La Fiscalía informó este domingo en un comunicado que comenzó la tercera fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, establecida para el año 2023. Se trata de 95 inmuebles que están vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia y cuyo avaluó supera los 161.277 millones de pesos.  

"Durante esta primera semana de agosto fueron entregadas las fincas denominadas San Luis I, II y III, ubicadas en Montería (Córdoba); y cuyo valor se calcula en 20.372 millones de pesos. La investigación adelantada por la Fiscalía señala que dichos predios estarían vinculados al accionar delictivo del Clan Cifuentes Villa, presuntos financiadores de grupos de las autodefensas comandadas por los hermanos Castaño Gil; también con la Oficina de Envigado que fue comandada por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna", se lee.

Agrega el reporte que se entregaron cinco inmuebles en los municipios de El Bagre y Zaragoza (Antioquia), que estarían relacionados con el Bloque Central Bolívar de las AUC y su valor asciende a 3.797’351.500 de pesos. Además de cinco bienes que habrían hecho parte del patrimonio ilegal del Bloque Cacique Nutibara y que están ubicados en Envigado y Medellín (Antioquia), cuyo valor alcanzaría los $1.222’214.000. 

Los demás bienes incluidos en la tercera fase están ubicados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Valle del cauca, indicó el ente acusador.

Destaca la entidad en esta entrega, en el Caribe, "la finca La Caña, ubicada en zona rural de Montería (Córdoba), que alcanza un valor de 44.142 millones de pesos y está vinculada con el accionar delictivo del Clan Cifuentes Villa, presuntos financiadores de la Casa Castaño. Y la finca Doble Cero, ubicada en el municipio de Valencia (Córdoba). Su valor supera los de 6.675 millones de pesos.  Este bien fue denunciado por Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, como propiedad de Fidel Castaño Gil".

Y también la hacienda Las Mercedes, ubicada en zona rural del municipio de Buenavista (Córdoba), predio avaluado en 3.474 millones de pesos y que estaría vinculado con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco y el Bloque Central Bolívar de las AUC. 

"Cumplida la tercera fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las víctimas para su administración, en octubre de 2023 la Dirección de Justicia Transicional, durante el periodo del señor Fiscal Francisco Barbosa Delgado, habrá entregado 1.185 bienes por un avalúo que supera el billón de pesos", concluye la Fiscalía.

Fuente: https://bityl.co/KNdy

Si por el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia , hay preocupación de cuenta del accionar de mineros ilegales y de estructuras delincuenciales que desde hace semanas hostigan a los trabajadores de la Zijin Continental Gold, por los lados de la minería en el Bajo Cauca hay tensión por cuenta de los recientes operativos de las autoridades que terminaron con la destrucción de dragas y maquinaria amarilla, por los cuales los mineros alertan de un nuevo posible paro. 

El último operativo del Ejército y la Policía en contra de la minería ilegal se realizó en el sector del municipio de El Bagre conocido como El Jobo, en aguas del río Nechí. Allí fueron destruídas 3 dragas y se inmovilizó maquinaria amarilla.

Tres días antes se había realizado otro procedimiento que incluso fue informado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez: “En operaciones contra la minería ilegal en los municipios de Cáceres, Zaragoza y El Bagre fueron destruidos 3 dragas y 8 excavadoras, avaluados en $ 7.650 millones, afectando las finanzas del Clan del Golfo y los del Bajo", escribió en sus redes sociales el funcionario..

Sin embargo, los operativos de las autoridades no solo estarían afectando a mineros ilegales. Así lo hizo saber la Mesa Minera del Río Nechí asegurando que en el procedimiento que realizaron en el sector El Jobo, fue destruída una draga llamada La Naiva que pertenece a una tradicional familia minera de El Bagre y que, argumentan, estaba en proceso de legalización o caracterización con la Gobernación de Antioquia.

“Hemos hecho toda la caracterización de la gobernación de antioquia y vemos con sorpresa del gobierno colombiano que no nos da la oportunidad de formalizarnos, no nos da la oportunidad de crear empresa en colombia”, aseguró Álex Cossio, quien estaba al mando de esa draga.

Hechos como la destrucción de La Nativa han causado malestar en mineros de la subregión, que están analizando la posibilidad de decretar un paro minero porque consideran que las autoridades no están distinguiendo entre los ilegales, los legales y los que están en proceso de legalización.

“En este momento vamos a reunirnos todos los que hacemos parte de la Asociación y otras asociaciones que comportan la minería en el Bajo Cauca, para tomar decisiones, algunos ya hablan de la intensión de un paro, primero tenemos que reunirnos y ver todas las posibilidades, porque lo que queremos en este momento es que nos dejen trabajar, pero no descartamos la posibilidad de una manifestación pacífica”, dijo Francisco Arrieta, vocero de la Mesa Minera del Río Nechí.

Estos operativos se desarrollan a la par de un proceso de identificación o caracterización de unidades mineras del Bajo Cauca, que adelanta la Secretaría de Minas de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, explicó cómo avanza el proceso: “Se ha hablado de un censo de 4.00 a 4.500 unidades mineras, el censo ya van en 3.000, y continuaremos en ella porque ese es el camino, pero ojalá no haya un escollo que signifique un ataque o una intimidación de la población civil”.

Hay que recordar que esta caracterización se adelanta con el objetivo de realizar análisis técnicos y ambientales para definir la viabilidad de un proceso de formalización o reconversión productiva.

Fuente: https://bityl.co/K24S

Con el fin de contrarrestar los fenómenos de violencia que se viven actualmente en diferentes regiones del país, la Procuraduría General de la Nación, en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), fortalecerán la capacidad de acción de las autoridades territoriales, miembros del Ministerio Público, fuerza pública y sociedad civil, incluyendo lideresas, defensoras y mandatarias locales, en los municipios de Caucasia y Cáceres (Antioquia), Caloto (Cauca) y Quibdó (Chocó).  

