Cerca de 200 millones de pesos en efectivo habría pagado en Antioquia el ‘clan del Golfo’ –conocido antes como 'clan Úsuga'– a un grupo de militares para que devolvieran un cargamento de casi 300 kilos de cocaína en el Bajo Cauca antioqueño, región fuertemente afectada por la delincuencia de las bandas.

Según la investigación de la Fiscalía, 14 soldados y dos suboficiales adscritos al Batallón Rifles de la Brigada 11 del Ejército realizaban labores de patrullaje cuando encontraron en la vereda Las Frías, del municipio de Cáceres, una caleta en la que estaban 15 costales con cerca de 20 'panelas' de droga cada uno.

Los uniformados, dicen los investigadores, no reportaron el hallazgo; por el contrario, delegaron a dos soldados para que se dirigieran a una finca cercana, en donde sabían que estaban ‘fichas’ de dicha organización delictiva.

Allí habrían negociado la entrega del cargamento, que en el mercado local del narcotráfico puede rondar un valor de $ 1.200 millones.

Cada soldado recibió por lo menos diez millones de pesos, y esa suma fue mayor, según la investigación, para los mandos de la patrulla.

El director de Fiscalías de Antioquia, Carlos Jaime Taborda, señaló que la investigación se inició por petición del comandante del batallón al que pertenecen los uniformados. El funcionario sostuvo que el oficial recibió información de uno de los hombres bajo su mando sobre el hallazgo de la droga y su posterior venta a la red de narcotraficantes, e inmediatamente notificó a la Fiscalía.

Se realizaron varios interrogatorios a integrantes de la patrulla hasta que dos de los soldados terminaron por confesar lo sucedido. Con esas declaraciones, los fiscales, apoyados por el Ejército, pidieron orden de captura contra los militares, logrando la detención de los 14 soldados que se encontraban en la unidad militar. Los dos suboficiales que estaban encargados del grupo tienen orden de captura y al cierre de esta edición eran buscados por las autoridades.

A los capturados, la Fiscalía les imputó los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito. En la audiencia de legalización no aceptaron los hechos, por los que cada uno podría recibir condena de hasta 17 años de prisión.

Un juez promiscuo de Cáceres acogió la petición de la Fiscalía y envió a los uniformados a la cárcel de Bellavista de Medellín, en donde esperarán el juicio en su contra.

En tres años, más de 600 servidores públicos han sido capturados por nexos con la banda 'del Golfo'.

Fuente: http://bit.ly/2dMGSEh