Bastó el asesinato de dos empleadas de Apuestas Gana para que en Antioquia se enterarán de que la amenaza del ‘clan Úsuga’ iba en serio: o la empresa pagaba la extorsión exigida por la banda criminal o las vidas de los empleados, en su mayoría mujeres, correrían peligro.
Fueron tres atentados: el 27 de marzo, 27 de abril y 27 de mayo, como un mensaje para intentar sacar utilidades del rentable negocio de las apuestas.
Fue el 9 de marzo de este año cuando en El Bagre (bajo Cauca) apareció un primer panfleto que fueron expandiendo con el recado de exigir una reunión con los directivos de la compañía.
La negativa de estos terminó en un atentado en Yarumal en el que murió la asesora comercial Diana Lucía Restrepo. Un mes después la víctima sería Gloria Balvín, en Santa Rosa de Osos, y el pasado 27 de mayo una mujer terminó herida después de que un sicario disparara contra el centro de servicio principal en Yarumal.
“Efectivamente quieren extorsionar a Gana. A lo que la compañía se ha opuesto. Gana es una víctima de los criminales”, le dijo a EL TIEMPO el gerente de la empresa, Raúl Vergara, quien añadió que la reunión exigida era para imponerles condiciones de negocio. Aseguró que los ataques criminales los llevaron a cerrar 116 puntos de venta y 13 oficinas principales en 13 municipios del bajo Cauca y norte de Antioquia que dejaron sin trabajo a 657 colaboradores y empleados.
Pero hay más. El Gaula investiga otra hipótesis: la supuesta injerencia de organizaciones de chance y rifas ilegales en la intimidación.
La unidad contra las ‘bacrim’ de la Fiscalía está tratando de establecer la supuesta relación entre los jefes de las apuestas ilegales y la amenaza criminal. De hecho, se tiene información de que en Yarumal y Caucasia funcionan en unas oficinas, cual empresa formalizada, sin ningún control de las autoridades.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, se pregunta por qué el ‘clan Úsuga’ que para él son los mismos ‘Urabeños’ están actuando en municipios en los que tradicionalmente no han tenido presencia.
El alcalde de Yarumal, Miguel Ángel Peláez, ha sido enfático en plantear que el fenómeno de extorsión no es una generalidad. Sin embargo, un comerciante de la zona le aseguró a EL TIEMPO que él, como muchos otros, “tenemos que pagar $ 200.000 semanales a esos bandidos”.
Fuente: http://bit.ly/1myqVem