La Policía en Antioquia asumió la investigación del millonario robo de oro que ocurrió en la mina la Ye ubicada en la vereda El Naranjal, de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño.

Según el reporte, los ladrones se llevaron 47 kg en barras del mineral avaluado en 7.500 millones de pesos.

En el registro de las cámaras de seguridad se observa a los ladrones que ingresaron vestidos con uniformes de Corantioquia y pasaron sin mayores problemas, una vez adentro, sacaron fusiles y otras armas, amenazaron a los empleados y los amarraron. Luego, ingresaron al área de fundición y empacaron en morrales las barras de oro.

La empresa minera La Ye, que procesa diariamente unas 400 toneladas de minerales al día, perteneció a la compañía Mineros SA pero en marzo fue vendida por 5.5 millones de dólares a una multinacional extranjera.

Al parecer, esta empresa internacional no cede ante las extorsiones, lo que habría generado una serie de amenazas de grupos armados de esta zona del Bajo Cauca.

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Por presunta corrupción en contratación, durante su primer periodo como gobernador entre 2004 y 2007, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ordenó la captura del Aníbal Gaviria.

El gobernador habría incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros. El 16 de abril de este año, Gaviria fue escuchado en indagatoria por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. La Gobernación de Antioquia manifestó que está recibiendo la noticia y Gaviria Correa se encuentra reunido con sus abogados antes de dar cualquier declaración.

El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que "la decisión fue comunicada el día de hoy al Presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia".

Según la Fiscalía, "el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $ 1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia".

Con supuestas cartas de alcaldías o de empresas de seguridad, algunos ciudadanos buscan la forma de desplazarse a otros lugares del país en plena cuarentena.

Se conoce el caso de tres personas que utilizaron esta modalidad para movilizarse entre la vía Planeta Rica- Caucasia, en los departamentos de Córdoba y Antioquia. Autoridades lograron establecer que el supuesto permiso de la alcaldía de Buenavista, con firma y sello del secretario de gobierno local, era falso.

“Fueron judicializados ante la Fiscalía, primero por el uso del documento falso y simultáneamente por delito contra la salubridad pública", aseguró el General Carlos Rodríguez.

Esta situación no es ajena en otras ciudades del país, en Norte de Santander, ciudadanos utilizaron identificación, supuestamente, como integrantes de una empresa de seguridad.

"Fueron detectadas cinco personas que se movilizaban en tres vehículos con documentos de una empresa de seguridad privada, la cual no existe, pero pretendían evadir los controles de seguridad", señala el general Rodríguez

Quienes cometan este delito, se exponen a una pena de prisión entre cuatro y ocho años. Durante la cuarentena se han presentado 62 capturas por evadir controles viales con documentos falsos.

Además, ya se han impuesto más de 29 mil comparendos por no cumplir con las medidas decretadas por el Gobierno.

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El jueves 21 de mayo, Policía Antioquia le afirmó a Caracol Radio Medellín que siete detenidos que se habían fugado durante la madrugada de la sala de retención transitoria de la Estación de Policía de Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño, habían sido recapturados, esta información fue replicada en Caracol Radio pero horas después la entidad informó que se trataba de un error y que estas personas no han sido capturadas.

Sobre este hecho, Jorge Cabra, comandante de la policía había afirmado que “utilizando algunos elementos artesanales lograron cortar y doblar uno de los barrotes y emprenden la huida siete personas que se encontraban privadas de la libertad en la sala de retención transitoria de la estación de policía de Caucasia”.

La Policía Antioquia se mantiene en la descripción de los hechos pero con la aclaración de que no se han realizado tales capturas.Este tipo de hechos se han reportado en varias oportunidades en esa población, el más reciente había ocurrido el pasado mes de febrero en la sede del CTI de la Fiscalía y el año anterior había ocurrido lo propio pero en la cárcel municipal, en los tres lugares se reporta un alto porcentaje de hacinamiento.

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Este domingo en la tarde, una menor de 16 años de edad perdió la vida en el corregimiento de Cuturú, en zona rural de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, luego de que fuera impactada por una bala perdida en medio de un enfrentamiento armado entre militares del Ejército Nacional y presuntos integrantes de la organización Los Caparros.

Información preliminar señala que la menor, quien cursaba grado séptimo, fue encontrada sin vida al interior de una tienda que está ubicada en el parque principal de esa población. Al parecer, hasta ese lugar habría llegado la niña para tratar de resguardarse del enfrentamiento armado.

