Los altos mandos del Ejército Nacional dieron una instrucción clara a sus divisiones y es que la erradicación de cultivos ilícitos debe ser concertada con las comunidades.

Así lo confirmó el brigadier general Óscar Leonel Murillo Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército, quien indicó que hay al menos dos zonas de Chocó y una de Antioquia donde se han adelantado más operativos, que son Riosucio, San José del Palmar y los municipios del Bajo Cauca. 

Murillo aceptó que en el departamento sí se ha resiembra en zonas donde ya se había adelantado la erradicación, pero que en el último año realizaron “buenos trabajos conciliados con la comunidad”.

Según el comandante de la Séptima División, en el Bajo Cauca ha sido más fuerte la incautación de insumos sólidos, pues en el último año han hecho tres incautaciones de 20 toneladas cada una de cemente, que estarían relacionadas con ese proceso ilegal.  

"La preocupación no es la resiembra, la preocupación es que tenemos áreas en el Bajo Cauca con cultivos de uso ilícito y reitero estamos en esa intención de acercamiento a las comunidades, porque si no hay cultivo, al final del día no va a haber producto ilegal y ese producto ilegal es el combustible de los problemas que tenemos en territorio", manifestó.

Sobre esa subregión antioqueña, Murillo señaló que a la problemática del narcotráfico se suma la extracción ilegal de yacimientos mineros y que precisamente ello ha llevado a afectaciones como la muerte del soldado Helmuth Edison Montes Riaño, que cayó el pasado sábado a un campo minado en el municipio de Zaragoza. 

"El llamado de nuestros comandantes es concertar con comunidades para lograr que esa erradicación se logre de manera consensuada con la población y en el trabajo estamos con líderes en territorio", agregó.

Para el año 2020, Valdivia fue el municipio con mayor área sembrada de coca, con 2.834 hectáreas, que en ese periodo representaron el 2% del total nacional y 11 % del total regional, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

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Luego de completar siete días de protestas, las comunidades que se tomaron varios puntos de la troncal a la costa Atlántica levantaron los bloqueos que tenían en vilo a varios municipios del Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.

El hecho se produjo luego de que varios líderes locales llegaran a un acuerdo con el Gobierno Nacional en una mesa de diálogo que se instaló para revisar la crisis por la que atraviesa la región de La Mojana, luego de la ruptura de un dique sobre el río Cauca en agosto de 2021.

La Defensoría del Pueblo, una de las entidades que medió en las negociaciones, señaló que dentro de los acuerdos alcanzados se estableció un nuevo diseño para aquel dique, así como acciones de urgencia para acelerar los trabajos.

“Entre los acuerdos establecidos están: el rediseño y la búsqueda de soluciones a largo plazo para La Mojana; la presencia de equipos y contratistas en terreno a partir del sábado 4 de febrero; el inicio de labores el 6 de febrero; la estructuración de diseños con el Fondo de Adaptación para la construcción del vertedero; el levantamiento de los bloqueos el 31 de enero y la evaluación de avances en una semana”, informó el ente en un comunicado.

Además de los líderes comunitarios, en el espacio de concertación participaron representantes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el viceministerio del Interior y representantes de los entes de control locales.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que, luego del acuerdo alcanzado, esa entidad ejercerá control y verificará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional.

Urabá y el Bajo Cauca, a la espera

Aunque los bloqueos de la última semana se concentraron en jurisdicción del departamento de Córdoba, uno a la altura del Puente San Jorge (en la vía entre Caucasia y Montería) y otro a la altura del sector El Viajano (en la vía entre Planeta Rica y Sahagún), gran parte de los municipios del Urabá y el Bajo Cauca de Antioquia estaban sufriendo los efectos de las protestas.

En el caso de Caucasia, por ejemplo, empezó a registrarse desabastecimiento de víveres y hasta líderes del sector salud señalaron tener problemas para abastecerse de oxígeno y disponer de los residuos hospitalarios.

No obstante, la afectación más grande fue para cerca de 74.539 hogares de los municipios de Urabá, Carepa, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Apartadó, Mutatá y San Pedro de Urabá, que vieron interrumpido el servicio de gas natural durante los bloqueos.

Pocas horas antes de levantarse la protesta, Empresas Públicas de Medellín (EPM) expresó su preocupación por los problemas para abastecer de gas a esas poblaciones, advirtiendo que los vehículos de la compañía se estaban viendo forzados a realizar rutas más largas.

