Hay molestia entre los habitantes del Bajo Cauca por las declaraciones del ministro de la Defensa quien asegura que en la subregión hay normalidad y el comercio abastecido. Algunos habitantes han enviado fotografías a Caracol Radio de almacenes de cadena donde se observan estantes vacíos. Aunque han llegado algunos camiones con carga, estos no dan abasto. Las tiendas, especialmente de alimentos solo abren algunas horas y luego debe cerrar, así pasa en Tarazá, Cáceres y en el Bagre.

Aseguran que dicha normalidad no ha llegado al territorio en el día 14 del paro, hace dos semanas los estudiantes no asisten a clase, el transporte público interno e intermunicipal tampoco funciona, aparte de desabastecimiento.

“Eso es pura mentira, no hay nada normal. Es que mire, empezando por los mototaxis no se pueden movilizar y carros no hay en el pueblo, ni en la carretera encontrás un carro, qué normalidad es esa por Dios, hay mucho almacén cerrado porque no tienen que vender. Hay almacenes abiertos, sí, pero de ropa, y quien va a comprar ropa ahora o quien va comprar útiles si los estudiantes van para 20 días que están cesantes, entonces, si eso se llama normalidad, a qué le llaman anormalidad”, dijo un habitante de Tarazá que prefirió que no se publicara la identidad.

El señor también se quejó de que a Tarazá tampoco han llegado alimentos suficientes y los existentes tienen unos precios supremamente altos, incluso valores de tres veces más de lo que costaban antes del paro. Por ejemplo, hoy un plátano maduro cuesta 2.500 y antes 800. Un kilo de maíz amarillo vale 3.000 y antes 1.500. Un kilo de yuca cuesta 5.000 y antes entre $1.500 y $2000, son algunos de los productos reportados.

“Lo que encontré da tristeza, porque yo lo que compraba con $150.000 hoy me valió $300.000, ósea el doble las cosas están ms de un 100% más caras. Me fui compra un bulto de concentrado para las gallinas y no me lo vendieron, solo el valor de $20 mil seis kilos, o sea que un bulto de concentrado cuesta 160 mil pesos y antes costaba 60 mil pesos y yo llevo 15 días sin trabajar”.

Esta situación no solo está ocurriendo en Tarazá, también en El Bagre y Cáceres, en esta última población el alimento para animales de granja tampoco llega y los propietarios ya están desesperado.

“La que más están sufriendo es la parte pecuaria que son las granjas de aves, el pollo de engorde y la gallina ponedora, el cerdo y la piscicultura si que esta afectada porque no se encuentran en las proveedoras el alimento específico para ellos, y eso nos a afectado muchísimo, la producción agropecuaria esta por el suelo en este momento”, dijo otro habitante, pero e Cáceres.

El gobierno nacional citó al comité del paro minero a una mesa de trabaja para este jueves 16 de marzo en la sede del ministerio del Interior en Bogotá. Aparte del jefe de esa cartera, también participarán las ministras de Minas y Medio Ambiente, además del alto Comisionado para la Paz, donde se espera analizar la actual situación y llegar a un acuerdo para que se levante la protesta.

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En Tarazá hay un hombre que lleva bien las cuentas del tiempo: 13 días. Eso ha pasado sin trabajar, “vagando de arriba para abajo”. Se las ha apañado para comer gracias a la caridad de amigos y familiares. A las 2:00 de la tarde de ayer, con la camisa de botones abierta y la piel apergaminada, se quejaba: “Este pueblo está vuelto mierda, vuelto mierda”.

A esa hora el cielo estaba encapotado y un helicóptero llamaba la atención de los presentes. Todos los comercios estaban cerrados, con las persianas abajo. Cuando el hombre se quejaba, cientos de personas, en una procesión ensordecedora, entraban al municipio. Era un día más del paro minero que mantiene en zozobra al Bajo Cauca.

La procesión salió desde Caucasia a las 10:00 de la mañana. Con un picó enorme sobre un camión, los voceros del paro animaban a los cientos de asistentes. El recorrido hasta Tarazá duró tres horas, a paso muy lento, zigzagueando entre las decenas de árboles que todavía están atravesados en la carretera.

Antes de la llegada de la caravana, la orden en Tarazá fue cerrar el comercio. Las calles parecían las de un pueblo fantasma, recientemente abandonado. “Estamos cerrando por si pasa algo, que no nos vayan a dañar el negocio. La marcha pasa y volvemos a abrir”, decía la regente de una farmacia.

