El cruel ataque a los uniformados de la Policía de Tarazá se produjo cuando estos estaban cumpliendo labores de control al tránsito en el municipio. Desde dos motocicletas, hombres armados comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra los uniformados, dejando gravemente herido al patrullero Rafael Lenin Suárez.

“Cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas dispararon de manera indiscriminada contra los uniformados, resultando lesionado el patrullero Lenin Rafael Suárez Osorio, de 26 años de edad”, informó la Policía de Antioquia.

Otro ataque se reportó en el municipio de Remedios, también en la cabecera municipal. El atentado habría dejado a tres policías lesionados y al parecer a dos delincuentes abatidos. En un video se ve el triste momento en que los policías heridos tienen que ser trasladados en una moto grúa, hacia un hospital cercano.

En la última semana van 13 atentados contra la fuerza pública en Antioquia, registrados en el Norte, Urabá, Magdalena Medio, Nordeste y Bajo Cauca, dejando una lamentable cifra de cuatro policías y un soldado asesinados.

Dentro de uno de los cambuches de la invasión de la finca Santa Elena, en Caucasia, ocurrió el asesinato de dos hombres, luego de que personas armadas llegaran hasta la propiedad y les dispararan, en medio de la disputa criminal que se vive en este municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la invasión más grande de Colombia y allí fueron asesinados José Gabriel Pineda González y otra persona que no fue identificada, ya que no le encontraron documentos.

Las autoridades manejan como primera versión un ajuste de cuentas entre las estructuras delincuenciales, aunque los residentes de esta invasión indicaron desconocer de lleno lo sucedido con estas dos personas, debido a que habría ocurrido en horas de la madrugada y el ataque se habría perpetrado con un arma con silenciador.

Aunque fue poco lo que los investigadores lograron recolectar en esta zona, ya avanzan en las indagaciones para dar con los responsables y una de las bases para hacer la investigación son los antecedentes de Pineda González, quien contaba con registros por los delitos de daño en bien ajeno, hurto y tráfico de estupefacientes.

Este hecho ocurrió dentro de los predios de la finca Santa Elena, en este municipio del Bajo Cauca antioqueño, un predio de 378 hectáreas y que fue invadido por 8.000 personas desde hace un año y que desde entonces pasó de estar conformada por unas carpas verdes y negras sostenidas por palos de madera a contar con decenas de propiedades hechas de material y con servicios públicos.

La propiedad es administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y se encuentra en un litigio con el exnarcotraficante Juan Gabriel Úsuga Noreña, quien la compró en 1998, pero que desde el Domingo de Ramos de 2024 fue invadida, bajo el apoyo del Gobierno Nacional, ya que el entonces director de la entidad, Daniel Rojas Medellín, dijo que no iba a desalojar a nadie de estos terrenos.

De hecho, el presidente Gustavo Petro en una visita a Caucasia expresó: “Alcalde, usted aquí como primera autoridad, le solicito: háblese con los señores dueños de tierras, haciendas, latifundistas no para que nos engañen, ojo, a precio comercial y tierra fértil, nosotros estamos dispuestos a comprarles las haciendas. Si hay un predio urbano o cerca de la ciudad, le pediría que organice a las familias que se han tomado los terrenos para vivienda en una asociación de vivienda y el Gobierno Nacional va a ayudarles por autoconstrucción, o sea, trabajando, a construir las viviendas en un barrio que pueda ser legal”.

En cuanto a los temas de seguridad en Caucasia, durante los dos primeros meses de 2024 se presentaron cuatro asesinatos, de acuerdo con Medicina Legal, en su mayoría en medio de confrontaciones del Clan del Golfo y algunas estructuras criminales locales.

Luego de varias reuniones entre las autoridades de los municipios del Bajo Cauca con directivos de la Fiscalía General de la Nación, un funcionario del ente investigador anunció que próximamente se realizaría la reapertura de la sede de Medicina Legal de Caucasia.

Además, también se anunció que además se daría el retorno de tres fiscales al municipio de Tarazá, los cuales habían debido dejar el territorio a raíz del caso de secuestro en el que resultaron siendo víctimas por parte del Clan del Golfo.

