La Gobernación de Antioquia anunció que en Tarazá se construirá un centro transitorio para sindicados para la Subregión del Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de aliviar la sobrepoblación en las estaciones de policía. Para este proyecto el Gobierno de los Estados Unidos invirtió 1.5 millones de dólares, buscando fortalecer la seguridad y la justicia rural en la región.

Al respecto, esto dijo Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia: “La importancia del proyecto para la construcción de la cárcel en el Bajo Cauca se da porque así la gobernación en parte va a des hacinar las estaciones de policía y vamos a poder librar hombres de la Policía Nacional para que cumplan su misión que es garantizar la seguridad ciudadana”.

En Medellín se realizó el primer encuentro de socialización de esta iniciativa, que convocó a la Gobernación de Antioquia, los alcaldes del Bajo Cauca antioqueño, y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Gobierno norteamericano, entre otras instituciones.

Esto agregó Paula Polo, directora de Paz de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, sobre los nuevos proyectos que acompañarían a la cárcel de Tarazá: “Vamos a iniciar la construcción del centro transitorio en el municipio de Tarazá. Pero también es importante llegar con otro tipo de proyectos, como lo es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Sobre todo, en los municipios del Bajo Cauca, donde contamos con economías ilícitas, las cuales las vamos a cambiar por economías ilícitas, como lo son los proyectos productivos”.

Por último, el gobierno de los Estados Unidos espera que con esta inversión mejore la seguridad y haya mayor garantía para los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

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En la noche de este domingo se reportó una nueva alteración al orden público y pocas horas después de que el Presidente Gustavo Petro, liderara un consejo de seguridad en Montelíbano departamento de Córdoba.

El reciente ataque se registró en el municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño. Allí un grupo de manifestantes le prendieron fuego al peaje que está en la salida hacia Cáceres y Caucasia. La caseta fue atacada con bombas incendiarias y mientras ardía en llamas era atacada con piedras. Las autoridades llegaron hasta el lugar para controlar la situación.

El alcalde de Tarazá Mario Sierra, le solicitó a las personas que están generando daños en el municipio, que recapaciten porque esa situación los afecta mucho más como comunidad.

“Quiero dirigirme a ese grupo de manifestantes que hoy están en las calles de nuestro bello municipio y que están optando por la violencia, decirle a ese grupo de personas que por favor recapaciten, que entiendan que esos daños que hoy le están ocasionando a la infraestructura pública y los daños que hoy hacen algunos comerciantes no traen ningún beneficio para el reclamo que hoy está haciendo el gremio minero”.

Es de recordar que este domingo la fuerza pública hizo acompañamiento de caravanas humanitarias garantizando el recorrido de los camiones con carga, así mismo hicieron presencia en toda la troncal a la costa Atlántica.

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Se visitó la invasión o vereda Brisas del Sur, en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Este caserío en formación se creó hace escasos cuatro meses, poco antes de la posesión del nuevo gobierno del Presidente Gustavo Petro. Allí hay unos 1.300 ranchos que albergan a 4.350 personas, aproximadamente, y es una de las invasiones más grandes del departamento.

El predio que estas personas decidieron invadir es un terreno del Fondo de Reparación a Víctimas y como ellos aseguran, el 95% son desplazados de la violencia del Bajo Cauca o el departamento de Córdoba. Por ello, piden que como el predio es para reparar a las víctimas los dejen a ellos permanecer en el sitio.

Es el caso de una mujer de unos 40 años y quien por seguridad prefirió no revelar su nombre, dice que se ha desplazado 8 veces y hace cuatro meses le reclutaron el cuarto hijo de tan sólo 18 años.

“Solo sé que fue en la vereda San Pablo, no sé dónde está, dónde se encuentra, no sé si está bien, no sé en qué condiciones está. Yo soy madre de seis hijos, cinco varones y una niña, cuatro de ellos han sido reclutados por grupos armados al margen de la ley del ELN”.

