Posts in Category: Caceres

19 miembros de una familia se desplazaron por amenazas en Cáceres

En un bus contratado por la Mesa de Víctimas, 19 integrantes de una familia tuvieron que abandonar sus viviendas en el barrio Villa del Río en el municipio de Cáceres, por el inminente riesgo en el que se encontraban.

Según las mismas denuncias, las víctimas han recibido reiteradas amenazas de parte grupos armados de la zona.

El temor de la familia se profundizó porque recientemente hallaron el cuerpo sin vida de una persona aún no identificada en el río. Por lo que decidió advertir a las autoridades y desplazarse forzosamente de sus viviendas.

En el bus se embarcaron la abuela, los hijos y algunos nietos, acompañados por la Policía y la Personería para garantizar la seguridad de la familia.

El personero de Cáceres, Ánderson Piedrahita, aseguró que las 19 personas fueron sacadas del municipio hacia otro lugar confidencial en Antioquia.

"El sitio no se lo puedo decir porque es reservado, pero la familia tomó la decisión de no quedarse en el municipio. Decidió irse del municipio porque se sentía en riesgo y lógicamente cuando una persona se siente en riesgo, hay que establecer sus garantías", agregó el representantes del Ministerio Público.

Las autoridades también adelantan una investigación para establecer cuál grupo armado  y por qué razones habría amenazado esa familia.

Versiones preliminares señalan que todos estos hostigamientos serían represalias por capturas de integrantes del Clan del Golfo y los Caparrapos en la zona, resultado de los intensos operativos de la Policía y el Ejército.

Al igual que esta familia, más de 10.000 personas han sufrido el desplazamiento forzado en el Bajo Cauca. De estas, unas 4.800 desplazados han huido a la capital antioqueña.

Fuente: http://bit.ly/2BVUp7Y

Joven indígena completa una semana desaparecido en Cáceres

El indígena Luis Fernando Peñate, de 28 años de edad, miembro del pueblo Senú en Cáceres (Bajo Cauca antioqueño), completó una semana desaparecido. El hombre fue visto por última vez en la vereda Bolo de Yuca, en límites entre Cáceres y Zaragoza. 
 
El consejero de la Organización Indígena de Antioquia, (OIA), Richard Sierra, confirmó que el joven se dedicaba a la venta de paletas, no había reportado amenazas en su contra, ni se conocía que estuviera en “malos pasos”. 

Los miembros de la comunidad indígena convocaron para este miércoles 14 de noviembre, a una marcha en el corregimiento de Guarumo, para demostrar que"los pueblos indígenas son pacifistas y merecen vivir sin ser intimidados".
 
Según la OIA, en el momento de su desaparición, el joven portaba un buzo color café, una camiseta blanca y se movilizaba en una motocicleta. Es padre de tres hijos menores de edad. 

Sus familiares ya interpusieron la denuncia ante la Fiscalía, pero hasta ahora no ha recibido ninguna información sobre su paradero.
 
Desaparecidos en Colombia
 
El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés, reveló que entre 2008 - 2018, en Colombia fueron reportados 73.000 casos de desaparición,de los cuales 27.229 corresponden a menores de edad.  

Según el Instituto, el 61,8 por ciento continúan desaparecidos, mientras que el 5,3 aparecieron muertos.

El informe fue revelado en el marco del Día Internacional de los Desaparecidos y hace parte de un estudio realizado durante los últimos  años. 

En lo que va corrido de este 2018, se conoce un registro de 3.643 desapariciones en Colombia, de los cuales han aparecido vivos el 2.7 por ciento y el 37 por ciento muertos. Sin embargo, siguen desaparecidos más del 60 por ciento. 

Fuente: http://bit.ly/2K3uNIU

Duque convocó consejo de seguridad en Caucasia por crisis de orden público

El presidente Iván Duque tenía en su agenda de este jueves ir a Cartagena para participar en el Congreso Internacional de Transporte de Carga. Sin embargo, canceló ese viaje y convocó a un consejo extraordinario de seguridad en Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño, luego de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le enviara el martes pasado una carta pidiéndole ayuda por la situación de orden público.

El objetivo del consejo de seguridad es tomar medidas ante los problemas de seguridad en la subregión de Antioquia, donde, según el gobernador, hay un aumento de homicidios este año del 210 %. Se trata de una región donde coinciden el Clan del Golfo y Los Caparrapos, el ELN y las disidencias de las Farc, dedicados a la minería ilegal, el cultivo de hoja de coca, la extorsión y la venta de alucinógenos.