El Comando de la Séptima División del Ejército indicó que en ese enfrentamiento también resultó herido un soldado profesional, quien recibió los primeros auxilios y se encuentra fuera de peligro.

“En hechos que son materia de investigación, ocurridos durante la tarde de ayer, integrantes del grupo armado organizado Los Caparros disparan y atacan de manera indiscriminada a la población que habita en el casco urbano de este corregimiento, ante lo cual las tropas que se encuentran en el lugar reaccionan y se presenta un combate urbano”, indicó el Ejército sobre lo ocurrido.

Tras la muerte de la menor algunos habitantes del corregimiento de Cuturú atacaron a los soldados, pues los acusaban de ser los responsables de ese hecho. Por lo tanto, se presentaron alteraciones en el orden público.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer de dónde provino la bala que terminó con la vida de la menor, en medio de la celebración del Día de la Madre.

“Este Comando lamenta el hecho, que ya fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para realizar las investigaciones a que haya lugar, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Personal de los organismos de control y funcionarios de la Policía Judicial se trasladaron al sitio para realizar los actos urgentes”, concluyó el Ejército.

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Un camión del Ejército fue atacado con explosivos, al parecer una granada, cuando se movilizaba por la vía a la costa Caribe, en los límites de los municipios de Cáceres y Caucasia, subregión del Bajo Cauca Antioqueño.

Cinco militares resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Caucasia, donde permanecen bajo observación médica. Todos están fuera de peligro y son atendidos por lesiones causadas por esquirlas en brazos, piernas y el tronco.

A través de su cuenta de Twitter, la Séptima División del Ejército responsabilizó de los hechos al Clan del Golfo, quienes, asegura, atacaron el vehículo en retaliación a las 458 capturas que se han adelantado en contra de ese grupo armado durante este 2020.

Por su parte, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de esta división, agregó que estos militares atacados se encontraban adelantando actividades en el marco de la emergencia del COVID-19, en la operación San Roque, que se ha centrado en el transporte y entrega de alimentos para las familias vulnerables de la zona.

Por este ataque la vía Tarazá - Caucasia estuvo cerrada, según informó el INVIAS. Entre tanto, continúan las investigaciones y las operaciones para dar con los responsables del ataque.

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El vehículo fue interceptado en un retén de la Policía en el Bajo Cauca antioqueño. Tres personas fueron capturadas.

El camión, que salió desde Medellín y tenía como destino el municipio de Tarazá, tenía en su interior un cargamento de armas de fuego, silenciadores y 20 kilos de cocaína.

Según las autoridades, antes de salir con rumbo al Bajo Cauca, el vehículo pasó por el barrio Castilla, noroccidente de la capital antioqueña.    

“Una estructura delincuencial, estamos investigando su asocio con Los Caparros, introducen estos elementos y posteriormente el vehículo es detenido y revisado en un puesto de control de la Policía de Tránsito y Transporte”, señaló el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Jorge Cabra.  

Dos hombres y una mujer que transportaban el cargamento fueron capturadas y dejadas a disposición de la autoridad competente.

“Estas armas y esta sustancia iban a ser dejadas en el municipio de Tarazá y harían parte del componente armado del grupo delincuencial Los Caparros, con injerencia en el Bajo Cauca antioqueño”, puntualizó el coronel Cabra.  

Por la cuarentena nacional la mayoría de delitos en el departamento han disminuido, sin embargo, las autoridades reportan que han realizado 14 capturas y más de 9 mil comparendos en todo Antioquia.

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En un nuevo caso de abuso de vehículos de servicio hospitalario para intentar desplazarse entre localidades y evadir los controles por la covid-19, la Policía sorprendió a tres personas que viajaban de manera ilegal en una ambulancia con destino a Caucasia.

Un hecho similar se presentó el pasado 11 de abril en la vía Medellín-Río Claro.

El comandante de la Policía Antioquia, Jorge Miguel Cabra Díaz, informó que el hecho se presentó en el kilómetro 5 de la vía Ayapel (departamento de Córdoba) - Caucasia (Antioquia), donde, al hacer un ejercicio de control, los uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito detectaron la irregularidad.

“Los uniformados descubren que la ambulancia había estado en un taller y el mecánico, de forma abusiva, la saca y transporta a tres personas con destino a Caucasia”,

Señaló que las cuatro personas se encontraban violando el aislamiento preventivo obligatorio, por lo cual a todas se les impuso el comparendo respectivo de 980.000 pesos.