Allí los ranchos como ellos mismos los llaman están construidos sobre un lote de 6 metros por 12 o 7 por 12, de acuerdo con el número de personas de cada familia. Muchas personas viven del jornal del día a día y pudimos evidenciar que la situación económica es muy compleja. Muchas son madres cabeza de hogar porque sus parejas las han asesinado o por otras circunstancias

“Lo que yo le pido al presidente de corazón y que vea, que no es que nosotros queramos coger esto aquí, no, solo que somos desplazados y que esto por ser para desplazados nos pertenece a nosotros, que si quiere que el venga y vea que todos estamos necesitados”, dijo la señora Yury Fernández.

Las personas invasoras ya tienen organizado y demarcado el extenso terreno con espacio para sus respectivas vías, la cancha de fútbol e incluso hasta la iglesia, por el momento las familias se resguardan de las lluvias con lonas sobre algunas estructuras de madera. Algunos de los invasores hacen peticiones que para ellos mejoraría la calidad de vida.

“Le pedimos al presidente electo que, si tiene la facilidad de permitirnos terrenos para sembrar, no sembrar cosas ilícitas, sino que sea productos para los pueblos y necesidades de nosotros mismos”, dijo uno de los habitantes.

Una mujer propuso “que nos pongan unos transformadores de invasión y que nos colaboren poniendo así sea un transformador de recarga, que, para mi humilde opinión, ni ellos pierden ni nosotros lo hacemos”.

La situación es tan compleja que inclusive, dos menores indígenas se enfermaron por el agua que estaban consumiendo de una laguna cercana. Estuvieron en cuidados intensivos en la ciudad de Medellín.

“Cuando a los niños les daba hambre, entonces le venían a dar agua de ese pantanero de la laguna. Ellos estuvieron muy graves porque aguantan mucha hambre y muchas necesidades”, contó María Elvia Gutiérrez, porque las jóvenes madres indígenas estaban en la capital antioqueña con los infantes enfermos.

Durante la reportería, Caracol Radio recibió información de que algunas de las personas que están en el caserío ya tienen vivienda en el área urbana de Tarazá u otras zonas de la subregión. Situación que fue consultada con el líder superior de la invasión, el señor César Pérez, quien negó dicha situación.

“En ese sentido eso lo desconocemos nosotros, pero si eso llega a suceder y el que esté allá tenga casa y nosotros nos demos cuenta que tiene vivienda, pues será echado hacia afuera, porque eso no lo vamos a aceptar”, recalcó.

Según la misma comunidad ninguna autoridad se ha acercado a ellos, aunque en algunos momentos les han amenazado con desalojarlos del predio, esto no ha ocurrido. Ante esta situación piden la presencia de un representante del gobierno nacional para que les titulen los predios, incluso Gustavo, dicen que no les regalen nada, proponen que les vendan cada uno de los predios a precios que puedan acceder, incluso que sean financiados.

“Aproximadamente unos cuatro meses tenemos de estar aquí en este punto, y hasta el momento solo ha venido Caracol Radio, ha sido la única alternativa que nos ha llegado, porque aquí no ha llegado ni el alcalde ni ningún funcionario”, dijo el líder.

En este territorio hay muchas personas con discapacidades físicas, que en medio de las dificultades y con sus propias manos están construyendo sus casas, por ahora de madera.

Caracol Radio le consultó a la ministra de salud Carolina Corcho, quien lideró los recientes diálogos regionales en el Bajo Cauca y al ser consultada, explicó que precisamente estos encuentros permiten escuchar a las comunidades, inclusive en estos puntos.

También tratamos de comunicarnos con las autoridades locales para conocer cuál ha sido el manejo que se le ha dado a la situación de invasiones entre ellos, el alcalde de Tarazá Mario Sierra, La secretaria de gobierno, la Personería y la inspectora y ninguna persona quiso referirse al tema.

Recordemos que Tarazá es una zona muy compleja por la fuerte presencia del Clan del Golfo. Se les consultó a los líderes si han tenido alguna dificultad con ellos o algún apoyo, y aseguraron que esas personas no les han impedido estar allí y tampoco los han intimidado por ahora.

Finalmente, en Tarazá hay otras dos invasiones, pero son predios privados y de un tamaño muy menor al referenciado en esta oportunidad. Todos citan el derecho a una vivienda digna.

