El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó la muerte por coronavirus del periodista y candidato a la Alcaldía de Caucasia Leiderman Ortiz Berrio, quien no logró superar las complicaciones de salud y se encontraba en una unidad de cuidados intensivos.

Es de recordar que el próximo 6 de junio se llevará a cabo las elecciones atípicas en Caucasia, debido a que Leiderman Ortiz, que fue el alcalde electo en las pasadas elecciones electorales, nunca se pudo posesionar porque fue declarada su elección nula por el Consejo de Estado, debido a que suscribió un contrato de publicidad con la alcaldía.

Con Leiderman Ortiz estaban en la disputa por la alcaldía otros cinco candidatos, donde se destaca Surany Arboleda Arias, hija de la excongresista Rocío Arias, condenada por parapolítica.

Este miércoles se adelantará las exequias en esa localidad del Bajo Cauca del periodista Leiderman Ortiz.

Los comicios serán el domingo 6 de junio y los candidatos que puntean son Leiderman Ortiz Berrío, el mismo que ganó en 2019 pero no se pudo posesionar porque su elección fue declarada nula, y Surany Arboleda Arias, hija de la excongresista Rocío Arias, condenada por parapolítica.

El próximo domingo 6 de junio, el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, irá nuevamente a las urnas para elegir alcalde. Leiderman Ortiz Berrío, del Partido de la U, quien ganó los comicios del 27 de octubre de 2019, nunca pudo posesionarse pues el Consejo de Estado declaró nula su elección, a raíz de una denuncia en su contra por haber suscrito, dentro de los 12 meses anteriores a los comicios, varios contratos públicos, entre ellos, uno con el Hospital ‘César Uribe Piedrahita’. Lo curioso es que Ortiz Berrío podrá volver a aspirar y hoy, según muestran las encuestas, es el de mayor intención de voto.

Se conoció los resultados de la más reciente encuesta, realizada por la firma WAA (avalada según Resolución 391 del 6 de febrero de 2019 por el Consejo Nacional Electoral) y financiada por el Canal CNC Noticias, en la que Ortiz Berrío lidera esa intención de voto con el 22,3%. En segundo lugar aparece Surany Arboleda Arias, con 16,6%, en empate técnico con José Nadin Arabia Abisaad, que tiene 15,1%. Más atrás están Alberto Manuel Arrieta Herrera, con 5%; Fabio Enrique Montes Rojas, con 4,5%; Iván Alfonso Hernández Burgos, con 4,4%; Ferney Alonso Hoyos, con 3,2% y Luis Fernando Sierra, con 3%. El voto en blanco está por encima de los últimos cinco candidatos: 13,6%.

El estudio muestra además que el 93% de los consultados dijo tener su cédula inscrita y que a la pregunta sobre si piensa votar en los comicios del 6 de junio, el 84% respondió que sí. Por otra parte, el 25% dijo identificarse con el Partido Liberal, 11% con el Partido Conservador, también un 11% con el Partido AICO, 6% con el Polo Democrático, 6% con la Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), 4% con Cambio Radical, 4% con la Alianza Verde, 4% con la U y 4% con el MAIS. Eso sí, un 25% dijo no inclinarse por ninguna colectividad y llama la atención que nadie se mostró afín al Centro Democrático.

Leiderman Ortiz Berrío es una persona reconocida en Caucasia por su labor periodística, a través del periódico virtual La voz del pueblo, en el que ha realizado denuncias de corrupción y hechos del conflicto armado. En 2011 ya había aspirado a la Alcaldía, por el Partido Verde, pero solo obtuvo 2.045 votos, en unos comicios que ganó José Nadin Arabia Abissad, con quien vuelve a competir ahora. Una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reveló los cuestionamientos que carga este último, por supuestos nexos el excomandante paramilitar Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, quien lo nombra en su sentencia condenatoria.