El director seccional de Fiscalías en Antioquia, Daniel Parada, le explicó a Teleantioquia Noticias que el hecho tiene una importancia inmensa no solo para los usuarios, que podrán hacer sus trámites mucho más cerca sin tener que desplazarse hasta Montería, sino también para la institución pues ratifica su presencia en la convulsa subregión.

La medida también es un aliciente para reducir los tiempos de reacción de la entidad y de atención al público, incluso en gastos de transporte de los cuerpos sin vida que debían desplazarse hasta otras zonas para luego se retornados a sus familiares, los cuales muchas veces no tenían como costear este y otros trámites.

Cabe recordar que el pasado 7 de febrero de 2023, el en ese entonces fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció el cierre temporal de la sede de la Fiscalía en el municipio de Tarazá por el secuestro del que fueron víctimas tres fiscales y una funcionaria de un juzgado de ese municipio.

“Quiero rechazar enfáticamente los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero cuando 12 hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá, en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia”, indicó.

Posteriormente al cierre de la oficina de Tarazá se siguió el de la sede de Medicina Legal de Caucasia el 1 de agosto de 2023 por amenazas a sus colaboradores.

Daniel Parada, director seccional de Fiscalías en Antioquia confirmó que fueron reabiertas las sedes de Medicina Legal en Caucasia y la Fiscalía en Tarazá, ambos municipios del bajo Cauca. Esto luego de que se suspendieran las actividades por razones de seguridad.

En enero del 2023, tres fiscales, con sede permanente en Tarazá, fueron secuestrados y posteriormente liberados, ante esto la Fiscalía, alegando que no había seguridad, cerraron la oficia en febrero de ese año.

Posteriormente, el 1 de agosto, la sede de Medicina Legal de Caucasia también fue cerrada, por amenazas recibidas por los colaboradores.

Pese a estas circunstancias, finalmente la Fiscalía ordenó la reapertura de las sede y confirmó el correcto funcionamiento.

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El Ejército reportó la captura de dos presuntos integrantes de una organización criminal que delinque en el bajo Cauca Antioqueño. De acuerdo con el reporte de las autoridades, se logró la ubicación de una vivienda, la cual sería un punto de encuentro de criminales dedicados al tráfico y la extorsión de comerciantes.

En este lugar se capturó a un individuo, quien sería el encargado de recolectar los dineros producto de las actividades ilegales. Así mismo, en una operación en simultánea se logró la captura de su compañero, quien fue capturado en flagrancia, reclamando 900 mil pesos producto de la extorsión a un comerciante del municipio.

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En esa operación se hizo la incautación de un revólver, munición para el mismo, prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, dinero y un celular, con los cuales amedrentaban e intimidaban a la comunidad para lograr sus fines criminales.

Los capturados y el material incautado fueron dejados ante las autoridades judiciales correspondientes.

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En las recientes horas todo un revuelo se generó en Antioquia y tiene que ver con el alcalde electo de Zaragoza, en el bajo Cauca, quien tiene encima varias investigaciones por posible corrupción. Incluso, algunas voces dicen que podría terminar preso antes de asumir el cargo.

Luego de que el pasado 29 de octubre se llevaran a cabo los comicios, inició oficialmente el proceso de empalme entre quienes abandonan las alcaldías y gobernaciones y quienes entran a liderar. Con esto, también empiezan a salir a la luz varias investigaciones que tienen algunos mandatarios electos y que permiten cuestionar su victoria en las elecciones. 

Ese es el caso del alcalde de Zaragoza en Antioquia, Andrés Luján Monroy, quien tiene cuatro procesos judiciales por varios delitos según la red de veedurías de Colombia. 

“Entre ellos falsedad y contratos sin el lleno de los requisitos legales, pero este no es el único señalamiento que pesa contra él mismo, hay procesos adelantados por fuga de presos, igual indebida celebración de contratos, a su vez como presunto tráfico de influencias, todas estas ameritan también sanciones ejemplarizantes y prontas”, indicó Pablo Bustos, presidente de la red de veedurías. 

La versión de Andrés Luján Monroy sobre procesos en su contra

Por su parte, el alcalde electo Andrés Luján aseguró que la audiencia prevista para el pasado miércoles 8 de noviembre, por el delito de falsedad de documento público, fue aplazada y no tiene fecha programada. Respecto a lo que tiene que ver con los otros tres delitos, indicó que todos están archivados. Así lo confirmó en diálogo con Noticias RCN. 

