En desarrollo del plan de choque en su tercera fase, “Construyendo Seguridad”, la Policía Nacional en coordinación con el Ejército Nacional logró la captura de 11 integrantes del Grupo Armado Organizado ‘Los Caparros’ en el Bajo Cauca Antioqueño.

Unidades Policiales adscritas al Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Subestación de la Caucana en coordinación con el Ejército Nacional verificaban información previa de una persona herida con arma de fuego, es allí donde observan dos sujetos sospechosos a quienes se les solicita registro personal, hallándose en su poder 1 arma de fuego tipo resolver, 1 arma de fuego tipo pistola, 78 cartuchos de diferentes calibre.

Es de anotar que entre los capturados se encuentra alias ‘El Indio’ quien sería presunto cabecilla rural de la subestructura Grupo Armado Organizado 'Los Caparros' de esta región.

El herido con arma de fuego fue trasladado al hospital del municipio de Taraza, quien se encuentra bajo en observación.

Actualmente por parte de Grupo de Investigación Criminal del Departamento de Policía Antioquia, se están adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos sucedidos con el herido del arma de fuego para ver qué  relación hay con las capturas de estos dos sujetos.

En este mismo corregimiento da con la captura de 8 integrantes del Grupo Armado Organizado ´Los Caparros´, a quienes se les hallo en su poder 3 fusiles AK 47, 1 revolver calibre 38, 1 granada de fragmentación, 5 proveedores de fusil, 277 cartuchos de diferentes calibres, 1 binoculares, 1 radio de comunicación, 3 chalecos arnés, 4 brazaletes alusivos a diferentes  grupos ilegales, 1 brazalete alusivo al frente Cacique Coyara de las Farc, 2 pañoletas, 1 camboyana militar, 2 cinturones militar.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Salvador´, cabecilla de escuadra de esta subestructura, quien habría pagado 6 años de condena por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, en el año 2006 perteneció al bloque central mineral al mando de ´Cuco Vanoy´ e involucrado en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en zona rural del municipio de Taraza y posteriormente habría pertenecido a los ´Rastrojosos´.

Al parecer estos sujetos se estarían desplazando hacia el corregimiento de la Caucana por confrontaciones contra integrantes del Clan del Golfo de esta región.

En la misma región del Bajo Cauca en el municipio de Nechí con el apoyo de integrantes de aviación e información de fuentes humanas se logró la captura de Davinson Enrique Osorio Pestana conocido como ´Dago´, presunto integrante de la subestructura ´Francisco José Peñata´ del 'Clan del Golfo', a quien se le incauto 25 busos licrados y 102 con logotipos y eslogan de las “autodefensas Gaitanistas de Colombia”, bloque Roberto Vargas Gutiérrez y Frente Uldar Cardona Rueda.

Los capturados deberán responder por los delitos de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia De Armas De Fuego, Accesorios, Partes o Municiones y Financiación Del Terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de delincuencia.

Ya han pasado ocho días después de la modificación del nivel de alerta de rojo a naranja en el corregimiento de Puerto Valdivia, Bajo Cauca antioqueño, y ante esto han retornado 63 familias a sus viviendas en los sectores Catorce, Catorce Puqui, El Quince y Playa Rica. Algunas ya están en sus hogares mientras que otras se preparan para su traslado. 

El personal de EPM avanza en los diagnósticos de las condiciones en las que se encuentran las viviendas en los 21 sectores que fueron evacuados durante la contingencia en Hidroituango. De igual forma, se adelantan trabajos relacionados con alumbrado público, energía, acueducto, recolección de residuos sólidos y conexiones domiciliarias, esto, explicó Maryore Montoya Marín, líder de la Dirección Ambiental, Social y de Sostenibilidad de Hidroituango, con el objetivo de que la comunidad pueda volver en óptimas condiciones.

Cabe recordar que según EPM son 691 las familias que hacen parte del plan para el retorno, el cual será paulatino y contará con acompañamiento institucional. 