La troncal a la costa Atlántica completó este domingo cinco días de bloqueos, luego de que centenares de habitantes del departamento de Córdoba salieran a las calles a protestar por las demoras en la reparación de un dique sobre el río Cauca, ubicado a la altura del sector conocido como “Cara de Gato”.

El capitán Eduardo Naranjo Ñustes, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Córdoba, precisó que las manifestaciones se concentran en dos puntos. La más grande, a la altura del puente San Jorge, ubicado entre la vía Caucasia-Montería, y otra en la vía entre Planeta Rica y Sahagún, a la altura de del sector El Viajano.

Según señaló el uniformado, mientras en el primer bloqueo solo se ha permitido el paso de vehículos como ambulancias, en el segundo se ha venido habilitando parcialmente el paso en horas de la noche. “La fila de vehículos, solamente en el sector de Campoalgre, es de cuatro kilómetros. En sentido contrario, la fila es de unos seis kilómetros”, precisó el uniformado.

Pese a que los bloqueos se están desarrollando en el departamento de Córdoba, y en Antioquia ninguna vía reporta novedades de este tipo, tal como lo informó el teniente coronel Fabio Enrique Sierra, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Antioquia, varios municipios del Urabá y el Bajo Cauca sí vienen sintiendo los impactos de las protestas.

Tan solo en el caso de Caucasia, en donde los comerciantes ya comienzan a sentir el desabastecimiento de productos, el gerente de la Clínica Pajonal, Salvador Barrocal, señaló con preocupación que ese centro asistencial ya está empezando a tener problemas para abastecerse de oxígeno y disponer de sus residuos hospitalarios.

“El carro viene semanal. En estos momentos solo tenemos abastecimiento de oxígeno para el resto de la semana. En el tema de los residuos hospitalarios ellos vienen día por medio de Montería, que es donde está la planta incineradora, entonces ya se nos están acumulando los residuos, lo que genera una situación sanitaria”, dijo el gerente.

El líder agregó que en el municipio también hay consternación por la suerte del suministro de combustibles, en su caso fundamental para el normal funcionamiento de su flota de ambulancias.

Además de Caucasia, en el Urabá Antioqueño EPM emitió este domingo una alerta en la que advirtió que al menos 74.539 clientes de los municipios de Urabá, Carepa, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Apartadó, Mutatá y San Pedro de Urabá se quedaron sin suministro de gas ante la imposibilidad de la compañía de enviar los camiones de abastecimiento.

Para evitar accidentes o daños, EPM aconsejó a los usuarios de cerrar las válvulas de paso y perillas de los gasodomesticos, así como cerrar las válvulas de corte general de los hogares mientras se resuelve la situación.

“La situación está igual, aún no hay señales de que se va a solucionar”, lamentó el gerente Barrocal, haciendo un llamado para que el Gobierno Nacional y las autoridades atiendan la situación y eviten que se profundice el problema en la región.

Según se conoció ayer, las autoridades de Córdoba realizaron un consejo de seguridad para evaluar la crisis.

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temorizados se encuentran los pobladores del Bajo Cauca Antioqueño tras la aparición de grafitis y panfletos alusivos al grupo narcotraficante Clan del Golfo.

Los integrantes de esta estructura narcotraficante habrían aprovechado los beneficios del cese multilateral fuego del gobierno nacional, para aparecer en los barrios del Bajo Cauca Antioqueño en Cesar y Bolívar, pintando grafitis y dejando tirados panfletos alusivos a su organización criminal.

El hecho fue rechazado por los pobladores, quienes atemorizados aseguraron que estas estructuras están aprovechando el cese al fuego decretado por el gobierno nacional para seguir intimidando a la comunidad.

Según se indica en algunos de los panfletos, los delincuentes decidieron realizar esta acción para celebrar el natalicio del líder político Jorge Eliécer Gaitán. Es de recordar que el Clan del Golfo también se autodenomina Autodefensas Gaitanista de Colombia, AGC.

Hay que señalar que el papel de la fuerza pública en estos casos ha resultado cuestionado por diferentes sectores políticos, tras el freno que se ha hecho en las operaciones ofensivas contra cuatro estructuras, disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y Los Pachenca.

