Las fotos que andan circulando por las redes en las que miembros del ELN posan al lado de niños en Versalles, Tibú, Norte de Santander, podrían no ser solo proselitismo armado. 

Se tuvo conocimiento del caso de una niña de doce años que dice que fue secuestrada por el ELN en el bajo Cauca antioqueño para ser explotada sexualmente en Medellín.

Sucedió hace un año, en el municipio de El Bagre, Antioquia, durante una incursión del ELN que se prolongó por más de un mes. Llegaron hasta su casa a exigirle a la familia que se la entregaran "porque todos debían aportar". Tenía 11 años cuando se la llevaron, con otros niños y niñas del pueblo. En principio, pensó que la convertirían en una combatiente, pero a los pocos días del rapto, fue apartada junto con otras niñas. La metieron en un carro y la llevaron a Medellín, donde ella y las demás niñas fueron entregadas a un hombre que, a partir de ese momento, se convertiría en su explotador sexual.

El hombre las obligó a merodear el parque Lleras durante varios meses hasta que la niña y una de sus compañeras aprovecharon el descuido del hombre para escapar, con tan buena suerte que pudieron llegar hasta una estación de policía. Aunque al principio los agentes no creían lo que la niña estaba relatando, finalmente resolvieron abrirle un caso y entregarla al ICBF, que hoy la tiene bajo custodia, aunque lejos de su familia.

La niña no ha podido regresar a El Bagre porque el pueblo sigue dominado por los grupos armados ilegales. Una mitad del municipio es controlada por un grupo al que han denominado “despliegue delictivo El Bajo”. La otra mitad es controlada por la guerrilla del ELN. La niña asegura que fueron "los elenos" los que la sacaron de su casa y los que la entregaron en Medellín. 

La trata en el Bajo Cauca

Su caso podría no ser el único. Organizaciones de derechos humanos que trabajan en la zona, como la Corporación Jurídica Libertad y las Iglesias Santuarios de Paz, afirman que desde hace dos años han empezado a recibir cada vez más denuncias de niñas desaparecidas que luego terminan siendo explotadas en Medellín. En este sentido, las organizaciones advierten que la participación de los grupos armados ilegales en la trata de personas con fines de explotación sexual, no ha sido suficientemente investigada. “Nosotros seguimos en deuda de reconocer la enorme responsabilidad que han tenido los grupos armados en el país en los casos de trata con fines de explotación sexual. Esto no es algo nuevo, pero sí se ha negado mucho”, asegura Katherine Jaramillo, directora de la ONG Valientes, que trabaja ayudando a rescatar a víctimas de las redes de trata. 

En 2020, en un análisis general de la seguridad de todo el Bajo Cauca, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la incursión de nuevas estructuras paramilitares y guerrilleras, encabezadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y por el ELN, en busca del control de ciertas economías de la zona –entre ellas, la minería ilegal y los cultivos de coca–. La Defensoría hizo énfasis en dos fenómenos adicionales: por un lado, el reclutamiento de niños y adolescentes para obligarlos a ingresar a las filas de la guerrilla. Por el otro, la captación de niñas y adolescentes con fines de trata y explotación sexual. 

Pese a que esa alerta temprana no mencionó específicamente a los responsables de la trata y se refirió a grupos armados en general, una fuente de la Defensoría le dijo a CAMBIO que la entidad en la tarea de verificar al menos seis casos que demostrarían la participación del ELN en la trata de personas. 

Astrid Elena Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), le dijo a CAMBIO que, aunque el ICBF tiene unidades móviles que atienden los casos de explotación sexual en menores en zonas de alto riesgo, en el bajo Cauca antioqueño ha sido imposible operar, justamente por el dominio que los grupos armados ilegales sobre la región.

La trata y el conflicto armado

El 18 de noviembre de 2021, la Red Petra Mujeres Valientes entregó un informe a la Comisión de la Verdad en el que expuso dos temas: la violencia sexual contra mujeres y comunidad LGTBIQ+ durante el conflicto armado y la creación de redes de explotación sexual para la financiación de grupos armados ilegales. Pero el informe no ha generado ningún tipo de acción estatal para atender el problema.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe de 2022 sobre la trata de personas, habla sobre la nueva modalidad de financiación que han implementado los grupos armados ilegales.

“Los grupos armados ven en la trata de personas un nuevo negocio, aprovechando el control que ejercen en las zonas donde hacen presencia. Se registra un incremento en el número de casos de trata de personas utilizadas para trabajos forzados”, señala la ONU en el informe de 2022. El 46 por ciento de las redes de trata son manejadas por crimen organizado. Otro 23 por ciento, por organizaciones criminales con control territorial. La ONU también ha constatado que el 62 por ciento de las personas sometidas son utilizadas para explotación sexual.

De acuerdo con un analista que trabaja con cooperación internacional, cuyo nombre prefirió mantener en reserva por seguridad, la caída de negocios como la cocaína ha llevado a que los grupos armados ilegales se hayan volcado a este tipo de delitos. Además de captar víctimas para explotarlas sexualmente, también se dedican a captar a niños, adolescentes y hombres adultos para trabajos forzados. 

Para Katherine Jaramillo, el gran obstáculo que hace difícil reconocer el delito y la manera como operan estas redes es la baja comprensión que existe sobre la trata. Por ejemplo, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes también puede ser entendido como una forma de trata, "pero en Colombia hemos normalizado mucho estos fenómenos. Nosotros tenemos un caso de una víctima reclutada por una guerrilla que, al final, fue utilizada con fines sexuales dentro de la misma organización. Ella fue llevada a otro país, donde su caso sí fue tipificado como 'trata' en contexto de guerra. Eso acá no lo vemos”.