En el marco del proyecto "Fortalecimiento de capacidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana con enfoque de género y construcción de paz", se realizarán cuatro jornadas que contarán con el apoyo del ministerio de Defensa Nacional y con la participación activa de representantes de los municipios, expertas en género y paz, así como actores relevantes en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Las capacitaciones se enfocarán en la socialización de la nueva Política Nacional de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana en relación a la agenda de género y paz; la identificación y construcción de un mapa de actores clave involucrados en la seguridad y convivencia ciudadana y la aplicación de herramientas de análisis para cada uno de los municipios participantes.

Esta alianza de la Procuraduría busca contribuir a la garantía de los derechos de las mujeres en el marco de la política pública territorial de seguridad y convivencia ciudadana; fortalecer capacidades de los actores locales y promover acciones con perspectiva de género, en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final de Paz, la promoción de la equidad de género, la construcción de paz, el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana en los municipios priorizados.

Fuente: https://bityl.co/K24E

Con música vallenata se abrieron 5.000 cupos para estudiar en el Bajo Cauca y el Nordeste, dos de las subregiones con más pobreza en el departamento. En Caucasia, el epicentro de la región, se celebró un evento corto, amenizado con acordeón, para celebrar la apertura de los cursos. Desde ayer los bachilleres podrán acceder a los 182 programas que ofrecerán las cinco instituciones de educación superior del departamento.

El evento estuvo precedido por el gobernador Aníbal Gaviria, quien dijo que ahora “la pelota estaba en el campo de los muchachos del Bajo Cauca”. Son programas cortos, de tres meses, que pueden dar elementos a los jóvenes para continuar sus carreras. Hay diplomados de todo tipo, desde robótica hasta el manejo del mercurio y la explotación minera. Gaviria comentó que la apertura de estos cursos se debe a una unión del Tecnológico de Antioquia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Digital, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). El asunto ahora es que sea una programa de largo plazo, y no cursos cortos para unas cohortes.

En ese sentido, el gobernador dijo que se radicará un proyecto de ordenanza en la Asamblea para hacer del programa una política pública. El siguiente paso, dijo también Gaviria, es llevar una oferta similar a otras subregiones donde también hay grandes brechas en educación.

El Bajo Cauca todavía está todavía golpeado por el paro minero que paralizó a la región entre marzo y abril. Por eso, los jóvenes celebran que lleguen oportunidades, aunque son conscientes del rezago de la región. Uno de los problemas principales es la dificultad para moverse entre un pueblo y otro, incluso entre veredas.

Durante el paro, recordó Santiago Álvarez, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, las clases se suspendieron y los pueblos del Bajo Cauca vivieron una suerte de parálisis. Y esto sucedió por la debilidad del Estado. Colegios y universidades cerraron, mientras la troncal a la costa fue bloqueada con palos y árboles atravesados.

Según el observatorio Antioquia Cómo Vamos, revelado esta semana, en el Bajo Cauca, cerca del 50 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza monetaria. Hay un dato que no es menor y está relacionado con la educación. El Bajo Cauca es la subregión con más deserción escolar del departamento. La tasa de deserción es de 6,2% en primaria y 4,8% en secundaria. Se relaciona con la pobreza porque muchos se ven obligados a salir de las escuelas para ayudar a sus padres en labores mineras o agrícolas. Por eso, entre muchas otras precariedades, era necesario un proyecto de educación para la región. Gaviria, en ese sentido, dijo que los cupos en educación también son una estrategia para alejar a los jóvenes de los grupos armados. No es un secreto que en la región delinquen el Clan del Golfo, el ELN y Los de Abajo, un residuo de los temidos Caparros.

La invitación ahora es para que los estudiantes se inscriban a los cupos. Solo necesitan un requisito, haberse graduado de bachillerato. Solo es escoger uno de los 182 cursos y asistir a las clases. Entre el 4 y el 8 de diciembre serán las graduaciones de la primera cohorte y se celebrará, de nuevo, con música vallenata.

Édgar Alonso Correa, director de la Universidad de Antioquia en el Bajo Cauca, invitó a los bachilleres a que se inscriban. Los 5.000 cupos equivalen a los bachilleres que se graduaron el año pasado en el Bajo Cauca y el Nordeste, pues la oferta también está abierta a Vegachí, Yolombó y Amalfi.

En este nuevo proyecto de formación que beneficiará a las comunidades de estas dos subregiones se invertirán $7.438 millones, aportados en 90% por la Gobernación de Antioquia y el 10% por parte de las Instituciones de Educación Superior vinculadas. Las inscripciones estarán abiertas desde ayer hasta el 31 de julio y podrá realizarse a través de la página web de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía: corporaciongilbertoecheverri.gov.co. Se estima que el inicio de clases se efectuará entre el 22 de agosto y el 30 de noviembre en Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Cáceres, Nechí, Tarazá, Amalfi, Segovia, Vegachí y Yolombó.

Fuente: https://bityl.co/Jsj8

Las autoridades continúan su ofensiva en contra de la minería ilegal, por lo que en el Bajo Cauca antioqueño fueron destruidas tres dragas, ocho excavadoras y unidades de producción minera que estarían al servicio del clan del Golfo y Los del Bajo, avaluados en $7.650 millones de pesos.

A través de sus redes sociales, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, informó en la noche del viernes 14 de julio que en trabajo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares llegaron a los municipios de Cáceres, Zaragoza y El Bagre.