Sobre las nuevas directrices del gobierno del presidente Gustavo Petro, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, envió un mensaje a sus subalternos: “a los comandantes les pido que motiven a sus hombres, incrementen la moral de nuestros soldados, lean y entiendan nuestro Plan de Campaña Ayacucho, cumplan con el proceso de las operaciones, tengan una absoluta fe en Dios, trabajen en incrementar la confianza entre ustedes y sus soldados”.

Añadió el oficial que, “Cada Comandante en todos los niveles deberá impartir órdenes en cuanto a suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre las Fuerzas Militares y los grupos previamente descritos (Estado Mayor Central de las Farc), Coordinadora Guerrillera del Pacífico FARC-EP- Segunda Marquetalia, Autodefensas Gaitanistas de Colombia – (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada-(ACSN) y verificar que las órdenes lleguen a todos los niveles de las cadenas de mando”.

También dijo que, “en cumplimiento de la misión constitucional, se debe continuar con el desarrollo de operaciones militares de control territorial, fluvial, marítimo y del espacio aéreo. Se debe continuar con las operaciones militares, terrestres, fluviales, marítimas y aéreas contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extracción ilegal de recursos naturales, el secuestro, la extorsión, reclutamiento de menores, contrabando, tráfico y porte ilegal de armas y demás conductas punibles contempladas en el código penal colombiano”

Otra de las instrucciones que dio el general Giraldo a sus hombres fue la de que “Cada comandante, debe llevar un registro diario (desde el 01 de enero de 2023) de las actuaciones de los Grupos previamente referenciados ubicados en su área de responsabilidad, con el fin de anticipar situaciones que puedan poner en riesgo a la población civil, afectar a las propias tropas, el cumplimiento de la misión constitucional y el desarrollo del proceso de paz”.

Sobre el ELN manifestó el general Giraldo en el documento que se mantienen las operaciones militares en su contra. Se requiere entender la situación actual del país, fortalecer el carácter, entender y educar los hombres y mujeres bajo su mando, manteniendo siempre una actitud de compromiso, orgullo institucional y moral combativa. Como militares nos preparamos para la guerra y la consecuencia de nuestro actuar es la Paz.

Es de recordar, que el gobierno decreto un cese al fuego con el ELN, pero esta guerrilla dijo que en ningún momento había hecho dicho acuerdo con el Ejecutivo, obligando al gobierno a retomar las operaciones militares en su contra.

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Un sicario del Clan del Golfo , conocido como alias ‘Richard’, fue enviado a la cárcel por un triple asesinato en el municipio de Caucasia, del Bajo Cauca antioqueño.

Este peligroso criminal, identificado como Santiago José Soto Suárez, estaba a disposición de este grupo armado. Él habría sido parte del homicidio a sangre fría de tres jóvenes que se encontraban departiendo en plena vía pública del municipio al momento del ataque indiscriminado con armas de fuego.

Según las investigaciones de la Fiscalía, ante los contundentes elementos materiales probatorios, se reveló que alias ‘Richard’ sería el encargado de perpetrar asesinatos selectivos y cumplir con los denominados ‘ajustes de cuentas’ en la región del Bajo Cauca antioqueño.

Por los hechos ocurridos en la tarde del 30 de marzo de 2022, un fiscal especializado de la seccional Antioquia le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, sin embargo, los cargos no fueron aceptados por el procesado.

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Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara minutos antes de cerrar el 2022 que cinco estructuras al margen de la ley llegaron a un acuerdo con su Gobierno para entrar al cese al fuego bilateral en el marco de su política de ‘paz total’ que avanza con los diálogos y el ELN, han surgido una serie de cuestionamientos sobre las garantías de cumplimiento de esta medida. 

Y es que para las festividades decembrinas algunas organizaciones armadas anunciaron un cese al fuego, pero poco después se comunicó un paro armado, ante este tipo de situaciones que se presentan con frecuencia, surge la duda: ¿Quién garantiza que estos acuerdos se cumplan?

Por esta razón, en Noticias RCN conversamos con el profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, para conocer cuáles podrían ser las garantías de cumplimiento de cese a la violencia en el país, y principalmente en los territorios más golpeados por el accionar de estos grupos armados.

¿El acuerdo de cese al fuego se puede calificar como una acción audaz?