En cuanto a Surany Arboleda Arias, segunda en la encuesta, se trata de la hija de la exrepresentante a la Cámara Rocío Arias, una de las primeras congresistas condenadas por parapolítica. De 36 años, es abogada especialista en Derecho Penal y de Familia, y aunque a nivel local y regional ha tenido un liderazgo por su trabajo como directora y cofundadora de la Corporación Mujeres Valientes desde 2010, es la primera vez que participa en política electoral.

El Bajo Cauca antioqueño es en la actualidad zona de reacomodo de varios grupos armados ilegales, tras la desmovilización de las Farc. En esta subregión hacen presencia cinco Grupos Armados Organizados (GAO): Clan del Golfo, Caparros, Eln y los Grupos Armados Posfarc -GAPF- frentes 36 y 18. “Toda esta presencia se explica por la economía del narcotráfico y la minería ilegal. Los seis municipios del Bajo Cauca han sido focalizados como municipios PDET y Zonas Futuro, debido a la compleja situación de seguridad que se presenta; y los municipios de Cáceres y Tarazá hacen parte del programa Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos -PNIS-”, señala la Fundación Pares. De ahí que la elección atípica de alcalde en Caucasia, un municipio con cera de 130 mil habitantes, sea un tema que llame la atención a nivel departamental y nacional.

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Este 18 de mayo, El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, en un trabajo conjunto, lograron la captura de alias ‘Pipe gordo’ o ‘Pipe pipón’, quien sería jefe de finanzas ilegales y miembro de ‘Los Caparros’, en el Bajo Cauca Antioqueño.

De acuerdo con inteligencia militar, este hombre se encargaba de recaudar dinero, producto de rentas criminales, en los corregimientos de Puerto Bélgica, Jardín de Tamaná y Guarumo en el municipio de Cáceres.

Además, sería el responsable de la explotación ilegal de yacimientos mineros y del narcotráfico en sectores como Tarazá y Cáceres.

Alias ‘Pipe pipón’ es cuñado de ‘Caín’, dado de baja por las autoridades colombianas y a quien se le atribuyen un sinfín de actos de violencia contra los habitantes de varios corregimientos del Bajo Cauca. Esto habría llevado a que los pobladores se desplazaran de manera forzosa.

Esta captura se suma a la de Juan Larinson Castro Estupiñán, más conocido como alias de ‘Matamba’, quien fuera por mucho tiempo uno de los narcotraficantes más buscados en la historia reciente de Colombia, pues estaba al mando del 10 % del negocio ilegal en el municipio de Tumaco y tiene un pedido de extradición.

‘Matamba’ lleva 20 años en la escena criminal, perteneció a ‘Los Gaitanistas’, y sucedió a alias ‘Guacho’, tomando el control de las agrupaciones residuales en ese departamento del país, conocidas como bloque ‘Oliver Sinisterra’.

Según conoció el diario El Espectador, en una oportunidad el general Marco Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército en el sur del país, comentó que era uno de los capos del narcotráfico más buscados en el norte y centro de Nariño. Su poder creció tanto que hasta el día de su captura tenía un promedio de 140 hombres al mando. Además, era el encargado de controlar la zona sur de la cordillera occidental y negociaba con los narcotraficantes tanto de Colombia como de México.

“Es un hombre que tiene mucho dinero y que está acrecentando su organización porque dedica parte de sus ganancias a la compra de armamento y reclutamiento de jóvenes. A su vez, él paga una franquicia al “Clan del Golfo” (Los “Gaitanistas”) y les cobra la franquicia a las bandas de micro y narcotráfico que operan en los municipios de Leiva, El Rosario, Policarpa, Taminango y varias poblaciones asentadas a orillas del río Patía donde tiene influencia su organización, incluso, Samaniego”, dijo el general Mayorga.

En el operativo que dio con la captura del criminal participaron 80 hombres entre Comandos Jungla, Inteligencia e Investigación Criminal de Antinarcóticos. El hecho ocurrió en las horas de la madrugada del 17 de mayo cuando el sujeto estaba celebrando su cumpleaños.