“En operaciones contra la minería ilegal realizadas hoy por la Policia y Fuerzas Militares Colombia fueron destruidos 3 dragones y 8 excavadoras, avaluados en $7.650 millones, afectando las finanzas del Clan del Golfo y “Los del Bajo”, publicó en su cuenta de Twitter el jefe de cartera.

En uno de los operativos que se llevaron a cabo fue en la vereda Rosales, cerca al río Nechí, en el municipio de Zaragoza, los uniformados del Ejército ubicaron tres dragas con un valor aproximado de $800 millones y una retroexcavadora avaluada en $400 millones. Además, en el lugar se halló tres unidades de producción minera con capacidad de producción mensual de 16,5 kilos de oro, lo que es equivalente a más de $4.261 millones.

Por su parte, en la vereda Río Man del municipio de Cáceres, se destruyeron siete unidades de producción minera y la misma unidad en excavadoras, con un valor cerca a los $3.150 millones. En esta zona, los mineros ilegales extraían aproximadamente 21 kilos de oro mensual por $5.423 millones en el comercio.

En esta zona también se presentó la tala indiscriminada de 42.000 árboles y uso de químicos habituales en esta práctica, que afectan las fuentes hídricas de la región que surten de agua estos municipios.

De igual manera, el viernes 14 de julio en una operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada ubicaron diferentes equipos y maquinarias que eran utilizadas para procedimientos de extracción de yacimientos mineros en Guainía.

Según información de la Armada Nacional, las explotaciones ilegales servían para extraer mensualmente 7,5 kilos de oro y seis toneladas de otras materias primas, es así que se estima que la producción minera y dragas artesanales podrían alcanzar los $470 millones.

En Chorromanaca y Laguna Guibo, áreas rurales del municipio de Inírida, fueron halladas siete unidades de producción minera y dos dragas en plena operación ilegal, y fueron detenidas dos personas que están a disposición de la Fiscalía.

Además, las autoridades ubicaron otras tres dragas en el Paso del Diablo, corregimiento fronterizo de San Felipe; la segunda, en el área rural de Barrancominas, y la tercera, en el sector El Coco, municipio de Inírida.

Grupos ilegales utilizan niños para impedir operativos contra la minería ilegal en Antioquia, denunció el Ejército

Los grupos armados ilegales que controlan el negocio de la minería ilegal en Antioquia instrumentalizan a la población para que lleven menores de edad a los puntos de extracción para evitar el desarrollo de operativos por parte de la Fuerza Pública.

Esta denuncia fue hecha por la Séptima División del Ejército, que no pudo destruir varios puntos de extracción ilegal de oro en Antioquia por la presencia de niños.

El coronel Gustavo José Gutiérrez Navarro, comandante Décimo Cuarta Brigada de Ejército adscrita a la Séptima División, indicó que algunos pobladores de Anorí y Amalfi entorpecieron un operativo conjunto entre el CTI, Ejército y Policía contra esa economía ilegal en el noreste de Antioquia.

“Denunciamos públicamente ante las autoridades competentes el comportamiento de algunos moradores de la vereda Los Trozos del municipio de Anorí y de la vereda Los Toros de Amalfi, donde presuntamente instrumentaron a la población civil y entre ellos a unos menores de edad que estaban en una escuela. En el sitio se pudo evidenciar el daño irreversible que se le está haciendo al medio ambiente”, dijo el oficial del Ejército.

En medio del operativo un grupo de personas formó un muro humano para impedir el paso de las autoridades a la zona donde se encontraba la maquinaria que iba a ser destruida.

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la comunidad estarían siendo instrumentalizados por el frente 36 de las disidencias de las Farc y algunas columnas del ELN, que tienen fuerte presencia armada en el sector.

Fuente: https://bityl.co/Jsiy

- Con capacitaciones se brindan herramientas para la preparación y seguimiento de la temporada que ya inició y finalizará en diciembre.

-En Antioquia no se presentan ciclones, sin embargo por incidencia indirecta se podrían presentar lluvias y fortalecimiento de vientos.

-Urabá por tener municipios en la línea de costa es la subregión que podría tener más afectaciones por vendavales o inundaciones. Sin embargo, también podrían aumentar las lluvias en el Bajo Cauca.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, realizó el taller de fortalecimiento de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres de los municipios del Urabá antioqueño frente al inicio de la temporada de ciclones tropicales 2023. En este espacio se definieron términos como ciclones, también llamados huracanes o tifones, y su amenaza para el departamento, pronósticos, y estado del tiempo y clima. Además, las bases para la respuesta a emergencias en caso de que se presente algún evento asociado a esta temporada. 

Para Antioquia, según señaló el director del Dagran, Jaime Enrique Gómez Zapata, no hay una incidencia directa de los ciclones tropicales. “Para el departamento está temporada tiene una incidencia indirecta. Urabá es la subregión que puede llegar a tener mayor afectación durante la temporada de ciclones tropicales por el incremento en la velocidad de los vientos, oleaje y precipitaciones. Sin embargo, también podría tener incidencia en el Bajo Cauca por el aumento de las precipitaciones. En Antioquia, no se presentan huracanes. También es importante aclarar que aunque va a coincidir con el fenómeno de El Niño podría llover asociado a la temporada de ciclones y presentarse inundaciones o vendavales”, agregó el director. 

La ubicación geográfica de Colombia por latitud, al estar tan cerca del Ecuador, desfavorece el fortalecimiento de los huracanes o la probabilidad de estar dentro de su trayectoria, a excepción de la región insular. Gómez Zapata indicó que se espera que la frecuencia de los cliclones sea más alta durante el mes de septiembre, mes del inicio de la temporada de lluvias por lo que podrían presentarse emergencias. 