J. R.: Es una muy buena noticia. Sin duda el hecho de que estos grupos vayan a demostrar que van a iniciar un camino en el que pueden reducir la violencia, eventualmente dejar las armas y someterse a la justicia es una buena noticia. 

De esto depende la verificación que haga las Naciones Unidas, la iglesia colombiana del monitoreo de las acciones violentas de estos grupos por parte de la sociedad civil, pero sobre todo depende también de que la fuerza pública complemente con un despliegue territorial suficiente, de manera que el control de estas regiones vuelva al Estado y se le arrebate a estos grupos armados.

¿Quién verifica el cumplimiento de los grupos armados en este acuerdo?

J. R.: La misión de Naciones Unidas en Colombia que esta verificando el cumplimiento del acuerdo de paz que tiene la experiencia del despliegue territorial y probablemente las suficientes capacidades para hacer eso, pero gran parte de esto depende de la confianza que tengas las poblaciones que están hoy en día sometidas a esos grupos con ese mecanismo de verificación, pero también, a través de los diferentes mecanismos de obtener información por parte de la iglesia católica colombiana, principalmente.

¿Cuáles podrían ser los riesgos en las regiones más golpeadas por la violencia?

J. R.: Yo diría que el principal riesgo está en aquellos grupos que no se sometieron o que no hicieron parte de este acuerdo. En algunas regiones hay todavía disputas activas de otros grupos que no hacen parte de esto o que están en un proceso de decisión o de consolidación del mando.

En regiones como el norte de Cauca, en el sur de Bolívar y en el Bajo Cauca antioqueño otros grupos pueden utilizar esta cesación de actividades criminales para hacerse el control de fuentes de rentas criminales, que van desde la extorsión, pasando por la minería ilegal y la producción de hoja de coca y de cocaína, así como el tráfico. Cuando estos grupos encuentran una oportunidad pues van a utilizar la violencia.

¿Se mantendrá el cese al fuego por el periodo de seis meses?

J. R.: Yo diría que sí porque básicamente en este caso no se trata de un cese al fuego como producto de una negociación, sino que es como el primer paso de la negociación; es decir, los grupos armados tienen que demostrar que pueden reducir la violencia, que la controlan y que tienen voluntad para avanzar en la negociación y tener beneficios en ella. Esta inversión de la ecuación puede traer unos resultados muy valiosos en materia de beneficios humanitarios para las regiones.

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Como una pesca milagrosa recibieron habitantes de El Bagre y Caucasia la subienda de peces que traía el caudal del río Cauca.

La multiplicación de los peces llegó al Bajo Cauca. En redes sociales los habitantes compartieron como atrapaban con sus manos y sin esfuerzo los bocachicos.

“Buscan básicamente aguas más frescas para iniciar sus procesos reproductivos”, manifestó David Echeverri, biólogo Cornare.

La subienda en el río Cauca tiene felices a los pescadores Aguas Abajo de Hidroituango.

“Entre Cornare y la Autoridad Nacional de Pesca hacemos énfasis en la pesca responsable como artesanales y no usen el trasmallo porque impiden el paso de los peces”, manifestó David Echeverri, biólogo Cornare.

Capaz, nicuro, bagre, bocachico son los peces más comunes en esta subienda.

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Un herido de consideración y otros siete, que no revistieron mayor peligro, fue el saldo que dejó la denominada ‘Tarde de vaquillas’, que se realizó el miércoles 28 de diciembre, y que es el evento taurino previo a las corralejas en Caucasia, en el nororiente del departamento de Antioquia.

El mencionado espectáculo que involucra bovinos es la antesala de las corralejas que se pretenden llevar a cabo en ese municipio, de acuerdo con un aviso de la programación para esta actividad que dará inicio con una cabalgata, y cuyos eventos se tienen programados que se realicen hasta el 2 de enero de 2023, de acuerdo con un anuncio del evento que citaron en el periódico El Tiempo.

Ante la situación, la gobernación de Antioquia anunció a través de un comunicado que solicitarán a las entidades correspondientes que hagan una veeduría si hubo irregularidades sobre los permisos que habría para que se realicen estos espectáculos.

“Desde la Secretaría de Gobierno se enfatiza en que si bien la norma autoriza a los privados a realizar este tipo de espectáculos, se solicitará al Ministerio Público que se adelanten las investigaciones correspondientes para ver si existe responsabilidad de algún servidor público, igualmente se hace un llamado para que las autoridades municipales indaguen si el privado estaba cumpliendo con la normatividad que rige este tipo de actividades”, citaron en el diario bogotano del documento oficial.