El conductor, aseguró el oficial, utilizó la ambulancia para intentar evadir los controles en la vía. Las personas viajaban sin las normas de bioseguridad obligatorias en la cuarentena para prevenir el contagio de la covid-19.

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El oficial recomendó a los ciudadanos seguir acatando las normas del aislamiento.

Eder Narváez, director de NP Noticias y corresponsal de Teleantioquia Noticias, recibió una nueva amenaza de muerte. Según la Mesa de Derechos Humanos de los Periodistas de Medellín y Antioquia, en el mensaje, que recibió en horas de la madrugada de este sábado 18 de abril, le dan tres días para abandonar el municipio de Caucasia, Bajo Cauca del departamento. 

En el texto le reprochan por su cubrimiento de noticias de orden público y porque nunca se refiere al ELN. "Tres días te doy para que te vayas de Caucasia, no se te olvide, lo que nunca haces es hablar del ELN, verdad, por qué nunca hablas de ellos, incluso hasta una entrevista le das, tres días tienes, ahí te la dejo", dice el mensaje. 

El pasado 13 de abril el comunicador había recibido una primera amenaza, a través de mensajes de texto, firmados, aparentemente por alias ‘el Negro’, comandante de ‘Los Caparros’. 

"Mira 'compa' te voy a decir algo, soy Manuel, alias 'el Negro', comandante de 'Los Caparros', uno, dejas de estar hablando tanto o te acuesto, dos, los que matamos anoche no mas es el principio, cabrón, o te calmas o le bajas dos rayas o te vas pal cielo, como la ves, ahí te voy a enviar un detalle para que veas que hablamos en serio", dice el primer mensaje. 

La Mesa de Derechos Humanos de los Periodistas de Medellín y Antioquia también aseguró que hasta el momento, el profesional no cuenta con un esquema de seguridad. "La Mesa de Derechos Humanos de periodistas Medellín y Antioquia solicita a las autoridades y organismos de garantía goce y satisfacción de Derechos de los periodistas, proteger de inmediato al periodistas Narváez toda vez que su vida corre peligro e investigar, dar captura y judicializar a los presuntos criminales autores de las amenazas", indicó la organización a través de un comunicado. 

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En plena cuarentena por el COVID-19, se reportó en las últimas horas, un doble asesinato en Caucasia, Antioquia.

Este hecho violento ocurrió en la carrera 20, en el barrio Loma Fresca, casco urbano de esta localidad del Bajo Cauca, donde según el reporte policial, dos hombres que se movilizaban en moto, llegaron hasta una vivienda que funcionaba como peluquería y sin mediar palabra dispararon en contra de quienes se encontraban en el sitio.

Dos personas fallecieron en el lugar y no han sido identificadas, mientras que otras dos personas resultaron ilesas del ataque criminal.

Por el momento las autoridades no tienen claridad sobre los móviles de este doble crimen en esta población del Bajo Cauca.

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Tras 80 días de investigaciones y operaciones militares, las autoridades confirmaron la captura de alias Político o Cuarenta,  presunto cabecilla del grupo criminal Los Caparros, en la vereda Juan Martín, en zona rural del municipio de Cáceres.

Sobre esta persona capturada de 55 años de edad, informes de inteligencia revelaron que tiene una carrera criminal de 20 años.Habría pertenecido a las extintas AUC  y al parecer era el encargado de coordinar las distintas alianzas criminales con alias Ramiro y alias Cabuyo, cabecillas del residual 18 y 36 para mantener las rentas del narcotráfico y hacerle frente al  Clan de Golfo por las rentas ilegales y la territorialidad en el Bajo Cauca.

El mayor general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército, explicó que sobre alias Político o Cuarenta, existe una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado.

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Así mismo es señalado de perpetrar varios homicidios selectivos contra la población  y contra integrantes de grupos armados ilegales, agregó el oficial.

Alias Político o Cuarenta, quien se desmovilizó en el año 2006 del Bloque Minero de la extintas AUC, en calidad de miembro del estado mayor de ese grupo margen de la ley, fue dejado ante las autoridades judiciales, señaló el  mayor general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército.

Tropas del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones militares desplegadas de manera sostenida contra los factores de criminalidad en el departamento de Antioquia, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación y atendiendo las recomendaciones de la alerta temprana No.003 de 2019, en el último día dan captura a tres sujetos al parecer integrantes del grupo armado organizado Eln, entre los que se encuentra alias Arnovis, señalado de ser el cabecilla de la comisión de finanzas del frente Guillermo Ariza.

