Cerca del 30 por ciento de los líderes de acciones comunales en el Bajo Cauca habrían renunciado a sus cargos por las presiones de los grupos armados que se disputan el dominio de esa subregión del departamento de Antioquia, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
En concreto, la información al respecto la dio la Fundación Sumapaz, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos y documenta las afectaciones por el conflicto en la región.
“Recibimos información de diferentes fuentes donde se hace constar la renuncia de varios líderes comunales en todos los municipios del Bajo Cauca. Esta tiene que ver con varios factores: en primer lugar, el fortalecimiento, avance y ampliación de las fronteras de control territorial de las organizaciones que hacen presencia en la zona y cómo estos están buscando instrumentalizar a la población civil, principalmente a las juntas de acción comunal, bajo intimidaciones directas y han generado que muchos que no quieren ser instrumentalizados decidan mejor renunciar a sus cargos”, le dijo a EL COLOMBIANO Óscar Yesid Zapata, investigador de la Fundación Sumapaz.
Pero aparte de la constatación directa realizada por la entidad mencionada, de acuerdo con Zapata, este fenómeno ya había sido advertido dentro de la exposición del contexto de la zona realizada por la Defensoría del Pueblo en la alerta 047 de 2020 donde se habla de “las cerca de 25 consumaciones de riesgo sobre situaciones de violencia en el Bajo Cauca”
Agregó que su propósito al hacer la denuncia al respecto es llamar la atención del Gobierno Nacional y departamental, que son los responsables directos de garantizarles la seguridad a las personas dedicadas al servicio de sus comunidades, para que emprendan acciones de prevención y protección.
“La situación es muy delicada porque se pierden escenarios importantes de participación política; con esto se ve obstaculizado el ejercicio democrático que tienen estas organizaciones sociales, que es fundamental para la implementación de proyectos de bienestar social”, dijo.
“El llamado es al gobernador (Andrés Julián Rendón) y al presidente de la República (Gustavo Petro) para que realmente se preocupen por estas situaciones”, reiteró Zapata.
Este diario también consultó al Instituto Popular de Capacitación, otra organización de Derechos Humanos que hace presencia en el Bajo Cauca, y su presidente, Carlos Zapata, dijo no tener conocimiento del fenómeno denunciado por Sumapaz. Sin embargo, corroboró que, en su intento por lograr un reconocimiento político en el marco de los diálogos que el Gobierno ha iniciado con organizaciones ilegales en el contexto de la estrategia de la paz total, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo vienen tratando de cooptar a las acciones comunales y sería una problemática que se aprecia sobre todo en los municipios de Cáceres, Caucasia y Tarazá.
Como lo dio a conocer hace unos días en un informe, en los primeros tres meses de este año las AGC, ahora autodenominadas como Ejército Gaitanista de Colombia, ha desatado una guerra con las disidencias de las antiguas Farc por el control territorial en cuatro de las nueve subregiones de este departamento.
Esas cuatro áreas son Urabá, Occidente, Bajo Cauca y Nordeste, todas conectadas geográficamente entre sí. El resultado ha sido el aumento de los homicidios en algunos lugares hasta en más del cien por ciento.
Uno de los conflictos más cruentos ha tenido como centro una parte del Nordeste y del Bajo Cauca, donde se han dado encuentros violentos del Clan del Golfo con una alianza atípica entre el ELN y las disidencias de las Farc, tradicionalmente enemigas pero actualmente amangualadas en esta guerra.
El motivo es el manejo de las rentas criminales resultantes de la distribución de estupefacientes, de la explotación del oro en las corrientes del río Cauca y en los socavones de las áreas que limitan con el sur de Bolívar. La confrontación ha dejado hasta ahora más de 64 asesinatos y cientos de desplazados.
Fuente: https://bityl.co/OxBx