Además, con la modificación del nivel de alerta, EPM podrá ahora iniciar la reparación de la infraestructura física afectada en ese corregimiento, entre ellas la adecuación de las escuelas Pescado, Barca Cautiva, Palomas, Puerto Nery, Cachirimé y Astilleros; la intervención de los puentes Palestina, Turcó y Simón Bolívar, así como la construcción del centro de salud en un nuevo lugar. Mientras que en Tarazá se deben ejecutar los trabajos en el puente del corregimiento El Doce.

Indicó la empresa que se continúa en la atención de las solicitudes presentadas por las personas que manifiestan haber sufrido afectaciones en el ejercicio de su actividad económica (formal e informal), como resultado de la orden de evacuación en el corregimiento de Puerto Valdivia. EPM analizará cada caso de manera individual antes de proceder al reconocimiento. A la fecha se han recibido 1.370 solicitudes.

Fuente: http://bit.ly/2ZzsjsL

Durante la noche del domingo 21 de julio se presentó una situación de orden público protagonizada por integrantes del ELN en la vía que conecta a Valdivia y Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, donde 2 camiones fueron incendiados en medio de un combate con el Ejército.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, integrantes del grupo insurgente detuvieron entre 15 y 20 vehículos, entre particulares, de transporte público y de carga, en la vereda conocida como las Crucesitas.

El Ejército tuvo conocimiento de la situación e inmediatamente se dirigió al lugar, allí entablaron un enfrentamiento con los insurgentes y en medio de esto le prendieron fuego a dos camiones para luego emprender la huida.

Posteriormente se continuó con una persecución por aire y tierra de los responsables de los hechos y por ahora el Ejército en coordinación con la Policía de Carreteras custodian el sector para garantizar el tráfico sobre la vía.

Miguel Enrique Franco, prófugo alcalde de Nechí, Antioquia, fue capturado en las últimas horas tras un operativo de la Fiscalía y las Fuerzas Militares. El mandatario fue sentenciado a cinco años por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Señala el expediente que estando en su primer periodo en el primer cargo del municipio, el entonces mandatario modificó el manual específico de funciones y requisitos que regía en el municipio para eliminar el requisito de estudios mínimos exigidos para aquellos candidatos que aspiraran a asumir como secretario de despacho.

La sentencia señala que la modificación se hizo para dar apariencia de legalidad al decreto con el que Everilda Liseth Osorio Martínez fue designada como secretaria de Hacienda y tesorera de Nechí, pese a que no contaba con los registros académicos y de experiencia para ejercer esas funciones.

Ante un juzgado de Caucasia, la Fiscalía le imputó en 2009 el delito de prevaricato y, además, pidió medida de aseguramiento en contra de Franco, pero el despacho negó la solicitud. Tras las audiencias posteriores, el exmandatario no fue hallado culpable, por lo que la Fiscalía apeló las decisiones que fueron dirimidas por el alto tribunal

En su providencia, el magistrado José Luis Barceló recordó que los títulos exigidos para que una persona asuma un cargo de nivel directivo en un municipio de sexta categoría “no pueden ser disminuidos por ningún mandatario municipal al expedir o modificar el manual específico de funciones y requisitos”.

Para el caso de Nechi, catalogado bajo esa categoría, para un cargo de esa naturaleza se exige que la persona tenga un título profesional o tecnólogo afín a sus funciones y que tenga experiencia profesional o como docente. Esa fue la condición que eliminó el mandatario de entonces.

Con esa maniobra administrativa Osorio Martínez se posesionó como secretaria de Hacienda y Tesorera al cargo, ya que en su hoja de vida solo constaba que era bachiller técnica administrativa y que laboró un año como cajera en el granero La Gran Esquina, de Caucasia.

Durante el transcurso de la investigación, la Alcaldía aportó al expediente una hoja de vida con soportes en los que se aseguraba que la funcionaria era tecnóloga en Administración de Empresas y que fue asistente del área financiera en una firma llamada FRM Asesores, pero dicha documentación resultó falsa, por lo que la mujer fue imputada por delitos contra le fe pública.

Fuente: http://bit.ly/30Vancu

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación socializó en Medellín el plan de acción para reforzar la seguridad y la protección de líderes de poblaciones vinculadas al programa de sustitución de cultivos ilícitos, ubicadas en Ituango, Briceño, Cáceres, Tarazá y Anorí.

