La tormenta que enfrentó esta semana el Grupo EPM, tras la decisión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presidente de la junta directiva, y el gerente de la empresa, Álvaro Guillermo Rendón, de comenzar un proceso de reclamación de 9,9 billones de pesos a los constructores de Hidroituango por los problemas de este proyecto energético, puso fin con la alianza que tuvieron por años las administraciones de Medellín y el importante Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
Aunque legalmente Quintero y Rendón podían tomar esta decisión sin consultar a la junta directiva, sus ocho miembros, entre los que se encontraban importantes directivos de grandes empresas antioqueñas como Manuel Santiago Mejía Olarte, quien dirige Colombiana de Comercio S.A. (Corbeta), que abarca la cadena de hipermercados Alkosto, manifestaron su “preocupación y malestar” porque no los tomaron en cuenta y presentaron el martes su renuncia, la cual les fue aceptada.
“Dos veces EPM había llevado a la junta la decisión, sin tener que hacerlo, de demandar a contratistas y se determinó que no. Se perdieron oportunidades para recuperar recursos públicos. No me queda bien afirmarlo de forma taxativa, pero obviamente algunos miembros, lo sabe Medellín entera, hicieron o tienen relaciones muy cercanas con los consorcios demandados”.
Esta decisión desencadenó una crisis sin precedentes en la empresa, considerada la ‘joya de la corona’ paisa (con ingresos el año pasado por $ 18,4 billones), que generó que la firma Fitch Ratings le rebajara la calificación.
Y además vinieron los embates de los partidos políticos tradicionales, los cuales no apoyaron al nuevo alcalde Quintero. El exalcalde Federico Gutiérrez, quien enfrentó en el 2018 la crisis de Hidroituango, señaló a Quintero de manejar un discurso de lucha de clases.
A mitad de semana, el gerente Rendón dijo que “en Antioquia el sector público y privado van muy de la mano, y esto no se romperá por esta situación”, pero el alcalde Quintero dejó claro el viernes el divorcio con el grupo empresarial al referirse al futuro de la junta.
“Esta no será la junta del GEA, pero tampoco una junta contra el GEA”, dijo Quintero, quien aseguró que todo alcalde tiene derecho a tener una junta sobre la que, siendo independiente, pueda tener confianza.
El giro se evidenció con los primeros nombres de los nuevos integrantes de la junta: Jorge Iván Palacio, abogado y jurista que fue presidente de la Corte Constitucional y magistrado de la Corte Suprema de Justicia; y Sandra Suárez, quien fue ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial durante el primer período del expresidente Álvaro Uribe y en la actualidad se desempeña como gerente general de Publicaciones Semana.
Quintero había anunciado a Alberto Preciado, abogado con doctorado en jurisprudencia, miembro de las juntas de Bavaria, Cafam, Cine Colombia, Decameron y Valorem, sin embargo, ayer se conoció que declinó el ofrecimiento.
La actual relación entre el poder público de Medellín y el GEA, en el cual hay empresas de la dimensión de Sura, Bancolombia y el Grupo Nutresa, más el respaldo de la Cámara de Comercio de Medellín y Proantioquia, comenzó, según expertos, a fortalecerse en 2004 cuando llegó a la alcaldía Sergio Fajardo y siguió afianzándose con Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez.
Las decisiones de Quintero también sacudieron a Ruta N, entidad de la alcaldía de Medellín que promueve la tecnología. El miércoles, un día después de la renuncia en pleno de la junta directiva de EPM, el mandatario decidió, de manera unilateral, relevar de la gerencia de Ruta N a Andrés Vásquez por el ingeniero Javier Fernández.
El recambio sorprendió a la junta directiva de Ruta N, la cual señaló a Quintero de “desconocer el conducto regular” y no tenerlos en cuenta para una decisión como esta. Finalmente, 7 de 11 miembros decidieron renunciar a la entidad por los desacuerdos con el alcalde de Medellín.
De hecho, Azucena Restrepo, presidenta ejecutiva de Proantioquia y una de las directivas que salió de la junta de Ruta N, expresó que el manejo de la Alcaldía con las juntas directivas “son hechos que socavan la confianza en las instituciones y las personas y se convierten en una preocupante señal que va en detrimento del buen gobierno que ha caracterizado todo aquello que involucra a EPM”.
A su vez, Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, calificó de desafortunadas las agresiones de toda suerte que se desataron tras las decisiones sobre EPM, pero manifestó que siguen comprometidos con la región y el país. “Este es un momento relevante para saber canalizar nuestro interés por la ciudad desde el respeto y sin caer en el juego de discursos polarizantes. Mantengamos nuestro genuino interés por las instituciones que apreciamos, con el propósito de construir confianza”, dijo.
La historia de la alianza
Según analistas, el temor del empresariado y gran parte de la clase política antioqueña es que con la disputa se rompa la tradicional relación entre el poder público y el privado, que consideran parte del éxito de su economía y desarrollo.
Miguel Jaramillo, analista político, recuerda que desde que Medellín, el valle de Aburrá y Antioquia, los sectores bancario, textil, empresarial, de seguros, de servicio y de construcción han apalancado proyectos en alianzas público-privadas con los gobiernos municipal y departamental.
Según el experto, el momento más importante de esta alianza se dio en los años 80, cuando se consolidó para enfrentar los efectos del narcotráfico sobre la sociedad. Esa alianza se vio fortalecida bajo figuras de organizaciones público-privadas y algunas fundaciones como Proantioquia y la Cámara de Comercio de Medellín.
Un importante representante del empresariado paisa, quien prefirió que su nombre no fuera revelado, recuerda que estos acuerdos entre la clase empresarial y la dirigencia política lograron que Antioquia fuera un ejemplo nacional en esa forma de administrar en la que priman las buenas prácticas de gobierno corporativo.
El empresario agrega que las prácticas fueron las que se irradiaron a la administración pública. “Estas consistían, entre otras, en juntas directivas independientes e idóneas, sin importar de qué lugar del país fueran, y apertura a voces diferentes y abiertas al debate público. También, la transparencia y la honestidad como norma inquebrantable”, señala.
Para él, lo que ocurre ahora es un delicado enfrentamiento entre unos intereses políticos que buscan borrar la presencia del empresariado y volver a ese pasado antagónico de lucha de clases.
“Yo le diría al alcalde que no se sienta perseguido, y que esas acusaciones veladas en las que se habla de supuestos intereses de empresarios en el patrimonio de la ciudad no dejan de ser peligrosas. Mi llamado es a la serenidad y al análisis, dejando a un lado las emociones en este momento difícil”, expresa el empresario.
Fuente: https://bit.ly/2EewuVb