En el consejo de seguridad, además, se va a responder por la denuncia y las quejas con el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Según el gobernador, el Gobierno Nacional inscribió a 12.000 familias al programa de sustitución y ahora les ha incumplido con el pago, lo que habría incrementado las amenazas por parte de los grupos delincuenciales.

Al consejo de seguridad asistirá el presidente, su ministro de Defensa, la cúpula militar, las autoridades departamentales y los alcaldes de la subregión. 

 

Homicidios en Bajo Cauca antioqueño subieron 200 por ciento

En una carta dirigida al presidente Iván Duque, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le pidió intervención de carácter urgente debido a la gravedad de la situación por la que está pasando el Bajo Cauca antioqueño, causada por la lucha de grupos ilegales como el 'clan de Golfo', los 'Caparrapos', el Eln y las disidencias de las Farc.

Según cifras compartidas por Pérez, la gravedad del asunto radica en que entre 2017 y 2018, los asesinatos aumentaron un 200 por ciento. El año pasado se presentaron 96 homicidios en esta región, mientras que hasta el 2 de octubre de este año, se registraron 298 muertes violentas.

En la misiva, el gobernador expone que la zona superó la capacidad del Estado para asumir el control de los territorios afectados por el crecimiento de cultivos ilícitos y de minería ilegal.

El funcionario le pidió al mandatario su accionar para mitigar la situación. "Los problemas criminales del Bajo Cauca necesitan intervención integral, pues además, las promesas del Gobierno Nacional de apoyar a los que erradiquen voluntariamente los cultivos ilícitos fueron un engaño y han creado un caos social que estimula con agresividad la ilegalidad", dicta la carta.

En el consejo de seguridad que tuvo lugar en la mañana de este martes 2 de octubre, el mandatario se refirió al hecho explicando que la situación de guerra que se presenta en el Bajo Cauca superó la capacidad de las fuerzas de seguridad nacional, por lo que considera que es un problema de carácter presidencial.

"El gobernador no puede crear más policía ni puede tomar decisiones que le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, por eso pido intervención al Gobierno", manifestó el gobernador.

También aseguró que el próximo martes 9 de octubre serán convocados integrantes de Mineros S.A para identificar las zonas en las que operan maquinarias de extracción ilegal y comenzar a implementar acciones.

Fuente: http://bit.ly/2yfUfFv

Capturado en Cáceres señalado de cometer seis homicidios

Un señalado sicario fue capturado por la policía en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Según las autoridades, el sujeto es señalado de participar al menos seis homicidios en dicha localidad.

Contra el capturado de 22 años de edad existe una orden judicial para responder por el delito de homicidio agravado.

Fue dejado a disposición de la autoridad correspondiente.

Atacan a grupo de erradicadores de cultivos ilícitos en Cáceres

Según la Policía en Antioquia, hombres adscritos a la Unidad Antinarcóticos avanzaban en la erradicación manual de cultivos cuando fueron atacados con arma de fuego.

Los uniformados respondieron al ataque y posteriormente inspeccionaron la zona y encontraron material explosivo y 14 minas antipersona.

El día de ayer, un reducto del ELN atacó una patrulla en la vereda El Dorado de Cáceres. Este hostigamiento se realizó en un lapso de 15 minutos. Al verificar la zona se constató que se encontraban instalando artefactos explosivos y minas antipersona”, declaró el coronel José James Roa, jefe de erradicación manual.

Fuente: http://bit.ly/2Nccaq1

En el Bajo Cauca hay que ser ciego, sordo y mudo

Este año han asesinado a ocho líderes sociales en el Bajo Cauca antioqueño: cuatro en Cáceres, dos en Caucasia y dos en Tarazá. Pero ellos no son los únicos muertos. Van 334 homicidios.

Entender las causas de la muerte allí es tan complejo como entender el contexto de una subregión que vive disputas entre grupos residuales de las AUC, brazos armados del ELN, el proceso de reinserción de las Farc y un proyecto para sustituir cultivos de coca voluntariamente.

Mientras, sus habitantes sufren no solo las consecuencias de esos problemas, sino también los coletazos de la emergencia en Hidroituango, y su economía (cuyo motor es la minería informal) cada vez se atranca más.

Una estela de guerra

Siete horas en bus de Medellín a Caucasia. En el camino se pasa de largo por Valdivia, Tarazá y Cáceres, donde está el 70 por ciento de la coca de Antioquia.