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Catalina Rojas, jefe de Gabinete de la Consejería, manifestó que durante la reunión se explicó la ruta de atención que se va a tener para proteger a estos líderes. Se contó con la participación de organismos internacionales, como la  Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de Organización de Estados Americanos (MappOEA) y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

"El objetivo es socializar la ruta de atención para proteger a los líderes que hacen parte del programa de sustitución. Decirles que el Gobierno está comprometido en la implementación del acuerdo y en el cumplimiento a las familias que hacen parte del proyecto. Identificamos retos y acciones a mejorar", señaló.

La funcionaria agregó que "se desplegó un equipo para socializar el plan de acción en Medellín. Tuvimos la oportunidad de hablar con líderes de la región, de los cinco municipios donde se está implementando el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Participaron delegados de la Procuraduría, la Defensoría, las alcaldías y la Gobernación de Antioquia".

Catalina Rojas indicó que en 15 días se realizará una nueva reunión con los líderes en Antioquia para responder a distintas inquietudes que surgieron en la última jornada.

De acuerdo con cifras oficiales, desde la firma del los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc, se tiene registro de 58 homicidios de líderes del programa de sustitución.

El programa fue implementado por parte del Gobierno Nacional en doce regiones del país, en donde, según las autoridades, se ha evidenciado la mayor cantidad de situaciones de riesgo que podrían amenazar la integridad de los líderes de sustitución de cultivos ilícitos de hoja de coca.

Fuente: http://bit.ly/30Bmjjg

En un corredor vial que comunica a los municipios de Caucasia y Zaragoza, ubicados en el Bajo Cauca antioqueño, la Policía halló los cadáveres de tres hombres que, al parecer, habrían sido asesinados con arma de fuego.

Según la información preliminar, las víctimas, que se transportaban en motocicleta al momento del ataque, fueron identificadas como Jorge Iván Pérez, de 32 años, Daniel Santos Rivera, de 20 años y Luis Alberto Chávez Cabeza, de 27 años. Los hombres se desempeñaban como mototaxista y agricultores respectivamente.

Los cuerpos fueron hallados por los habitantes del sector que escucharon disparos y dieron inmediato aviso a la Policía de Antioquia, así lo informó el coronel Giovanny Buitrago Beltrán.

"Efectivamente, confirmamos la ubicación de los cuerpos de tres ciudadanos de 20, 28 y 32 años. También hallamos cartuchos en la zona. Estamos por confirmar con Medicina Legal si la muerte se produjo por armas largas. Los cuerpos sí tenían impactos con arma de fuego", dijo el comandante.

La Policía, junto con miembros del Gaula y la Fiscalía adelantan la investigación correspondiente para esclarecer el hecho. En la zona hacen presencia grupos organizados como “Los Caparrapos” y el “Clan del Golfo”.

La Secretaría De Gobierno de Antioquia ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien ayude a ubicar a Miguel Enrique Franco, alcalde de Nechí, Antioquia, quien está prófugo de la justicia desde hace tres meses.

Contra Franco hay una condena de cinco años de prisión, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, una multa y una inhabilidad de 94 meses para ejercer cargos públicos. La razón es que el alcalde habría cometido en 2009 —cuando también estaba en la cabeza del gobierno municipal—, los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo.

Franco habría modificado de manera indebida los requisitos de estudio mínimos que debían presentar los candidatos que aspiran a ser secretarios del despacho. Al parecer, el mandatario hizo esto paranombrar en dicho cargo a la señora Everilda Liseth Osorio Martínez, una mujer que se desempeñaba como empleada de un granero y no reunía los estudios académicos necesarios para dicho trabajo.

La orden de captura que hay en contra de Franco fue emitida el 20 de marzo pasado, pero desde ese momento el alcalde no se presenta en el despacho y nadie sabe de su paradero.

Desde ese momento Franco no ha cumplido sus funciones como alcalde. Sin embargo, la secretaria de gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, explicó que no se ha podido nombrar otra persona en el cargo porque Franco ha estado presentando incapacidades médicas desde la clandestinidad. Afirmó que por ello “le vamos a entregar a la comunidad una recompensa de 20 millones de pesos a quien nos ayude a ubicar al alcalde”.