Por eso ha sido tan difícil, para las organizaciones que velan por las víctimas, que en Colombia –en el contexto del conflicto armado– se reconozca plenamente la responsabilidad de los grupos armados ilegales en el delito de trata de personas, que afecta a cientos de víctimas cada año.

Fuente: https://bityl.co/I62n

La Agencia de Empleo de Comfenalco Antioquia ha dado a conocer más de 1.000 vacantes de empleo y que se encuentran ofertadas para las regiones del Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste.

De acuerdo con información suministrada por la entidad, las oportunidades laborales van dirigidas a bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales universitarios. Además, se destaca que los salarios, según el perfil y cargo, oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

En lo que respecta al Valle de Aburrá, son más de 380 ofertas en las que se están requiriendo distintos tipos de trabajadores para cargos como auxiliares, conductor, mensajero, operario, asesor de venta, asistente, coordinador, asesor comercial, entre otros.

De ese número de vacantes se resaltan dos perfiles en particular como “coordinador de calidad” y “asistente de procesos productivos”, ambos para el municipio de Girardota y donde se pagará entre 2,3 millones y hasta 4,6 millones de pesos mensuales. Para aplicar es importante tener presente que se recibirán hojas de vida hasta el próximo 30 de abril.

Con respecto al Oriente, hay disponibles más de 300 vacantes relacionadas con operarios, enfermeros, auxiliares, asesor comercial, coordinador, supervisor técnico, aprendiz, cocinero, ayudante de cocina, carpintero, oficios varios, mesero, analista financiero, guarda de seguridad, entre otros.

Del total de las ofertas se destacan las de “aseguramiento de calidad” y “analista de calidad”, en las que se pide experiencia mínima de 60 y 24 meses, respectivamente. Además, la persona que resulte seleccionada podrá ganarse un salario que oscila de dos a cuatro SMMLV. Tenga en cuenta que para aplicar a estos dos puestos se deberá postular hasta el próximo 29 de abril.

Para la región Suroeste son más de 200 oportunidades laborales en las que se están requiriendo impulsadora, asesor comercial, operario, analista, aprendices, supervisor, vendedor, cocinero, entre otros.

Dentro de las ofertas vigentes se encuentra la de “auxiliar de servicio al trabajador” a la que puede postularse un trabajador con formación tecnóloga y que cuenta con un año de experiencia. Como el puesto es para el municipio de Caramanta (La Sierra), es necesario que el candidato tenga medio de transporte y su respectiva licencia de conducción. En cuanto al sueldo, este oscilará entre 2,3 millones y 4,6 millones de pesos mensuales. La vacante estará disponible hasta el próximo 28 de abril.

En lo correspondiente al Bajo Cauca y el Magdalena Medio, en ambas regiones están disponibles 30 ofertas de empleo para distintos cargos que van de operarios a supervisores, pasando por camareros, conductores, ayudantes, aprendices, oficial de obra, soldador y tubero, entre otros. Precisamente, sobre estos dos últimos perfiles se indica la mejor remuneración salarial, que podría llegar hasta los 4 SMMLV, por lo que el interesado deberá aplicar hasta el próximo 11 de abril.

Con respecto al nordeste, se están ofreciendo siete vacantes. Entre las que se encuentran vigentes está la de docente en maquinaria pesada, vendedor, cadenero e inspector SST. Estas dos últimas, se pide una experiencia mínima de 12 meses; además, estarán abiertas hasta el 31 de mayo.

Es importante precisar que las oportunidades laborales no están disponibles en todo el departamento de Antioquia, sino en ciertos municipios de cada una de las subregiones, por lo que si se va a aplicar a alguna de las que se encuentran vigentes, debe tener presente que estas se encuentran ubicadas en:

Medellín, La Estrella, Bello, Girardota, Barbosa, Copacabana, Rionegro, El Carmen de Viboral, La Ceja, Sonsón, Guarne, El Peñol, San Rafael, Marinilla, Salgar, Jardín, Amagá, Jericó, Andes, Caramanta, Ciudad Bolívar, Santa Rosa de Osos, Entrerríos, Yarumal, San Pedro de los Milagros, Gómez Plata, Apartadó, Mutatá, Caucasia, El Bagre, Cáceres, Yondó, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Amalfi y Cisneros.

Para conocer en detalle los requisitos para cada uno de los puestos que se están requiriendo, es necesario consultar la página web de Comfenalco Antioquia. Se debe tener presente que para postularse se deberá estar registrado en https://www.serviciodeempleo.gov.co/ del Ministerio del Trabajo. También puede ver las ofertas en buscadores como El Empleo y Magneto365.

Fuente: https://bityl.co/I62l

El comité promotor del paro de minero del Bajo Cauca antioqueño tomó la decisión de suspender la manifestación que puso a tambalear el orden público de la subregión durante 33 días y llevó al Gobierno nacional a romper el cese al fuego con el Clan del Golfo.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos con este proceso que se ha venido llevando desde el 27 de febrero. Aquí vamos a seguir trabajando en la instalación de la mesa técnica, vamos a ser veedores para que el Gobierno nacional cumpla esa deuda histórica que tiene con nuestros mineros y los dignifique en su trabajo, en su honra, en la actividad que están haciendo para el desarrollo de nuestros territorios”, sostuvo Jefferson Sarmiento Ortiz, alcalde de Caucasia.

