El aprovechamiento de los bosques que hacen parte de la reserva forestal es impulsada por varias entidades, pese a las bandas criminales y la minería ilegal que dañan el ambiente.

El pulmón de Antioquia es una reserva forestal de 332 mil hectáreas de bosques nativos. 

Infortunadamente el Nordeste y Bajo Cauca, donde se encuentra esta reserva, son dos de las regiones más afectadas por la siembra, producción, comercialización y exportación de cultivos ilícitos y estupefacientes, secundados por la presencia de las bandas criminales al servicio del narcotráfico. 

Por eso varias organizaciones y países, coordinados por Corantioquia, están buscando estrategias integrales que permitan conservar este tesoro. La reserva es un proceso de ordenamiento y es importante que “se de para que efectivamente pueda haber motores de desarrollo. 

Eso es lo que estamos buscando, la vocación del Nordeste y Bajo Cauca, que es bien conocida como minera y forestal. Queremos que el componente forestal sea ejemplo, saliendo de las grandes dificultades que se tienen, a la construcción de una sociedad capaz de definir su futuro”, indicó Luis Alfonso Escobar, director general de Corantioquia. 

La pobreza es uno de los grandes inconvenientes de las regiones, pues las familias que allí habitan tienen ingresos promedio de $300 mil cada mes, lo que los ubica bajo la línea de pobreza. 

La planeación de la reserva tiene como donantes a los gobiernos de Estados Unidos y el Japón, que aportaron US$540 mil, para quienes el trabajo “es muy importante, porque junto a la Organización Internacional de Maderas Tropicales, consideran que se trata de una zona con altísimas dificultades sociales y problemas de orden público, que limitan la movilidad para hacer los trabajos científicos”, dijo Escobar. 

Otra dificultad es el acceso por temas climáticos, el crecimiento de los ríos y la dificultad de acceso porque no hay vías adecuadas. Una tercera complicación para planear la reserva es ubicar a la población de más de 4 mil familias, que están dispersas. 

El proyecto tiene 36 meses de vigencia, está en el mes 24 y “tratamos de prorrogar el proceso, por lo menos hasta el año 2014”, concluyó Escobar.

Fuente: http://bit.ly/356Lrku