En las extensas zonas rurales que separan los cascos urbanos, dicen los que saben que se encuentran los grupos armados que desde hace más de veinte años se disputan o se comparten el control de una de las zonas más geoestratégicas para el tráfico de los negocios ilícitos en Colombia.

Grupos que están expulsando gente: las cifras de la Alcaldía de Medellín, a donde suelen huir los desplazados antioqueños, muestran la llegada de 3.336 desplazados del Bajo Cauca entre enero y junio de este año.

Tarazá es el municipio más expulsor con más de dos mil personas que arribaron a la ciudad, casi el mismo número de las que salieron del municipio, una cifra que venía bajando desde 2013, cuando tuvo 2.475 mil expulsados, según el Registro Único de Víctimas. En lo que va del año, el número de desplazados superó el de todo el 2017 en un 485 por ciento.

Pero a Medellín no llegan ni la mitad de los desplazados de Cáceres, que son 2.571 en lo que va del año; y de Caucasia han llegado a la capital 368 personas de las 591 que han huido del municipio.

Allí son más los que se quedan.

Un señor de 60 años, nativo de Caucasia, me dijo: “He visto peores tormentas en todos los años que he vivido acá”.

La última la vivió entre el 2008 y el 2012, pues luego de la extradición de Macaco y Cuco Vanoy, mandos importantes de las AUC en la subregión, se disputaron el control las Águilas Negras, aliados con los Caparrapos, y Los Rastrojos.

En 2010 hubo más de 40 ataques con granadas o petardos en lugares de comercio de Caucasia, según el Distrito de Policía Especial para el Bajo Cauca. Ese mismo año fue el de más homicidios en la historia del municipio: 128; y el de más desplazamientos en la subregión con nueve mil en los últimos diez años, según el Registro Único para las Víctimas (RUV).

Fue una guerra muy parecida a la que se vive ahora.

Luego, la región vivió una tensa tranquilidad desde 2012 cuando las Águilas Negras y Los Rastrojos llegaron a un acuerdo para unirse y convertirse en los frentes Julio César Vargas, Francisco Morelos Peñalta y el de Virgilio Peralta Arenas adscritos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Se rompió cuando este último, más conocido como los Caparrapos -dicen que porque varios de sus miembros iniciales venían de Caparrapí, en Cundinamarca-, decidió declararse disidencia a finales del año pasado.

Tener la suerte de que la guerra no te toque

 

 

La nueva guerra empezó con alertas.

En la madrugada del 29 de diciembre del 2017 estalló un artefacto en Bora Bora, una de las discotecas más grandes de Caucasia, que dejó 39 heridos.

En enero, hombres armados llegaron a siete veredas de Cáceres para anunciar enfrentamientos y pedirle a los habitantes abandonar sus casas, por lo que se desplazaron 356 personas, el primer desplazamiento masivo de los cinco que se dieron ese mismo mes dejando 1.695 personas afectadas, según alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes corren peligro?

En Caucasia, la respuesta del señor del mototaxi, de la señora que atiende en la cafetería, de líderes, fuentes oficiales y conocedores del municipio coinciden: “la persona de bien, vive bien”, “si no te metes con ellos, puedes estar tranquilo”.

Según fuentes de la Policía, los 94 homicidios registrados en Caucasia este año hasta el viernes 27 de julio, son fruto de la guerra entre el Clan y los Caparrapos, y por eso las víctimas eran, en su mayoría, vendedores de drogas, campaneros, extorsionistas, sicarios, paga diarios y colaboradores de esos dos grupos.

Pero el riesgo no solo es hacer parte de ellos.

La noche en la que asesinaron a Robert Jaraba, uno de los ocho líderes asesinados en el Bajo Cauca, un familiar le recomendó no salir de fiesta porque la ciudad estaba peligrosa. “Yo no le debo nada a nadie”, respondió.

Y no es la única historia. Dos líderes del municipio recordaron el homicidio de Juan Carlos Zabala en enero, un joven que nada tenía que ver con las bandas del barrio, pero al que le dispararon poco después de haber denunciado en la Policía una olla cerca de su casa.

“Si te matan a un ser querido, llóralo, entiérralo y no más”, explica una líder que recuerda que en alguna ocasión quiso convocar una marcha por la vida, pero rápidamente le llegaron rumores de que era mejor que no lo hiciera.