“No estoy a punto de ser condenado. Nosotros hemos actuado con mucha transparencia, no nos hemos robado nada, no le hemos hecho daño a nadie y dentro de este proceso solamente se venía el sentido del fallo por el delito de falsedad ideológica de documento público, no es cierto que Andrés esté investigado por peculado, por prevaricato y mucho menos que tenga 4 o 5 procesos”, aseguró. 

Andrés Luján ganó en Zaragoza, municipio del bajo Cauca de Antioquia, con 5.241 votos.

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En el municipio de Valdivia, en la zona urbana del Bajo Cauca antioqueño, una comisión que realizaba labores de allanamiento fue atacada desde el interior de una vivienda donde se encontraba material de guerra almacenado.

Tras un enfrentamiento de 20 minutos, ocho personas, siete hombres y una mujer, fueron capturadas y posteriormente enviadas a la cárcel.

Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, los enfrentamientos ocurrieron tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda, con los atacantes usando armas de fuego.

De acuerdo con Daniel Parada Bermúdez, director Seccional de Antioquia, las investigaciones indican que los capturados formaban parte de una estructura criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios selectivos en varios municipios del norte y Bajo Cauca antioqueños.

Los delitos imputados a los detenidos están relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso civil y militar.

En el transcurso de la operación, se incautaron 14 fusiles, una subametralladora, un revólver, 8,516 cartuchos de diferentes calibres, una mina antipersonal, radios de comunicación, 11 morrales, 14 uniformes pixelados y boinas con siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entre otros elementos.

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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento a un supuesto brujo, de 65 años, presunto responsable de violencias sexuales en contra de una mujer y su hija menor de edad, informó en la mañana de este viernes Daniel Parada, director seccional de Fiscalías de Antioquia.

Los hechos fueron denunciados en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, donde madre e hija asistieron a la casa del supuesto brujo con el ánimo de participar en una sesión, al parecer, en busca de mejorar su situación económica, dijo el fiscal.

Allí, el hombre, quien es conocido como “Bigotes”, habría accedido sexualmente a la mujer en presencia de la menor de edad, a quien también le habría realizado tocamientos de carácter sexual.

Según la investigación que han adelantado las autoridades, el supuesto brujo les habría dicho a las dos mujeres que no podían contar nada de lo sucedido, para que pudieran tener los resultados que deseaban.

No obstante, la denuncia fue interpuesta en la Fiscalía General de la Nación y el hombre fue capturado. Durante las audiencias posteriores se le imputaron cargos por los delitos de acceso carnal en concurso con acto sexual.

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Luego de que se registraron ataques contra la población civil y la fuerza pública, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el domingo la reanudación de las acciones ofensivas en contra del Clan del Golfo, considerada la mayor banda de narcotraficantes en el país.

El gobierno colombiano había pactado una tregua con la organización criminal desde el pasado 31 de diciembre, así como con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

Sin embargo, el gobierno acusó que la organización criminal está detrás de las intimidaciones y agresiones contra pobladores en el noroeste del país; el más reciente episodio fue el disparo de un fusil contra una patrulla del Ejército.

Esta banda de origen paramilitar es señalada de estar detrás de manifestaciones de mineros ilegales que desde el 2 de marzo atemorizan a los pobladores del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, luego de que la fuerza pública quemara las dragas que utilizan para extraer oro.

La suspensión del cese al fuego es uno de los mayores reveses que ha sufrido el plan de “Paz Total” con el cual el político izquierdista ha querido terminar con los conflictos internos.

La Policía Nacional capturó el pasado fin de semana a un sujeto señalado de ser el segundo cabecilla y uno de los jefes de sicarios más temidos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

El hombre, identificado como alias “Negro Maicol”, está acusado de participar en homicidios, torturas y secuestros por parte de esa agrupación criminal, así como de haber liderado algunas acciones armadas en el marco del reciente paro armado que dejó varios ataques en contra de la Policía y el Ejército.

