Un homicidio, que según la Policía es materia de investigación, y el cierre 111 sitios de venta de la empresa de apuestas Gana en el Norte y el Bajo Cauca, es el saldo, que luego de un mes, dejan las amenazas en contra de los empleados de esa compañía en esa zona del departamento de Antioquia.
Las intimidaciones empezaron el pasado 9 de marzo en los municipios de Nechí y Zaragoza, cuando varias personas que se identificaron como integrantes de un grupo de autodefensas, llegaron a sus oficinas en esos dos municipios y forzaron el cierre de los establecimientos. El episodio se repitió al día siguiente en Cáceres, Tarazá y El Bagre, y se sumó a varias llamadas amenazantes recibidas por empleados de esa empresa de apuestas en las oficinas de Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Briceño.
La situación llegó a su punto más crítico el pasado 27 de marzo, cuando Diana Lucía Restrepo Espinal, empleada de Gana en Yarumal, fue asesinada cuando salía de su casa en esa localidad del Norte de Antioquia. A ese homicidio se suma el desplazamiento de cinco asesoras comerciales que fueron trasladadas de sus municipios de origen para proteger sus vidas ante amenazas directas en su contra.
Frente a ese panorama, el coronel Gustavo Chavarro, comandante de la Policía en Antioquia, aseguró que se encuentran en curso las investigaciones, a cargo de la Fiscalía y varias direcciones policiales, para establecer el origen de las amenazas. Frente al homicidio Diana Lucía Restrepo Espinal, Chavarro dijo que el caso cuenta con reserva sumarial, pero indicó que se investiga la relación del crimen con las intimidaciones en contra de los empleados de Gana.
Agregó, sin embargo, que la Policía ha ofrecido las garantías suficientes para que el funcionamiento de las oficinas: "Hemos realizado el acompañamiento al personal de la empresa y todo esto va con una solicitud para que la empresa también asuma una responsabilidad interna sobre su seguridad. La oficinas permanecen cerradas por una decisión de la compañía", dijo Chavarro.
El alcalde de Caucasia, José Nadín Arabia, coincide con las posición del comandante de la Policía y asegura que por lo menos en su municipio están dadas todas las garantías para retomar el funcionamiento de las oficinas de apuestas.
"Ellos aquí no tienen ningún tipo de problema, están siendo solidarios con lo que pasa en otros municipios. Aquí tienen todas las garantías para abrir, pero eso ya es una decisión interna", dijo Arabia.
Sin embargo, Leiderman Ortiz, periodista y líder social de Caucasia, sostiene que detrás del cierre de las oficinas hay una problemática de vieja data, asociada con el pago de vacunas y con las persecución a algunos empleados, la mayoría mujeres.
Según Ortiz, el fenómeno de la extorsión, por lo menos en el Bajo Cauca, no afecta solo a Gana, se trata de un problema generalizado que afronta el comercio. La situación, en este caso, obedecería a la decisión de la empresa de no aceptar el incremento de las vacunas ordenado por integrantes de "los Urabeños".
"Les subieron las vacunas y decidieron no pagar más. En El Bagre se habla de una vacuna general de más de 120 millones de pesos y en Tarazá de 300 mil pesos mensuales por oficina", dijo Ortiz.
Por su parte, Miguel Peláez, alcalde de Yarumal, dijo que la situación ha tenido un impacto negativo en la percepción de seguridad de esos municipios: "Empezaron los cierres de los establecimientos y se despertaron rumores de que había mucha inseguridad, eso nos llamaba mucho la atención. Cuando decidieron que abrían en Yarumal, tuvimos el lamentable suceso del homicidio de una trabajadora, desde ese momento volvieron a cerrar y la situación sigue igual".
Sin embargo, Peláez planteó otra inquietud que, según dijo, hasta el momento no ha sido resuelta por Gana ni las autoridades que investigan las amenazas: "Me llena de cuestionamientos y no me atrevería a dar ningún juicio de valor, pero queda el manto de duda sobre lo que está pasando con Gana, porque no es un problema de inseguridad generalizado. Gana no es el único que maneja plata en Yarumal".
Gana, por su parte, aseguró que por el momento no ofrecerá un pronunciamiento sobre la situación, de acuerdo con un compromiso que asumió la empresa con las autoridades para el desarrollo de las investigaciones. Sin embargo, cifras aportadas por esa compañía indican que durante el último mes, 171 empleados directos y 326 comisionistas se han visto afectados por el cierre de esas oficinas.
Fuente: http://bit.ly/1oTjlSm