Rumores, eso es lo que llega y es suficiente para causar temor y coartar a las personas. Un enlace de la Mesa de Víctimas de Caucasia contó que su trabajo se ha apaciguado desde que empezaron los ataques a líderes sociales. No han querido moverse ni hacerse visibles pues, aunque no han recibido amenaza directa, el miedo está.

Además, sus dos hijas tuvieron que desplazarse a Medellín: una fue abordada por dos hombres en una moto que “se burlaron de ella por ser lesbiana” y le advirtieron que no la querían ver en la ciudad. La otra, luego de ver cómo un conocido suyo le disparó a un hombre, decidió irse por temor a que tomara represalias en su contra.

Otros enlaces de la Mesa de Víctimas que lideraban los temas de jóvenes y desaparición forzada salieron de Caucasia porque sentían miedo de realizar su trabajo allí, según esta fuente.

La muerte no solo llega por ser líder

En esa revuelta murieron Ana María Cortés, en Cáceres; y Robert Jaraba, en Caucasia. Son los dos asesinatos de líderes más recientes, en el mes y medio que va después de la segunda vuelta presidencial. Ella, líder política; él, líder sindical.

Ana María Cortés fue asesinada el 4 de julio a eso de las 7 de la noche a la entrada del pueblo, en una cafetería que visitaba diariamente. Robert Jaraba, cerca de la medianoche del 16 de julio, en Noche de Reinas, uno de los dos burdeles más conocidos de la ciudad.

Ambas muertes se enmarcan en la guerra que se anunció a finales del año pasado.

Que eran líderes es una realidad.

Cortés lo fue en la campaña de la Colombia Humana en Cáceres, coinciden las personas que acompañaron el nodo en el pueblo y Edith Navarro, encargada de la campaña en el Bajo Cauca.

Era más que una colaboradora: convocó, organizó y compartió la propuesta de Petro en el casco urbano, además de ser testigo electoral en las votaciones.

Sin embargo, ni ella ni su grupo de seis personas en la Colombia Humana recibieron amenazas en medio de la campaña; no hubo denuncias de constreñimiento y ni siquiera quienes se adentraron a las zonas montañosas, donde hay mayor presencia de ilegales, recibieron un mensaje negativo por esa actividad.

“No le conocimos un contexto muy profundo de ser líder social, a ella le gustaba más eso de la política” dijo un cercano suyo, que habló, como la mayoría de fuentes de esta historia, bajo la condición de proteger su identidad por miedo a la violencia.

Lo confirmaron dos personas más que viven en el pueblo hace más de diez años.

El personero Anderson Piedrahita corroboró que Ana María no hacía parte de ninguna asociación o junta de acción comunal. Pero con fechas imprecisas, se sabe que trabajó en la Personería de la alcaldía de Davinson Correa (2008-2011), para quien también hizo campaña en su momento.

Durante la emergencia de Hidroituango en mayo, tomó la vocería en el punto de encuentro dispuesto en Cáceres para los afectados exigiendo ayudas humanitarias.

La líder de la Colombia Humana, según cinco fuentes, había vuelto a su pueblo a principio de este año, pues en los últimos dos se había desplazado a Medellín por amenazas que no pudimos identificar.

Una fuente cercana a ella contó que desde entonces la Policía la perseguía y la abordaba en la cafetería que visitaba a diario en Cáceres. Piedrahita confirmó que Ana María hizo dos quejas por malos procedimientos policivos, pero que en ninguno expresó amenazas de la institución.

Uno de sus amigos más cercanos nos dijo que dos días antes de su muerte le comentó que había regresado al pueblo porque quería saludar a su familia, pero que sabía bien que no podía volver, y por eso pensaba dejar el municipio lo antes posible. No alcanzó.

Por su parte, Robert Jaraba también era reconocido como líder en Cerro Matoso, empresa para la que trabajó 16 años en Montelíbano, sur de Córdoba, donde se vive una guerra muy parecida a la del Bajo Cauca como contamos. Pero visitaba con frecuencia Caucasia, que queda a menos de una hora, pues allí nació y vive la mayoría de su familia.

Jaraba, quien era operador de máquinas en la Mina e hizo parte del Comité de Certificación del Sena que capacitó a unos 140 trabajadores de la empresa, fue uno de los fundadores del sindicato Sintramineros en 2012.

Como en el caso de Cortés, sus compañeros del sindicato y familiares niegan que su papel ahí fuera fruto de incomodidad para alguien.

“A él no le gustaba enfrentarse y pelear con los directivos, sino más bien encontrar soluciones prácticas para ambos”, dice uno de sus seres más queridos.

