Los hechos ocurrieron este jueves 29 de marzo en la tarde. Los uniformados fueron atacados cuando se movilizaba en la vereda La Trampa, municipio El Bagre, en el Bajo Cauca.

Este viernes el fiscal Nestor Humberto Martínez dará un balance sobre la situación en el Bajo Cauca.Fred Solís (prensa Defensoría del Pueblo)

La Fiscalía General de la Nación atribuyó al Eln el atentado del que fueron víctimas los investigadores del CTI y el Ejército este jueves, 28 de marzo, en la vereda La Trampa, municipio El Bagre, en Bajo Cauca.

Los uniformados hacen presencia en el territorio desde hace dos semanas, pues adelantan acciones de extinción de dominio de unos predios que, al parecer, pertenecerían a grupos ilegales. Al igual, garantizan la seguridad de las comunidades.

“La unidad del Ejército con la Fiscalía sostuvo en el momento del regreso hacia las instalaciones, donde están las tropas acantonadas, un combate de encuentro con los bandidos (guerrilla) del Eln, el cual no nos generó ninguna afectación”, dijo el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Sétima División del ejército.

Ese mismo día en el corregimiento de Cuturú, Caucasia, se registró el enfrentamiento entre bandas criminales del sector que terminó en la muerte de un presunto miembro del Eln.

“Los habitantes vivieron un auto toque de queda porque les daba temor salir a la calle por los enfrentamientos. Al parecer, hubo granadas”, dijo el Óscar Aníbal, alcalde de Caucasia, e diálogo con RCN Radio.

Durante este tiempo, el Ejército ha logrado la captura de más de 100 personas pertenecientes a bandas criminales como Los Caparrapos, Eln, Clan del Golfo, entre otros.

En esta zona del país hacen presencia 600 soldados para proteger a la población cuando ocurren enfrentamientos entre los grupos ilegales, que se disputan el territorio debido a sus rutas de narcotráfico. La Fuerza Tarea Aquiles ha evitado cinco atentando contra tractocamiones en Valdivia, Tarazá y Cáceres.

La Fiscalía publicó en un video en Twitter donde se observa varios cartuchos de armas.

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Un laboratorio utilizado para el procesamiento de pasta base de coca, ubicado en la vereda El Raudal, municipio de Valdivia, fue destruido. De igual manera, las autoridades lograron la ubicación y destruición de un depósito ilegal utilizado para el almacenamiento de esta sustancia en la vereda Anará, municipio de Cáceres.

Como resultado fueron incautados 35 kilos de pasta base de coca, 400 kilos de hoja de coca, 156 galones de acpm, 200 galones de gasolina, entre otros insumos para el procesamiento del alcaloide.

Esta operación logra afectar así las finanzas del Clan del golfo, “subestructura Julio César Vargas” y de la compañía “Héroes de Tarazá”, del Grupo Armado Organizado Eln.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del secretario del Concejo Municipal de Caucasia (Antioquia), Sigifredo Cataño Álvarez, y lo acusó como presunto responsable de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de edad, demanda de explotación sexual comercial y actos sexuales con menores de edad.

Según las denuncias recibidas por la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, el presunto victimario aprovechaba sus actividades como técnico de un equipo infantil de fútbol para realizarles tocamientos indebidos.

También habría usado las redes sociales para ofrecerles dinero a cambio de encuentros sexuales.

Cataño Álvarez de 49 años de edad, no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía y fue enviado a la cárcel por el Juzgado Segundo Municipal de Caucasia, con funciones de control de garantías.

Una grave denuncia realizó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez sobre el mal manejo de los dineros de regalías en el Bajo Cauca antioqueño. El mandatario alertó sobre la desaparición de tres mil quinientos millones de pesos girados por el Gobierno Nacional para esta subregión, donde varios alcaldes están capturados por presuntos hechos de corrupción. 

Aunque no entregó mayores detalles, el gobernador de Antioquia confirmó que la mayor parte de los dineros se perdieron en el municipio de Nechí, donde incluso el alcalde del último periodo fue capturado por presuntos hechos de corrupción. El mandatario dijo que la pérdida de esta millonaria suma agrava la situación del Bajo Cauca. 

"Me llegó un informe sobre la pérdida de 3 mil 500 millones de pesos en el Bajo Cauca. Estamos consolidando toda la información, pero ya sabemos que esto se dio principalmente en el municipio de Nechí".

Luis Pérez agregó que en los próximos días entregará una investigación detallada sobre la forma en que desaparecieron los 3 mil 500 millones de pesos que debían ir a proyectos sociales y de inversión. Pidió investigar si esta suma fue desviada por funcionarios locales. 

En el Bajo Cauca hay dos alcaldes capturados: el de Nechí y el de Cáceres, por hechos de corrupción y por posibles vínculos con grupos armados, respectivamente. Esta subregión está sujeta a una intervención especial del Gobierno Nacional, denominada la Operación Áquiles, que busca atacar los altos índices de criminalidad. 

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La gobernación de Antioquia firmó un contrato de 25 mil millones de pesos para la construcción de dos muros de contención y la canalización de dos caños en el municipio de Caucasia, que beneficiará 14 barrios y que además, impactará indirectamente a la vecina población de Nechí.