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En motos y caminando llegaron decenas de personas hasta una tractomula detenida en el corregimiento Jardín, jurisdicción de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, para saquearla.

Ocurrió en la tarde de este viernes 23 de septiembre y forma parte de los vehículos que fueron robados en esta subregión del departamento durante la jornada.

Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), indicó que fueron 30 los vehículos robados y cuatro los ocupantes que resultaron heridos.

"Cuatro conductores heridos por defender sus vehículos y la mercancía. La turba arremetió con ellos. Tenemos más o menos pérdidas de 120 mil millones de pesos en lo que va transcurrido del paro en esa zona", explicó la directiva. 

Agregó que de las 350 mil toneladas transportadas ya se perdieron 2.000 en productos perecederos y 1.000 en los saqueos de esta tarde. 

Según el gremio minero de Guarumo, que desde el pasado miércoles adelanta una serie de bloqueos en la vía que comunica Medellín con la Costa Atlántica, los responsables no están relacionados con su protesta.

“Desde la comunidad de Guarumo se rechaza todo acto de violencia y trato inhumano cometido contra la ciudadanía, pues no representa los ideales y deslegitima la manifestación pacífica iniciada en el corregimiento de Guarumo, Cáceres”, dice la misiva.

Aseguran estar abiertos al diálogo y solicitan a quienes los apoyan, “no manchar la manifestación pacífica con actos violentos”.

El general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional, informó que por estos bloqueos ya murió un menor de edad que se accidentó con unos árboles que atravesaron en la vía.

Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, denunció que hay pacientes que no han podido ser trasladados en ambulancia a la ciudad de Medellín.

En los 53 kilómetros que separan a los municipios de Tarazá y Caucasia fueron ubicados 10 puntos de bloqueo que impiden la entrada y salida de vehículos.

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En la tarde de hoy domingo en el sector El Basurero de Tarazá habían asesinado a un hombre ayer sábado y el cadáver tenía más de 24 horas en el lugar sin que las autoridades hicieran la inspección técnica.

Luego del levantamiento del cadáver se pudo conocer que la víctima respondía al nombre de Jader Ovidio Tirado Vergara, de 41 años de edad, quien recibió tres impactos de arma de fuego en la cabeza.

El hombre era natural del municipio de Caucasia, Antioquia y tenía varios días desaparecido. Según versiones, habría sido citado por un grupo armado ilegal y luego asesinado.

Las autoridades investigan las causas de este hecho de sangre.

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Mario Eliécer Sierra Correa, del Partido Alianza Verde, fue elegido este domingo como alcalde de Tarazá, con un total de 4.666 votos que corresponden al 61.03 % del total, informó la Registraduría Nacional del Estado Civil. En Murindó salió electo Oswaldo Quejada Ledezma, del Movimiento Indígena.

En ambas localidades de Antioquia se llevaron a cabo elecciones atípicas debido a problemas surgidos con sus mandatarios. En ambas poblaciones ya fue escrutado el 100 por ciento de los sufragios y se espera que los nuevos alcaldes puedan culminar sus mandatos hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando finaliza el periodo.

En Tarazá, Sierra Correa se impuso al candidato del Partido Liberal, William Arnulfo Parra Restrepo, quien obtuvo 2.751 votos a favor correspondientes al 35.98 del total.

En el actual periodo, Tarazá, población del Bajo Cauca antioqueño, ajusta su tercer mandatario tras la muerte del primero, Miguel Ángel Gómez, fallecido por covid-19 en diciembre de 2020, y por la nulidad de la elección del segundo, Dawinson Gómez Tamayo, quien no pudo ejercer el cargo por ser el hijo del fallecido.

El informe de la Registraduría reveló que en la jornada hubo 996 votos en blanco, 997 nulos y 998 no marcados, para un total de 7.646 votos escrutado el 100 % de los sufragios.

En el municipio de Murindó, Urabá antioqueño, también se realizó una jornada atípica para elegir el nuevo alcalde. Allí el electo Oswaldo Quejada Ledezma, del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, quien obtuvo 1.084 (48.41 %) votos a favor contra 872 (38.95 %) de Emperatriz Mena Palacio, del Polo Democrático Alternativo.