Entretanto, Saúl Bedoya, líder del paro, dijo que se van a sus casas “con el conocimiento de la interpretación tácita de irnos a trabajar y somos parte de la mesa donde se va a construir el cambio en desarrollo del Bajo Cauca. Nunca antes y sin ningún precedente en la historia, ni antes ni después, de que lo que ha logrado esta protesta es histórico y trascendental; siéntanse enorgullecidos”, manifestó.

En su discurso también sostuvo: “nos vamos a la casa el día de mañana a laborar, entendemos e interpretamos el contenido tácito descrito. Muchísimas gracias mi gente”, agregó.

Detrás de la suspensión del paro está la carta que le envió el Gobierno nacional a los manifestantes, indicándoles que les dan garantías de seguridad para que vuelvan a sus labores.

De esa manera, en Consejo de Ministros del 4 de abril de 2023, el Gobierno ordenó de manera urgente la instalación de la mesa técnica conformada por el Ministerio de Minas, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, Ministerio de Ciencias, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Ministerio de Ambiente.

Y convocó a las comunidades a construir colectivamente el crecimiento y la diversificación productiva para Bajo Cauca antioqueño, y crear un modelo replicable en otras regiones como el sur de Córdoba y Bolívar, Valdivia y Nordeste Antioqueño, etc.

Así las cosas, se les convocó a la instalación e integración de dicha mesa para el próximo jueves 13 de abril en el municipio de Caucasia en lugar por definir.

“De otra parte, tras la declaración de suspensión de la protesta, la presencia de la mesa pro paro minero está garantizada, el gobierno se encargará de las garantías de seguridad de la población minera y declara nuevamente la firme intención de transitar al proceso de caracterización y formalización minera en conjunto con la comunidad, tal como se puede ver en la declaración de gobierno adjunta al presente escrito”, indicó por medio de un comunicado el viceministro General del Interior, Gustavo García Figueroa.

Asimismo, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada reveló que la directriz que dio el presidente Gustavo Petro es el de revisar con lupa toda la titulación minera, con el objetivo de identificar la minería ilegal.

“El presidente Gustavo Petro le pidió al Ministerio de Minas herramientas tecnológicas para la extracción de oro en la zona, ordenó la revisión de toda la titulación minera y saber quiénes son los tenedores de los derechos mineros, el Ministerio de Transporte realizará una caracterización de la maquinaria amarilla y sus dueños”, sostuvo Prada.

Y agregó en su declaración: “Desde el mes de marzo que empezó el paro minero en el Bajo Cauca, el Gobierno ha venido haciendo presencia en el territorio, adelantando varios diálogos y en el consejo de ministros, para el Gobierno es necesaria la atención de los pequeños mineros, desde el inicio hemos estado allí con varios funcionarios y entidades”.

Fuente: https://bityl.co/I3lQ

Como medida ante la situación de orden público y la escalada de la violencia por el Paro Minero en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, el Ministerio del Interior instaló una serie de mesas técnicas de diálogo, trabajo y concertación para abordar las propuestas de los trabajadores.

El viceministro general del Interior, Gustavo García, lideró las jornadas del Gobierno en los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, en donde buscaron escuchar a las comunidades para avanzar en la conformación del Distrito Minero, productivo y la transformación económica en aspectos sostenibles y de ingresos.

Las mesas se desarrollaron entre el jueves 30 y el viernes 31 de marzo -en articulación con los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Minas y Energía- y plantearon iniciativas de cara al respeto por el ecosistema, las garantías laborales y de seguridad para quienes se dedican a la explotación minera ancestral y artesanal dentro del marco que establece la ley.

En las mesas instaladas participaron alrededor de 2.250 personas, entre los que hubo representantes de diferentes sectores económicos y sociales como pesqueros, apicultores, comerciantes, profesores, indígenas, afros, mujeres, jóvenes, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, Juntas de Acción de Comunal, organizaciones comunitarias, líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, delegados de iglesias y otros credos religiosos y mineros, entre otros, según lo informó el Ministerio del Interior.

Por otro lado, las partes hablaron sobre la situación humanitaria y la política de “paz total”, así como del Distrito minero y productivo, agropecuaria y pesquera, socioambiental y restauración ecológica, y de enfoque diferencial.

“Lideramos la apropiación de la ciudadanía del proyecto de Distrito Minero y productivo del Bajo Cauca, buscamos soluciones efectivas nacidas desde el territorio para una transición rápida y sostenible”, indicó el viceministro García.

¿Qué sería el Distrito Minero?

El Gobierno Nacional había anunciado que para resolver el paro en el Bajo Cauca, se implementaría la formalización y creación de un Distrito Minero, es decir, una figura que integra a un municipio, o grupo de municipios en donde se ubica un número significativo de productores mineros.

Según dice la administración Petro, sería el canal para la formalización de la minería en su conjunto en el Bajo Cauca y en el nordeste.

En medio de las sesiones de construcción de la propuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó ayudas humanitarias para las personas que se vieron afectadas por los bloqueos y movilizaciones del Paro Minero.

De igual manera, las jornadas tuvieron el acompañamiento y asistencia de entes de control como la Defensoría del Pueblo, veedurías ciudadanas y comunitarias, y de organismos internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP OEA).

Fuente: https://bityl.co/Hzl1

La que alguna vez llamaron normalidad en el siempre convulso Bajo Cauca antioqueño no ha vuelto desde hace un mes, cuando comenzó el paro minero que puso patas arriba esta esquina del departamento y el sur de Córdoba, y tuvo connotación nacional por reventar la política de paz total del gobierno Petro con el Clan del Golfo.