Franco sufrió un accidente de tránsito el pasado 16 de marzo en el que resultó herido, y esa fue la última vez que se supo de su paradero.

En el pasado el alcalde ya había enfrentado investigaciones en su contra. En junio de 2017, un juzgado de Medellín lo encarceló por presuntamente haber cometido los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en  2010. Sin embargo, el mandatario había sido reintegrado a su cargo en diciembre de 2018.

La Policía Nacional capturó a 16 personas acusadas de pertenecer al grupo delincuencial los 'Caparros’, con presencia en varios municipios de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, principalmente Cáceres y Tarazá. Entre los capturados se encontrarían dos cabecillas, que según las autoridades estarían implicados en varios homicidios y serían parte del círculo más cercano a alias 'Caín', máximo líder de esa organización.

El coronel Giovanny Buitrago, comandante de la Policía Antioquia, informó que las capturas se produjeron en los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá y Cartagena, y agregó que estas esclarecerían al menos 9 homicidios y 3 intentos de homicidio ocurridos entre julio del año pasado y junio de este año en el Bajo Cauca.

El primer cabecilla sería alias el ‘Flaco’, identificado por la Policía como el jefe de sicarios de la organización. Según el perfil construido por las autoridades, este hombre habría ingresado a los ‘Caparros’ en 2016, cuando inició como integrante de la estructura urbana de ese grupo. Más adelante sería ascendido a comandante para el municipio de Tarazá y luego a coordinador de sicarios, donde presuntamente habría planeado múltiples homicidios.

El segundo capturado importante es alias ‘Tripilla’, identificado por los organismos policiales como uno de los hombres de confianza de alias ‘Cain’, el número uno de esa organización criminal. ‘Tripilla’ es señalado de ser responable de una serie de tres homicidios ocurridos en Tarazá el pasado 24 de junio.

La Policía de Antioquia aseguró en un comunicado de prensa que esta serie de capturas esclarecerían 9 homicidios y 3 intentos de homicidio ocurridos entre julio del año pasado y junio de este año. 

En el transcurso de 2019, las autoridades capturaron a 61 personas señaladas de pertenecer a los ‘Caparros’ y el ‘Clan del Golfo’, las dos máximas estructuras delincuenciales con presencia en el Bajo Cauca.

“Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión”, agregó la institución.

Fuente: http://bit.ly/2LM1dux

Tres presuntos miembros de la banda criminal Los Caparros, que delinquen en el Bajo Cauca y sur de Córdoba, fueron capturados en las últimas horas por las autoridades.

Estos sujetos son señalados como los presuntos responsables de las desapariciones y asesinatos de tres personas que salieron desde Montería hacia el municipio de Caucasia, Antioquia.

Las detenciones se realizaron en el corregimiento Puerto Bélgica del municipio de Cáceres y las investigaciones de las autoridades los relacionan de forma directa con el triple homicidio.

Los capturados, identificados con los alias de El Viejo, Freí y La Gata, pertenecerían a la subestructura Virgilio Peralta Arenas, conocida como Caparros y que delinque en esa zona del departamento.

Entre las víctimas de estos sujetos se encuentra el comerciante monteriano Arnaldo Sánchez, su hija, Judit Sánchez Villa y la joven Yosiris Martelo, amiga de ambos que los acompañó en el viaje sin retorno.

Las tres personas  salieron de Montería el pasado 14 de febrero con destino a Caucasia a concretar un negocio y desaparecieron.

Las dos mujeres fueron halladas muertas días después, flotando en las aguas del río Cauca y con señales de violencia, mientras que de Arnaldo Sánchez aún no se ha encontrado el cadáver.

Los detenidos deberán responder ante la Justicia por homicidio agravado, desaparición forzada, tortura, y concierto para delinquir.

La empresa también ha puesto en marcha un plan de recuperación para los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, afectados por la contingencia.