“Alias ‘Matamba’ fue sorprendido cuando celebraba su cumpleaños en un lujoso apartamento, donde se incautaron 9 millones de pesos en efectivo, 12.500 dólares, un lingote de oro de 500 gramos (avaluado en 109 millones de pesos), 4 relojes avaluados en 150 millones de pesos y un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con 06 cartuchos”, señaló la institución en un comunicado.

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Cerca de 10 mil madres y padres comunitarios, así como agentes educativos que atienen a los niños y niñas de primera infancia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), recibirán esta semana la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.

Este grupo fue incluido en la tercera fase del Plan Nacional de Vacunación para ser inmunizados contra el coronavirus, luego de un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, las Gobernaciones y las Alcaldías.

La directora general del Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, dijo que la vacunación de agentes y madres comunitarias es un gran paso para el regreso seguro de los niños y niñas a las unidades de servicio.

“Sabemos que el miedo hizo que muchos papás y mamás aplazaran el regreso de sus hijos a la presencialidad y con esto, van a recuperar la confianza para que los niños y las niñas puedan retomar la interacción en las aulas y todas esas actividades que son tan importantes en esta etapa crucial para su desarrollo cognitivo, motor y socioemocional", dijo.

Esa entidad organizó un piloto en 25 municipios, donde el talento humano que atiende a la primera infancia recibirá la inmunización.

Esta semana se iniciará la vacunación en Bogotá; Medellín, Apartadó, Bello, Chigorodó, Caucasia, Girardota e Itagüi (Antioquia); Corozal, Los Palmitos, Ovejas, Majagual, Sampués, San Onofre, Sucre y Tolú Viejo (Sucre); Cali, Buenaventura, Buga, Jamundí, Palmira, Tuluá, Yumbo y Bugalagrande (Valle).

Según el ICBF, las madres educativas y agentes educativos beneficiarios están siendo contactados por las EPS de sus respectivos territorios, tal como lo contempla la Resolución 588 del Ministerio de Salud, por la cual se reglamenta esta parte del Plan Nacional de Vacunación.

Este sujeto tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio.

Mediante el desarrollo de la Operación Mayor Agamenón, de manera coordinada entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, atendiendo a las alertas tempranas 083 del 2018, 026 y 054 del 2019 y 018 del 2020, emitidas por la Defensoría del Pueblo, gracias al trabajo de inteligencia, fue posible neutralizar a este individuo en el área general de la vereda La Pica, del municipio de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba.

Este sujeto sería al parecer el autor material del atentado en contra de Cristóbal José Ramos Ayazo, presidente de la junta de acción comunal del barrio Villa Clemen, en el municipio de Puerto Libertador.

Alias Principio tenía una alta injerencia delictiva en el sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño y algunas zonas del Chocó, en donde estaba encargado de cuidar los corredores de movilidad utilizados para transportar la pasta base de coca que comercializa alias Vicente o Bigotes y alias Mao, cabecillas de narcotráfico de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, del GAO Clan del Golfo.

Gracias a las constantes operaciones de control territorial sostenidas por la Fuerza Pública en contra del GAO Clan del Golfo, fue posible llegar hasta el sitio en donde se encontraba este individuo, quien además había sido escolta del máximo cabecilla de la estructura criminal Roberto Vargas Gutiérrez, de este mismo grupo ilegal.

La forma de delinquir de este sujeto se basaba en sembrar el terror, amenazando a los gremios mineros, ganaderos y de comerciantes, lucrándose de las rentas ilícitas producto del cobro de extorsiones y del microtráfico. Fruto de las acciones en contra de la población civil, se estima que alias Principio habría sido el responsable de múltiples homicidios y desplazamientos forzados ocurridos en el área general de los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, en el sur de Córdoba.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad por el delito de homicidio, y fue enviado a la cárcel Las Mercedes, en Montería.

Con esta captura se logra afectar al subsistema armado de las estructuras Roberto Vargas Gutiérrez y Rubén Darío Ávila, del GAO Clan del Golfo.

La Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles con sus componentes de tierra, río y aire seguirá desplegando operaciones militares y policiales que, de la mano de la institucionalidad, ayudarán a obtener grandes y mejores resultados que debiliten el accionar criminal y terrorista de los grupos armados organizados de delinquen en las subregiones del Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba.

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En las últimas horas se reportó un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla del ELN en el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, bajo cauca antioqueño, allí durante la madrugada de este lunes y que se extendió durante varias horas murió un suboficial y tres soldados más quedaron heridos.

El sargento viceprimero que falleció fue identificado como Jesús Antonio Polo Mesa. Los otros militares heridos fueron llevados a centros asistenciales donde los atendieron.

“Es muy triste que esto hechos de orden público que presentan. Lastimosamente un compañero del Ejército perdió la vida, pero, para nosotros siempre vamos a rechazar este tipo de acciones por parte de los grupos al margen de la ley”, dijo Hallmark Ramos, secretario de Gobierno de El Bagre.

Por el momento el Ejército no se ha pronunciado de manera oficial, por lo que tampoco se conoce si hubo afectaciones al grupo guerrillero con el que se enfrentaron.

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En un nuevo hecho de violencia, dos personas fueron asesinadas y otra más herida dejó ataque de pistoleros en zona urbana del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.

En la acción criminal fallecieron producto de las lesiones con arma de fuego:  Davison Javier Muriel Herrera y Erlin Javier Hernández Pérez, de 27 y 21 años, respectivamente.

La persona lesionada fue trasladad con varias lesiones a un centro asistencial, precisaron las autoridades.

La policía Antioquia no descarta que el ataque criminal haya sido perpetrado por integrantes del Clan del Golfo.

Hace dos semanas, víctima de sicarios, murió el gerente del hospital de Caucasia (Antioquia), Luis Octavio Gutiérrez, quien había realizado una serie de denuncias por corrupción. En medio de la investigación de la Fiscalía por este hecho, todo parece indicar que el miedo y la zozobra se han tomado al municipio.

Y es que en las últimas horas se conoció el testimonio de un habitante de Caucasia que advierte que en todos los habitantes se encuentran entre el miedo y la incertidumbre, tras este crimen. “Nos movemos entre el abandono las organizaciones criminales”, dijo en un video.

Por eso, la lupa esta puesta sobre el municipio, donde los entes de control han fijado su atención a esta grave denuncia que incluye también presuntas irregularidades en el plan de vacunación.

“Las cifras del coronavirus acá no las revelan, acá todo lo manipulan, el proceso de vacunación es muy lento y solamente vacunan a unos cuantos, aquí vacunan en realidad a los de la rosca política”, sostuvo el ciudadano que presentó la denuncia.

Adicionalmente, el ciudadano advirtió que el hospital del municipio ha dejado de ser un tema de salud pública y ahora es un tema político donde todo obedece a intereses de unos pocos.

Los entes de control ya están en el proceso de verificación para establecer si existen o no presuntas irregularidades en el plan de vacunación aplicado por el hospital de Caucasia.

En el mismo sentido, se ha conocido que las autoridades tienen en la lupa la evolución de las denuncias realizadas por el propio personal médico en noviembre pasado, por unas supuestas deudas en salarios.

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Por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, 75 campesinos se desplazaron de la vereda El Algarrobo en Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Denuncian el homicidio de un civil en medio del fuego cruzado, por lo que piden garantías de seguridad para regresar a sus viviendas.

El vocero del Proceso Social de Garantías, Óscar Yesid Zapata, confirmó que las familias huyeron del sitio por temor a ser asesinadas. Los niños y adultos están a la espera de las garantías de seguridad para regresar al territorio. 

"Unas 25 familias se desplazaron de manera forzada al casco urbano de Cáceres, serían 75 personas y al parecer, la disputa entre los ilegales en la vereda El Algarrobo es por una mina que hay en el territorio. Hay una situación difícil con evasivas institucionales que no están atendiendo estas situaciones ante el riesgo en el que está la comunidad".

Según la ONG de Derechos Humanos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Caparros se disputan el control de la zona para la comisión de delitos. Otras familias de la vereda estarían en riesgo de desplazamiento.