A ambos los siguieron Alberto Sinigui, con 255 votos, y Alfredo Rojas, con 4 sufragios. En total votaron 2.239 personas.

En ninguna de las dos localidades se reportaron problemas o dificultades durante la jornada.

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La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Álvaro Javier Céspedes Rico, como presunto determinador de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia, el procesado habría ordenado la muerte de Briley Alexandra Rodríguez Rojo, ocurrido el 13 de marzo del año 2021 en su vivienda ubicada en el barrio María Gaid del municipio de Tarazá (Antioquia).  Al parecer la víctima fue señalada de pertenecer a una estructura del Clan del Golfo.

Céspedes Rico, presunto cabecilla del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Caparros en la cita población del Bajo Cauca antioqueño, fue capturado el 24 de enero de 2022 por servidores de la Sijín de la Policía Nacional y no se allanó a los cargos imputados.

Por el homicidio de la mujer ya tiene medida intramuros en calidad de autor material Jhon Eferson Oquendo Sucerquia, supuesto integrante de Los Caparros.

Tarazá se sume otra vez en la inestabilidad política. Su alcalde, Dawinson Gómez Tamayo, fue capturado en las últimas horas junto a varios funcionarios de su administración.

El hecho sucedió este 25 de noviembre y fue confirmado por varios habitantes de ese municipio del Bajo Cauca. Sin embargo, aún no ha trascendido el motivo de la diligencia judicial.

Lo que sí está claro es que el pueblo está en medio de la zozobra. Así lo relató una habitante que es cercana a los procesos políticos de la región. “Hay mucha zozobra porque varios funcionarios fueron capturados. Otra vez hay inestabilidad política y el pueblo está conmocionado”, dijo.

La taraceña hace referencia a la convulsa historia política reciente del pueblo. Para el periodo 2020-2023 fue escogido como alcalde Miguel Ángel Gómez, quien murió el 11 de septiembre de 2020 por causa de la covid-19. Entonces, el puesto quedó en vacancia y se anunciaron elecciones extraordinarias. Estas, finalmente, se celebraron el 25 de julio de 2021, donde salió elegido el mencionado Dawinson Gómez.

La escogencia del nuevo alcalde, en vez de darle un respiro al pueblo, trajo otro dolor de cabeza. Resulta que Dawinson es hijo de Miguel Ángel, el fallecido mandatario. Por eso, su elección fue demandada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que falló en primera instancia en su contra.

La demanda gira en torno al artículo 95 de la Ley 136 de 1994, el cual precisa que los vínculos por matrimonio o parentesco con funcionarios que hayan ejercido autoridad política en un municipio durante los 12 meses anteriores son causal de impedimento para ser candidato o designado como alcalde. Es decir, Dawinson estaba impedido para ser el mandatario municipal por la relación filial con su padre.

En su defensa, el mandatario había dicho que el parentesco se eliminó al morir su padre, un argumento que no caló ni el Consejo Nacional Electoral ni en el Tribunal Administrativo de Antioquia.

El proceso seguía vigente y tenía en vilo a los 26.964 habitantes de Tarazá. Ahora, con la captura, la incertidumbre sobre las riendas del pueblo se hace más evidente.

EL COLOMBIANO se comunicó con la Policía Nacional para tener los detalles de la captura. Sin embargo, desde allí comentaron que aún no tenían la información disponible. Este medio, por otro lado, pudo confirmar la captura con la Dijín. Desde allí dijeron que el trámite aún estaba en proceso y que por eso aún no se han dado detalles.

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Las autoridades confirmaron que al menos siete bombas de gasolina de los municipios de Valdivia en el norte y Tarazá en el Bajo Cauca recibieron la orden de no prestar el servicio. La amenaza indica que serían declarados objetivo militar aquellas empresas que venden el combustible lo que tiene afectados a la población, especialmente los mototaxistas, conductores de transporte público y de carga.