La intención de este proyecto es evitar que esta población se inunde en época de lluvias, se espera que en el bajo Cauca por lo menos 115 mil familias de vean beneficiadas. Los recursos hacen parte de las regalías procedentes de la explotación de los recursos no renovables de nuestro departamento.

“Todos los barrios más pobres de Caucasia se inundan, podemos estar hablando de que unas 15 o 20 mil personas sufren esas inundaciones y ellos llevan cien años esperando unas obras de ingeniería para solucionar el problema en sus barrios”, indicó Luis Pérez Gutiérrez.

Con las obras también habrá mejoramiento de los caños, saneamiento básico, infraestructura y calidad de vida, explicó el alcalde de Caucasia, Oscar Aníbal Suárez.

“En un futuro se espera construir unos malecones para que la gente pueda utilizar el río como lugar turístico”, resaltó el mandatario.

En el OCAD Regional del Eje Cafetero, también se aprobó la intervención de 3.987 kilómetros de vías terciarias (campesinas), cuyo objetivo es mejorar la comunicación vial entre diferentes veredas y solucionar la conectividad del Suroriente de Antioquia con el resto del país. Las vías beneficiadas se encuentran en los municipios de Argelia, Abejorral, La Unión, Nariño y Sonsón.

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Cáceres, años atrás un pujante municipio del bajo Cauca antioqueño, hoy es prácticamente un pueblo fantasma.

El sábado 23 de febrero, a las 2 de la tarde, sus calles estaban vacías, la mayoría de los locales comerciales estaban cerrados y la poca gente que se veía saludaba esquivando la mirada.

La noche anterior había circulado por el pueblo un panfleto que decía: “Gente cacereña, se les pide que desocupen todo el barrio de la Magdalena y Calle Nueva, incluidos los locales”. El mensaje también lo hicieron llegar vía WhastApp y daban 24 horas para salir de la población, so pena de ser asesinados. 

Las intimidaciones se han convertido en la constante. Entre los amenazados están un concejal, una funcionaria departamental y una mujer de la tercera edad. “Yo vivo de las ventas ambulantes, todo el mundo me conoce. Vivo de esto hace 35 años y no le hago daño a nadie”, narra entre lágrimas una de las personas intimidadas.

El año pasado se registraron en Cáceres seis desplazamientos masivos que afectaron a 687 familias. Un censo de la alcaldía de este municipio indica que hay 550 viviendas abandonadas. 

Las amenazas a la gente provienen del ‘clan del Golfo’ y de ‘los Caparrapos’, dos redes criminales que, según autoridades, no suman más de 400 hombres en armas, y que llevan más de un año librando una lucha territorial por el control de cerca de 10.000 hectáreas de matas de coca y de la explotación ilegal de las minas de oro. A esto se agrega la pelea por las extorsiones, de las que son víctimas hasta los comerciantes informales.

En estas subregiones los pobladores no pagan al Estado los impuestos de Industria y Comercio o el predial, porque deben contribuir con las redes criminales que con fusil en mano hacen cumplir su ley.

‘Los Caparrapos’ han llegado incluso más lejos que el ‘clan del Golfo’ en sus intimidaciones. Hace tres años, este grupo criminal amenazaba a los líderes sociales por apoyar el programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, y hoy extorsionan a las familias vinculadas al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilegales.

“El día que el Gobierno nos paga, llaman, y sobre los 2 millones de pesos que nos dan, nos exigen el 10 por ciento”, le contó a este diario una joven mujer que vive en la zona rural de Tarazá, otro de los municipios del bajo Cauca. 

“Si uno se trata de hacer el bobo para no darles los 200 mil pesos –sigue contando la campesina–, llaman y se meten con los hijos y la familia de uno. Ellos tienen la lista de quienes nos suscribimos al programa”. 

El precio de la base de coca que se produce en la zona lo imponen ‘los Caparrapos’, quienes no permiten que sea vendida a un grupo armado distinto a ellos.

“Por nada lo pelan (matan) a uno, nos amenazan y están pagando poquito por kilo de base. Por eso yo decidí sustituir. Yo coca no vuelvo a sembrar”, dice un hombre de 42 años, quien vive en un corregimiento de Caucasia.

La menor tuvo que ser trasladada de urgencia a la Clínica Amigos de la Salud de Montería, Córdoba.

Este sábado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) manifestó que la niña de 6 años, quien habría sido golpeada con un palo en la cabeza por su madrastra, recibe acompañamiento de un equipo de profesionales del instituto.

El aparente caso de violencia intrafamiliar ocurrió en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, la menor tuvo que ser trasladada de urgencia a la Clínica Amigos de la Salud de Montería, donde se encuentra en la Unidad de Pediatría.

El hecho fue atendido inicialmente por la Comisaría de Familia de Tarazá y en un trabajo articulado de las regionales de Antioquia y Córdoba, se adelantan las acciones para apoyar a la niña y su familia, mientras avanza su recuperación.

El ICBF reiteró su rechazo a todo hecho de violencia contra los niños, “exigimos celeridad en los resultados de las investigaciones para que a la presunta maltratadora le caiga todo el peso de la ley”, señaló el instituto en un comunicado.

El viernes se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra la presunta agresora, de 24 años, y le fue impuesta la medida de aseguramiento intramural indicó el coronel Giovanny Buitrago Beltrán, comandante de la Policía de Antioquia.

Fuente: http://bit.ly/2NFbEyN