La reciente captura de tres hacendados de Antioquia y Chocó, por la promoción y financiación de grupos paramilitares, podría darle impulso a la siguiente etapa de las investigaciones sobre la infiltración de tales estructuras ilegales en la sociedad colombiana. Se trata de la 'paraeconomía', nombre con el que podrían describirse los nexos monetarios, logísticos y políticos que sectores legales de varias regiones del país ofrecieron a los cabecillas de las autodefensas para la comisión de sus más atroces delitos de lesa humanidad.
Después de un seguimiento de varios años de la Policía, la Fiscalía tiene en la mira a 19 implicados, dentro de los que se incluyen un palmicultor, un terrateniente y un comerciante de la zona de Dabeiba. Las autoridades los acusan de haber orquestado con los frentes de extrema derecha que operaban en el Urabá el asesinato de más de 500 personas, así como el desplazamiento de un número similar de campesinos y afrodescendientes. Con este destierro forzado vino la apropiación ilegal de sus tierras. La alianza de los agroempresarios de la región con el bloque 'Élmer Cárdenas' y el frente 'Pavarandó' para ejecutar a quienes estaban en las "listas negras" ha sido un secreto a voces por más de una década. Por fin, un puñado de protagonistas del brazo privado que estimuló la brutal guerra que Carlos Castaño desencadenó entre 1997 y 1998 enfrenta ahora el peso de la Ley.
En años recientes, los esfuerzos de los entes investigadores del Estado colombiano se han concentrado tanto en la estructura armada de las autodefensas como en los distintos "pactos" que sus comandantes celebraron con políticos en sus respectivas zonas de influencia. Con estos acuerdos, la cúpula paramilitar aseguró la elección de congresistas y mandatarios locales cercanos a sus intereses mientras los políticos garantizaban la conservación de sus curules. Las investigaciones de dichos nexos han sido conocidas por el país como la 'parapolítica' y han conducido a decenas de parlamentarios a prisión. Sin embargo, mientras la 'parapolítica' avanza con resultados tangibles, la lentitud del castigo a la 'paraeconomía' es preocupante.
Es innegable que el poder regional y la captura de los dineros públicos, como los de la salud, no fueron la única esfera que sirvió a estas organizaciones armadas ilegales para consolidar su régimen de terror. Empresarios, terratenientes y hasta multinacionales pagaron por protección y encargaron a las autodefensas de la macabra tarea de asesinar campesinos y líderes sindicales. Así mismo, muchos desplegaron un sistemático despojo de cientos de miles de hectáreas y el usufructo de las mismas en actividades como la minería, la ganadería, la agroindustria, los cultivos ilícitos y la explotación maderera.
Es, por lo tanto, hora de abrir una nueva fase en la búsqueda colectiva de la verdad de los vínculos íntimos de los paramilitares con el sector privado y de conocer cómo prestantes y reconocidos miembros de la sociedad crearon alianzas con estos ejércitos ilegales no sólo para financiar sus sangrientas actividades sino también para impulsar sus negocios e inflar sus ganancias. No se puede olvidar que dar una lista de posibles víctimas a unos asesinos o robarles los predios a unos campesinos pobres debe ser considerado tan criminal como haber apretado el gatillo.
La Policía, de la mano de la Fiscalía, ha desarrollado una serie de 15 seguimientos que cubren el Urabá antioqueño y chocoano, así como otras regiones ubicadas en Meta y Caquetá. Y hay que seguir. Los procesos de la 'paraeconomía' no pueden detenerse y las autoridades deben contar con el total apoyo de la sociedad, para que esta olla se destape. Así sucedió con los 'parapolíticos', los paraempresarios tienen en su haber miles de atroces delitos a los que deben responder.
Tomado de: http://www.eltiempo.com/opinion/forolectores/llega-la-paraeconomia_7581687-1