Pese a que las actividades comerciales se retomaron, los supermercados volvieron a surtirse y a abrir al público, y los niños y jóvenes volvieron a cuenta gotas a las escuelas y colegios, el transporte de carga y mercancías vive un momento crítico, que ellos mismos han llamado de “asfixia logística”.

Por eso, el gremio emitió un nuevo llamado de alerta por los efectos colaterales que sigue causando el paro. Felipe Muñoz Monroy, director en Antioquia de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), contó que cumplidos más de 30 días de bloqueos en el Bajo Cauca los sobrecostos cada vez son más asfixiantes y las alternativas para movilizar la carga más reducidas.

“El tema de las pérdidas económicas es muy complejo porque tiene muchas variaciones”, apuntó, ilustrando que uno de los indicadores que retrata bien ese golpe en la cadena logística es el promedio de viajes que se realizaban por día. Por ejemplo, con base en los cálculos de 2022, mientras el promedio diario de vehículos de carga que transitaban por la vía ascendía a 1.000 en números redondos, durante el paro esa cifra como máximo alcanza los 320 vehículos.

Dado que en un día normal el flujo vehicular permitía movilizar hasta 13.800 toneladas de mercancías cada día, si se multiplica eso por los 30 días de suspensión, las protestas han afectado el flujo de más de 414.000 toneladas.

“Lo que más nos preocupa hoy es que, como lo ha dicho el comité del paro minero, desde el 16 de marzo no hay negociaciones”, criticó el director, alertando que la volátil situación de orden público que ha propiciado las protestas tiene en máxima alerta al gremio, más si se tiene cuenta que por la troncal de occidente se moviliza cerca del 14% de la carga del país.

Justo el viernes pasado, la Diócesis de Santa Rosa de Osos instó a las autoridades a reactivar las conversaciones con la mesa minera de la región. Planteando que la situación de orden público continúa siendo compleja en gran parte del departamento, varios líderes de la iglesia católica en el departamento hicieron un llamado para que vuelvan a tenderse puentes entre el gobierno y los manifestantes con miras a encontrar una solución al conflicto. Esto, pese a que el Ministerio de Ambiente lideró encuentros regionales la semana pasada en seis municipios de la zona en los que escuchó propuestas de líderes sobre el distrito minero, agrario y productivo, el cuidado ambiental y la protección del agua.

Con base en ese panorama, Muñoz insistió en que el gremio ve urgente que se formulen soluciones de fondo para que la movilidad se pueda restablecer, teniendo en cuenta que los problemas de infraestructura en otras vías antioqueñas han disparado los costos y tiempos de recorrido.

“Estamos llegando a una asfixia logística. Las complicaciones para la cadena logística en Antioquia son muy fuertes, llegar y salir de Medellín se está volviendo un tema muy costoso”, anotó.

El paro minero que se desarrolla en el Bajo Cauca y el Nordeste se desató desde el pasado 2 de marzo, cuando las agremiaciones mineras de esas subregiones alzaron su voz de protesta para rechazar el anuncio del gobierno nacional de reactivar los operativos de destrucción de dragas y maquinaria amarilla a los mineros ilegales.

Mientras el gobierno fundamentó su decisión en el argumento de que muchos de esos sitios de explotación ilegales son manejados por grupos armados, los mineros acusaron por su parte a las autoridades de estigmatizarlos y sostuvieron que con la medida se ponía en riesgo la vida económica de la región.

Fuente: https://bityl.co/Hzkc

Luego de que se registraron ataques contra la población civil y la fuerza pública, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el domingo la reanudación de las acciones ofensivas en contra del Clan del Golfo, considerada la mayor banda de narcotraficantes en el país.

El gobierno colombiano había pactado una tregua con la organización criminal desde el pasado 31 de diciembre, así como con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

Sin embargo, el gobierno acusó que la organización criminal está detrás de las intimidaciones y agresiones contra pobladores en el noroeste del país; el más reciente episodio fue el disparo de un fusil contra una patrulla del Ejército.

Esta banda de origen paramilitar es señalada de estar detrás de manifestaciones de mineros ilegales que desde el 2 de marzo atemorizan a los pobladores del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, luego de que la fuerza pública quemara las dragas que utilizan para extraer oro.

La suspensión del cese al fuego es uno de los mayores reveses que ha sufrido el plan de “Paz Total” con el cual el político izquierdista ha querido terminar con los conflictos internos.

Durante este domingo, 19 de marzo, se reportó la quema de al menos 6 vehículos que transitaban a través de la Troncal de Occidente, en el tramo entre Yarumal y Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. 

Por el momento, se conoce que dos de los vehículos afectados son buses de transporte público de la empresa Coonorte y los demás son camiones de carga que se movilizaban por la región.

Tanto el Ejército como la Policía Nacional avanzan en las labores de verificación para esclarecer los hechos y determinar si estarían relacionados con el paro minero que vive la región desde hace 18 días.

"Incineración de 6 vehículos en la Troncal de Cccidente, entre Valdivia y Caucasia, y el hostigamiento con fusil a unidades de la Fuerza Pública. ¿Protesta Pacífica?", escribió el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en su cuenta de Twitter. 

El mandatario agregó en otra publicación que: "repudio total a quienes insisten en sembrar zozobra y terror ante ofensiva de la fuerza pública contra los ilegales".

El comité pro minero dio a conocer este domingo un comunicado en el que aseguró que la protesta se mantienen de manera indefinida hasta que se llegue a un acuerdo definitivo con el Gobierno Nacional.

Asimismo, su vocero, Saúl Bedoya, ha reiterado en diferentes oportunidades que su manifestación es pacífica y que deben ser las autoridades quienes esclarezcan los hechos de violencia. 