¿Desplazados en Tarazá?

El pasado 31 de marzo, dos núcleos familiares compuestos por 16 personas se desplazaron del corregimiento La Caucana hacia el casco urbano de Tarazá y de ahí a un lugar seguro, tras  amenazas de grupos armados ilegales. En el lugar hay una disputa entre el Clan del Golfo y Los Caparros, según las autoridades.

El secretario de Gobierno de Tarazá, Deivinson Montero, explicó en su momento de ese desplazamiento está un líder de la vereda La Cabaña de La Caucana, a quien le asesinaron a un familiar en los últimos días, lo que aumentó el temor de sus seres queridos.

Hace un mes y medio, fueron asesinados tres mineros en la vereda Tumaco de Tarazá, Bajo Cauca. En su momento, las autoridades atribuyeron la masacre a Los Caparros como una retaliación por el no pago de extorsiones del administrador del socavón.

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Luis Octavio Gutiérrez, gerente del Hospital César Uribe Piedrahíta, fue atacado con arma de fuego en zona urbana de Caucasia y trasladado a Montería (Córdoba) en estado crítico, donde falleció este miércoles 14 de abril. El gobernador encargado de Antioquia rechazó este hecho.

La violencia en el Bajo Cauca antioqueño no cesa. Esta vez la víctima fue Luis Octavio Gutiérrez, gerente del Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia. Gutiérrez fue atacado con arma de fuego en zona urbana de ese municipio a eso de las 2:00 p.m. del martes 13 de abril.

El gerente del Hospital recibió la atención de emergencia en la Clínica Pajonal, de Caucasia. Ante el estado crítico de Gutiérrez, se decidió su traslado por vía terrestre a una clínica privada de la ciudad de Montería, Córdoba, donde falleció este miércoles 14 de abril.

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, rechazó este atentado y aseguró que habrá un consejo de seguridad este miércoles 14 de abril a las 12:30 p.m.. “Rechazo contundente a los atentados contra la misión médica, contra un hombre que venía realizando una tarea muy, muy importante en la gerencia del Hospital”, agregó Suárez.

Amigos y colegas de Gutiérrez se pronunciaron ante el fallecimiento.

obre los posibles móviles del atentado, el gobernador encargado explicó que “es muy prematura la información que tenemos, por eso dispusimos realizar ese consejo de seguridad y le pedimos directamente al general Díaz Mateus, de la Séptima División; al general Camacho de la Región 6 de Policía, que estemos mañana en ese consejo de seguridad”.

También fueron convocados la Seccional de Fiscalías de Antioquia, para analizar inicialmente los resultados de las primeras diligencias que realicen los hombres de inteligencia y de la Sijín.

Caucasia es un municipio que pertenece al Bajo Cauca antioqueño, una subregión azotada por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales. Actualmente hay una disputa de los territorios entre el Clan del Golfo, los Caparrapos, el Eln y las disidencias del antiguo frente 18 de las Farc. De hecho, tras la salida de este último actor, se han sostenido disputas territoriales alrededor de esas rentas legales e ilegales y sobre el corredor hacia el Urabá antioqueño y chocoano.

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Tropas de la Séptima División del Ejército liberó a un hombre de nacionalidad venezolana que había sido reclutado en la subregión del Bajo Cauca desde el pasado 21 de enero.

El extranjero, según información militar, fue hallado por las tropas en el corregimiento La Caucana de Tarazá, donde el grupo armado lo tenía cumpliendo labores de vigilancia.

Ese migrante había viajado junto a otras cinco personas, entre ellos un bebé de 8 meses, y fue reclutado por Los Caparros cuando pasaba por la vía Cáceres-Tarazá.

Este grupo viajó desde la ciudad de Cali con el propósito de llegar a Cartagena, pero fueron engañados, según el general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional.

Justamente, en BLU Radio se había denunciado el 9 de marzo esta práctica de reclutamiento de venezolanos que iban como polizones en los camiones, cometido por Los Caparros desde hace meses, tal y como sucedió con los jóvenes de Caldas y Pereira entre enero y marzo.

