En audiencia de legalización de captura que se reanudó hoy a las 5:00 p.m. en el Palacio de Justicia de Medellín, luego de haberla suspendido anoche por motivos de tiempo, una Jueza de la República, con funciones de Control de Garantías, determinó no acceder a la petición de la Fiscalía 28 de Delitos contra la Administración Pública que solicitaba medida de aseguramiento con reclusión intramural del alcalde Miguel Enrique Franco Menco, quien ejerce su segundo periodo como alcalde de Nechí.
La Jueza aceptó los argumentos de la defensa ejercida por el abogado penalista Álvaro Vargas, quien manifestó que no existen pruebas conducentes a determinar la participación del actual alcalde en los hechos que se le imputan, los cuales ocurrieron en 2011, durante el primer gobierno de Franco Menco.
Por su parte de la Fiscalía, quien solicitó la orden de captura ante un juez del municipio de El Santuario, en el oriente antioqueño, fue reprendida por la jueza, quien hizo un llamado a la falta de precaución de los jueces en cuanto a la solicitud de órdenes de captura sin el lleno de requisitos, sin haber certeza plena de la participación del alcalde Franco Menco en el hecho delictivo, pese a que él es el ordenador del gasto. De acuerdo a la defensa, argumento aceptado por la jueza, el comité de contratación, en donde participan varios de los secretarios de despacho, son quienes deben responder por las imputaciones de la Fiscalía.
¿Por qué no le fue aplicada la medida de aseguramiento? Una fuente que está al tanto del caso explicó a La verdad del pueblo que para que un juez acepte la petición de la Fiscalía se deben cumplir tres requisitos: 1) peligro de fuga por parte del investigado, 2) no representarse ante los requerimientos hechos de la Fiscalía y 3) interferir en la etapa de investigación. De acuerdo a la jueza no se configura ninguno de los tres casos.
Miguel Enrique Franco Menco continuará vinculado al proceso desde su cargo como alcalde de Nechí, al igual que los demás funcionarios y exfuncionarios públicos que se encuentren inmersos en la presunta suplantación del contratista Ronald Enrique Torres Martínez.