El Bajo Cauca es una región convulsa, sacudida por paros armados, como los que ha hecho el Clan del Golfo. Por eso, sus pobladores están acostumbrados a la anomalía, al desorden. Con este escenario al frente, el hombre de la camisa abierta decía: “Esto está muy malo. Yo trabajo con un motocarguero y no me dejan salir para las veredas. No he aguantado hambre porque la gente me ayuda, pero los que no somos mineros estamos entre la espada y la pared”.

Sintiendo el bullicio de la caravana, que ahora traquea un vallenato en el enorme picó, el hombre baja la voz: “Acá es mejor no decir nada para no meterse uno en problemas. Es mejor hacerse a un lado y esperar, dejar que el tiempo pase”.

Esa misma actitud tenía un tendero en Jardín, cerca de Cáceres. El hombre contaba que no había podido surtir y que, a lo sumo, tenía para dos días más. Lo que más escaseaba en su tienda eran el arroz y el azúcar: “Esto está grave. Ya está el rumor de que hay mucha gente aguantando hambre. Realmente yo solo tengo lo más básico, me quedan muy pocos huevos y unos tarros de aceite”.

El tendero, como el hombre de la camisa abierta, comentaba que prefiere “no tomar partido” para no tener problemas. A las preguntas respondía con cordialidad, pero con suma cautela: “El nombre se lo quedo debiendo por cuestiones de seguridad. Tampoco tomen fotos, por favor, porque me ponen en riesgo”.

Saúl Bedoya, el vocero de los mineros que están en paro, decía en la mañana de ayer que la idea era continuar la manifestación de manera pacífica: “Nos queremos desmarcar de los hechos violentos que se han presentado y queremos hablar con el gobierno nacional. Que todo sea en razón de la formalización de los pequeños mineros, que es lo que hemos propuesto con el distrito minero”.

En cuanto a esos hechos violentos como los enfrentamientos con la Policía, la quema de ambulancias y de maquinaria amarilla, el vocero comentaba que no sabía quiénes los habían cometido, pero que no habían sido los mineros.

Desde el comienzo, los voceros del paro han dicho que el comercio cerró sus negocios en solidaridad con los manifestantes. Sin embargo, cuando la caravana arrancaba, dos mecánicos de Caucasia decían que solo abrían los negocios dos o tres horas al día porque no había clientes.

Uno de ellos comentaba: “No nos han amenazado para no abrir, es más, tenemos muchos amigos mineros y sabemos de la lucha de ellos. Acá todos vivimos de la minería, entonces, si esta se cierra, todo se cierra”.

Los efectos del paro se sienten en todos los municipios de la subregión. En la tarde de este martes, junto al río Nechí, Santiago Roa, dueño del restaurante Anclares, decía que el pueblo estaba en sus peores momentos. Y basta echar una mirada rápida para comprobarlo: los compradores de oro cabeceaban al calor del mediodía esperando clientes que nunca llegaban. “Pero nosotros somos un pueblo minero, eso es lo que hemos hecho por siglos. Nos tienen que dejar trabajar”, decía Santiago, pese a los efectos negativos en su negocio.

Víctor Perlaza, el alcalde de Zaragoza, decía que al municipio no han podido llegar a entregar el gas natural para los hogares. El desespero de muchos quedó en evidencia el viernes pasado, cuando cientos de personas se agolparon a buscar oro en la calle principal, donde se adelantan trabajos de alcantarillado. Muchos eran pequeños mineros o barequeros que llevan días sin ir al río y pasan las peores necesidades.

En Tarazá, un jornalero comentaba que lleva sin trabajar desde que comenzó el paro. “Yo hago lo que se pueda en las fincas, pero desde esto los patrones no están contratando. Por ahí me han estado dando comida donde unos familiares. También sé barequear, pero al que ven a uno por ahí en el río, lo sacan”, decía ayer el jornalero.

Los restaurantes de la carretera están todos cerrados, con las sillas arrumadas. Los lavaderos, donde se estacionan las tractomulas, tienen las mangueras apagadas. Da temor la soledad de la troncal a la costa.

El fin del paro no se ve próximo y el hambre apremia. Los habitantes del Bajo Cauca recuerdan épocas peores, como cuando un paro cocalero trastocó todo; con resignación aceptan lo que está pasando, están acostumbrados a los cataclismos. En el Bajo Cauca hay mucho estoicismo.

