Recientemente la Defensoría del Pueblo alertó por la creciente ola de violencia en el Bajo Cauca antioqueño. Carlos Camargo Assis, cabeza de esa entidad, aseguró que la población ubicada en este territorio está el alto riesgo frente a la vulneración de Derechos Humanos.

Por lo anterior, el defensor del Pueblo le solicitó al Gobierno nacional tomar medidas urgentes y contundentes frente a este fenómeno que cada vez es más desbordado en el Bajo Cauca antioqueño.

“Es urgente que el Gobierno tome acciones con enfoque de derechos humanos para detener esta violencia. También le solicito a las autoridades nacionales y locales tomar medidas para garantizar la seguridad de las comunidades de la región”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo alertó que es preocupante no solo la cantidad de hechos de violencia que se están registrando en esa zona del país, sino la sevicia utilizada por los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.

Esta entidad resaltó que en esa subregión de Antioquia se han reportado masacres, decapitaciones, desapariciones y entre las víctimas además hay menores de edad.

“Según los reportes recogidos, en agosto se presentó la masacre de tres jóvenes, decapitaciones, asesinatos selectivos y desapariciones. Incluso, se conoce el caso de un joven que fue sacado del colegio y posteriormente fue encontrado muerto”, expresó la Defensoría del Pueblo en los últimos días.

Desplazamientos y reclutamiento forzoso de menores de edad

A los hechos mencionados anteriormente, se suma que, según la Defensoría del Pueblo, desde agosto se han registrado más de 100 desplazamiento individuales.

Así mismo, existe un alto riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley.

De acuerdo con la alerta emitida por esta entidad, los municipios del Bajo Cauca antiooqueño más afectados por la violencia desbordada que se está viviendo son: el Bagre y Caucasia, aunque hay otros territorios donde igualmente hay riesgos.

“Existe un nuevo ciclo de degradación de la violencia en la región en la que los grupos armados delincuenciales buscan generar pánico en la población. En la actualidad los municipios más afectados son el Bagre y Caucasia, pero el conflicto puede escalar a Tarazá; Cáceres y Nechí”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Es de resaltar que este tema de la escalada de violencia en el Bajo Cauca antioqueño no es un tema nuevo. Esa subregión ha sido blanco de los grupos armados ilegales históricamente, pero además, desde hace aproximadamente cuatro años la Defensoría ya venía solicitando atención especial para ese territorio.

Desde el 2018 la Defensoría del Pueblo ha emitido un total de seis alertas tempranas para esa subregión del departamento de Antioquia. De esas, según la entidad, cinco han sido de inminencia y una estructural.

Así mismo, el ente aseguró que en la actualidad está vigente la Alerta Temprana 045-2020, a través e la cual se advierte el riesgo en el que se encuentra la población civil por las acciones violentas adelantadas por distintos actores armados ilegales.

Entre los grupos que representan un mayor riesgo para los habitantes del Bajo Cauca antioqueño están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, la estructura criminal denominada Los Caparros, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Los habitantes de esa subregión han manifestado en distintas oportunidades que la ausencia del Estado ha dado espacio para que las estructuras criminales se tomen los territorios.

“En el Bajo Cauca lo que en verdad necesitamos, ya lo hemos hablado y dialogado, es la presencia del Estado. Creo que las dinámicas con las que debe es con programas de desarrollo, enfoques étnicos para los territorios, eso es lo que hace falta”, expresó el líder social e integrante de la organización indígena de Antioquia, Oliver Madrid, citado por la emisora Blu Radio.