Desde el Dagran, el funcionario invitó a los coordinadores de gestión del riesgo a identificar escenarios de riesgo y los eventos que podrían presentarse en esta temporada, a activar sus servicios de respuesta en términos de salud, servicios públicos, ayudas alimentarias, agua potable, saneamiento, seguridad entre otras. 

Fuente: https://bityl.co/JZxJ

La Corporación Comité DDHH Jesús María Valle Jaramillo, denunció que el grupo ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidos como Clan del Golfo, ha intensificado los retenes ilegales en algunos municipios, especialmente en zonas rurales de Segovia y Cáceres. Donde por ese control ya se reporta desabastecimiento de alimentos y gasolina.

Según la denuncia, la primera situación se estaría reportando en el municipio de Cáceres en el Bajo Cauca antioqueño, allí el grupo ilegal AGC estaría realizando desde hace unos 15 días un control en la vía de acceso a las veredas El Tigre, Muribá, Vijagual, Las Conchas, Peñitas, Peladero, San Pablo, Vaqueros, Malabrigo, el Carmen, Naranjal y La Tinta. Hacia estos caseríos se estarían impidiendo la entrada total de combustible y hasta alimentos lo que tendría desabastecidas esas veredas.

La falta de combustible también tendría parada la explotación de oro en algunas minas de la zona sur de Cáceres, como también es conocida. Esta denuncia fue contrastada con fuentes de la zona quienes confirmaron dicha situación y, agregaron que los retenes no son nuevos, pero lo que denuncia de la corporación sobre el desabastecimiento sí lo es.

“Retenes sociales, control social en el mismo que no generan condiciones para el desarrollo social y laboral de las comunidades de estos sectores, lo que está obligando a un desplazamiento de este personal. En el municipio como tal, esto se está presentando desde el 16 de junio, es decir, vamos casi por 15 días. Cabe resaltar que la población de sectores ha venido denunciando hacia las entidades locales y departamentales y no hay respuesta del gobierno sobre las mismas. Hay un silencio y una omisión”, dijo Gerardo Caballero, integrante del Proceso Nacional Campesino y coordinador nacional agrario.

De otro lado las fuentes consultadas le aseguraron a Caracol Radio que la situación para las veredas antes mencionadas es más grave de lo que se ha conocido públicamente, pero que el temor a denunciar, como en otras zonas del departamento impide que esta situación trascienda. Por ejemplo, que ese control que hace el Clan del Golfo en esa zona es para evitar que le lleguen suministros a la guerrilla del ELN con quien sostiene una guerra por el territorio y en esa labor afectan a las comunidades, tanto así, que indican las fuentes que a la zona no se puede ingresar celulares, ya que son requisadas las personas que van hacia las zonas rurales. Quien quiera ingresar debe tener un permiso y otro de salida. Tampoco se pueden movilizar por las zonas rurales entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.

Otra situación que tiene bastante atemorizada a la población es que el pasado sábado un grupo de presuntos guerrilleros del ELN pernoctaron en inmediaciones de la mina Guapa, distante a unos 10 minutos del área urbana. Según la fuente que habita el municipio de Cáceres, no se tenía registro de la llegada de este grupo ilegal tan cerca de la cabecera municipal desde hace más de dos décadas.

Caracol Radio consultó a la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles que tiene injerencia en ese territorio e indicaron que ya comenzaron con la investigación para determinar las acciones e identificar el lugar exacto del retén ilegal.

Segovia:

La organización también denuncia que la misma situación estaría ocurriendo en zona rural de Segovia, específicamente en las veredas Montefrío y Puerto López, dónde las AGC, estarían intimidando a la población, incluso obligando al comercio a cerrar generando desabastecimiento de algunos artículos de la canasta familiar y el combustible.

“Básicamente desde el 26 de junio se viene presentando una avanzada paramilitar exactamente de un grupo que se denomina AGC, son más de 20 hombres fuertemente armados que vienen haciendo presencia en veredas como Montefrío y Puerto López de este municipio. Ellos realizan un posicionamiento de la vereda Arenales y empiezan a hacer una labor de control social en el territorio, es decir, están cerrando negocios, están pintando casas y están realizando una hostilidad a estos procesos sociales que hacen parte de este territorio”, agregó el integrante del Proceso Nacional Campesino.

Lo que más le preocupa al vocero y que le han expresado los campesinos de las veredas de Segovia, es que muy cerca de la vereda Arenales donde están instalados los ilegales hay presencia de la fuerza pública a través del ejército Nacional. Por ello, solicitó al Estado garantizar las condiciones de seguridad a las comunidades de estas subregiones del Nordeste y Bajo Cauca que están sufriendo la expansión de los grupos al margen de la ley.

Fuente: https://bityl.co/JZx7

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento a un supuesto brujo, de 65 años, presunto responsable de violencias sexuales en contra de una mujer y su hija menor de edad, informó en la mañana de este viernes Daniel Parada, director seccional de Fiscalías de Antioquia.

Los hechos fueron denunciados en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, donde madre e hija asistieron a la casa del supuesto brujo con el ánimo de participar en una sesión, al parecer, en busca de mejorar su situación económica, dijo el fiscal.

Allí, el hombre, quien es conocido como “Bigotes”, habría accedido sexualmente a la mujer en presencia de la menor de edad, a quien también le habría realizado tocamientos de carácter sexual.

Según la investigación que han adelantado las autoridades, el supuesto brujo les habría dicho a las dos mujeres que no podían contar nada de lo sucedido, para que pudieran tener los resultados que deseaban.

No obstante, la denuncia fue interpuesta en la Fiscalía General de la Nación y el hombre fue capturado. Durante las audiencias posteriores se le imputaron cargos por los delitos de acceso carnal en concurso con acto sexual.