"Desde el inicio de nuestras justas exigencias, se han sumado voluntades de diferentes organizaciones como la de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia,
que fortalece más nuestra protesta pacífica y la impulsa en el camino de que el gremio minero de Colombia, pueda trabajar dignamente y sin miedo", apuntó el comité. 

Diferentes autoridades han manifestado en las últimas semanas que detrás de los desmanes y hechos de vandalismos en el Bajo Cauca estaría el 'clan del Golfo', organización que habría reclutado e instrumentalizado a jóvenes para participar en acciones violentas.

Fuente: https://bityl.co/Hkk1

Hay molestia entre los habitantes del Bajo Cauca por las declaraciones del ministro de la Defensa quien asegura que en la subregión hay normalidad y el comercio abastecido. Algunos habitantes han enviado fotografías a Caracol Radio de almacenes de cadena donde se observan estantes vacíos. Aunque han llegado algunos camiones con carga, estos no dan abasto. Las tiendas, especialmente de alimentos solo abren algunas horas y luego debe cerrar, así pasa en Tarazá, Cáceres y en el Bagre.

Aseguran que dicha normalidad no ha llegado al territorio en el día 14 del paro, hace dos semanas los estudiantes no asisten a clase, el transporte público interno e intermunicipal tampoco funciona, aparte de desabastecimiento.

“Eso es pura mentira, no hay nada normal. Es que mire, empezando por los mototaxis no se pueden movilizar y carros no hay en el pueblo, ni en la carretera encontrás un carro, qué normalidad es esa por Dios, hay mucho almacén cerrado porque no tienen que vender. Hay almacenes abiertos, sí, pero de ropa, y quien va a comprar ropa ahora o quien va comprar útiles si los estudiantes van para 20 días que están cesantes, entonces, si eso se llama normalidad, a qué le llaman anormalidad”, dijo un habitante de Tarazá que prefirió que no se publicara la identidad.

El señor también se quejó de que a Tarazá tampoco han llegado alimentos suficientes y los existentes tienen unos precios supremamente altos, incluso valores de tres veces más de lo que costaban antes del paro. Por ejemplo, hoy un plátano maduro cuesta 2.500 y antes 800. Un kilo de maíz amarillo vale 3.000 y antes 1.500. Un kilo de yuca cuesta 5.000 y antes entre $1.500 y $2000, son algunos de los productos reportados.

“Lo que encontré da tristeza, porque yo lo que compraba con $150.000 hoy me valió $300.000, ósea el doble las cosas están ms de un 100% más caras. Me fui compra un bulto de concentrado para las gallinas y no me lo vendieron, solo el valor de $20 mil seis kilos, o sea que un bulto de concentrado cuesta 160 mil pesos y antes costaba 60 mil pesos y yo llevo 15 días sin trabajar”.

Esta situación no solo está ocurriendo en Tarazá, también en El Bagre y Cáceres, en esta última población el alimento para animales de granja tampoco llega y los propietarios ya están desesperado.

“La que más están sufriendo es la parte pecuaria que son las granjas de aves, el pollo de engorde y la gallina ponedora, el cerdo y la piscicultura si que esta afectada porque no se encuentran en las proveedoras el alimento específico para ellos, y eso nos a afectado muchísimo, la producción agropecuaria esta por el suelo en este momento”, dijo otro habitante, pero e Cáceres.

El gobierno nacional citó al comité del paro minero a una mesa de trabaja para este jueves 16 de marzo en la sede del ministerio del Interior en Bogotá. Aparte del jefe de esa cartera, también participarán las ministras de Minas y Medio Ambiente, además del alto Comisionado para la Paz, donde se espera analizar la actual situación y llegar a un acuerdo para que se levante la protesta.

Fuente: https://bityl.co/Hhvm

En Tarazá hay un hombre que lleva bien las cuentas del tiempo: 13 días. Eso ha pasado sin trabajar, “vagando de arriba para abajo”. Se las ha apañado para comer gracias a la caridad de amigos y familiares. A las 2:00 de la tarde de ayer, con la camisa de botones abierta y la piel apergaminada, se quejaba: “Este pueblo está vuelto mierda, vuelto mierda”.

A esa hora el cielo estaba encapotado y un helicóptero llamaba la atención de los presentes. Todos los comercios estaban cerrados, con las persianas abajo. Cuando el hombre se quejaba, cientos de personas, en una procesión ensordecedora, entraban al municipio. Era un día más del paro minero que mantiene en zozobra al Bajo Cauca.

La procesión salió desde Caucasia a las 10:00 de la mañana. Con un picó enorme sobre un camión, los voceros del paro animaban a los cientos de asistentes. El recorrido hasta Tarazá duró tres horas, a paso muy lento, zigzagueando entre las decenas de árboles que todavía están atravesados en la carretera.

Antes de la llegada de la caravana, la orden en Tarazá fue cerrar el comercio. Las calles parecían las de un pueblo fantasma, recientemente abandonado. “Estamos cerrando por si pasa algo, que no nos vayan a dañar el negocio. La marcha pasa y volvemos a abrir”, decía la regente de una farmacia.

El Bajo Cauca es una región convulsa, sacudida por paros armados, como los que ha hecho el Clan del Golfo. Por eso, sus pobladores están acostumbrados a la anomalía, al desorden. Con este escenario al frente, el hombre de la camisa abierta decía: “Esto está muy malo. Yo trabajo con un motocarguero y no me dejan salir para las veredas. No he aguantado hambre porque la gente me ayuda, pero los que no somos mineros estamos entre la espada y la pared”.