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En la noche de este domingo se reportó una nueva alteración al orden público y pocas horas después de que el Presidente Gustavo Petro, liderara un consejo de seguridad en Montelíbano departamento de Córdoba.

El reciente ataque se registró en el municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño. Allí un grupo de manifestantes le prendieron fuego al peaje que está en la salida hacia Cáceres y Caucasia. La caseta fue atacada con bombas incendiarias y mientras ardía en llamas era atacada con piedras. Las autoridades llegaron hasta el lugar para controlar la situación.

El alcalde de Tarazá Mario Sierra, le solicitó a las personas que están generando daños en el municipio, que recapaciten porque esa situación los afecta mucho más como comunidad.

“Quiero dirigirme a ese grupo de manifestantes que hoy están en las calles de nuestro bello municipio y que están optando por la violencia, decirle a ese grupo de personas que por favor recapaciten, que entiendan que esos daños que hoy le están ocasionando a la infraestructura pública y los daños que hoy hacen algunos comerciantes no traen ningún beneficio para el reclamo que hoy está haciendo el gremio minero”.

Es de recordar que este domingo la fuerza pública hizo acompañamiento de caravanas humanitarias garantizando el recorrido de los camiones con carga, así mismo hicieron presencia en toda la troncal a la costa Atlántica.

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Sin importar la labor que prestan, vándalos incendiaron en la tarde de este sábado dos ambulancias que fueron interceptadas en las vías de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

La primera fue incinerada en cercanías de una estación de gasolina, donde los delincuentes obligaron a bajar a todo el personal médico.

El segundo hecho ocurrió en el puente Carlos Lleras Restrepo, donde hombres dijeron ser mineros y quemaron el vehículo que sería de Hospital Nuestra Señora del Carmen, de El Bagre y transportaba a una mujer en embarazo.

Posteriormente fueron vistos los implicados jugando con la camilla de este vehículo como si fuera una carretilla.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló: “Ante operatividad y presencia estatal en el Bajo Cauca, criminales quemaron esta noche dos ambulancias. Como sociedad debemos rechazar enérgicamente, unidos, este gravísimo y cobarde atentado contra la Misión Médica que tanto le sirve a nuestra gente”.

Estos hechos no dejaron personas lesionadas, aunque sí afectaciones a la misión médica que lucha contra la violencia en esta subregión del departamento.

A esto se le adiciona que en el sector Campo Alegre, también de Caucasia, fueron quemados camiones que transportaban 3.240 canastas de huevos, equivalentes a 97.200 unidades, que llevaban este alimento desde la planta de Avinal, en el Oriente antioqueño, hacia el Bajo Cauca y el departamento de Córdoba.

Adicionalmente, los bloqueos ocasionados por el paro minero han llevado a que 15.000 hogares y 280 comercios de Zaragoza, Segovia, Tarazá, El Bagre y Cáceres, en Antioquia, y Puerto Libertador, en Córdoba, informó la empresa Surtigas.

“Es lamentable ver la situación que están padeciendo tantas familias y comerciantes de la zona, en su mayoría de escasos recursos, a causa de los bloqueos que han impedido el ingreso del gas natural y otros insumos de primera necesidad a estas poblaciones.”, indicó Santiago Mejía, gerente general de esta empresa.

Sobre el hecho también se pronunció la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, quienes lamentaron estos hechos ocurridos en el Bajo Cauca antioqueño y manifestaron su rechazo a cualquier ataque que se realice en contra de la Misión Médica, el personal de salud y los pacientes en general.

“Estos hechos constituyen una violación flagrante a la Misión Médica, especialmente por haber atentado contra dos vehículos esenciales para la prestación de servicios de salud y protección a la vida”.

Añadieron que reconocen el derecho de la población a realizar protestas sociales y pacíficas por las vías legítimas, “sin embargo, hacemos un llamado para que las protestas no sean un escenario propicio para violentar el derecho a la salud de las personas que necesitan atención y bienestar de los equipos y misiones médicas que prestan un servicio invaluable a la comunidad”.

Añadieron que “es necesario que la comunidad permanezca unida y proteja los equipos y al talento humano en salud que día a día expone su vida en favor de todos, como bien preciado de la sociedad. Por lo tanto, exigimos no solo respeto por nuestra labor, sino garantías que salvaguarden el bienestar y la seguridad de los pacientes por parte de las autoridades y de la comunidad”.