Aunque tenía una lucha por tierras, no era un líder de ese sector.

Desde diciembre del 2017 llevaba el proceso de reclamación de un predio llamado Las Delicias, en la vereda La Mojosa, Cáceres, que le despojó el exparamilitar ´Macaco’ a su padre Atilano en 1998.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, no manifestó amenazas por esa actividad; de hecho, era el único entusiasmado de la familia porque creía que ya estaban cerca de recuperar su finca, aunque el proceso apenas está en estudio formal.

Sus más allegados también desmienten lo que se difundió en prensa sobre un ataque personal que recibió semanas antes de su muerte. El hecho fue en enero; dos hombres en moto le tiraron una piedra al ventanal de su casa en Montelíbano. Nunca pudieron identificar el porqué.

En los dos casos, las autoridades dicen por fuera de micrófonos que los asesinatos no se deben a su condición de líderes.

Información extraoficial de la Policía arroja que Cortés estaba siendo investigada por pertenecer al Clan del Golfo y tenía un hijo en la organización criminal. Efectivamente, a los trece días del homicidio, el Ejército capturó su hijo, Camilo Andrés Chaverra Cortés, presunto integrante del Clan del Golfo.

Esa versión responsabiliza la muerte de Cortés a los Caparrapos, grupo para el que supuestamente ella trabajó en el pasado, antes de abandonar el pueblo, hace más o menos dos años.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que tienen pruebas contundentes de que el autor del crimen sería alias “Jonás”, líder de los Caparrapos.

Según esta misma fuente, hay indicios de que la muerte de Robert tuvo que ver con su hermano Anuar, quien es el cuñado de alias Carlitos, un caparrapo de Caucasia que fue herido de bala el 14 de julio y murió el mismo día que el líder de Cerro Matoso.

La teoría que comparten algunos familiares es que al que querían matar era a su hermano y pudo ser un error porque los dos se parecían físicamente. Ninguno se imaginó que Robert pudiera morir de esa forma, “él siempre le huía a los problemas”.

Esta semana la Policía capturó al presunto asesino: alias Cristian, quien se desempeñaba como sicario de los Caparrapos en Caucasia, según las autoridades.

Pero el liderazgo vulnerado en el Bajo Cauca va más allá, y se concentra más que todo en las veredas, entre cultivos de coca y el asedio de Clan del Golfo y los Caparrapos.

Fuente: http://bit.ly/2NVhDia

Tarazá y Cáceres bajan de alerta roja a naranja por Hidroituango

El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, reveló que las poblaciones del corregimiento de Puerto Antioquia a Tarazá pueden retornar a sus hogares.

Este anuncio se hace teniendo en cuenta que el nivel del alerta en la zona, por la emergencia de la hidroeléctrica Ituango, pasó de rojo a naranja según las mediciones hechas por la entidad.

Márquez también reporta que se bajó el nivel de alerta desde Caucasia hasta el municipio de Sucre, en el departamento de Sucre, en los siguientes municipios:

  • Nechí
  • San Jacinto del Cauca
  • Guaranda
  • Achí
  • Ayapel
  • San Marcos
  • San Benito Abad
  • Majagual
  • Magangué
  • Caimito

Cabe destacar que la alerta naranja que tenían pasa a amarilla, lo que significa el más bajo nivel  de prevención.

Cierran juzgados en Cáceres y Tarazá

Para salvaguardar la vida de los empleados, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial ordenó el cierre temporal de los juzgados y las salas de audiencias en los municipios de Cáceres y Tarazá, que están en alerta roja por la emergencia de Hidroituango.

Los términos de los procesos penales, civiles, laborales y de familia, fueron suspendidos hasta que el Dapard notifique que están dadas las condiciones para el retorno de los evacuados.

Según Jaime Jaramillo Jaramillo, director ejecutivo de la Rama Judicial en Antioquia, en dos carros escoltados por el Ejército Nacional, trasladaron a Medellín 600 cajas con el archivo histórico, el cual permanece bajo custodia debido a la importancia de los expedientes, especialmente de tipo penal sobre la criminalidad en esa región.

"Se hizo toda una logística para traer esos expedientes a través del Ejército, custodiados, obviamente, porque algunos están archivados pero otros están vivos, en especialidades civil, laboral, familia y penal. Con la logística que nos ofreció EPM,  se trajeron en dos camiones del Ejército a la ciudad de Medellín", dijo el funcionario.

Las sedes de la Fiscalía en Cáceres y Tarazá también fueron cerradas de manera preventiva por la emergencia.