Sintiendo el bullicio de la caravana, que ahora traquea un vallenato en el enorme picó, el hombre baja la voz: “Acá es mejor no decir nada para no meterse uno en problemas. Es mejor hacerse a un lado y esperar, dejar que el tiempo pase”.

Esa misma actitud tenía un tendero en Jardín, cerca de Cáceres. El hombre contaba que no había podido surtir y que, a lo sumo, tenía para dos días más. Lo que más escaseaba en su tienda eran el arroz y el azúcar: “Esto está grave. Ya está el rumor de que hay mucha gente aguantando hambre. Realmente yo solo tengo lo más básico, me quedan muy pocos huevos y unos tarros de aceite”.

El tendero, como el hombre de la camisa abierta, comentaba que prefiere “no tomar partido” para no tener problemas. A las preguntas respondía con cordialidad, pero con suma cautela: “El nombre se lo quedo debiendo por cuestiones de seguridad. Tampoco tomen fotos, por favor, porque me ponen en riesgo”.

Saúl Bedoya, el vocero de los mineros que están en paro, decía en la mañana de ayer que la idea era continuar la manifestación de manera pacífica: “Nos queremos desmarcar de los hechos violentos que se han presentado y queremos hablar con el gobierno nacional. Que todo sea en razón de la formalización de los pequeños mineros, que es lo que hemos propuesto con el distrito minero”.

En cuanto a esos hechos violentos como los enfrentamientos con la Policía, la quema de ambulancias y de maquinaria amarilla, el vocero comentaba que no sabía quiénes los habían cometido, pero que no habían sido los mineros.

Desde el comienzo, los voceros del paro han dicho que el comercio cerró sus negocios en solidaridad con los manifestantes. Sin embargo, cuando la caravana arrancaba, dos mecánicos de Caucasia decían que solo abrían los negocios dos o tres horas al día porque no había clientes.

Uno de ellos comentaba: “No nos han amenazado para no abrir, es más, tenemos muchos amigos mineros y sabemos de la lucha de ellos. Acá todos vivimos de la minería, entonces, si esta se cierra, todo se cierra”.

Los efectos del paro se sienten en todos los municipios de la subregión. En la tarde de este martes, junto al río Nechí, Santiago Roa, dueño del restaurante Anclares, decía que el pueblo estaba en sus peores momentos. Y basta echar una mirada rápida para comprobarlo: los compradores de oro cabeceaban al calor del mediodía esperando clientes que nunca llegaban. “Pero nosotros somos un pueblo minero, eso es lo que hemos hecho por siglos. Nos tienen que dejar trabajar”, decía Santiago, pese a los efectos negativos en su negocio.

Víctor Perlaza, el alcalde de Zaragoza, decía que al municipio no han podido llegar a entregar el gas natural para los hogares. El desespero de muchos quedó en evidencia el viernes pasado, cuando cientos de personas se agolparon a buscar oro en la calle principal, donde se adelantan trabajos de alcantarillado. Muchos eran pequeños mineros o barequeros que llevan días sin ir al río y pasan las peores necesidades.

En Tarazá, un jornalero comentaba que lleva sin trabajar desde que comenzó el paro. “Yo hago lo que se pueda en las fincas, pero desde esto los patrones no están contratando. Por ahí me han estado dando comida donde unos familiares. También sé barequear, pero al que ven a uno por ahí en el río, lo sacan”, decía ayer el jornalero.

Los restaurantes de la carretera están todos cerrados, con las sillas arrumadas. Los lavaderos, donde se estacionan las tractomulas, tienen las mangueras apagadas. Da temor la soledad de la troncal a la costa.

El fin del paro no se ve próximo y el hambre apremia. Los habitantes del Bajo Cauca recuerdan épocas peores, como cuando un paro cocalero trastocó todo; con resignación aceptan lo que está pasando, están acostumbrados a los cataclismos. En el Bajo Cauca hay mucho estoicismo.

Fuente: https://bityl.co/Hhva

En la noche de este domingo se reportó una nueva alteración al orden público y pocas horas después de que el Presidente Gustavo Petro, liderara un consejo de seguridad en Montelíbano departamento de Córdoba.

El reciente ataque se registró en el municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño. Allí un grupo de manifestantes le prendieron fuego al peaje que está en la salida hacia Cáceres y Caucasia. La caseta fue atacada con bombas incendiarias y mientras ardía en llamas era atacada con piedras. Las autoridades llegaron hasta el lugar para controlar la situación.

El alcalde de Tarazá Mario Sierra, le solicitó a las personas que están generando daños en el municipio, que recapaciten porque esa situación los afecta mucho más como comunidad.

“Quiero dirigirme a ese grupo de manifestantes que hoy están en las calles de nuestro bello municipio y que están optando por la violencia, decirle a ese grupo de personas que por favor recapaciten, que entiendan que esos daños que hoy le están ocasionando a la infraestructura pública y los daños que hoy hacen algunos comerciantes no traen ningún beneficio para el reclamo que hoy está haciendo el gremio minero”.

Es de recordar que este domingo la fuerza pública hizo acompañamiento de caravanas humanitarias garantizando el recorrido de los camiones con carga, así mismo hicieron presencia en toda la troncal a la costa Atlántica.

Fuente: https://bityl.co/Hcjk

Sin importar la labor que prestan, vándalos incendiaron en la tarde de este sábado dos ambulancias que fueron interceptadas en las vías de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

La primera fue incinerada en cercanías de una estación de gasolina, donde los delincuentes obligaron a bajar a todo el personal médico.