Las estaciones de servicio que recibieron la amenaza del grupo guerrillero ELN son siete en total y están ubicadas en la vía principal desde un sector conocido como El Socorro en Valdivia y corregimiento el Doce en Tarazá.

Caracol Radio también conoció que la orden es no permitir el ingreso al territorio de químicos los cuales son utilizados para la elaboración de la base de pasta de coca. La amenaza tiene como objetivo impedir la elaboración del alcaloide al Clan del Golfo como forma de presión en la disputa que sostiene por el territorio.

Las autoridades están analizando la situación para brindarles seguridad y permitir que las bombas de gasolina funcionen con normalidad.

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Más de 300 campesinos impiden este miércoles la reanudación de los operativos de erradicación forzada del Ejército en 18 veredas de Tarazá, a pesar de que hay un acuerdo de eliminación voluntaria de las plantas de coca .

Los pobladores se desplazaron a los predios con los cultivos ilícitos para evitar que las tropas continúen con la erradicación en estas veredas de los corregimientos La Caucana, El Guáimaro y Cañón de Iglesias en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Organizaciones sociales temen que haya un enfrentamiento, pues el Ejército insiste en continuar con estos operativos, pero 200 personas oponen resistencia en La Cauca, mientras que otras 115 hacen lo mismo en el Cañón de Iglesias.

Según William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asobac), la molestia de los pobladores se debe a que ellos firmaron los compromisos para la sustitución voluntaria, pero no les han cumplido y sumado a eso, reanudan la erradicación forzada sin darles explicaciones.

Hace cuatro años ya que se hizo el acuerdo colectivo en Tarazá, donde cuya ruta metodológica era para implementarse a dos años y a la fecha, pues todavía falta el eje más importante que es el tema de los proyectos productivos por un momento de $19 millones

ASEGURÓ EL LÍDER CAMPESINO

Soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles lograron frustrar lo que al parecer sería una incursión armada para atentar en contra de la población civil en la vereda La Unión, municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. 

Tropas del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones militares de control territorial, sostuvieron combates con sujetos que serían  integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Las autoridades incautaron importante material de guerra, como proveedores para fusil, un cañón de repuesto, una granada para mortero de 60 milímetros, así como cerca de mil cartuchos de diferentes calibres, un artefacto explosivo improvisado y material de intendencia de la organización armada ilegal. 

Ante esta situación resultó herido un soldado de la unidad táctica, así como un civil, que sería morador de la zona. De forma inmediata en la zona fueron atendidos por un enfermero de combate que les brindó los primeros auxilios mientras eran evacuados al Hospital del municipio de Tarazá, donde se encuentran estables y se recuperan satisfactoriamente. 

El material incautado en la operación fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y se adelantan las investigaciones al respecto. 

El Ejército Nacional informó que mantendrá desplegadas unidades con esfuerzos operacionales de manera conjunta con la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional y de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación y CTI para para proteger a las comunidades víctimas de estas organizaciones criminales.

Con este resultado, que se adelantó en atención a la alerta temprana 045 del 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo, "se logra una vez más debilitar el accionar terrorista, así como la capacidad militar de este grupo al margen de la ley", se indicó. 

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La Policía de carreteras en Antioquia confirmó que se reporta el cierre total de la vía Medellín -Cartagena por deslizamiento de tierra.

La carretera esta cerrada en el tramo los Llanos de Cuivá– Taraza, en el kilómetro 67+600, sector la culebra.

Ya se encuentra en camino personal y equipos para la atención de la novedad, por lo que mientras tanto se tiene asegurada la zona con miembros del Ejército y la Policía.

La ruta alterna para los conductores es tomar por Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño, empalmar con ruta del Sol por los Santanderes.

Dawinson Gómez Tamayo, hijo del mandatario fallecido por COVID-19, Miguel Ángel Gómez, fue electo como nuevo alcalde de Tarazá, con el 49% de los votos, en el bajo Cauca de Antioquia, luego del proceso atípico, para completar el periodo hasta el 2023.

