de la Secretaria de Minas, la encargada del seguimiento y fiscalización de las actividades mineras en El Bagre, Zaragoza, Nechí y Caucasia, en el Bajo Cauca. A la ANM corresponde realizar todas las gestiones tendientes al trámite de los Amparos Administrativos a fin de proteger los derechos de los titulares mineros".

Por último, el viceministerio de Minas, César Díaz Guerrero, anunció tareas en dos vías: una revisión normativa, sin precisar fecha para cuando esté lista, que permita una acción más contundente y efectiva; así como avanzar en formalización, “que no solo es legalización (…) un minero que esté en ese proceso también puede ser intervenido y se expone a sanciones ambientales, pues el impacto ambiental es independiente de la titularidad”, acotó el funcionario.

Sin duda, todas las instancias tienen buenas intenciones desde lo que les cabe para coordinarse y trabajar en la misma dirección, pero las dragas van más rápido, crecen en número y no están a la espera de que el Gobierno les quite el negocio.
 
Oro: todo por la plata
Entre tanto, hay 36 parcelas agroforestales en riesgo, donde tienen techo y sustento igual número de familias, como parte de un programa ambiental, reconocido como caso de éxito por el mismo Gobierno. 

Mineros ha invertido 4.000 millones de pesos desde 2001 en esta iniciativa que implica un lento proceso de años para readecuar para la siembra suelos dragados. Eso incluye un salario mínimo mensual por tres años para el aparcero hasta lograr su autosostenimiento. 

Una de las condiciones de ese contrato es no hacer minería en el predio asignado, pero seis aparceros no cumplieron, algunos dicen que por amenazas, otros lo hicieron por negocio y no hubo autoridad que lo impidiera.

Es el caso de Jesús Antonio Vásquez, de 44 años, con siete hijos, y responsable de la parcela 15, en un área de 9,5 hectáreas asignada hace tres años. Cuando este reportero lo visitó, dos semanas atrás, a 30 metros había una draga casi nueva, construida en Caucasia, avaluada en unos 2.500 millones de pesos y llamada Glo Belleza. 

Llevaba poco más de mes y medio lavando tierra en busca de oro, a menos de 30 metros de su casa y ya había sepultado siete años de recuperación ambiental en cuatro hectáreas.

“Aquí llegó un abogado, me mostró un papel de Mineros (lo dice solo por el membrete), diciendo que tenía permiso para trabajar, que cuando terminara iban a recuperar la tierra, ¿y yo qué iba a hacer? (…), le pedí que me colaboraran”, confesó Jesús sin pudor antes de reconocer que ha recibido pagos de 300 mil pesos, unas veces quincenales y otras semanales. 

Otra cosa piensa su vecino Norberto Arrieta Cárdenas. A 200 metros de donde está la draga, este campesino curtido de 58 años se ha negado a los ofrecimientos de mineros informales para buscar oro en la tierra que lleva cinco años sembrando con maíz, plátano, mamoncillo, cacao y hasta limones

“Es duro ver a ese buldócer levantar de raíz un palo (árbol), a uno le duele la naturaleza cuando aprendió a que es mejor negocio que la minería. El oro se acaba, la tierra se puede seguir cosechando”, dice con tono de profesor Norberto, quien ya se acostumbró al ruido gangoso de los motores de Glo Belleza.  
 
La draga de la discordia
Este draga, al parecer, es de un brasileño llamado José Antonio Cavalcante Soares, representante legal de Comercializadora La Reina. Este medio lo buscó en los alrededores draga para pedirle explicación, pero dijeron que no estaba o se negó, porque pocos quisieron hablar allí. 

El administrador del entable, que incluye buldócer, dijo llamarse Aulio Arias. En el segundo piso de la casa barco sacó una carpeta con fotocopias recientes, o al menos muy bien cuidadas, de cartas dirigidas a distintas autoridades, algunas fechadas en 2007, 2009 y 2010. “Todo está bueno, mire, mire”, decía Arias.

Por ninguna parte había un documento que acreditara un título vigente o una licencia ambiental, requisitos para operar legalmente. Entre los pocos papeles originales hay una solicitud de legalización ante la Gobernación de Antioquia, una patente de navegación del Ministerio del Transporte y una certificación de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), fechada el 30 de enero pasado.

