El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con "descertificar" a Colombia si el país no logra controlar cuando antes el incremento de los cultivos ilícitos en el país.
El anuncio de Trump marca el más serio deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países en casi dos décadas.
Trump dijo, en una determinación que se publica anualmente sobre grandes productores que la única razón por la cual no decreta a Colombia como un país que no colabora en la lucha contra las drogas es por el trabajo que vienen haciendo la policía y el Ejército, pero omitiendo mencionar los esfuerzos del gobierno nacional.
"El gobierno de EE. UU. consideró muy seriamente designar a Colombia como una país que ha fallado de una manera clara en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas dada el extraordinario crecimiento de los cultivos y producción de coca en estos últimos tres años, incluyendo un récord en los cultivos en estos últimos 12 meses", dice Trump en su determinación anual sobre Mayor Países Productores y Traficantes droga años Fiscal 2018 que fue incluida en el Registro Oficial.
En su determinación, el mandatario dice que "la única razón por la que no fue designada fue porque las Fuerzas Armadas y la Policía son socios estrechos de EE. UU. en el Hemisferio Occidental y están mejorando sus esfuerzos de prohibición y han reiniciado cierta erradicación que habían limitado desde el 2013".
Para cerrar, el presidente de EE. UU. afirma que mantendrá "esta designación (de Colombia como país que no coopera) como una opción" y que espera que el país realice "progresos significativos" en la reducción de producción y cultivos de coca en el país.
Varias fuentes consultadas se declararon "totalmente sorprendidas" por el anuncio pues se supone que EE. UU. considera al país como su "aliado estratégico" en la región. Prueba de ello fue la visita del vicepresidente Mike Pence al país hace poco más de un mes.
La última vez que Colombia fue "descertificada" fue en 1998. Desde entonces, y si bien el problema de la droga nunca ha desaparecido, ninguna administración de Estados Unidos había puesto en entredicho la voluntad del gobierno para colaborar en la lucha contra las drogas.
Dada las críticas que surgieron en la década de los años 90 por el mecanismo de certificación que empleaba EE. UU. para evaluar a los países en materia de drogas, el Congreso aprobó una nueva ley en el 2001 que modificó el proceso.
Bajo esa ley, el presidente debe determinar anualmente qué países son grandes productores de drogas o sirven para su tráfico.
Esa determinación no prevé sanción alguna, y como dice el mismo texto de la medida, "no implica que el país incluido no esté cooperando". En esa lista siempre ha estado Colombia.
Este año se incluyó en ella a Afganistán, Bahamas. Belize, Bolivia, Burma, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica. Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
Pero la ley del 2001 le pide al presidente estadounidense designar a los países que considere no están cooperando ni cumpliendo con sus compromisos. Esos designados son sujetos de sanciones a menos que el mandatario incluya una cláusula de excepción en aras del interés nacional. En esa "lista negra" solo están este año Venezuela y Bolivia.
La amenaza de Trump está directamente relacionada con el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en el país desde el año 2013, desde esa época a la fecha los cultivos se han más que duplicado, pasando de unas 80.000 hectáreas sembradas con coca a 188.000 en el 2016, un récord histórico.
En sus evaluaciones previas, EE. UU., había ofrecido varias explicaciones al fenómeno, entre ellas la decisión de las Farc de incentivar los cultivos para que los campesinos obtuvieran beneficios por la vía del proceso de paz y al fin de la erradicación.
El gobierno, ante esto, había pedido un compás de espera mientras los acuerdos con al guerrilla daban sus frutos y prometió erradicar 100.000 hectáreas antes de finalizar este año.
También se sabe que Washington venía presionando para que se aumentaran los esfuerzos de erradicación y que no confiaba mucho en la estrategia diseñada por el gobierno de erradicar forzosamente en algunas zonas y negociar la erradicación voluntaria en otras.
Pero nadie se imaginaba que el tema ya había escalado a este nivel, y mucho menos que Trump -que se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos en una semana en Nueva York-, preparaba semejante golpe.
Algo, eso sí, se ventiló esta misma semana cuando congresistas republicanos y demócratas, al igual que figuras de la administración criticaron abiertamente la estrategia del Gobierno durante una audiencia ante el Senado.
En esa audiencia, la senadora demócrata Diana Feinstein amenazó prácticamente con frenar la ayuda si está no se dirigía exclusivamente a combatir la producción y el tráfico y exigió la extradición a EE. UU. de personas requeridas por la justicia de su país, incluyendo miembros de las Farc involucrados en narcotráfico.
Fuente: http://bit.ly/2h3IbPf