El segundo hecho ocurrió en el puente Carlos Lleras Restrepo, donde hombres dijeron ser mineros y quemaron el vehículo que sería de Hospital Nuestra Señora del Carmen, de El Bagre y transportaba a una mujer en embarazo.

Posteriormente fueron vistos los implicados jugando con la camilla de este vehículo como si fuera una carretilla.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló: “Ante operatividad y presencia estatal en el Bajo Cauca, criminales quemaron esta noche dos ambulancias. Como sociedad debemos rechazar enérgicamente, unidos, este gravísimo y cobarde atentado contra la Misión Médica que tanto le sirve a nuestra gente”.

Estos hechos no dejaron personas lesionadas, aunque sí afectaciones a la misión médica que lucha contra la violencia en esta subregión del departamento.

A esto se le adiciona que en el sector Campo Alegre, también de Caucasia, fueron quemados camiones que transportaban 3.240 canastas de huevos, equivalentes a 97.200 unidades, que llevaban este alimento desde la planta de Avinal, en el Oriente antioqueño, hacia el Bajo Cauca y el departamento de Córdoba.

Adicionalmente, los bloqueos ocasionados por el paro minero han llevado a que 15.000 hogares y 280 comercios de Zaragoza, Segovia, Tarazá, El Bagre y Cáceres, en Antioquia, y Puerto Libertador, en Córdoba, informó la empresa Surtigas.

“Es lamentable ver la situación que están padeciendo tantas familias y comerciantes de la zona, en su mayoría de escasos recursos, a causa de los bloqueos que han impedido el ingreso del gas natural y otros insumos de primera necesidad a estas poblaciones.”, indicó Santiago Mejía, gerente general de esta empresa.

Sobre el hecho también se pronunció la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, quienes lamentaron estos hechos ocurridos en el Bajo Cauca antioqueño y manifestaron su rechazo a cualquier ataque que se realice en contra de la Misión Médica, el personal de salud y los pacientes en general.

“Estos hechos constituyen una violación flagrante a la Misión Médica, especialmente por haber atentado contra dos vehículos esenciales para la prestación de servicios de salud y protección a la vida”.

Añadieron que reconocen el derecho de la población a realizar protestas sociales y pacíficas por las vías legítimas, “sin embargo, hacemos un llamado para que las protestas no sean un escenario propicio para violentar el derecho a la salud de las personas que necesitan atención y bienestar de los equipos y misiones médicas que prestan un servicio invaluable a la comunidad”.

Añadieron que “es necesario que la comunidad permanezca unida y proteja los equipos y al talento humano en salud que día a día expone su vida en favor de todos, como bien preciado de la sociedad. Por lo tanto, exigimos no solo respeto por nuestra labor, sino garantías que salvaguarden el bienestar y la seguridad de los pacientes por parte de las autoridades y de la comunidad”.

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno atender de manera urgente la grave situación de orden público que se está registrando en los municipios del bajo Cauca.

La entidad advirtió que en el municipio de Caucasia y otros lugares de la región, se han presentado actos de vandalismo en protesta por el retorno de los operativos policiales contra la minería ilegal.

Según la entidad, estos hechos "están impidiendo la libre movilización de la comunidad y demás derechos de las poblaciones, por el bloqueo de vías terrestres y fluviales, generando afectaciones a la misión médica y el cierre del comercio en gran parte de la subregión, lo que está llevando al desabastecimiento de alimentos de primera necesidad".

Asimismo, rechazó los actos violentos contra la infraestructura pública y privada e instó a los funcionarios públicos a garantizar la seguridad de los habitantes de la región y de los empleados de la empresa Mineros Aluvial, que están en riesgo por el ingreso de manifestantes a uno de sus campamentos de operación.

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La Troncal a la Costa Caribe completa seis días de cierre por paro minero en Caucasia. Desde el pasado miércoles 1 de marzo, a las 6:00 p. m., a la altura de este municipio del Urabá Antioqueño cerraron la vía que conduce a la costa.

Las manifestaciones de los mineros han acarreado una serie de efectos colaterales para las personas que necesitan movilizarse por esta zona del país, especialmente para el gremio de los camioneros.

Durante estos seis días, la Troncal a la Costa Caribe ha estado bloqueada en diferentes sectores, lo cual ha imposibilitado el paso de vehículos hacia esta región.

El comité del paro minero está conformado por representantes de los municipios de Zaragoza, Cáceres, Tarazá y Caucasia.

Durante el fin de semana, entre los municipios de Tarazá y Cáceres, manifestantes del paro minero tumbaron al menos cuatro árboles que estaban al borde de la carretera.

Caravana humanitaria

El pasado domingo 5 de marzo se realizó una caravana humanitaria para facilitar la movilidad entre Medellín y la Troncal del Nordeste hasta Segovia y Remedios, y de Segovia y Remedios hasta Medellín.

Para posibilitar el tránsito en este eje vial se tomaron decisiones estratégicas de seguridad que corresponden a la fuerza pública.

Apoyo al minero ancestral, pero ataque decidido a la minería criminal

Esta fue la determinación de la Gobernación de Antioquia ante el paro minero del Bajo Cauca y el Nordeste.

Varios consejos de seguridad se llevaron a cabo en Caucasia (Bajo Cauca) y en Segovia (Nordeste), para analizar el panorama de orden público de las dos subregiones y explorar el contexto de los municipios involucrados en el denominado Paro Minero Nacional.

Sobre el consejo de seguridad de Caucasia, el gobernador señaló: “En Caucasia continuamos el consejo de seguridad con la presencia de los miembros del equipo del Gobierno nacional, allí se desactivaron unas situaciones de riesgo frente a la alcaldía de Caucasia”.