Esa carta dice que La Reina  es socio activo de la Asociación de Dragueros del Bajo Cauca (Asodragas), que “pertenece al primer laboratorio piloto de formalización (…) con 150 entables mineros del Bajo Cauca” y  que concluye: “está en el proceso de legalización de minería tradicional”. Cuando la draga fue visitada por la Fiscalía y la Policía, el 28 de enero pasado, esos documentos bastaron para suspender la diligencia de decomiso.

Sobre las obras de Glo Belleza y el paquete de papeles en que se justica, se informó 
a la directora ejecutiva, de Conalminercol, Luz Stella Ramírez. Ella reprochó el daño generado a la parcela y agregó que “en virtud de las posibilidades, hemos insistido en que se hagan bien las cosas ambientalmente, porque luego eso se va en contra de todos”.

Sin embargo, la dirigente gremial también advierte retrasos del Gobierno nacional en cumplir el cronograma de los compromisos del acuerdo firmado para levantar el paro del año pasado. Eso incluyó entregar unas guías mineroambientales acorde a las condiciones del territorio y si la operación es de veta (subterránea) o de aluvión (fluvial). 

“Pero el Ministerio de Medio Ambiente nos salió con unas guías imposibles de cumplir hechas desde un escritorio en Bogotá. Si nos estamos dando la pela de decirle al minero  que haga las cosas bien, el Gobierno también nos debe cumplir”, asevera Ramírez, quien reclama que desde diciembre se entregó al Ministerio de Minas un borrador de decreto que fija un periodo de transición a la legalización. Hasta ahora no hay respuesta.

Entre tanto, Jesús Antonio es consciente que tendrá que buscar casa dentro de poco para él y sus siete hijos. Cerca de allí Norberto espera que apure el invierno, reverdezca la parcela, se hidraten los jardines y llegue la mañana en que abra la puerta de su casa y no sea una draga lo primero que vea.

Fuente: http://bit.ly/1p643GG

 

Capturan a dos brasileños por minería ilegal en El Bagre

El coronel Gustavo Chavarro, comandante de la Policía de Antioquia, confirmó este viernes la captura de 14 personas, entre ellos dos ciudadanos brasileños, por minería ilegal en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.
 
Las autoridades indicaron que se intervinieron dos minas auríferas ilegales a cielo abierto en zona rural del sector de Puerto Claver, en el corregimiento Amacerí, del municipio de El Bagre.
 
En el operativo se incautó 13.6 gramos de oro valorados en 1.197.593,7 pesos, dos retroexcavadoras, dos dragones con capacidad de producción diaria de 350 gramos de oro y un arma de fuego tipo carabina. 
 
Según afirmó Chavarro, la mina hace parte supuestamente de la banda criminal "los Urabeños", que operan en esa zona al mando de alias "el Costeño".
 
Los capturados tendrán que responder por los delitos de daño a los recursos naturales y contaminación ambiental.
 
En lo que va corrido del año se han capturado 38 personas por los delitos de daño a los recursos naturales y contaminación ambiental.

Fuente: http://bit.ly/1dkn4Ub

Guerrilleros y bandas criminales explotan oro en zonas reforestadas de Bajo Cauca

Además de la presencia de ‘los Rastrojos’, ‘los Urabeños’ y guerrilleros del Eln y las Farc, a la zona también llegan particulares con maquinaria pesada para escavar, señaló El Espectador.

En el Bajo Cauca hay una zona de casi 40.000 hectáreas, ubicada entre los municipios antioqueños de Nechí, El Bagre y Zaragoza, que desde 1974 pertenece a la empresa Mineros S.A., indicó el medio.

De ese terreno han sido ocupadas más de 4.000 hectáreas por estos grupos ilegales que, además de extraer oro sin contar con títulos mineros, también han deteriorado la tierra que había sido reforestada por la empresa, afirmó Portafolio.

Dijo la compañía al diario que son cerca de 225 dragas que sacan toneladas de arena para procesarla y separar el metal.

Así, en este punto de Antioquia se observan lagunas con agua verde, además de los afluentes que desembocan en el río Cauca que son contaminados con toneladas de mercurio y cianuro que vierten, según El Espectador.

Un caso parecido se registra en Chocó, donde la Policía hizo presencia para verificar el daño ambiental y destruir las maquinarias que ahí se utilizan,informó Noticias RCN.

En este operativo, realizado entre los ríos Atrato, Negúa e Ichó, las autoridades descubrieron una alianza entre las Farc y ‘los Urabeños’ para explotar la tierra, manifestaron en un comunicado.