Según la Policía, el prontuario criminal de “Negro Maicol” abarcaría al menos cinco años de antecedentes. Su captura, agregó la institución, se suma también a la captura de otro criminal que tenía aterrorizado al Bajo Cauca, identificado con los alias de “Costeño” y “Gringo”.

En el caso de “Negro Maicol”, la Policía agregó que quedará a disposición del aparato judicial para que sea procesado.

“El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado (con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, homicidios, entre otros)”, concluyó la Policía en un comunicado.

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Recientemente la Defensoría del Pueblo alertó por la creciente ola de violencia en el Bajo Cauca antioqueño. Carlos Camargo Assis, cabeza de esa entidad, aseguró que la población ubicada en este territorio está el alto riesgo frente a la vulneración de Derechos Humanos.

Por lo anterior, el defensor del Pueblo le solicitó al Gobierno nacional tomar medidas urgentes y contundentes frente a este fenómeno que cada vez es más desbordado en el Bajo Cauca antioqueño.

“Es urgente que el Gobierno tome acciones con enfoque de derechos humanos para detener esta violencia. También le solicito a las autoridades nacionales y locales tomar medidas para garantizar la seguridad de las comunidades de la región”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo alertó que es preocupante no solo la cantidad de hechos de violencia que se están registrando en esa zona del país, sino la sevicia utilizada por los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.

Esta entidad resaltó que en esa subregión de Antioquia se han reportado masacres, decapitaciones, desapariciones y entre las víctimas además hay menores de edad.

“Según los reportes recogidos, en agosto se presentó la masacre de tres jóvenes, decapitaciones, asesinatos selectivos y desapariciones. Incluso, se conoce el caso de un joven que fue sacado del colegio y posteriormente fue encontrado muerto”, expresó la Defensoría del Pueblo en los últimos días.

Desplazamientos y reclutamiento forzoso de menores de edad

A los hechos mencionados anteriormente, se suma que, según la Defensoría del Pueblo, desde agosto se han registrado más de 100 desplazamiento individuales.

Así mismo, existe un alto riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley.

De acuerdo con la alerta emitida por esta entidad, los municipios del Bajo Cauca antiooqueño más afectados por la violencia desbordada que se está viviendo son: el Bagre y Caucasia, aunque hay otros territorios donde igualmente hay riesgos.

“Existe un nuevo ciclo de degradación de la violencia en la región en la que los grupos armados delincuenciales buscan generar pánico en la población. En la actualidad los municipios más afectados son el Bagre y Caucasia, pero el conflicto puede escalar a Tarazá; Cáceres y Nechí”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Es de resaltar que este tema de la escalada de violencia en el Bajo Cauca antioqueño no es un tema nuevo. Esa subregión ha sido blanco de los grupos armados ilegales históricamente, pero además, desde hace aproximadamente cuatro años la Defensoría ya venía solicitando atención especial para ese territorio.

Desde el 2018 la Defensoría del Pueblo ha emitido un total de seis alertas tempranas para esa subregión del departamento de Antioquia. De esas, según la entidad, cinco han sido de inminencia y una estructural.

Así mismo, el ente aseguró que en la actualidad está vigente la Alerta Temprana 045-2020, a través e la cual se advierte el riesgo en el que se encuentra la población civil por las acciones violentas adelantadas por distintos actores armados ilegales.

Entre los grupos que representan un mayor riesgo para los habitantes del Bajo Cauca antioqueño están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, la estructura criminal denominada Los Caparros, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Los habitantes de esa subregión han manifestado en distintas oportunidades que la ausencia del Estado ha dado espacio para que las estructuras criminales se tomen los territorios.

“En el Bajo Cauca lo que en verdad necesitamos, ya lo hemos hablado y dialogado, es la presencia del Estado. Creo que las dinámicas con las que debe es con programas de desarrollo, enfoques étnicos para los territorios, eso es lo que hace falta”, expresó el líder social e integrante de la organización indígena de Antioquia, Oliver Madrid, citado por la emisora Blu Radio.

En la tarde de hoy domingo en el sector El Basurero de Tarazá habían asesinado a un hombre ayer sábado y el cadáver tenía más de 24 horas en el lugar sin que las autoridades hicieran la inspección técnica.

Luego del levantamiento del cadáver se pudo conocer que la víctima respondía al nombre de Jader Ovidio Tirado Vergara, de 41 años de edad, quien recibió tres impactos de arma de fuego en la cabeza.