Fuente: https://bityl.co/J9o5

Las fotos que andan circulando por las redes en las que miembros del ELN posan al lado de niños en Versalles, Tibú, Norte de Santander, podrían no ser solo proselitismo armado. 

Se tuvo conocimiento del caso de una niña de doce años que dice que fue secuestrada por el ELN en el bajo Cauca antioqueño para ser explotada sexualmente en Medellín.

Sucedió hace un año, en el municipio de El Bagre, Antioquia, durante una incursión del ELN que se prolongó por más de un mes. Llegaron hasta su casa a exigirle a la familia que se la entregaran "porque todos debían aportar". Tenía 11 años cuando se la llevaron, con otros niños y niñas del pueblo. En principio, pensó que la convertirían en una combatiente, pero a los pocos días del rapto, fue apartada junto con otras niñas. La metieron en un carro y la llevaron a Medellín, donde ella y las demás niñas fueron entregadas a un hombre que, a partir de ese momento, se convertiría en su explotador sexual.

El hombre las obligó a merodear el parque Lleras durante varios meses hasta que la niña y una de sus compañeras aprovecharon el descuido del hombre para escapar, con tan buena suerte que pudieron llegar hasta una estación de policía. Aunque al principio los agentes no creían lo que la niña estaba relatando, finalmente resolvieron abrirle un caso y entregarla al ICBF, que hoy la tiene bajo custodia, aunque lejos de su familia.

La niña no ha podido regresar a El Bagre porque el pueblo sigue dominado por los grupos armados ilegales. Una mitad del municipio es controlada por un grupo al que han denominado “despliegue delictivo El Bajo”. La otra mitad es controlada por la guerrilla del ELN. La niña asegura que fueron "los elenos" los que la sacaron de su casa y los que la entregaron en Medellín. 

La trata en el Bajo Cauca

Su caso podría no ser el único. Organizaciones de derechos humanos que trabajan en la zona, como la Corporación Jurídica Libertad y las Iglesias Santuarios de Paz, afirman que desde hace dos años han empezado a recibir cada vez más denuncias de niñas desaparecidas que luego terminan siendo explotadas en Medellín. En este sentido, las organizaciones advierten que la participación de los grupos armados ilegales en la trata de personas con fines de explotación sexual, no ha sido suficientemente investigada. “Nosotros seguimos en deuda de reconocer la enorme responsabilidad que han tenido los grupos armados en el país en los casos de trata con fines de explotación sexual. Esto no es algo nuevo, pero sí se ha negado mucho”, asegura Katherine Jaramillo, directora de la ONG Valientes, que trabaja ayudando a rescatar a víctimas de las redes de trata. 

En 2020, en un análisis general de la seguridad de todo el Bajo Cauca, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la incursión de nuevas estructuras paramilitares y guerrilleras, encabezadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y por el ELN, en busca del control de ciertas economías de la zona –entre ellas, la minería ilegal y los cultivos de coca–. La Defensoría hizo énfasis en dos fenómenos adicionales: por un lado, el reclutamiento de niños y adolescentes para obligarlos a ingresar a las filas de la guerrilla. Por el otro, la captación de niñas y adolescentes con fines de trata y explotación sexual. 

Pese a que esa alerta temprana no mencionó específicamente a los responsables de la trata y se refirió a grupos armados en general, una fuente de la Defensoría le dijo a CAMBIO que la entidad en la tarea de verificar al menos seis casos que demostrarían la participación del ELN en la trata de personas. 

Astrid Elena Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), le dijo a CAMBIO que, aunque el ICBF tiene unidades móviles que atienden los casos de explotación sexual en menores en zonas de alto riesgo, en el bajo Cauca antioqueño ha sido imposible operar, justamente por el dominio que los grupos armados ilegales sobre la región.

La trata y el conflicto armado

El 18 de noviembre de 2021, la Red Petra Mujeres Valientes entregó un informe a la Comisión de la Verdad en el que expuso dos temas: la violencia sexual contra mujeres y comunidad LGTBIQ+ durante el conflicto armado y la creación de redes de explotación sexual para la financiación de grupos armados ilegales. Pero el informe no ha generado ningún tipo de acción estatal para atender el problema.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe de 2022 sobre la trata de personas, habla sobre la nueva modalidad de financiación que han implementado los grupos armados ilegales.

“Los grupos armados ven en la trata de personas un nuevo negocio, aprovechando el control que ejercen en las zonas donde hacen presencia. Se registra un incremento en el número de casos de trata de personas utilizadas para trabajos forzados”, señala la ONU en el informe de 2022. El 46 por ciento de las redes de trata son manejadas por crimen organizado. Otro 23 por ciento, por organizaciones criminales con control territorial. La ONU también ha constatado que el 62 por ciento de las personas sometidas son utilizadas para explotación sexual.

De acuerdo con un analista que trabaja con cooperación internacional, cuyo nombre prefirió mantener en reserva por seguridad, la caída de negocios como la cocaína ha llevado a que los grupos armados ilegales se hayan volcado a este tipo de delitos. Además de captar víctimas para explotarlas sexualmente, también se dedican a captar a niños, adolescentes y hombres adultos para trabajos forzados. 

Para Katherine Jaramillo, el gran obstáculo que hace difícil reconocer el delito y la manera como operan estas redes es la baja comprensión que existe sobre la trata. Por ejemplo, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes también puede ser entendido como una forma de trata, "pero en Colombia hemos normalizado mucho estos fenómenos. Nosotros tenemos un caso de una víctima reclutada por una guerrilla que, al final, fue utilizada con fines sexuales dentro de la misma organización. Ella fue llevada a otro país, donde su caso sí fue tipificado como 'trata' en contexto de guerra. Eso acá no lo vemos”.