Sobrecostos

Las dos actas de Modificación 15 y 25 enumeran las obras adicionales para la aceleración del proyecto Hidroituango que costaron 127.113 millones de pesos.

Según EPM, esas nuevas labores hacen parte de un proceso de aceleración. Por lo que se agregaron otrosíes a los contratos con la constructora brasileña Camargo y Correa para evitar un retraso de dos años en la entrada en operación de la hidroeléctrica más grande del país.

Sobre la marcha se modificaron diseños y se definieron nuevas obras como la adecuación de vías, la construcción del tercer túnel llamado de aceleración y sellado de los dos primeros. Todo ello generó sobrecostos que llevaron a 11.4 billones de pesos el valor total de Hidroituango.

Fuente: http://bit.ly/2xV0im3

Capturan en Cáceres a colaborador de “los Caparrapos”

Tropas de la Décima Primera Brigada de la Séptima División del Ejército Nacional, lograron, en las últimas horas en el Bajo Cauca antioqueño, un duro y estratégico golpe en contra de las estructuras logísticas, financieras y criminales del grupo armado organizado autodenominado “los Caparrapos”.

El hecho se produjo en Piamonte, corregimiento de Cáceres. Hasta allí, y guiados por información de inteligencia militar, llegaron unidades especiales del Batallón de Infantería Aerotransportado N31 Rifles, el Gaula Militar Bajo Cauca con apoyo de la Policía Nacional y capturaron a Orlando José Peñate Rodríguez, conocido con el alias de “Vaselino”.

Este hombre, según se ha podido establecer, tenía a su cargo la coordinación logística, cobro y presión para el pago de extorsiones a comerciantes, ganaderos y campesinos de esa zona. Así mismo guardaría relación directa con la cadena del narcotráfico, también proveía a la red de sicarios las armas cortas para la ejecución de asesinatos que han afectado al Bajo Cauca antioqueño

En el allanamiento a la casa donde intentaba esconderse de las autoridades, en canecas y con técnicas especiales de impermeabilización, las tropas incautaron cinco libras de pasta base de coca, 74 libras de marihuana, más de 1.200 cartuchos para fusil y pistolas de diferentes calibres, cinco granadas, dos armas y cerca de cinco millones de pesos, que se presume, serían producto del cobro de extorsiones y venta de droga al menudeo. Llamó la atención el hallazgo de varios artefactos explosivos, que iban a ser empleados en atentados contra la fuerza pública.

El individuo, quien al momento de la captura portaba un arma de fuego calibre 9 mm, fue dejado a disposición de la Fiscalía 26 seccional del municipio de Caucasia, Antioquia, para su respectivo proceso de judicialización.

Con este resultado, producto de la ofensiva operacional del Ejército, “se debilita y afecta de manera significativa las estructuras logísticas, financieras y criminales del grupo armado organizado autodenominado “los Caparrapos”, ya que se golpea la red de rentas ilegales de esta organización criminal”, explicó la institución.

En lo corrido del 2018, la Séptima División ha capturado a 43 bandidos pertenecientes a diferentes estructuras criminales y delincuenciales en el Bajo Cauca.

Fuente: http://bit.ly/2F9DjlF

Ataque de sicarios deja cinco personas heridas en Cáceres

La Policía está tras la pista de dos delincuentes que desde una motocicleta atacaron con arma de fuego a cinco personas, que estaban reunidas en un local comercial en Cáceres, en el Bajo Cauca de Antioquia. 

Así lo confirmó el subcomandante del departamento de Policía Antioquia, el coronel Uriel Mariño, quien detalló que las víctimas se recuperan en un centro asistencial.

En la región del Bajo Cauca van 111 asesinatos este año, entre ellos, 63 en la zona rural y 48 en la urbana, la mayoría atribuidos a enfrentamientos de bandas criminales como el ‘clan del Golfo’.

De acuerdo con la Policía, los municipios con más muertes violentas son Cáceres, Caucasia y Tarazá.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que vienen acciones para reducir indicadores criminales y los índices de homicidios en Antioquia, especialmente en la zona del Bajo Cauca, donde hay un aumento. 

Entre las acciones para reducir la violencia, Villegas anunció la llegada a Antioquia de 390 nuevos policías.