A pesar de que el Tribunal Superior de Medellín mencionó que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) causaron afectaciones al río Cauca con sus intervenciones en el proyecto hidroeléctrico Ituango, la compañía informó que la corporación judicial se abstuvo de emitir ordenes al reconocer que ha actuado "de manera efectiva y diligente al emprender todas las acciones necesarias para mitigar el impacto".

Cabe resaltar que la compañía dirigida por Jorge Londoño de La Cuesta suscribió convenios con varias entidades de reconocida trayectoria y experiencia científica y técnica en temas ambientales, entre ellas: la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), el Instituto Humboldt, Corantioquia y la Universidad de Antioquia en su esfuerzo para conservar, proteger la fauna y la flora de la región.

La empresa también avanza en la formalización de nuevos convenios con la Universidad Javeriana, la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional, la Fundación Humedales y la Fundación Natura, agregó la información.

Por otra parte, EPM subrayó que el Tribunal también ordena al Gobierno Nacional ejercer su representación legal sobre el río Cauca y todas las actividades pertinentes para su protección, conservación, mantenimiento y restauración.

Continuando con su compromiso con las comunidades abajo de la presa, la empresa también ha puesto en marcha un plan de recuperación para los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, afectados por la contingencia.

Fuente: http://bit.ly/2N6dEDu

Por presunta corrupción, el comandante del Departamento de Policía de Antioquia determinó el relevo de todos los uniformados pertenecientes al comando de Caucasia, que cumplían labores de seguridad en varios sectores del Bajo Cauca antioqueño, donde actualmente se trabaja con fuerza para solucionar los problemas de orden público. 

Desde el comandante de Policía de Caucasia hasta los subalternos fueron cambiados por nuevos uniformados, debido a quejas constantes de parte de la comunidad. Así lo afirmó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien aseguró que, incluso, estos policías estarían recibiendo dinero de las bandas de microtráfico. 

Pero, la afirmación más grave que entregó el mandatario departamental fue que los mismos policías estarían cometiendo extorsiones en la zona. 

"Esto lo tomo (el cambio inmediato de los uniformados) como un acto valeroso de la Policía de entrar a que haya transparencia y que los planes que haya en el Bajo Cauca den resultados efectivos porque no tiene sentido que trabajemos día y noche para que algunos miembros de la Policía estén recibiendo dineros ilícitos o ellos mismos haciendo extorsiones", sostuvo Pérez.

El gobernador también dijo que se mantienen las acciones conjuntas de las autoridades para hacerles frente a los problemas de orden público en la subregión, donde confluyen distintos grupos armados como el 'clan del Golfo', los 'Caparros', el Eln y las disidencias de las Farc. 

Especialmente Cáceres y El Bagre son municipios en los que la situación está más crítica. Por ello, en el Bajo Cauca se realizará un consejo de seguridad cada 15 días, según lo anunció Pérez.

Los uniformados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y concusión.

El mayor Yesmair Torres y el patrullero Carlos José Rúa fueron capturados en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, señalados de extorsionar a algunos habitantes de esa región.

“Parece que es por temas de extorsión, exigencias de dinero a personas residentes en el Bajo Cauca que al parecer fueron víctimas de parte de estos integrantes de la institución, pero será lo que se debe esclarecer dentro de la investigación”, manifestó el coronel Giovanny Buitrago Beltrán, comandante de la Policía de Antioquia. 

Buitrago también indicó que se está tratando de establecer si los uniformados tenían vínculos con grupos delincuenciales. 

Fuente: http://bit.ly/2Xxxzfx

Ante las Alertas Tempranas 028 y 029 de 2018 y la 02 de 2019, emitidas por la Defensoría del Pueblo, la Séptima División del Ejército Nacional realizó una serie de operaciones militares en los corredores de movilidad usados por grupos armados organizados, neutralizando tres acciones terroristas que estos pretendían realizar.

El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional informó que el primer hecho frustrado tuvo lugar en Valdivia, Norte, vereda La Coposa, donde los uniformados sostuvieron un combate contra presuntos integrantes de la subestructura Tarazá del Eln, quienes huyeron de la zona.