Y agregó: “Allí ha estado atenta la Policía y el Ejército para repeler cualquier acción que se ha intentado por grupos que quieren vandalizar la alcaldía. Igualmente, la retención o el secuestro de algunos miembros de las empresas mineras en el Bagre y Nechí, este tema ya fue solucionado con el acompañamiento de la Defensoría, pero también del Ejército y la Policía”, enfatizó.

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El Ejército destruyó dos laboratorios de cocaína que pertenecerían al Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en el norte de Antioquia.  

Luego de labores investigativas a los grupos armados ilegales, las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del ejército halló y destruyó estos laboratorios en el municipio de Valdivia.

En la vereda Paloma de esta municipalidad encontraron el primer laboratorio operado por integrantes de la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo. 

El otro laboratorio estaba ubicado en el corregimiento Puerto Raudal, el cual pertenecería a la guerrilla del ELN. 

El Ejército destruyó en Valdivia dos laboratorios de cocaína que pertenecerían al Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.

El Ejército destruyó dos laboratorios de cocaína que pertenecerían al Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en el norte de Antioquia.  

Luego de labores investigativas a los grupos armados ilegales, las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del ejército halló y destruyó estos laboratorios en el municipio de Valdivia. 

En la vereda Paloma de esta municipalidad encontraron el primer laboratorio operado por integrantes de la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo. 

El otro laboratorio estaba ubicado en el corregimiento Puerto Raudal, el cual pertenecería a la guerrilla del ELN. 

Según indicaron las autoridades competentes, en estos sitios fueron halladas doce canecas metálicas con 136 galones de Acpm cada una; otras diez canecas plásticas con gasolina, 5 bultos de cal de 25 kilos, dos bultos de cemento de 50 kilos y dos bultos de urea. 

Es importante mencionar que en lo que va corrido del año con este resultado, el Ejército Nacional ha destruido 16 complejos cocaleros entre el Bajo Cauca antioqueño y en el Sur de Córdoba. 

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Los mineros del Bajo Cauca antioqueño están liderando una protesta en la subregión para reprochar los operativos que adelanta la Fuerza Pública contra la minería informal y pedir medidas efectivas para la formalización de sus trabajos. Hay alerta por el orden público.

Siete municipios se unieron al paro y llamarán la atención del Gobierno nacional con bloqueos intermitentes sobre la vía que comunica la Costa Atlántica con la ciudad de Medellín, entre el municipio de Valdivia y el puente de San Jorge, en Córdoba.

En la lista figura Caucasia como el punto de concentración de la manifestación y allí se reunirán los habitantes de El Bagre, Zaragoza y el sur de Bolívar. Mientras tanto, la población de Valdivia, Tarazá, Nechí y Ayapel lo harán en sus territorios, bajo la misma sombrilla.

Aunque se acordó con las autoridades que las reclamaciones se harían de manera pacífica, en el comercio y colegios hay temor por las complicaciones que se podrían dar. Sobre la mesa está el violento paro que lideraron el año pasado y que bloqueó el paso en la región.

Varias instituciones educativas tomaron la decisión de devolver a los alumnos a sus casas este jueves para mitigar los riesgos de seguridad, muchas de ellas sin contar con el visto bueno de las administraciones locales porque hay condiciones para dar tranquilidad.

Esta situación se está presentando en Zaragoza. Mientras tanto, en Caucasia sí se suspendieron de parcialmente los encuentros educativos, tanto en la zona urbana como rural, confirmó el mandatario Jefferson Sarmiento Ortiz en un comunicado.

“Se suspenden de manera temporal las actividades académicas en aras de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, considerando las posibles alteraciones del orden público”, manifestó. Por otro lado, el comercio está funcionando con normalidad.

Ahora bien, los mineros de Caucasia iniciaron un recorrido hacia el corregimiento de Guarumo del municipio de Cáceres a las ocho de la mañana de este jueves. Se espera que la movilización dure cuatro horas sin bloqueos parciales sobre la troncal.

Los líderes de Nechí se tomaron la carretera desde la vereda Campo Alegre hasta el corregimiento de Guarumo, por lo que se presume habrá congestión de los vehículos que se muevan entre la capital del departamento de Antioquia y la Costa Atlántica.

La población de Cáceres caminará desde el corregimiento Jardines hasta Puerto Bélgica, con un retorno estimado de tres horas. En Puerto Valdivia estará frenado el paso desde las once de la mañana por concentraciones en los kilómetros diez, once y doce.

Finalmente, los mineros de Tarazá se plantará en el puente de esta población durante la mañana y hará un recorrido hasta Cáceres. Se piensa que la movilidad podría estar afectada durante seis horas, según el plan que los mismos organizadores socializaron.

Frente a los hechos que se podrían presentar, las autoridades activaron un plan especial para atender las situaciones que se salgan de control. Hasta el momento, no se ha presentado ningún tipo de incidente y las movilizaciones transcurren con normalidad.

Este paro se da dos semanas después de que el Gobierno nacional realizara dos consejos de seguridad en el Bajo Cauca antioqueño. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, comentó que las autoridades iban a seguir contrarrestando la minería ilegal.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ratificó que la destrucción que está sufriendo el territorio no hace parte de ningunos acuerdos y que se buscará la formalización de los pequeños trabajadores que ejercen la minería de manera irregular.

“No se puede aprovechar el acuerdo que se hizo durante el paro que hubo en esta región como excusa para destruir los bienes ambientales a través de esa minería. Haremos una oferta productiva seria, integral, territorial a todos esos mineros y los invitamos a hacer parte de la caracterización y formalización”, afirmó la ministra.

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