Incluso consultaron con el secretario de Asuntos Institucionales, Paz y No Violencia del departamento, Rafael Blanco, quien les informó que los lesionados durante la ‘Tarde de vaquillas’ se trasladaron a centros hospitalarios por sus medios, y que incluso el evento pudo resultar en una tragedia debido a que resultó averiada una de las graderías para la actividad.

“Hubo una afectación en una de las tarimas que puso en riesgo a las personas que voluntariamente participan y por eso es muy importante que los privados que realizan este tipo de eventos, en conjunto con las autoridades municipales, tengan actualizados los planes de prevención”, aseguró en El Tiempo.

Entre tanto en el informativo de televisión Hora 13 Noticias, del canal regional Teleantioquia, entrevistaron a la gerente de Bienestar Animal del Departamento, Lina Marcela del Río, quien reiteró que en ese tipo de eventos, casi informales, quedan en peligro los mismos asistentes.

“No solo se afecta a los animales. Sabemos que la estructura no cumple con las condiciones y que puso en riesgo la vida de los espectadores”, afirmó la funcionaria.

En la revista Semana recordaron que en principio este tipo de eventos están prohibidos en Antioquia desde el 2020 por una ordenanza, pero en la alcaldía de Caucasia aseguran que no habría impedimentos para llevar a cabo las corralejas.

“Se prohíbe en Antioquia la utilización de elementos que lacere, corten, mutilen, hieran, quemen, lastimen o den muerte a los animales y se obliga a la utilización de elementos de protección”, destacaron en ese medio de comunicación de la normativa.

Agregaron que este escenario se anticipaba desde septiembre, ya que el alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento Ortiz, indicó en su momento que no contaba con los instrumentos para no autorizar los espectáculos taurinos.

“No dar el permiso me puede generar problema. Pero dándolo, también me puede generar otro. Si prohíben la realización de los eventos con un precedente jurídico, acá no se hacen. Ellos (organizadores) se blindan con eso: que no está prohibido la realización de las corralejas”, anotaron de las declaraciones del mandatario municipal.

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Se visitó la invasión o vereda Brisas del Sur, en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Este caserío en formación se creó hace escasos cuatro meses, poco antes de la posesión del nuevo gobierno del Presidente Gustavo Petro. Allí hay unos 1.300 ranchos que albergan a 4.350 personas, aproximadamente, y es una de las invasiones más grandes del departamento.

El predio que estas personas decidieron invadir es un terreno del Fondo de Reparación a Víctimas y como ellos aseguran, el 95% son desplazados de la violencia del Bajo Cauca o el departamento de Córdoba. Por ello, piden que como el predio es para reparar a las víctimas los dejen a ellos permanecer en el sitio.

Es el caso de una mujer de unos 40 años y quien por seguridad prefirió no revelar su nombre, dice que se ha desplazado 8 veces y hace cuatro meses le reclutaron el cuarto hijo de tan sólo 18 años.

“Solo sé que fue en la vereda San Pablo, no sé dónde está, dónde se encuentra, no sé si está bien, no sé en qué condiciones está. Yo soy madre de seis hijos, cinco varones y una niña, cuatro de ellos han sido reclutados por grupos armados al margen de la ley del ELN”.

Allí los ranchos como ellos mismos los llaman están construidos sobre un lote de 6 metros por 12 o 7 por 12, de acuerdo con el número de personas de cada familia. Muchas personas viven del jornal del día a día y pudimos evidenciar que la situación económica es muy compleja. Muchas son madres cabeza de hogar porque sus parejas las han asesinado o por otras circunstancias

“Lo que yo le pido al presidente de corazón y que vea, que no es que nosotros queramos coger esto aquí, no, solo que somos desplazados y que esto por ser para desplazados nos pertenece a nosotros, que si quiere que el venga y vea que todos estamos necesitados”, dijo la señora Yury Fernández.

Las personas invasoras ya tienen organizado y demarcado el extenso terreno con espacio para sus respectivas vías, la cancha de fútbol e incluso hasta la iglesia, por el momento las familias se resguardan de las lluvias con lonas sobre algunas estructuras de madera. Algunos de los invasores hacen peticiones que para ellos mejoraría la calidad de vida.