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno atender de manera urgente la grave situación de orden público que se está registrando en los municipios del bajo Cauca.

La entidad advirtió que en el municipio de Caucasia y otros lugares de la región, se han presentado actos de vandalismo en protesta por el retorno de los operativos policiales contra la minería ilegal.

Según la entidad, estos hechos "están impidiendo la libre movilización de la comunidad y demás derechos de las poblaciones, por el bloqueo de vías terrestres y fluviales, generando afectaciones a la misión médica y el cierre del comercio en gran parte de la subregión, lo que está llevando al desabastecimiento de alimentos de primera necesidad".

Asimismo, rechazó los actos violentos contra la infraestructura pública y privada e instó a los funcionarios públicos a garantizar la seguridad de los habitantes de la región y de los empleados de la empresa Mineros Aluvial, que están en riesgo por el ingreso de manifestantes a uno de sus campamentos de operación.

Fuente: https://bityl.co/HUrj

La Troncal a la Costa Caribe completa seis días de cierre por paro minero en Caucasia. Desde el pasado miércoles 1 de marzo, a las 6:00 p. m., a la altura de este municipio del Urabá Antioqueño cerraron la vía que conduce a la costa.

Las manifestaciones de los mineros han acarreado una serie de efectos colaterales para las personas que necesitan movilizarse por esta zona del país, especialmente para el gremio de los camioneros.

Durante estos seis días, la Troncal a la Costa Caribe ha estado bloqueada en diferentes sectores, lo cual ha imposibilitado el paso de vehículos hacia esta región.

El comité del paro minero está conformado por representantes de los municipios de Zaragoza, Cáceres, Tarazá y Caucasia.

Durante el fin de semana, entre los municipios de Tarazá y Cáceres, manifestantes del paro minero tumbaron al menos cuatro árboles que estaban al borde de la carretera.

Caravana humanitaria

El pasado domingo 5 de marzo se realizó una caravana humanitaria para facilitar la movilidad entre Medellín y la Troncal del Nordeste hasta Segovia y Remedios, y de Segovia y Remedios hasta Medellín.

Para posibilitar el tránsito en este eje vial se tomaron decisiones estratégicas de seguridad que corresponden a la fuerza pública.

Apoyo al minero ancestral, pero ataque decidido a la minería criminal

Esta fue la determinación de la Gobernación de Antioquia ante el paro minero del Bajo Cauca y el Nordeste.

Varios consejos de seguridad se llevaron a cabo en Caucasia (Bajo Cauca) y en Segovia (Nordeste), para analizar el panorama de orden público de las dos subregiones y explorar el contexto de los municipios involucrados en el denominado Paro Minero Nacional.

Sobre el consejo de seguridad de Caucasia, el gobernador señaló: “En Caucasia continuamos el consejo de seguridad con la presencia de los miembros del equipo del Gobierno nacional, allí se desactivaron unas situaciones de riesgo frente a la alcaldía de Caucasia”.

Y agregó: “Allí ha estado atenta la Policía y el Ejército para repeler cualquier acción que se ha intentado por grupos que quieren vandalizar la alcaldía. Igualmente, la retención o el secuestro de algunos miembros de las empresas mineras en el Bagre y Nechí, este tema ya fue solucionado con el acompañamiento de la Defensoría, pero también del Ejército y la Policía”, enfatizó.

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Los mineros del Bajo Cauca antioqueño están liderando una protesta en la subregión para reprochar los operativos que adelanta la Fuerza Pública contra la minería informal y pedir medidas efectivas para la formalización de sus trabajos. Hay alerta por el orden público.

Siete municipios se unieron al paro y llamarán la atención del Gobierno nacional con bloqueos intermitentes sobre la vía que comunica la Costa Atlántica con la ciudad de Medellín, entre el municipio de Valdivia y el puente de San Jorge, en Córdoba.

En la lista figura Caucasia como el punto de concentración de la manifestación y allí se reunirán los habitantes de El Bagre, Zaragoza y el sur de Bolívar. Mientras tanto, la población de Valdivia, Tarazá, Nechí y Ayapel lo harán en sus territorios, bajo la misma sombrilla.

