Durante el debate de control político al que fueron citados ayer en el Congreso, tanto el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas como el general Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, dieron un parte de victoria en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en el posconflicto.

Las cifras de resultados son impresionantes: solo en este año, 351 miembros del ELN fueron “neutralizados” (el 20 por ciento de su fuerza); 262 de los 1200 disidentes que ya hay de las Farc fueron sacados de combate; así como el 25 por ciento de los integrantes de las bandas criminales de los Pelusos y Puntilleros.

En términos de narcotráfico las cifras son históricas: 436 toneladas de cocaína incautadas el año pasado, una diaria durante este año, 8720 laboratorios destruidos, y cincuenta y tres mil hectáreas de coca erradicadas a la fuerza, tres mil por encima del compromiso hecho con Estados Unidos.

Sin embargo, estos logros y optimismo del ministro de Defensa contrastan con la situación de violencia y la creciente aparición de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país, lo que plantea la discusión sobre si los indicadores de éxito utilizados para valorar la gestión del sector defensa siguen siendo los adecuados. Sobre si en vez de ‘neutralizaciones’, ‘bajas’ y toneladas incautadas, valdría la pena medir el éxito de la política de seguridad por los niveles de tranquilidad de los habitantes, la reducción de la extorsión y el control del territorio por parte de las autoridades legítimas.

Bajo esos indicadores, por lo menos en las siguientes zonas donde las diferentes sillas regionales hicieron la reportería el panorama es mucho menos alentador que el retratado ayer por Villegas en el Congreso. En estas regiones, la gente que entrevistamos siente que la oportunidad que abrió el Acuerdo con las Farc de construir la paz se está diluyendo.:

En el Bajo Cauca

Otra prueba del poder del Clan del Golfo es la pelea por el territorio que libra ese grupo con una de sus estructuras antes aliada, Los Caparrapos (herederos de alias Macaco) en el Bajo Cauca.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Carlos Mauricio Sierra, le dijo a La Silla que esto se debe a que el grupo de la "Virgilio Peralta Arenas" —los Caparrapos— se desvincula del Clan del Golfo, algo que no le gusta a alias Otoniel —máximo cabecilla del Clan del Golfo— y manda a alias Gonzalito para que vaya y retome el control de las rentas ilícitas en esta región de Antioquia. A esto se le suma la intención del ELN de querer controlar la zona.

"Son tres grupos que están peleando por el control en Caucasia, Cáceres y Tarazá".

La guerra con los Caparrapos, solo este año, ha propiciado el desplazamiento de 2.006 personas hacia Medellín desde Tarazá, Cáceres, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí, según datos de la subsecretaría de Derechos Humanos de la capital antioqueña. Incluso, de las muertes de líderes que se han registrado en los últimos 16 meses en Antioquia, 8 de 25 se dieron en Caucasia, Cáceres y Tarazá, donde se han generado esos desplazamientos.

Según el último censo delictivo de la Fiscalía, Tarazá es el noveno municipio del país con más homicidios en lo que va de  2018, con 47; y Cáceres es el undécimo con 44, en Tarazá, Caucasia y Cáceres han aumentado los homicidios en lo que va del año así: Tarazá en un 327 por ciento; Caucasia en un 193 por ciento; y Cáceres en un 200 por ciento.

Gustavo Duncan, investigador experto en narcotráfico, dice que es difícil identificar una sola causa para explicar por qué la Fuerza Pública ha tenido tantos problemas para someter al Clan del Golfo.

"El asunto no es solo acabar con esta bacrim, sino a tantas organizaciones criminales que monopolizan las rentas de actividades tan variadas como el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Son organizaciones con capacidad de control social, que ayudan a la gente olvidada por el Estado y que son más efectivas para imponer orden en comunidades periféricas y marginales", sostiene el investigador.

Y agrega: "al tiempo administran justicia de manera inmediata y a costos ínfimos donde el Estado es incapaz de resolver las disputas cotidianas. Ante esa realidad, el poder militar de la Fuerza Pública, que es de lejos superior al de las bandas criminales, tiene grandes restricciones para imponerse de manera definitiva".

Con el dinero y el poder armado tienen la capacidad de silenciar con prebendas o con terror a la institucionalidad y a las  comunidades.

Fuente: http://bit.ly/2JoSZ6W

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