El alcalde encargado de Tarazá, Ferney Álvarez Ortiz, sostuvo que los reclutados son rescatados casi siempre en su jurisdicción, pero "donde se han hecho las prácticas y se ha tenido conocimiento de que bajan todo tipo de venezolanos, de personas que bajan por la vía, ha sido en Puerto Bélgica (Cáceres)".

Hasta ahora, han sido rescatados ocho jóvenes del reclutamiento de Los Caparros en los dos últimos meses en esa zona del Bajo Cauca antioqueño.

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Este año la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles le ha causado 36 afectaciones a este grupo armado organizado.

Como resultado de la permanente ofensiva y las continuas operaciones de control territorial que viene adelantando el Ejército Nacional, y en atención a las alertas tempranas 028 del 2018 y 020 y 035 del 2019, de la Defensoría del Pueblo, el fin de semana, fueron neutralizados en combate tres integrantes del Grupo Armado Organizado, GAO, Clan del Golfo, en el Bajo Cauca antioqueño.

La primera operación, que se desarrolló de manera conjunta, coordinada e interinstitucional con la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, en el área general del corregimiento La Caucana, del municipio de Tarazá, se neutralizó en desarrollo de operaciones militares a un individuo y la captura de otro más, presuntos integrantes de esta organización criminal.

En el lugar de los hechos fueron incautados un fusil calibre 7.62 mm, una pistola calibre 9 mm, proveedores, abundante munición, al igual que material de intendencia, comunicaciones y prendas alusivas a ese grupo armado organizado.

En una segunda acción, esta vez en el sector de Bijagual, en jurisdicción del municipio de Nechí, luego de sostener combates contra miembros de la subestructura Uldar Cardona Rueda, de este GAO, es capturado otro de sus integrantes.

En esta acción fue incautada una ametralladora M-60, munición eslabonada para la misma, al igual que un mortero lanzagranadas de 40 mm y material de comunicaciones.

Con estos resultados se logra debilitar el subsistema logístico y armado, así como el mando y control de esta organización criminal, que viene delinquiendo y atemorizando a los habitantes de esta región del departamento.

El Ejército Nacional continuará trabajando incansablemente hasta lograr la desarticulación de todos los grupos al margen de la ley que afectan la seguridad, tranquilidad y desarrollo de las poblaciones del Bajo Cauca antioqueño y Sur de Córdoba.

En los hechos, que ocurrieron en el sector conocido como El Nevado, resultó herida una menor de edad y otro vehículo fue atacado a tiros.

Un nuevo ataque armado en contra de vehículos se registró en Valdivia, Antioquia. Esta vez, los hechos ocurrieron en un sector conocido como El Nevado, donde hombres armados obligaron a bajar a los pasajeros de un bus de servicio público y posteriormente prendieron fuego al automotor.

En el ataque un vehículo particular fue atacado a tiros por no acatar la señal del pare. Aunque lograron escapar, una menor de edad resultó herida. Por fortuna, fue llevada hasta el hospital de Valdivia donde recibió atención médica.

El ataque armado ocurrió a menos de dos semanas de que hombres armados hicieran un reten ilegal en el sector el 15, en jurisdicción del municipio de Valdivia, donde quemaron tres vehículos; entre ellos, un bus de servicio público de la empresa Brasilia y una tractomula.

El Ejército Nacional señala como principales sospechosos a miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Asimismo, se conoció que la vía estuvo cerrada por casi tres horas, pero ya está habilitada y con dispositivo militar.

De acuerdo con la Defensoría, la dinámica de presencia y control por parte de grupos armados ilegales en Valdivia ha estado relacionada con la generada en el Bajo Cauca, particularmente en el municipio de Tarazá, llevando a que en Valdivia la actuación del Eln y el Clan del Golfo haya respondido al escenario de alianzas y rupturas entre grupos sucesores del paramilitarismo en esa subregión.