Aunque se acordó con las autoridades que las reclamaciones se harían de manera pacífica, en el comercio y colegios hay temor por las complicaciones que se podrían dar. Sobre la mesa está el violento paro que lideraron el año pasado y que bloqueó el paso en la región.

Varias instituciones educativas tomaron la decisión de devolver a los alumnos a sus casas este jueves para mitigar los riesgos de seguridad, muchas de ellas sin contar con el visto bueno de las administraciones locales porque hay condiciones para dar tranquilidad.

Esta situación se está presentando en Zaragoza. Mientras tanto, en Caucasia sí se suspendieron de parcialmente los encuentros educativos, tanto en la zona urbana como rural, confirmó el mandatario Jefferson Sarmiento Ortiz en un comunicado.

“Se suspenden de manera temporal las actividades académicas en aras de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, considerando las posibles alteraciones del orden público”, manifestó. Por otro lado, el comercio está funcionando con normalidad.

Ahora bien, los mineros de Caucasia iniciaron un recorrido hacia el corregimiento de Guarumo del municipio de Cáceres a las ocho de la mañana de este jueves. Se espera que la movilización dure cuatro horas sin bloqueos parciales sobre la troncal.

Los líderes de Nechí se tomaron la carretera desde la vereda Campo Alegre hasta el corregimiento de Guarumo, por lo que se presume habrá congestión de los vehículos que se muevan entre la capital del departamento de Antioquia y la Costa Atlántica.

La población de Cáceres caminará desde el corregimiento Jardines hasta Puerto Bélgica, con un retorno estimado de tres horas. En Puerto Valdivia estará frenado el paso desde las once de la mañana por concentraciones en los kilómetros diez, once y doce.

Finalmente, los mineros de Tarazá se plantará en el puente de esta población durante la mañana y hará un recorrido hasta Cáceres. Se piensa que la movilidad podría estar afectada durante seis horas, según el plan que los mismos organizadores socializaron.

Frente a los hechos que se podrían presentar, las autoridades activaron un plan especial para atender las situaciones que se salgan de control. Hasta el momento, no se ha presentado ningún tipo de incidente y las movilizaciones transcurren con normalidad.

Este paro se da dos semanas después de que el Gobierno nacional realizara dos consejos de seguridad en el Bajo Cauca antioqueño. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, comentó que las autoridades iban a seguir contrarrestando la minería ilegal.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ratificó que la destrucción que está sufriendo el territorio no hace parte de ningunos acuerdos y que se buscará la formalización de los pequeños trabajadores que ejercen la minería de manera irregular.

“No se puede aprovechar el acuerdo que se hizo durante el paro que hubo en esta región como excusa para destruir los bienes ambientales a través de esa minería. Haremos una oferta productiva seria, integral, territorial a todos esos mineros y los invitamos a hacer parte de la caracterización y formalización”, afirmó la ministra.

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Luego de completar siete días de protestas, las comunidades que se tomaron varios puntos de la troncal a la costa Atlántica levantaron los bloqueos que tenían en vilo a varios municipios del Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.

El hecho se produjo luego de que varios líderes locales llegaran a un acuerdo con el Gobierno Nacional en una mesa de diálogo que se instaló para revisar la crisis por la que atraviesa la región de La Mojana, luego de la ruptura de un dique sobre el río Cauca en agosto de 2021.

La Defensoría del Pueblo, una de las entidades que medió en las negociaciones, señaló que dentro de los acuerdos alcanzados se estableció un nuevo diseño para aquel dique, así como acciones de urgencia para acelerar los trabajos.

“Entre los acuerdos establecidos están: el rediseño y la búsqueda de soluciones a largo plazo para La Mojana; la presencia de equipos y contratistas en terreno a partir del sábado 4 de febrero; el inicio de labores el 6 de febrero; la estructuración de diseños con el Fondo de Adaptación para la construcción del vertedero; el levantamiento de los bloqueos el 31 de enero y la evaluación de avances en una semana”, informó el ente en un comunicado.

Además de los líderes comunitarios, en el espacio de concertación participaron representantes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el viceministerio del Interior y representantes de los entes de control locales.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que, luego del acuerdo alcanzado, esa entidad ejercerá control y verificará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional.