“Le pedimos al presidente electo que, si tiene la facilidad de permitirnos terrenos para sembrar, no sembrar cosas ilícitas, sino que sea productos para los pueblos y necesidades de nosotros mismos”, dijo uno de los habitantes.

Una mujer propuso “que nos pongan unos transformadores de invasión y que nos colaboren poniendo así sea un transformador de recarga, que, para mi humilde opinión, ni ellos pierden ni nosotros lo hacemos”.

La situación es tan compleja que inclusive, dos menores indígenas se enfermaron por el agua que estaban consumiendo de una laguna cercana. Estuvieron en cuidados intensivos en la ciudad de Medellín.

“Cuando a los niños les daba hambre, entonces le venían a dar agua de ese pantanero de la laguna. Ellos estuvieron muy graves porque aguantan mucha hambre y muchas necesidades”, contó María Elvia Gutiérrez, porque las jóvenes madres indígenas estaban en la capital antioqueña con los infantes enfermos.

Durante la reportería, Caracol Radio recibió información de que algunas de las personas que están en el caserío ya tienen vivienda en el área urbana de Tarazá u otras zonas de la subregión. Situación que fue consultada con el líder superior de la invasión, el señor César Pérez, quien negó dicha situación.

“En ese sentido eso lo desconocemos nosotros, pero si eso llega a suceder y el que esté allá tenga casa y nosotros nos demos cuenta que tiene vivienda, pues será echado hacia afuera, porque eso no lo vamos a aceptar”, recalcó.

Según la misma comunidad ninguna autoridad se ha acercado a ellos, aunque en algunos momentos les han amenazado con desalojarlos del predio, esto no ha ocurrido. Ante esta situación piden la presencia de un representante del gobierno nacional para que les titulen los predios, incluso Gustavo, dicen que no les regalen nada, proponen que les vendan cada uno de los predios a precios que puedan acceder, incluso que sean financiados.

“Aproximadamente unos cuatro meses tenemos de estar aquí en este punto, y hasta el momento solo ha venido Caracol Radio, ha sido la única alternativa que nos ha llegado, porque aquí no ha llegado ni el alcalde ni ningún funcionario”, dijo el líder.

En este territorio hay muchas personas con discapacidades físicas, que en medio de las dificultades y con sus propias manos están construyendo sus casas, por ahora de madera.

Caracol Radio le consultó a la ministra de salud Carolina Corcho, quien lideró los recientes diálogos regionales en el Bajo Cauca y al ser consultada, explicó que precisamente estos encuentros permiten escuchar a las comunidades, inclusive en estos puntos.

También tratamos de comunicarnos con las autoridades locales para conocer cuál ha sido el manejo que se le ha dado a la situación de invasiones entre ellos, el alcalde de Tarazá Mario Sierra, La secretaria de gobierno, la Personería y la inspectora y ninguna persona quiso referirse al tema.

Recordemos que Tarazá es una zona muy compleja por la fuerte presencia del Clan del Golfo. Se les consultó a los líderes si han tenido alguna dificultad con ellos o algún apoyo, y aseguraron que esas personas no les han impedido estar allí y tampoco los han intimidado por ahora.

Finalmente, en Tarazá hay otras dos invasiones, pero son predios privados y de un tamaño muy menor al referenciado en esta oportunidad. Todos citan el derecho a una vivienda digna.

Fuente: https://bityl.co/FZke

Por instrucciones de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello una comisión especial de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial se desplazó este martes 8 de noviembre hasta las poblaciones de influencia del Proyecto de Hidroituango, Puerto Valdivia, Briceño, Tarazá y Caucasia.

Allí el ente de control realizará mesas de trabajo como preparación a un eventual fallo de presa, y poder así, anticipar los riesgos que puedan impactar la gestión pública o afectar los derechos y garantías fundamentales de los habitantes del territorio.

El encuentro de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación será con las comunidades de la zona, con el propósito de escuchar sus inquietudes frente a una eventual evacuación. Además, se continuará trabajando, de manera conjunta y articulada, para garantizar que los Planes de Emergencia y Contingencia, los Sistemas de Alerta Temprana y la Cadena de Llamadas estén al día y en plena vigencia.