“Tras el retiro de las FARC-EP, como grupo armado ilegal en Valdivia y su concentración en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (actuales Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR), el Eln continuó regulando el ordenamiento social y ejerciendo el control territorial en la zona norte del corregimiento Raudal en las veredas ubicadas en el margen oriental del río Cauca y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), controlando el corregimiento Puerto Valdivia y las veredas del corregimiento Raudal ubicadas en el margen occidental”, explicó la Defensoría en una Alerta Temprana.

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El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, indicó a través de sus redes sociales que las medidas restrictivas, como el toque de queda, se extenderán por tres semanas.

En principio, la medida estaba estipulada desde este lunes, 5 de abril, hasta el viernes 9, sin embargo, el mandatario explicó que, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional, la medida se extiende hasta el lunes 19 del mismo mes.

Así quedó el toque de queda en Antioquia

Los horarios para las medidas restrictivas no cambian, solo se extendieron, por lo que desde este lunes 5 de abril inicia un nuevo toque de queda a las 6 de la tarde e irá hasta las 5 de la mañana del martes 6 de abril.

Así será día tras día, hasta el 19 de abril. En esos mismo horarios regirá la ley seca en todos los municipios del Valle de Aburrá y del Valle de San Nicolás.

Para los municipios que no pertenecen a estos dos valles, el toque de queda arranca a las 8 de la noche, y se va hasta las 5 de la mañana, y también será hasta el 19 de abril.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, reveló este lunes que, de acuerdo con la dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), se invirtieron 11.553 millones de pesos, por parte del Gobierno y la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), para la producción de material vegetal de cacao en once viveros, que beneficiarán a 1.050 familias vinculadas al Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos. 

"La participación del gremio en la sustitución de cultivos ilícitos ha sido determinante, ya que, con toda su experiencia en la cadena de producción del cacao, los proyectos productivos de las familias que dejaron atrás ese cultivo maldito y realmente cuentan con todas las herramientas para ser grandes productores, con la mejor calidad y apuntándole a los mercados internacionales”, manifestó Archila. 

Entre tanto, el director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, Hernando Londoño Acosta, explicó que esta inversión del Gobierno y ejecutada por Fedecacao, "está transformando los territorios que antes fueron cultivos de coca y que ahora cuenta con familias comprometidas con la legalidad".  

De acuerdo con Londoño Acosta, "esta es otra muestra de que el Programa de Sustitución voluntaria de Cultivos Ilícitos siempre ha estado concentrado en potenciar sus esfuerzos para que los proyectos productivos en los 56 municipios de incidencia de esta dirección de la ART, sean efectivos y transformen con hechos la economía de las casi 100 mil familias que le apostaron a la legalidad”. 

Por su parte, el presidente de Fedecacao, Eduard Baquero López, reveló que este proyecto ya beneficia a 1.070 titulares en Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta y Norte de Santander.  

“Los once viveros que les entregamos a las comunidades, están en capacidad de producir 1.070.000 plantas de cacao de alta calidad injertadas, 535.000 árboles de sombríos transitorios no maderables y 214.000 árboles de sombrío permanente maderables”. 

Las zonas de incidencia a lo largo del país son en Tumaco, Nariño; San José y el Retorno en Guaviare; Puerto Concordia y Mapiripán en Meta; Tibú en Norte de Santander; la Montañita, Doncello, Puerto Rico y San Vicente en Caquetá; Puerto Asís en Putumayo, y Briceño, Tarazá y Cáceres en Antioquia.  

Y el total de familias beneficiadas son 1.070 en el departamento de Antioquia 646 (60,4% del proyecto), las cuales están ubicadas 162 en Briceño (25%), 180 en Cáceres (28%) y 304 en Tarazá (47%), señaló la Consejería. 

El proyecto en total invirtió en el país un total de $11.553 millones; sin embargo, para el caso de Antioquia, la inversión asciende a $7.673 millones un 66,4% del valor total del proyecto, para el caso específico de Briceño la inversión asciende a $1.933 millones un 16,7% del valor total del proyecto. 

Fuente: https://bityl.co/6GkU