Por eso ha sido tan difícil, para las organizaciones que velan por las víctimas, que en Colombia –en el contexto del conflicto armado– se reconozca plenamente la responsabilidad de los grupos armados ilegales en el delito de trata de personas, que afecta a cientos de víctimas cada año.

Fuente: https://bityl.co/I62n

La Agencia de Empleo de Comfenalco Antioquia ha dado a conocer más de 1.000 vacantes de empleo y que se encuentran ofertadas para las regiones del Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste.

De acuerdo con información suministrada por la entidad, las oportunidades laborales van dirigidas a bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales universitarios. Además, se destaca que los salarios, según el perfil y cargo, oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

En lo que respecta al Valle de Aburrá, son más de 380 ofertas en las que se están requiriendo distintos tipos de trabajadores para cargos como auxiliares, conductor, mensajero, operario, asesor de venta, asistente, coordinador, asesor comercial, entre otros.

De ese número de vacantes se resaltan dos perfiles en particular como “coordinador de calidad” y “asistente de procesos productivos”, ambos para el municipio de Girardota y donde se pagará entre 2,3 millones y hasta 4,6 millones de pesos mensuales. Para aplicar es importante tener presente que se recibirán hojas de vida hasta el próximo 30 de abril.

Con respecto al Oriente, hay disponibles más de 300 vacantes relacionadas con operarios, enfermeros, auxiliares, asesor comercial, coordinador, supervisor técnico, aprendiz, cocinero, ayudante de cocina, carpintero, oficios varios, mesero, analista financiero, guarda de seguridad, entre otros.

Del total de las ofertas se destacan las de “aseguramiento de calidad” y “analista de calidad”, en las que se pide experiencia mínima de 60 y 24 meses, respectivamente. Además, la persona que resulte seleccionada podrá ganarse un salario que oscila de dos a cuatro SMMLV. Tenga en cuenta que para aplicar a estos dos puestos se deberá postular hasta el próximo 29 de abril.

Para la región Suroeste son más de 200 oportunidades laborales en las que se están requiriendo impulsadora, asesor comercial, operario, analista, aprendices, supervisor, vendedor, cocinero, entre otros.

Dentro de las ofertas vigentes se encuentra la de “auxiliar de servicio al trabajador” a la que puede postularse un trabajador con formación tecnóloga y que cuenta con un año de experiencia. Como el puesto es para el municipio de Caramanta (La Sierra), es necesario que el candidato tenga medio de transporte y su respectiva licencia de conducción. En cuanto al sueldo, este oscilará entre 2,3 millones y 4,6 millones de pesos mensuales. La vacante estará disponible hasta el próximo 28 de abril.

En lo correspondiente al Bajo Cauca y el Magdalena Medio, en ambas regiones están disponibles 30 ofertas de empleo para distintos cargos que van de operarios a supervisores, pasando por camareros, conductores, ayudantes, aprendices, oficial de obra, soldador y tubero, entre otros. Precisamente, sobre estos dos últimos perfiles se indica la mejor remuneración salarial, que podría llegar hasta los 4 SMMLV, por lo que el interesado deberá aplicar hasta el próximo 11 de abril.

Con respecto al nordeste, se están ofreciendo siete vacantes. Entre las que se encuentran vigentes está la de docente en maquinaria pesada, vendedor, cadenero e inspector SST. Estas dos últimas, se pide una experiencia mínima de 12 meses; además, estarán abiertas hasta el 31 de mayo.

Es importante precisar que las oportunidades laborales no están disponibles en todo el departamento de Antioquia, sino en ciertos municipios de cada una de las subregiones, por lo que si se va a aplicar a alguna de las que se encuentran vigentes, debe tener presente que estas se encuentran ubicadas en:

Medellín, La Estrella, Bello, Girardota, Barbosa, Copacabana, Rionegro, El Carmen de Viboral, La Ceja, Sonsón, Guarne, El Peñol, San Rafael, Marinilla, Salgar, Jardín, Amagá, Jericó, Andes, Caramanta, Ciudad Bolívar, Santa Rosa de Osos, Entrerríos, Yarumal, San Pedro de los Milagros, Gómez Plata, Apartadó, Mutatá, Caucasia, El Bagre, Cáceres, Yondó, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Amalfi y Cisneros.

Para conocer en detalle los requisitos para cada uno de los puestos que se están requiriendo, es necesario consultar la página web de Comfenalco Antioquia. Se debe tener presente que para postularse se deberá estar registrado en https://www.serviciodeempleo.gov.co/ del Ministerio del Trabajo. También puede ver las ofertas en buscadores como El Empleo y Magneto365.

Fuente: https://bityl.co/I62l

El comité promotor del paro de minero del Bajo Cauca antioqueño tomó la decisión de suspender la manifestación que puso a tambalear el orden público de la subregión durante 33 días y llevó al Gobierno nacional a romper el cese al fuego con el Clan del Golfo.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos con este proceso que se ha venido llevando desde el 27 de febrero. Aquí vamos a seguir trabajando en la instalación de la mesa técnica, vamos a ser veedores para que el Gobierno nacional cumpla esa deuda histórica que tiene con nuestros mineros y los dignifique en su trabajo, en su honra, en la actividad que están haciendo para el desarrollo de nuestros territorios”, sostuvo Jefferson Sarmiento Ortiz, alcalde de Caucasia.

Entretanto, Saúl Bedoya, líder del paro, dijo que se van a sus casas “con el conocimiento de la interpretación tácita de irnos a trabajar y somos parte de la mesa donde se va a construir el cambio en desarrollo del Bajo Cauca. Nunca antes y sin ningún precedente en la historia, ni antes ni después, de que lo que ha logrado esta protesta es histórico y trascendental; siéntanse enorgullecidos”, manifestó.