Urabá y el Bajo Cauca, a la espera

Aunque los bloqueos de la última semana se concentraron en jurisdicción del departamento de Córdoba, uno a la altura del Puente San Jorge (en la vía entre Caucasia y Montería) y otro a la altura del sector El Viajano (en la vía entre Planeta Rica y Sahagún), gran parte de los municipios del Urabá y el Bajo Cauca de Antioquia estaban sufriendo los efectos de las protestas.

En el caso de Caucasia, por ejemplo, empezó a registrarse desabastecimiento de víveres y hasta líderes del sector salud señalaron tener problemas para abastecerse de oxígeno y disponer de los residuos hospitalarios.

No obstante, la afectación más grande fue para cerca de 74.539 hogares de los municipios de Urabá, Carepa, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Apartadó, Mutatá y San Pedro de Urabá, que vieron interrumpido el servicio de gas natural durante los bloqueos.

Pocas horas antes de levantarse la protesta, Empresas Públicas de Medellín (EPM) expresó su preocupación por los problemas para abastecer de gas a esas poblaciones, advirtiendo que los vehículos de la compañía se estaban viendo forzados a realizar rutas más largas.

La troncal a la costa Atlántica completó este domingo cinco días de bloqueos, luego de que centenares de habitantes del departamento de Córdoba salieran a las calles a protestar por las demoras en la reparación de un dique sobre el río Cauca, ubicado a la altura del sector conocido como “Cara de Gato”.

El capitán Eduardo Naranjo Ñustes, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Córdoba, precisó que las manifestaciones se concentran en dos puntos. La más grande, a la altura del puente San Jorge, ubicado entre la vía Caucasia-Montería, y otra en la vía entre Planeta Rica y Sahagún, a la altura de del sector El Viajano.

Según señaló el uniformado, mientras en el primer bloqueo solo se ha permitido el paso de vehículos como ambulancias, en el segundo se ha venido habilitando parcialmente el paso en horas de la noche. “La fila de vehículos, solamente en el sector de Campoalgre, es de cuatro kilómetros. En sentido contrario, la fila es de unos seis kilómetros”, precisó el uniformado.

Pese a que los bloqueos se están desarrollando en el departamento de Córdoba, y en Antioquia ninguna vía reporta novedades de este tipo, tal como lo informó el teniente coronel Fabio Enrique Sierra, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Antioquia, varios municipios del Urabá y el Bajo Cauca sí vienen sintiendo los impactos de las protestas.

Tan solo en el caso de Caucasia, en donde los comerciantes ya comienzan a sentir el desabastecimiento de productos, el gerente de la Clínica Pajonal, Salvador Barrocal, señaló con preocupación que ese centro asistencial ya está empezando a tener problemas para abastecerse de oxígeno y disponer de sus residuos hospitalarios.

“El carro viene semanal. En estos momentos solo tenemos abastecimiento de oxígeno para el resto de la semana. En el tema de los residuos hospitalarios ellos vienen día por medio de Montería, que es donde está la planta incineradora, entonces ya se nos están acumulando los residuos, lo que genera una situación sanitaria”, dijo el gerente.

El líder agregó que en el municipio también hay consternación por la suerte del suministro de combustibles, en su caso fundamental para el normal funcionamiento de su flota de ambulancias.

Además de Caucasia, en el Urabá Antioqueño EPM emitió este domingo una alerta en la que advirtió que al menos 74.539 clientes de los municipios de Urabá, Carepa, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Apartadó, Mutatá y San Pedro de Urabá se quedaron sin suministro de gas ante la imposibilidad de la compañía de enviar los camiones de abastecimiento.

Para evitar accidentes o daños, EPM aconsejó a los usuarios de cerrar las válvulas de paso y perillas de los gasodomesticos, así como cerrar las válvulas de corte general de los hogares mientras se resuelve la situación.

“La situación está igual, aún no hay señales de que se va a solucionar”, lamentó el gerente Barrocal, haciendo un llamado para que el Gobierno Nacional y las autoridades atiendan la situación y eviten que se profundice el problema en la región.

Según se conoció ayer, las autoridades de Córdoba realizaron un consejo de seguridad para evaluar la crisis.

Fuente: https://bityl.co/Gy8c

En motos y caminando llegaron decenas de personas hasta una tractomula detenida en el corregimiento Jardín, jurisdicción de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, para saquearla.

Ocurrió en la tarde de este viernes 23 de septiembre y forma parte de los vehículos que fueron robados en esta subregión del departamento durante la jornada.

Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), indicó que fueron 30 los vehículos robados y cuatro los ocupantes que resultaron heridos.

"Cuatro conductores heridos por defender sus vehículos y la mercancía. La turba arremetió con ellos. Tenemos más o menos pérdidas de 120 mil millones de pesos en lo que va transcurrido del paro en esa zona", explicó la directiva. 

Agregó que de las 350 mil toneladas transportadas ya se perdieron 2.000 en productos perecederos y 1.000 en los saqueos de esta tarde. 

Según el gremio minero de Guarumo, que desde el pasado miércoles adelanta una serie de bloqueos en la vía que comunica Medellín con la Costa Atlántica, los responsables no están relacionados con su protesta.

“Desde la comunidad de Guarumo se rechaza todo acto de violencia y trato inhumano cometido contra la ciudadanía, pues no representa los ideales y deslegitima la manifestación pacífica iniciada en el corregimiento de Guarumo, Cáceres”, dice la misiva.

Aseguran estar abiertos al diálogo y solicitan a quienes los apoyan, “no manchar la manifestación pacífica con actos violentos”.

El general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional, informó que por estos bloqueos ya murió un menor de edad que se accidentó con unos árboles que atravesaron en la vía.

Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, denunció que hay pacientes que no han podido ser trasladados en ambulancia a la ciudad de Medellín.

En los 53 kilómetros que separan a los municipios de Tarazá y Caucasia fueron ubicados 10 puntos de bloqueo que impiden la entrada y salida de vehículos.

Fuente: https://bityl.co/Egik
 

La vía que conecta a Medellín con la Costa Atlántica completa 48 horas cerrada por cuenta de una protesta que adelantan los mineros del corregimiento de Guarumo en Cáceres, Antioquia.

El bloqueo inició sobre el mediodía del miércoles, 21 de septiembre, a la altura del kilómetro 46, sector Guarumo entre los municipios antioqueños de Caucasia y Cáceres.

Cerca de 200 personas se encuentran en la vía obstaculizando el paso de vehículos. En ese punto han quemado llantas y atravesado materiales como árboles y rocas.

Esta situación llevó a que la Alcaldía de Cáceres declarara alerta roja hospitalaria. “Dado los acontecimientos presentados, donde por temas de orden público (protestas) fueron cerradas las vías limítrofes con los municipios vecinos de Tarazá y Caucasia, por tal razón se dificulta el traslado de pacientes”, manifestó la administración local.

La protesta de estas personas se debe a las constantes quemas de máquinas usadas en la minería informal por parte de la fuerza pública. Es por esto que exigen la presencia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

Según la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) cerca de 1.500 vehículos represados en esta zona y pérdidas millonarias ya que las rutas han tenido que ser modificadas para poder llegar a los destinos.

Fuente: https://bityl.co/EgiZ

Ante este video que habría sido grabado por subversivos del ELN y en el que anuncian un supuesto paro armado de 72 horas, las autoridades adoptaron medidas como el aumento del pie de fuerza. En Antioquia, por ejemplo, habrá más oficiales de la policía en zonas de alto tránsito de personas.

A las terminales aéreas y las vías, se sumarán patrullajes en municipios de subregiones como el norte, nordeste y bajo cauca, zonas de injerencia del denominado frente de guerra Darío Ramírez Castro del ELN. El Ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el país se encuentra en máxima alerta, y que las autoridades no escatimarán esfuerzos para proteger a los colombianos ante la amenaza del posible paro.

Hoy la Séptima División del Ejército anunció que a Medellín llegarán 80 soldados más que serán diseminados en las 16 comunas y 5 corregimientos con el fin de contrarrestar hechos delictivos y aumentar la seguridad.

Fuente: http://bit.ly/39ukN6Z

En una carta dirigida al presidente Iván Duque, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le pidió intervención de carácter urgente debido a la gravedad de la situación por la que está pasando el Bajo Cauca antioqueño, causada por la lucha de grupos ilegales como el 'clan de Golfo', los 'Caparrapos', el Eln y las disidencias de las Farc.

Según cifras compartidas por Pérez, la gravedad del asunto radica en que entre 2017 y 2018, los asesinatos aumentaron un 200 por ciento. El año pasado se presentaron 96 homicidios en esta región, mientras que hasta el 2 de octubre de este año, se registraron 298 muertes violentas.