Fuente: https://bityl.co/FZkX

La Policía Nacional capturó el pasado fin de semana a un sujeto señalado de ser el segundo cabecilla y uno de los jefes de sicarios más temidos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

El hombre, identificado como alias “Negro Maicol”, está acusado de participar en homicidios, torturas y secuestros por parte de esa agrupación criminal, así como de haber liderado algunas acciones armadas en el marco del reciente paro armado que dejó varios ataques en contra de la Policía y el Ejército.

Según la Policía, el prontuario criminal de “Negro Maicol” abarcaría al menos cinco años de antecedentes. Su captura, agregó la institución, se suma también a la captura de otro criminal que tenía aterrorizado al Bajo Cauca, identificado con los alias de “Costeño” y “Gringo”.

En el caso de “Negro Maicol”, la Policía agregó que quedará a disposición del aparato judicial para que sea procesado.

“El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado (con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, homicidios, entre otros)”, concluyó la Policía en un comunicado.

Fuente: https://bityl.co/EsNW

Recientemente la Defensoría del Pueblo alertó por la creciente ola de violencia en el Bajo Cauca antioqueño. Carlos Camargo Assis, cabeza de esa entidad, aseguró que la población ubicada en este territorio está el alto riesgo frente a la vulneración de Derechos Humanos.

Por lo anterior, el defensor del Pueblo le solicitó al Gobierno nacional tomar medidas urgentes y contundentes frente a este fenómeno que cada vez es más desbordado en el Bajo Cauca antioqueño.

“Es urgente que el Gobierno tome acciones con enfoque de derechos humanos para detener esta violencia. También le solicito a las autoridades nacionales y locales tomar medidas para garantizar la seguridad de las comunidades de la región”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo alertó que es preocupante no solo la cantidad de hechos de violencia que se están registrando en esa zona del país, sino la sevicia utilizada por los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.

Esta entidad resaltó que en esa subregión de Antioquia se han reportado masacres, decapitaciones, desapariciones y entre las víctimas además hay menores de edad.

“Según los reportes recogidos, en agosto se presentó la masacre de tres jóvenes, decapitaciones, asesinatos selectivos y desapariciones. Incluso, se conoce el caso de un joven que fue sacado del colegio y posteriormente fue encontrado muerto”, expresó la Defensoría del Pueblo en los últimos días.

Desplazamientos y reclutamiento forzoso de menores de edad

A los hechos mencionados anteriormente, se suma que, según la Defensoría del Pueblo, desde agosto se han registrado más de 100 desplazamiento individuales.

Así mismo, existe un alto riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley.

De acuerdo con la alerta emitida por esta entidad, los municipios del Bajo Cauca antiooqueño más afectados por la violencia desbordada que se está viviendo son: el Bagre y Caucasia, aunque hay otros territorios donde igualmente hay riesgos.

“Existe un nuevo ciclo de degradación de la violencia en la región en la que los grupos armados delincuenciales buscan generar pánico en la población. En la actualidad los municipios más afectados son el Bagre y Caucasia, pero el conflicto puede escalar a Tarazá; Cáceres y Nechí”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Es de resaltar que este tema de la escalada de violencia en el Bajo Cauca antioqueño no es un tema nuevo. Esa subregión ha sido blanco de los grupos armados ilegales históricamente, pero además, desde hace aproximadamente cuatro años la Defensoría ya venía solicitando atención especial para ese territorio.

Desde el 2018 la Defensoría del Pueblo ha emitido un total de seis alertas tempranas para esa subregión del departamento de Antioquia. De esas, según la entidad, cinco han sido de inminencia y una estructural.

Así mismo, el ente aseguró que en la actualidad está vigente la Alerta Temprana 045-2020, a través e la cual se advierte el riesgo en el que se encuentra la población civil por las acciones violentas adelantadas por distintos actores armados ilegales.

Entre los grupos que representan un mayor riesgo para los habitantes del Bajo Cauca antioqueño están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, la estructura criminal denominada Los Caparros, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Los habitantes de esa subregión han manifestado en distintas oportunidades que la ausencia del Estado ha dado espacio para que las estructuras criminales se tomen los territorios.

“En el Bajo Cauca lo que en verdad necesitamos, ya lo hemos hablado y dialogado, es la presencia del Estado. Creo que las dinámicas con las que debe es con programas de desarrollo, enfoques étnicos para los territorios, eso es lo que hace falta”, expresó el líder social e integrante de la organización indígena de Antioquia, Oliver Madrid, citado por la emisora Blu Radio.