En 3 complejos, dedicados a la minería ilegal, los guerrilleros producían 15.000 gramos de oro mensuales. El resultado de esta práctica fue la deforestación del bosque húmedo, y la extinción de la fauna nativa, además de la contaminación de varias fuentes hídricas, señaló la institución.

“Ingenieros y biólogos de la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Ilegal de la Dirección de Carabineros, tomaron muestras de las aguas para establecer el nivel de afectación y los alcances que tendría su consumo para los pobladores. Los afluentes perdieron el color natural y tomaron una tonalidad verde, que demuestra la desaparición de cualquier especie”, dice el comunicado.

Según la Policía, quien estaría detrás de esta actividad sería Édison Tapias Maquilon, alias ‘Chaverra’, cabecilla del Frente 34 de las Farc, que recibía 7 mil millones de pesos por extraer el oro de esta zona.

Fuente: http://bit.ly/1fWhVBP

Alcalde de Nechí solicita control

Debido a la supuesta negligencia y demora en los cierre de los chorros Santa Anita (cerrado) y Nuevo Mundo (en ejecución) y lo que acarrea para su municipio, Eduardo Cabrera Urbiña, alcalde de Nechí (Antioquía), le envió un oficio a Carlos Meza, procurador delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales, en el que solicita un control de advertencia a las obras.

Cabrera indica que el cierre de los chorros no tiene obras de protección complementarias y podrían colapsar. 

Solicita que se conforme un comité técnico en el que tenga participación Nechí como municipio afectado y ya que las obras están es su jurisdicción, con el objetivo de estudiar los dineros invertidos en estas.

Asegura que con el cierre de los chorros el agua entraría a los municipios de Nechí y San Jacinto del Cauca. Por ellos urge la intervención de las orillas.

El 15 de febrero la firma Aga-Anfi, consorcio encargado de los trabajos, cerró de manera total el chorro Santa Anita.

"Tenemos una muralla a medias, pues en el 2011 aprobaron 650 metros por Junta del Fondo Nacional de Calamidades, e Invías solo intervino 200 metros. Para proteger al pueblo faltan 440. Esta muralla es muy importante porque las obras adelantadas son provisionales y, según Carmen Arévalo, gerente del Fondo Adaptación, las soluciones definitivas para terminar con las inundaciones estarán en 2015-2016 y 2017. Por tanto esta deben garantizar la protección de las poblaciones", enfatizó Cabrera.

En otro aparte del oficio explica que las obras de los chorro fueron contratadas por Invías con recusos de regalías por 22 mil millones de pesos con un tiempo de ejecución de 5 meses y al final no los taparon. 

Sostiene que después la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aprobó 39 mil millones de pesos, más una adición de 7 mil millones. Agregó que adicionaron 11 mil millones más aprobados por el Fondo Adaptación, para un total de 79 mil millones de pesos, aproximadamente, y el Nuevo Mundo aún no lo han cerrado, "además responsabilizan de esto al río Cauca cada vez que quieren suspender y adicionar dineros"

Fuente: http://bit.ly/1eJmiPb

Antioquia busca legalizar 80 unidades mineras para septiembre

El equipo técnico de BIOREDD+ de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en trabajo en equipo con la Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia, la Asociación de Mineros del Bajo Cauca y la Asociación de Mineros del Nordeste (ASOMINA), avanza en la consolidación de las unidades mineras del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño que puedan entrar ser legalizadas y formalizadas.

A La fecha se ha evaluado la información de 300 unidades mineras en los municipios de Caucasia, Tazará, Cáceres, Zaragoza, Bagre, Nechí, Segovia y Remedios, de las cuales, 80 comenzaron a recibir la visita de expertos para iniciar el proceso de legalización antes del 30 de septiembre, fecha en la que el programa termina sus operaciones en la región.

La meta del programa es encaminar 70 Unidades de Operación Minera para que accedan a sus derechos legales, aplicando alguno de los mecanismos de legalización identificados; de estas, el programa apoyará al menos a 30 con la formulación de los Programas de Trabajo y Obras (PTO), Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o Planes de Manejo Ambiental (PMA), como parte de las actividades requeridas para la legalización.

Como actividades complementarias, BIOREDD+ capacitará a los propietarios y personal administrativo de 90 unidades de producción minera, en temas como legislación minera, ambiental y laboral, seguridad industrial minera y en normatividad empresarial. Se estima que en estas 90 minas laboran alrededor de 2.200 mineros.

Fuente: http://bit.ly/1cPW8sM

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