La alcaldesa del municipio de La Apartada, Piedad Romero, puso de manifiesto el grave daño fiscal que ha generado el conflicto limítrofe entre la población cordobesa y su vecina antioqueña, que estaría recibiendo los tributos de por lo menos 6.000 hacendados y finqueros que pagan a Antioquia por tierras cordobesas en disputa.

La mandataria señaló en una reciente sesión de la Asamblea de Córdoba, que ciudadanos cordobeses estarían siendo ‘sisbenizados’ en el vecino municipio, y la atención en salud es asumida por Antioquia en detrimento de la red local de servicios de salud.

Ante el dilema, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en un comunicado de prensa informó que son los gobernadores de ambos departamentos quienes tienen la responsabilidad de designar a los delegados para continuar resolviendo los conflictos limítrofes que han sido divididos en cuatro tramos.

Aclaró el IGAC que actualmente se adelantan procesos de deslinde desde el 2014, pero en un punto comprendido entre Puerto Rey y Alto de Carrizal en la zona norte de Córdoba, pero aún el diferendo entre La Apartada y Caucasia, no ha sido abordado.

“Actualmente, el trámite del procedimiento de deslinde entre Antioquia y Córdoba se adelanta solo en este tramo (Puerto Rey – Altos de Carrizal) Los demás aún no han sido abordados; es decir que el conflicto entre La Aparatada y Caucasia no ha sido tratado recientemente, de acuerdo a los tramos establecidos en la sesión del 24 de noviembre de 2014”, enfatizó Cecilia Cogollo Altamirada, Directora Territorial del IGAC en Córdoba.

Agrega el instituto que como consecuencia del cambio de administraciones  departamentales, ofició a ambos entes territoriales para definir los delegados y continuar con el proceso de deslinde.

“Estamos a la espera que los Gobernadores designen a sus delegados para continuar resolviendo el conflicto limítrofe entre Antioquia y Córdoba, y que decidan si se prioriza el tema entre La Apartada y Caucasia”, puntualizó Cogollo Altamiranda.

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