En su discurso también sostuvo: “nos vamos a la casa el día de mañana a laborar, entendemos e interpretamos el contenido tácito descrito. Muchísimas gracias mi gente”, agregó.

Detrás de la suspensión del paro está la carta que le envió el Gobierno nacional a los manifestantes, indicándoles que les dan garantías de seguridad para que vuelvan a sus labores.

De esa manera, en Consejo de Ministros del 4 de abril de 2023, el Gobierno ordenó de manera urgente la instalación de la mesa técnica conformada por el Ministerio de Minas, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, Ministerio de Ciencias, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Ministerio de Ambiente.

Y convocó a las comunidades a construir colectivamente el crecimiento y la diversificación productiva para Bajo Cauca antioqueño, y crear un modelo replicable en otras regiones como el sur de Córdoba y Bolívar, Valdivia y Nordeste Antioqueño, etc.

Así las cosas, se les convocó a la instalación e integración de dicha mesa para el próximo jueves 13 de abril en el municipio de Caucasia en lugar por definir.

“De otra parte, tras la declaración de suspensión de la protesta, la presencia de la mesa pro paro minero está garantizada, el gobierno se encargará de las garantías de seguridad de la población minera y declara nuevamente la firme intención de transitar al proceso de caracterización y formalización minera en conjunto con la comunidad, tal como se puede ver en la declaración de gobierno adjunta al presente escrito”, indicó por medio de un comunicado el viceministro General del Interior, Gustavo García Figueroa.

Asimismo, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada reveló que la directriz que dio el presidente Gustavo Petro es el de revisar con lupa toda la titulación minera, con el objetivo de identificar la minería ilegal.

“El presidente Gustavo Petro le pidió al Ministerio de Minas herramientas tecnológicas para la extracción de oro en la zona, ordenó la revisión de toda la titulación minera y saber quiénes son los tenedores de los derechos mineros, el Ministerio de Transporte realizará una caracterización de la maquinaria amarilla y sus dueños”, sostuvo Prada.

Y agregó en su declaración: “Desde el mes de marzo que empezó el paro minero en el Bajo Cauca, el Gobierno ha venido haciendo presencia en el territorio, adelantando varios diálogos y en el consejo de ministros, para el Gobierno es necesaria la atención de los pequeños mineros, desde el inicio hemos estado allí con varios funcionarios y entidades”.

Fuente: https://bityl.co/I3lQ

Como medida ante la situación de orden público y la escalada de la violencia por el Paro Minero en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, el Ministerio del Interior instaló una serie de mesas técnicas de diálogo, trabajo y concertación para abordar las propuestas de los trabajadores.

El viceministro general del Interior, Gustavo García, lideró las jornadas del Gobierno en los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, en donde buscaron escuchar a las comunidades para avanzar en la conformación del Distrito Minero, productivo y la transformación económica en aspectos sostenibles y de ingresos.

Las mesas se desarrollaron entre el jueves 30 y el viernes 31 de marzo -en articulación con los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Minas y Energía- y plantearon iniciativas de cara al respeto por el ecosistema, las garantías laborales y de seguridad para quienes se dedican a la explotación minera ancestral y artesanal dentro del marco que establece la ley.

En las mesas instaladas participaron alrededor de 2.250 personas, entre los que hubo representantes de diferentes sectores económicos y sociales como pesqueros, apicultores, comerciantes, profesores, indígenas, afros, mujeres, jóvenes, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, Juntas de Acción de Comunal, organizaciones comunitarias, líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, delegados de iglesias y otros credos religiosos y mineros, entre otros, según lo informó el Ministerio del Interior.

Por otro lado, las partes hablaron sobre la situación humanitaria y la política de “paz total”, así como del Distrito minero y productivo, agropecuaria y pesquera, socioambiental y restauración ecológica, y de enfoque diferencial.

“Lideramos la apropiación de la ciudadanía del proyecto de Distrito Minero y productivo del Bajo Cauca, buscamos soluciones efectivas nacidas desde el territorio para una transición rápida y sostenible”, indicó el viceministro García.

¿Qué sería el Distrito Minero?

El Gobierno Nacional había anunciado que para resolver el paro en el Bajo Cauca, se implementaría la formalización y creación de un Distrito Minero, es decir, una figura que integra a un municipio, o grupo de municipios en donde se ubica un número significativo de productores mineros.

Según dice la administración Petro, sería el canal para la formalización de la minería en su conjunto en el Bajo Cauca y en el nordeste.

En medio de las sesiones de construcción de la propuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó ayudas humanitarias para las personas que se vieron afectadas por los bloqueos y movilizaciones del Paro Minero.

De igual manera, las jornadas tuvieron el acompañamiento y asistencia de entes de control como la Defensoría del Pueblo, veedurías ciudadanas y comunitarias, y de organismos internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP OEA).

Fuente: https://bityl.co/Hzl1

La que alguna vez llamaron normalidad en el siempre convulso Bajo Cauca antioqueño no ha vuelto desde hace un mes, cuando comenzó el paro minero que puso patas arriba esta esquina del departamento y el sur de Córdoba, y tuvo connotación nacional por reventar la política de paz total del gobierno Petro con el Clan del Golfo.

Pese a que las actividades comerciales se retomaron, los supermercados volvieron a surtirse y a abrir al público, y los niños y jóvenes volvieron a cuenta gotas a las escuelas y colegios, el transporte de carga y mercancías vive un momento crítico, que ellos mismos han llamado de “asfixia logística”.

Por eso, el gremio emitió un nuevo llamado de alerta por los efectos colaterales que sigue causando el paro. Felipe Muñoz Monroy, director en Antioquia de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), contó que cumplidos más de 30 días de bloqueos en el Bajo Cauca los sobrecostos cada vez son más asfixiantes y las alternativas para movilizar la carga más reducidas.

