En Antioquia, según un estudio de 2017-2018 de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, hay 361 Áreas Mineras en Estado de Abandono (Amea). Se trata de proyectos en los que se realizó extracción de material —con título o de manera informal— y en los que no se efectuaron los protocolos de cierre que garanticen que no habrá afectación a los ecosistemas.
La ley colombiana obliga a que las empresas de minería que tienen títulos y licencias para funcionar presenten, ante las autoridades ambientales, un plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y la infraestructura. Pero en los proyectos informales no hay controles.
“Muchas minas dejan de operar sin un plan (de cierre y post cierre) y, como estamos en un trópico, eso (terreno) en dos años está cargado de vegetación, pero debajo queda mercurio o sustancias peligrosas, socavones, y otros elementos”, explicó Oswaldo Ordóñez, geólogo y profesor de la Universidad Nacional.
Cambios en la norma
Dora Elena Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, explicó que en el actual Código de Minas (Ley 685 de 2001) “no encontramos instrumentos jurídicos para exigirle al titular minero que no solo haga un abandono, sino también un cierre técnico adecuado”.
El Código establece que tres meses antes del cierre, la mina debe presentar a la autoridad ambiental el plan de desmantelamiento, con acciones específicas para la recuperación geomorfológica, paisajística y forestal.
El problema es que las autoridades mineras (en Antioquia está delegada la Secretaría de Minas) y las ambientales (Corantioquia, Cornare) no tienen sistemas de información articulados y eso, según Balvín, dificulta hacer seguimiento y control.
Por eso la Gobernación presentó un proyecto de ordenanza que fue aprobado ayer en tercer debate por la Asamblea, con 18 votos a favor y uno en contra.
El documento, que pasó a sanción del gobernador, lo autoriza a que junto con las autoridades ambientales, adopten un protocolo minero ambiental “apoyado en el uso de tecnologías informáticas, con el fin de ejercer control de la actividad minera, y los cierres y abandonos de proyectos mineros”, según el documento.
Cuestionamientos
El único voto negativo lo dio el diputado del Polo, Luis Peláez, quien consideró que se le está dando autorización al gobernador para expedir una norma (el protocolo minero) sin conocer su contenido.
“Yo pedí que lo mostraran y dijeron que apenas estaba en elaboración. Para mí lo que quieren es cerrar las minas ancestrales, que ellos llaman informales, para beneficiar a las multinacionales”, dijo.
Su voz está respaldada por la Confederación de Mineros de Colombia, Conalminercol, que dijo que este es un paso más en la estrategia de apoyar a las multinacionales, por encima de los mineros artesanales colombianos.
La secretaria Balvin sostuvo que la nueva ordenanza busca que, desde antes del inicio de la operación, se presenten los planes de cierre.
“Queríamos que se aprobara la creación de una fiducia con dineros de los títulos para garantizar el cumplimiento y que el Estado no acarree con esos gastos, pero eso se debe crear por ley. Estamos conversando con la Comisión Quinta del Senado para que eso se incluya en el proyecto de código minero que se está formulando”, aclaró Balvín.
Panorama
Al preguntarle a la Secretaría de Minas de Antioquia cuántas minas hay en abandono, aseguró que aún no tiene disponible el dato actualizado. “Informales hay muchas. Nosotros aceptamos renuncias (al título minero) y lo caducamos, pero apenas estamos consolidando el registro de cuántas renuncias hay”, dijo.
Según el estudio de la Universidad Nacional, en Remedios hay 128 áreas mineras abandonadas —entre legales e irregulares—, mientras que en Segovia son 78. En Angelópolis hay 52, en Nechí 36, en Amagá 28, en Venecia 16, en Andes 15 y en Titiribí 8.
De ellas el 19,4 % corresponden a minas a cielo abierto y 80,6 % a subterráneas, es decir, a socavones.
De las 361 minas abandonadas registradas por el estudio, 257 correspondían a extracciones de oro, 99 de carbón, cuatro de materiales de construcción y una de arena.
La Gobernación aseguró que uno de los retos de la ordenanza es revisar casos de cierres antiguos, como el de las minas de carbón de Industrial Hullera (Suroeste), pues se hicieron cuando la ley no era clara en cómo manejar pasivos ambientales.
Fuente: http://bit.ly/2JCHCfS