En motos y caminando llegaron decenas de personas hasta una tractomula detenida en el corregimiento Jardín, jurisdicción de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, para saquearla.

Ocurrió en la tarde de este viernes 23 de septiembre y forma parte de los vehículos que fueron robados en esta subregión del departamento durante la jornada.

Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), indicó que fueron 30 los vehículos robados y cuatro los ocupantes que resultaron heridos.

"Cuatro conductores heridos por defender sus vehículos y la mercancía. La turba arremetió con ellos. Tenemos más o menos pérdidas de 120 mil millones de pesos en lo que va transcurrido del paro en esa zona", explicó la directiva. 

Agregó que de las 350 mil toneladas transportadas ya se perdieron 2.000 en productos perecederos y 1.000 en los saqueos de esta tarde. 

Según el gremio minero de Guarumo, que desde el pasado miércoles adelanta una serie de bloqueos en la vía que comunica Medellín con la Costa Atlántica, los responsables no están relacionados con su protesta.

“Desde la comunidad de Guarumo se rechaza todo acto de violencia y trato inhumano cometido contra la ciudadanía, pues no representa los ideales y deslegitima la manifestación pacífica iniciada en el corregimiento de Guarumo, Cáceres”, dice la misiva.

Aseguran estar abiertos al diálogo y solicitan a quienes los apoyan, “no manchar la manifestación pacífica con actos violentos”.

El general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional, informó que por estos bloqueos ya murió un menor de edad que se accidentó con unos árboles que atravesaron en la vía.

Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, denunció que hay pacientes que no han podido ser trasladados en ambulancia a la ciudad de Medellín.

En los 53 kilómetros que separan a los municipios de Tarazá y Caucasia fueron ubicados 10 puntos de bloqueo que impiden la entrada y salida de vehículos.

Fuente: https://bityl.co/Egik
 

La vía que conecta a Medellín con la Costa Atlántica completa 48 horas cerrada por cuenta de una protesta que adelantan los mineros del corregimiento de Guarumo en Cáceres, Antioquia.

El bloqueo inició sobre el mediodía del miércoles, 21 de septiembre, a la altura del kilómetro 46, sector Guarumo entre los municipios antioqueños de Caucasia y Cáceres.

Cerca de 200 personas se encuentran en la vía obstaculizando el paso de vehículos. En ese punto han quemado llantas y atravesado materiales como árboles y rocas.

Esta situación llevó a que la Alcaldía de Cáceres declarara alerta roja hospitalaria. “Dado los acontecimientos presentados, donde por temas de orden público (protestas) fueron cerradas las vías limítrofes con los municipios vecinos de Tarazá y Caucasia, por tal razón se dificulta el traslado de pacientes”, manifestó la administración local.

La protesta de estas personas se debe a las constantes quemas de máquinas usadas en la minería informal por parte de la fuerza pública. Es por esto que exigen la presencia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

Según la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) cerca de 1.500 vehículos represados en esta zona y pérdidas millonarias ya que las rutas han tenido que ser modificadas para poder llegar a los destinos.

Fuente: https://bityl.co/EgiZ

El Bagre sigue en alerta roja por las inundaciones que dejan las lluvias. Nuevamente cerca de 1.100 familias resultaron afectadas por inundaciones.

Las crecientes de los ríos Nechí y Tigüí volvieron a generar afectaciones en la cabecera de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

Los organismos de gestión del riesgo hacen un censo para calcular los daños en las viviendas.

“Han quedado afectaciones en las calles, en las viviendas, en los colegios, en las oficinas, mucho lodo, mucho pantano, mucha pérdida. Hasta el momento tenemos el consolidado de 1.636 familias afectadas por la ola invernal”, aseguró Petrona Meléndez, comandante Cuerpo Bomberos El Bagre. 

Las comunidades piden muros de contención de los ríos para evitar una inundación cada semana.

“El día 5, 6 y 7 de agosto tuvimos nuevamente crecientes en el municipio. Queremos darle gracias a la Alcaldía Municipal, a Gestión del Riesgo, al Dagran, que han estado pendientes de esta comunidad”. 

Las lluvias también dejan afectaciones en la movilidad de la vía Las Parcelas de Cacerí de Caucasia.