"Según se pudo establecer, de acuerdo a información de la Red de Participación Cívica, estos individuos tenían planeado realizar un acto de terrorismo sobre la Troncal de Occidente y así perjudicar a transportadores, comerciantes y viajeros", expresó el general Ramírez.

Agregó el comandante de la Séptima División, que el segundo caso se presentó en la vereda La Montañita, de Tarazá (Bajo Cauca), donde el grupo armado organizado residual Estructura 18 tenía planeado atentar en contra de campesinos y habitantes de esa zona. Allí también hubo intercambio de disparos replegando a los del Gao-r, los cuales son buscados por aire y tierra.

El último hecho frustrado tuvo lugar en Ituango, vereda Quebrada del Medio donde presuntos integrantes de este mismo grupo residual tenían planeada otra acción terrorista.

"Con información de la Red de Participación Cívica se pudo establecer la intención criminal que pretendían ejecutar los bandidos y fue así como se organizó un completo dispositivo de seguridad que permitió evitar cualquier acto contra la comunidad. Es en ese momento que, en medio de su desespero, lo individuos comienzan a disparar contra la tropa al tiempo que huían", explicó el uniformado.

En el hecho no se presentaron lesionados.

Fuente: http://bit.ly/2XxAWmF

Cuatro personas resultaron muertas tras un ataque armado que se registró en horas de la noche del domingo en zona rural del Bajo Cauca antioqueño.

Hombres vestidos con uniformes azules y chalecos del Gaula llegaron fuertemente armados hasta un local comercial del corregimiento de Guarumo, en jurisdicción del municipio de Cáceres, y abrieron fuego contra varias personas que allí departían.

Los individuos descargaron sus armas y además lanzaron una granada contra el inmueble, y posteriormente huyeron.

Como resultado del hecho, cuatro personas perdieron la vida, mientras que dos más resultaron heridas y se recuperan en un hospital.

La Fuerza Pública hizo presencia en el lugar e indicó preliminarmente que todo podría tratarse de una ‘vendetta’ entre los grupos delincuenciales del Clan del Golfo y Los Caparrapos.

Fuente: http://bit.ly/2XlftgB

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se dirigió hasta el Bajo Cauca antioqueño para realizar consejos de seguridad en las regiones que más problemas de orden público han presentado. Tras estar en Caucasia, el mandatario aseguró que se fortalecerá el pié de fuerza con la llegada de 20 nuevos hombres del Gaula que llegarán con dotaciones nuevas, así como también aseguró que se construirá un muro, con el fin de evitar afectaciones con el invierno y se demolerán cinco casas donde expendían droga.

Sobre la llegada de los uniformados, Pérez Gutiérrez aseguró que con ellos, se realizará un plan “antiextorsión porque algunos pudientes del municipio que generan empleo están saliendo de la localidad por la extorsión y con estas garantías que les estamos dando, están regresando”. Además, aseguró que el próximo 10 de junio serán demolidas unas cinco casas de vicio, según él, “como un ejemplo correctivo de que la droga es la peor peste que puede sufrir una sociedad y no se puede tolerar”.

Ahora bien, en cuestión de seguridad, aseguró que para los uniformados se entregaron diez motocicletas para facilitar la movilidad y la oportuna respuesta de los miembros del Batallón Rifles en la zona, la inversión superó los $182.670 millones. También se aportó una motocicleta con una inversión por $ 18 millones 639 mil pesos al municipio de Tarazá.

En dotación vehicular 4×4, Caucasia recibió un vehículo Renault Duster que costó $69 millones 695 mil pesos. Recibió además como Tarazá y Cáceres una de las tres camionetas Nissan Frontier, en la que la inversión llegó a los 106 millones 277 mil pesos.

Por último, sobre el muro que se construirá, aseguró que será de contención para proteger a las familias y a las riberas del río. Al respecto el Gobernador indicó que ya los diseños están terminados y reportaron un costo de $5.000 millones. Para hacer realidad dicho muro, se dispondrá de más de $25.000 millones.

Además, el Dapard entregará $85 millones para que al municipio llegue un un carro de bomberos de atención inmediata, para el cual también se destina entregar el kit de herramientas para el control de incendios.