El aumento de homicidios se debe a la política de ataques contra bandas para capturar a sus integrantes y cabecillas e incautar su armamento

“En el departamento hay caída de riñas, peleas y de extorsión, pero el aumento de homicidios se debe a la política de ataques contra bandas para capturar a sus integrantes y cabecillas e incautar su armamento. La lucha contra los delincuentes ha dado resultados desde el punto de vista estructural, pero aumenta la venganza”, añadió el ministro.

Fuente: http://bit.ly/2Jtnp8S

Operativo militar deja 10 guerrilleros del Eln muertos en Cáceres

En medio de una operación militar en la vereda Bejuquillo, del municipio de Cáceres (Antioquia), murieron diez guerrilleros del Eln y tres más fueron capturados. 

Se trató de una operación de asalto que inicialmente fue apoyada por un bombardeo de la Fuerza Aérea de Colombia. 

La acción militar se dio en la madrugada de este martes. En la zona se encuentran agentes del CTI y delegados de la Procuraduría para verificar los hechos. 

Según fuentes militares el operativo se dio contra la estructura de alias Cachaco, jefe de la subregión del Bajo Cauca del Eln. 

La acción iba dirigida contra este jefe guerrillero sindicado de asesinatos, secuestros, activación de explosivos, la muerte de agentes de la Fuerza Pública, entre otros delitos. 

Su ubicación se logró tras la información de una fuente humana y el seguimiento a través de inteligencia. 

En el operativo se incautó material de guerra que está pendiente por clasificar. 

Este es el primer gran golpe al Eln desde que se congelaron las negociaciones de paz,luego de que esa guerrilla realizó a finales de enero pasado una serie de atentados en Barranquilla contra la Fuerza Pública que dejó seis policías muertos.

El Eln es uno de los cuatro grupos ilegales organizados en el país que se pueden bombardear. 

En las últimas semanas esta guerrilla ha realizado varios ataques en el Atlántico y contra la infraestructura Petrolera. Uno de los últimos atentados fue en Norte de Santander, en donde un hostigamiento con ráfagas de fusil y cilindros bomba dejó un soldado muerto y tres más heridos.

Fuente: http://bit.ly/2FZOr6r

Caen tres personas acusadas de extorsionar a comerciantes de Cáceres y Tarazá

Entre los detenidos hay una pareja a la que el Ejército señala de pertenecer a la banda Los Caparrapos.

“Se logra capturar a dos peligrosos delincuentes que hacen parte del grupo de extorsionistas de Los Caparrapos, uno de ellos alias ‘Mateo’ que estaba con una mujer. Los dos portaban armas cortas, pistola, revólver y munición para las mismas”, dijo el general Alberto Sepúlveda, comandante de la Séptima División del Ejército.

En esa zona, combates entre ilegales y la Fuerza Pública han generado el desplazamiento forzado de unas 1.500 personas.

Fuente: http://bit.ly/2F23dwd

Situación en Bajo Cauca antioqueño se pudo prevenir, según líderes sociales

Desde 2017, se había advertido sobre el riesgo de desplazamientos masivos en municipios como Cáceres, Antioquia. El Gobierno Nacional no hizo nada, sino hasta que la Defensoría emitió una alerta nacional el pasado 22 de enero.

La situación de orden público en la región del Bajo Cauca antioqueño es un tema que, desde 2017, los líderes sociales de la zona la habían alertado. La petición al Gobierno Nacional por parte de ellos y de grupos sociales que trabajan allí ha sido que haya mayor presencia de Fuerza Pública para evitar los homicidios y el desplazamiento forzado, provocado por la presencia de bandas criminales y grupos ilegales que se encuentran en una disputa territorial.

El 22 de enero de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta nacional sobre desplazamientos masivos en el Bajo Cauca antioqueño y en otros departamentos como Córdoba, Boyacá y Casanare. Más de mil personas, en solo cuatro días, se movilizaron de sus casas debido al temor de quedar en medio del fuego entre el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc.

Antes de cumplirse el mes de esta alerta, entidades de la ONU, como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Agencia para los Refugiados (Acnur), junto al Consejo Noruego de Refugiados y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, hicieron un llamado de alerta ante "la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia)”.

“El Gobierno Nacional no le había prestado atención a la situación como se la están prestando ahora. Y es por un tema muy importante y muy desafortunado: el desplazamiento. Han sido más de 1.600 personas desplazadas, eso es lo que hizo que llamara la atención a nivel nacional. Eso ya se sabía. Eso ya se veía venir”, dijo a El Espectador Leiderman Ortiz Berrío, defensor de derechos humanos y líder social de Caucasia.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Antioquia, hasta el 22 de febrero, se han desplazado 1.569 personas hasta la cabecera municipalde Cáceres. Huyen de los enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de las rutas del microtráfico en la zona.