“El tema de las pérdidas económicas es muy complejo porque tiene muchas variaciones”, apuntó, ilustrando que uno de los indicadores que retrata bien ese golpe en la cadena logística es el promedio de viajes que se realizaban por día. Por ejemplo, con base en los cálculos de 2022, mientras el promedio diario de vehículos de carga que transitaban por la vía ascendía a 1.000 en números redondos, durante el paro esa cifra como máximo alcanza los 320 vehículos.

Dado que en un día normal el flujo vehicular permitía movilizar hasta 13.800 toneladas de mercancías cada día, si se multiplica eso por los 30 días de suspensión, las protestas han afectado el flujo de más de 414.000 toneladas.

“Lo que más nos preocupa hoy es que, como lo ha dicho el comité del paro minero, desde el 16 de marzo no hay negociaciones”, criticó el director, alertando que la volátil situación de orden público que ha propiciado las protestas tiene en máxima alerta al gremio, más si se tiene cuenta que por la troncal de occidente se moviliza cerca del 14% de la carga del país.

Justo el viernes pasado, la Diócesis de Santa Rosa de Osos instó a las autoridades a reactivar las conversaciones con la mesa minera de la región. Planteando que la situación de orden público continúa siendo compleja en gran parte del departamento, varios líderes de la iglesia católica en el departamento hicieron un llamado para que vuelvan a tenderse puentes entre el gobierno y los manifestantes con miras a encontrar una solución al conflicto. Esto, pese a que el Ministerio de Ambiente lideró encuentros regionales la semana pasada en seis municipios de la zona en los que escuchó propuestas de líderes sobre el distrito minero, agrario y productivo, el cuidado ambiental y la protección del agua.

Con base en ese panorama, Muñoz insistió en que el gremio ve urgente que se formulen soluciones de fondo para que la movilidad se pueda restablecer, teniendo en cuenta que los problemas de infraestructura en otras vías antioqueñas han disparado los costos y tiempos de recorrido.

“Estamos llegando a una asfixia logística. Las complicaciones para la cadena logística en Antioquia son muy fuertes, llegar y salir de Medellín se está volviendo un tema muy costoso”, anotó.

El paro minero que se desarrolla en el Bajo Cauca y el Nordeste se desató desde el pasado 2 de marzo, cuando las agremiaciones mineras de esas subregiones alzaron su voz de protesta para rechazar el anuncio del gobierno nacional de reactivar los operativos de destrucción de dragas y maquinaria amarilla a los mineros ilegales.

Mientras el gobierno fundamentó su decisión en el argumento de que muchos de esos sitios de explotación ilegales son manejados por grupos armados, los mineros acusaron por su parte a las autoridades de estigmatizarlos y sostuvieron que con la medida se ponía en riesgo la vida económica de la región.

Fuente: https://bityl.co/Hzkc

Luego de que se registraron ataques contra la población civil y la fuerza pública, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el domingo la reanudación de las acciones ofensivas en contra del Clan del Golfo, considerada la mayor banda de narcotraficantes en el país.

El gobierno colombiano había pactado una tregua con la organización criminal desde el pasado 31 de diciembre, así como con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

Sin embargo, el gobierno acusó que la organización criminal está detrás de las intimidaciones y agresiones contra pobladores en el noroeste del país; el más reciente episodio fue el disparo de un fusil contra una patrulla del Ejército.

Esta banda de origen paramilitar es señalada de estar detrás de manifestaciones de mineros ilegales que desde el 2 de marzo atemorizan a los pobladores del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, luego de que la fuerza pública quemara las dragas que utilizan para extraer oro.

La suspensión del cese al fuego es uno de los mayores reveses que ha sufrido el plan de “Paz Total” con el cual el político izquierdista ha querido terminar con los conflictos internos.

Durante este domingo, 19 de marzo, se reportó la quema de al menos 6 vehículos que transitaban a través de la Troncal de Occidente, en el tramo entre Yarumal y Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. 

Por el momento, se conoce que dos de los vehículos afectados son buses de transporte público de la empresa Coonorte y los demás son camiones de carga que se movilizaban por la región.

Tanto el Ejército como la Policía Nacional avanzan en las labores de verificación para esclarecer los hechos y determinar si estarían relacionados con el paro minero que vive la región desde hace 18 días.

"Incineración de 6 vehículos en la Troncal de Cccidente, entre Valdivia y Caucasia, y el hostigamiento con fusil a unidades de la Fuerza Pública. ¿Protesta Pacífica?", escribió el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en su cuenta de Twitter. 

El mandatario agregó en otra publicación que: "repudio total a quienes insisten en sembrar zozobra y terror ante ofensiva de la fuerza pública contra los ilegales".

El comité pro minero dio a conocer este domingo un comunicado en el que aseguró que la protesta se mantienen de manera indefinida hasta que se llegue a un acuerdo definitivo con el Gobierno Nacional.

Asimismo, su vocero, Saúl Bedoya, ha reiterado en diferentes oportunidades que su manifestación es pacífica y que deben ser las autoridades quienes esclarezcan los hechos de violencia. 

"Desde el inicio de nuestras justas exigencias, se han sumado voluntades de diferentes organizaciones como la de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia,
que fortalece más nuestra protesta pacífica y la impulsa en el camino de que el gremio minero de Colombia, pueda trabajar dignamente y sin miedo", apuntó el comité. 

Diferentes autoridades han manifestado en las últimas semanas que detrás de los desmanes y hechos de vandalismos en el Bajo Cauca estaría el 'clan del Golfo', organización que habría reclutado e instrumentalizado a jóvenes para participar en acciones violentas.

Fuente: https://bityl.co/Hkk1