En la misiva, el gobernador expone que la zona superó la capacidad del Estado para asumir el control de los territorios afectados por el crecimiento de cultivos ilícitos y de minería ilegal.

El funcionario le pidió al mandatario su accionar para mitigar la situación. "Los problemas criminales del Bajo Cauca necesitan intervención integral, pues además, las promesas del Gobierno Nacional de apoyar a los que erradiquen voluntariamente los cultivos ilícitos fueron un engaño y han creado un caos social que estimula con agresividad la ilegalidad", dicta la carta.

En el consejo de seguridad que tuvo lugar en la mañana de este martes 2 de octubre, el mandatario se refirió al hecho explicando que la situación de guerra que se presenta en el Bajo Cauca superó la capacidad de las fuerzas de seguridad nacional, por lo que considera que es un problema de carácter presidencial.

"El gobernador no puede crear más policía ni puede tomar decisiones que le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, por eso pido intervención al Gobierno", manifestó el gobernador.

También aseguró que el próximo martes 9 de octubre serán convocados integrantes de Mineros S.A para identificar las zonas en las que operan maquinarias de extracción ilegal y comenzar a implementar acciones.

Fuente: http://bit.ly/2yfUfFv

Aunque manifestaron que apoyan el cese de actividades de los arroceros en Colombia, este gremio en el bajo Cauca denunció que no tienen dinero ni para protestar, después de que la creciente del río Cauca les inundó unas 5 mil 500 hectáreas del cereal.

El líder de los arroceros del bajo Cauca, Israel Callejas, explicó que con los precios de este alimento son muy bajos en comparación con los costos de producción, lo cual agrava las pérdidas que han dejado las lluvias durante las últimas semanas.

Aunque manifestaron que apoyan el cese de actividades de los arroceros en Colombia, este gremio en el bajo Cauca denunció que no tienen dinero ni para protestar, después de que la creciente del río Cauca les inundó unas 5 mil 500 hectáreas del cereal.

El líder de los arroceros del bajo Cauca, Israel Callejas, explicó que con los precios de este alimento son muy bajos en comparación con los costos de producción, lo cual agrava las pérdidas que han dejado las lluvias durante las últimas semanas.

“No hemos coordinado nada, no porque los rechazamos, sino que físicamente no podemos estar porque no tenemos dinero, el río nos inundó todo, 5 mil 500 hectáreas, no tenemos dinero”, señaló el líder de los productores del grano en el bajo Cauca, Israel Callejas.

Relató que los costos para sacar el producto se han incrementado por las malas condiciones de las vías y los peajes que ha puesto la comunidad, para poder reparar con puentes improvisados en la vía entre el corregimiento de Colorado y el municipio de Nechí.

Fuente: http://bit.ly/2xNQREy

Los campesinos cultivadores de hoja de coca, en el municipio de Taraza, norte de Antioquia, emprendieron una concentración en las últimas horas del lunes festivo en el perímetro urbano, para iniciar un paro como protesta por la reanudación de la erradicación de estas plantaciones.

La alcaldesa de esta población, Gladis Rebeca Miguel Vides, confirmó a Caracol Radio que los campesinos denunciaron la presencia de la unidad de policía encargada de la erradicación manual de esos cultivos ilícitos, pese a que estas familias campesinas cocaleras se habían incorporado al programa de sustitución que impulsa la Presidencia de la República.

Confirmó que los campesinos promotores y participantes en este paro pidieron el cierre de todo el comercio en el municipio, tienen bloqueadas algunas vías urbanas de la población y afectada las actividades en Tarazá, y precisó que la troncal de Medellín a la Costa Atlántica, en esa subregión, opera con normalidad y control de las autoridades.-

“Hay un paro de la comunidad cocalera. (los campesinos) salieron porque están inconformes, porque ellos están inscribiéndose en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; habían quedado que el cinco de septiembre firmaban el acuerdo, pero hace seis días llegaron los erradicadores”, explicó la alcaldesa Gladis Miguel Vides, a través de Caracol Radio.

La mandataria de los taraceños anunció que se reunirá con el gobierno de Antioquia para tratar de encontrar soluciones a este movimiento y evitar que sea prolongado.-

“Yo estoy iniciando una reunión con el gobernador de Antioquia, pero el comercio está cerrado, los comerciantes se solidarizaron con los campesinos. Transporte al municipio sí hay. Es una protesta pacífica”, finalizó la gobernante de Tarazá.

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