El Bajo Cauca ofrece unas dinámicas muy particulares. La explotación de los recursos mineros; la insurgencia de las Farc que tenían unas rutas hacia la parte del sur de Córdoba, otra hacia el sur de Bolívar. Por esos montes y por esas vertientes de las cordilleras existen todas unas rutas que les permiten y les facilitan justamente el comercio o el tránsito de sustancias de uso ilícito hacia determinados lugares. Por lo que les posibilita conectarse con el occidente, el oriente de Antioquia y también pueden conectarse con el departamento de Córdoba y directamente con la ciudad de Medellín”, explica Óscar Yesid Zapata, vocero de Nodo Antioquia para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Esa posición estratégica con la que goza el Bajo Cauca, lo convirtió en un epicentro para las bandas criminales, que operan desde ahí. A eso se le suma la proliferación de la minería ilegal y de la siembra de los cultivos ilícitos. “El microtráfico de los cultivos ilícitos que están en esa parte y la minería ilegal son los flagelos que sufre Cáceres”, describe Victoria Eugenia Ramírez, secretaría de Gobierno de Antioquia.

Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la fragmentación interna de esos grupos ilegales organizados, lo que propicia una nueva guerra por el control de la zona.

“El Bajo Cauca es un fortín de la extorsión en el que ellos cobran las vacunas, tanto en el comercio como en la ganadería; es un fortín por la minería informal, el microtráfico, los cultivos, los laboratorios y los corredores que manejan los grupos ilegales, fundamentales para transportar y vender la droga”, dice Ortiz Berrío.

Desde que se asentó el problema, los líderes sociales lo han denunciado y han pedido que se planifique toda una estrategia militar que contrarreste los efectos nefastos que ha traído el paramilitarismo y el narcotráfico a la zona.

“Miembros de la comunidad hace meses habían avisado de la situación porque veían la presencia de grupos, sus movimientos y fortalecimientos. Su experiencia de vivir en medio de la guerra hace muchos años les decía que su vida iba a estar en riesgo”, cuenta zona Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados.

Ellos lo veían venir, pero las autoridades departamentales y nacionales no hicieron nada para prevenirlo. Solo lo hicieron cuando las organizaciones internacionales y la Defensoría del Pueblo lanzaron las alertas de riesgo de desplazamientos masivos. Entonces, activaron un protocolo de contingencia.

Una vez que se movilizaron más de 1.500 personas, la Alcaldía de Cáceres, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional activaron un plan de choque para enviar 300 uniformados a la zona, crear comisiones especiales para brindar atención humanitaria a las víctimas desplazadas (albergues, salud alimentaria, agua potable, acceso a servicios públicos y educación) y una petición a la Registraduría Nacional para trasladar los puestos de votación de las zonas veredales al casco urbano. 

Estas acciones no han sido suficientes, ni eficientes. Nosotros no somos expertos en seguridad y no podemos darles consejos de cómo proteger a las comunidades, pero es claro que los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes, porque hay más de 1.500 personas directamente afectadas y quién sabe cuántos otras están en situación de inseguridad”, manifestó Visnes.

Fuente: http://bit.ly/2Ftog7T

Aumenta las personas desplazadas en Cáceres

Otras 135 personas se desplazaron desde la vereda El Calvario del municipio de Cáceres, quienes están huyendo por enfrentamientos del ELN, el Clan del Golfo y el Ejército Nacional en el bajo Cauca del departamento de Antioquia. En esta subregión en total 972 personas están refugiadas en los cascos urbanos de Cáceres y Tarazá.

El director de la Unidad de Victimas de Antioquia, Jorge Mario Alzate, explicó que las comunidades están recibiendo albergue, aunque las condiciones de hacinamiento son evidentes.

“En este momento están llegando nuevas familias desde esta semana, 51 familias, 135 familias, cerramos el censo, las familias están llegando desde zona rural y se está coordinando el levantamiento del censo y la atención en alimentación y albergue”, señaló el funcionario.

A las comunidades se les está entregando dinero para la compra de víveres y en el Tarazá a las 152 personas se les entregó 62 millones de pesos como subsidio de arrendamiento y alimenticio por 2 meses.

Concluyó el director que los enfrentamientos están aumentando y que no hay posibilidades de un retorno temprano de las comunidades.

Fuente: http://bit.ly/2Gj6rrq

BajoCauca.com ©