Por haber participado del saqueo de los recursos de Córdoba, se cree que el exgobernador departamental Alejandro Lyons podría haberse embolsillado ilegalmente cerca de 150 mil millones de pesos y eso que, aparte del cartel de la hemofilia y el saqueo a las regalías, aún está por saberse si su mano estuvo en el cartel del sida, recientemente descubierto. Sin embargo, el sistema judicial decidió que la información que posee el exmandatario sobre otro escándalo, el cartel de la toga, es tan valiosa que le merece una pena de cárcel de cinco años y una devolución de 4.000 millones de pesos.

Sin contar con que Lyons, de 36 años, se encuentra en Estados Unidos colaborando con el caso contra el exfiscal Gustavo Moreno, y que solo pagará su condena al terminar su participación (mientras tanto gozará de libertad en el país del norte), al hacer cuentas ligeras, se podría concluir que cuando salga de la cárcel en Colombia, le quedarán recursos de sobra de estos escándalos para seguir con su vida.

Este hecho, por supuesto, despertó la indignación generalizada del país. Esta fue encabezada por el procurador, Fernando Carrillo y el contralor, Alejandro Maya, quienes no ocultaron su descontento: “Significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”.

No es el único que podría salir ganando de la negociación con la justicia. Otros vinculados a escándalos que pudieron apropiarse de millonarios recursos podrían gozar de penas relativamente ligeras como la de Lyons.

¿Qué es lo que pasa? este sistema de negociación hace parte de la llamada justicia premial, que busca evitar el desgaste del aparato judicial y agilizar las investigaciones.

Entre los juristas, existen divisiones frente a la conveniencia de este sistema. Por una parte, creen que los testimonios son vitales para desmantelar organizaciones criminales completas. Es decir, atacar la cabeza y no a los tentáculos del pulpo de la criminalidad. Por otra parte, otros consideran que no existen suficiente claridad en la fórmula para reparar a la sociedad en crímenes de cuello blanco y por ello, todo queda a discreción de fiscales y jueces.