El hombre era natural del municipio de Caucasia, Antioquia y tenía varios días desaparecido. Según versiones, habría sido citado por un grupo armado ilegal y luego asesinado.

Las autoridades investigan las causas de este hecho de sangre.

Fuente: https://bityl.co/Dc0z

Alias “Cartagena”, un joven de 23 años de edad, quien se encontraba detenido dentro de las instalaciones de la estación de Policía en Caucasia, Antioquia se fugó, confirmaron las autoridades.

Esta persona sería un importante y peligroso sicario que haría parte de las filas del Clan del Golfo que delinque en el Bajo Cauca del departamento. De acuerdo con reportes oficiales, alias Cartagena se habría fugado momentos en que se encontraba con otras personas detenidas.

El coronel Daniel Mazo Cardona, comandante de la Policía Antioquia, señaló que desde que se tuvo conocimiento de la fuga de alias Cartagena se activó un plan de búsqueda con la Fiscalía la cual generó una orden de captura por el delito de fuga de presos. Así mismo se adelantan las investigaciones para determinar cómo se fugó de ésta estación del Fuerza Pública.

Ya son cinco los presos que se han fugado de las cárceles o centros de paso en menos de una semana en Antioquia. Estas fugas se reportaron así; dos en el municipio de Fredonia y dos en Santo Domingo, confirmaron las autoridades.

Fuente: https://bityl.co/CZjA

Agentes de la Policía y la Fiscalía capturaron a un nuevo sospechoso del asesinato de Luis Octavio Gutiérrez Montes, quien gerenciaba el Hospital de Caucasia. El hombre, identificado como alias “Ancizar” por las autoridades, fue localizado en el municipio de Galapa (Atlántico), luego de una investigación adelantada por esos dos organismos.

Según informó la Policía en un comunicado de prensa, “Ancizar” sería “uno de los principales sicarios de la subestructura Uldar Cardona Rueda de Clan del Golfo” y también estaría implicado en el ataque al patrullero Edison Ferney Parra, fallecido el pasado 14 de febrero de 2021 también en el municipio de Caucasia.

Con la captura de “Ancizar” ya son dos los sospechosos procesados por la muerte del gerente Gutiérrez, quien fue atacado con arma de fuego el pasado 13 de abril de 2021, mientras se desplazaba en una moto en el casco urbano de Causia.

Cabe recordar que a comienzos de este mes, otro hombre identificado como Carlos Andrés González Amaya, también acusado de hacer parte del Clan del Golfo, fue enviado a la cárcel de El Pedregal bajo medida de aseguramiento mientras es juzgado por el asesinato de Gutiérrez. Este último sospechoso, se declaró inocente.

La Policía agregó que alias “Ancizar” quedó a disposición de la Fiscalía, que podría imputarle los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

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Soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, en operaciones conjuntas coordinadas e interinstitucionales con la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, continúan combatiendo la minería ilegal en el Bajo Cauca antiqueño, logrando dar un duro golpe contra el GAO Clan del Golfo, en el corregimiento El Pato del municipio de Zaragoza y El Jardín, en el municipio de Cáceres, Antioquia.

Gracias al trabajado investigativo se logró la ubicación y destrucción de once retroexcavadoras, un bulldozer, tres motores industriales tipo motobomba y catorce unidades productoras mineras ilegales, las cuales generan la deforestación y el deterioro del medio ambiente en la zona.

Estas minas ilegales fueron intervenidas por las autoridades, las cuales tenían una rentabilidad que superaba los 4.400 millones de pesos mensuales, además de la maquinaria pesada, la cual tenía un valor aproximado de 3.000 millones de pesos, con una afectación a las finanzas de la estructura criminal de aproximadamente de 550 millones de pesos mensuales.

Finalmente, con el con apoyo de peritos ambientales, se logra confirmar el daño ambiental con una afectación de más 151 hectáreas cuadradas de tierra; de igual manera, la remoción de suelo y subsuelo de 32.000 metros cúbicos y una deforestación de 43.000 árboles aproximadamente, destruyendo la fauna, la flora y las fuentes hídricas cercanas.

Fuente: https://bityl.co/CL2C