El nuevo mandatario fue habilitado 48 horas de las elecciones, luego de que, en primera instancia, el Consejo Nacional Electoral, considerara que se encontraba inhabilitado por su parentesco de primer grado de consanguinidad, con el fallecido alcalde por COVID-19.

Este no es el primer caso donde un familiar gana una alcaldía, luego del fallecimiento del titular. En Urrao, Alexandra Moreno, viuda de John Jairo Higuita, fue elegida luego de la muerte de su esposo, por COVID-19.

En Caucasia, el electo, pero no posesionado alcalde y posterior candidato, Leiderman Ortiz Berrío, murió a causa del coronavirus y en su reemplazo fue electo su sobrino Jefferson David Sarmiento Ortiz.

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Al menos tres vehículos fueron quemados en el sector Crucecitas en el tramo que comunica al corregimiento Puerto Valdivia con el municipio de Valdivia en el Norte antioqueño, según los primeros reportes.

Por esta alteración al orden público hay cierre en la vía Medellín-Costa Caribe, entre Yarumal y Tarazá. La hora de reapertura es incierta. 

El alcalde de Yarumal, Miguel Ángel Peláez, explicó que el cierre es en el sector Mina Vieja, en jurisdicción de su municipio, donde empezaron a represarse algunos vehículos que transitaban por el lugar. 

“El reporte que tengo es que en el sector Crucecitas quemaron dos buses y un tractocamión y, a raíz de esto, hubo afectaciones en una vivienda cercana. De manera preventiva, se cerró la vía en Mina Vieja, donde se están represando algunos vehículos. No son muchos porque a esta hora hay una baja afluencia, pero sí puede aumentar”, señaló.

El mandatario explicó que, en estos casos, la vía permanece cerrada durante la noche mientras la fuerza pública verifica la zona. “En estos casos, las tropas hacen una inspección para descartar la presencia de artefactos explosivos y se espera hasta que amanezca para restablecer el paso en la vía”. 

La Policía de Carreteras informó que "se presenta el cierre total preventivo de la vía la Costa, entre Yarumal km. 30+200, sector mina vieja y Taraza km. 123+200, sector Monteverde de la ruta ruta 2511, por alteraciones de orden publico. Se estará informando la apertura de forma inmediata".

Según algunas denuncias ciudadanas, una bandera del ELN habría sido dejada en la zona, lo que es verificado por las autoridades. La cifra de vehículos quemados podría aumentar mientras se avanza en la inspección en la zona.

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La gobernación de Antioquia convocó a elecciones atípicas en los municipios de Tarazá en el Bajo Cauca y Titiribí en el suroeste de Antioquia, debido a que los alcaldes electos en las pasadas votaciones del 2019, fallecieron por complicaciones de Covid-19 en el 2020 y 2021 respectivamente.

El calendario electoral quedó programado en las dos localidades para el domingo 25 de julio en las dos poblaciones, por lo que el gobernador encargado de Antioquia Luis Fernando Suarez, mediante dos decretos solicita a las Registraduría adelantar la logística necesaria para que se desarrollen los comicios sin contratiempos.

Es de recordar que el alcalde del municipio de Tarazá Miguel Ángel Gómez García, falleció luego de que su salud se complicó al ser diagnosticado con Coronavirus, su deceso se reportó el pasado 12 de septiembre del año 2020. Actualmente ostenta la dignidad de mandatario en encargo el señor Jerly Ferney Álvarez Ortíz.

Mientras que el señor alcalde del municipio de Titiribí, Juan Guillermo Bolívar Colorado, murió el pasado 27 de abril del 2021, también por complicaciones luego de contraer el Covid-19. El decreto que convoca a las elecciones, además, delega a Martha Isabel Posada Barrera, como alcaldesa encargada hasta el 25 de julio cuando se lleve a cabo la elección del nuevo alcalde. Desde la muerte del mandatario Bolívar, estuvo en el cargo Diana Leonor Loaiza Vásquez.

Es de recordar que aún se está pendiente de una decisión judicial para determinar la fecha para realizar los comicios en el municipio de Caucasia, donde desde el primero de enero de 2020 esta población del Bajo Cauca tiene un alcalde encargado.

Fuente: https://bityl.co/78Su