Entre noviembre del 2013 y marzo del 2014, el cobro hecho por el departamento del Atlántico a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) –por participación– pasó de 39.964 millones de pesos a 71.612 millones.
La cifra fue notificada por el Secretario de Hacienda del Atlántico, Juan Carlos Muñiz, en la respuesta a un derecho de petición presentado por el diputado antioqueño Adolfo León Palacio.
En el documento Muñiz dice, además, que Antioquia “no ha cancelado suma alguna por concepto de mayor valor determinado y sanciones (...) sobre las cuales existen fallos ejecutoriados por el Tribunal Administrativo y Consejo de Estado”. Agregó que no existe ningún convenio o acuerdo de pago.
Para Palacio, quien ha liderado debates en la Asamblea sobre el tema, por falta de gestión y conciliación la obligación ha incrementado en un 76 por ciento, con relación al impuesto inicial, que era de 14.293 millones.
“Si bien la demanda corresponde a operaciones entre el 2003 y el 2007, en esta administración no se ha concretado ningún avance en la solución de este conflicto multimillonario y la responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial se podría extender también al gobierno Fajardo por omisión y negligencia”, sostuvo Palacio.
Al ser consultado, el gerente de la FLA, Fernando Restrepo, aseguró que la Secretaría de Hacienda de la región era la encargada del proceso.
La titular la dependencia, María Eugenia Escobar, afirmó que el departamento no está de manos cruzadas, y que por el contrario, desde principios del año pasado –cuando llegó una alerta del Consejo de Estado– conformaron un equipo para defender el erario paisa.
“El grupo de trabajo está integrado por abogados de la FLA, de la secretarías General y de Hacienda. Estamos analizando diferentes figuras jurídicas y legales. Ya interpusimos un recurso ante el Consejo de Estado para que revisen esta situación.
El origen de la querella
Entre Antioquia y Atlántico existe, desde 1996, un convenio para intercambiar licores.
La inconsistencia en las cuentas se presentó por una diferencia de criterios sobre el momento en el que se debía pagar la participación al Atlántico, por permitir la distribución en su jurisdicción de productos de la FLA.
Antioquia lo pagaba al momento de facturar, es decir cuando el producto salía de Medellín y el Atlántico lo causaba (o registraba en su contabilidad) cuando el distribuidor les presentaba la tornaguía, que es el documento que autoriza el transporte de la mercancía.
Según Muñiz la deuda se debe a que Antioquia no liquidó la participación de Atlántico sobre lo causado, como le establece el artículo 204 de la ley 223 de 1995, acogido en el Estatuto Tributario de ese departamento.
Pero de acuerdo con Escobar “Antioquia no debe un peso”, porque hay evidencia en la contabilidad de ambas entidades territoriales que, aunque a destiempo, se hicieron los pagos de las 35 quincenas en discusión.
Atlántico inició los cobros y Antioquia entre 2006 y 2010 se dedicó a demandar ese cobro, pero no logró demostrar que esa participación ya se había pagado, por lo que quedaron en firme los requerimientos legales.
En los últimos años se han sumado multas, sanciones e intereses que han aumentado la cifra inicial en un 76 por ciento. Atlántico ya inició un cobro administrativo coactivo, pero Escobar confía en que de las arcas de Antioquia no saldrá un solo peso por ese concepto.
Fuente: http://bit.ly/1gVl3Zt