La operación militar se realizó en la vereda Muqui, del corregimiento de Puerto Claver, en zona rural del municipio de El Bagre, Antioquia, donde uniformados del Ejército, recibieron información de la Red de Participación Cívica acerca de que alias Arnovis y dos delincuentes más estaría en esta zona, traficando estupefacientes para financiar las estructuras armadas del GAO - ELN. Posteriormente, los soldados logran las capturas y los ponen a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización. A estos sujetos se les incautó un arma larga, un revolver, munición para las mismas, 291 gramos de pasta base de coca y 16 Kilogramos de permanganato de potasio.

Alias Arnovis, de 38 años, según se pudo establecer por las autoridades judiciales tiene un historial delictivo de 5 años en la organización, es señalado de ser el encargado de la compra y venta de insumos para la producción de pasta base de coca, dirigía las redes de apoyo al terrorismo para la consecución de armamento, munición, intendencia y logística; recolectaba los dineros producto de las rentas ilícitas, a través del cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y mineros en el sur de Bolívar.

Este sujeto quien está vinculado a un proceso judicial por el delito de rebelión, venía desarrollando sus actividades criminales sobre los sectores de Puerto Claver, La Torcoral, El Basal y en la vereda Palma Chica del municipio de Santa Rosa en el sur de Bolívar en límites con el municipio de El Bagre, Antioquia.
Con este resultado, se afecta de manera contundente el mando y control de esta estructura, así como las actividades logísticas delictivas que debilitan las finanzas del frente Guillermo Ariza del Eln.

De esta forma el Ejército Nacional en coordinación con la Policía y la Fiscalía, mantienen las operaciones ofensivas contra los grupos armados organizados que delinquen en el departamento de Antioquia y ratifican su compromiso de mantener la seguridad en la región.

Los menores debieron ser trasladados de emergencia al hospital de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño y están fuera de peligro.

En la Institución Educativa Liceo Concejo del municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, se vivió una emergencia que alertó a decenas de padres de familia.

Se trata de una intoxicación masiva de 24 menores de edad luego de almorzar lentejas, carne molida, arroz y leche, entregadas en el Plan de Alimentación Escolar, PAE.

El hecho fue confirmado por el alcalde de ese municipio, Félix Olmedo, quien manifestó que se encuentra investigando con las autoridades la procedencia y manipulación del alimento.

Según el mandatario, los niños, todos de primaria, se encuentran fuera de peligro y ya fueron dados de alta, luego de ser atendidos en la Clínica Pajonal y en el Hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia.

“Todos los niños tuvieron atención médica. 17 de ellos fueron atendidos en el hospital César Uribe, y siete en la clínica Pajonal del municipio”, precisó el primer mandatario.

Por ahora, los niños afectados volverán a clase, mientras que las autoridades buscan reforzar el Plan de Alimentación Escolar, ya que hay más de 11.000 menores beneficiados con este suministro de alimentos en Caucasia.

Fuente: http://bit.ly/2IyJwfb

Cuatro personas, al parecer trabajadores de una finca, fueron asesinados por integrantes de un grupo armado ilegal en zona rural del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.

Los hechos, según conoció EL COLOMBIANO, ocurrieron ayer en la noche luego de un combate entre los Caparros y el Clan del Golfo en una finca conocida con el nombre de Rincón Santo, ubicada en la vereda Manizales de Cáceres.

Al parecer uno de los grupos se retiró de la zona y los armados que quedaron en la finca, que aparentemente fueron los del Clan del Golfo, ingresaron a una de las viviendas, desplazaron a una mujer y a su hija menor de edad, y asesinaron a cuatro de los trabajadores del predio.

“Al parecer los dueños de la finca estaban pagando extorsión a los Caparros de un millón de pesos mensual y luego del combate, los del Clan habrían asesinado a estas personas por una supuesta retaliación por colaborar con sus enemigos”, relató una fuente judicial a este diario.

Las víctimas fueron identificadas como Alexánder Fabio López Rivero de 41 años, Gabriel Enrique Ávila Montalvo de 51 años, Wilberto Manuel Beltrán Roqueme de 48 años y William Antonio Beltrán Carrillo de 23 años.

Conflicto que no para

La guerra entre los Caparros y el Clan del Golfo, que se disputan el territorio del Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, lleva más de dos años. Los municipios más afectados por este conflicto son Tarazá y Cáceres en Antioquia y San José de Uré en Córdoba.

Ejército, Policía y Fiscalía afirman que la lucha es por las rentas ilegales que brindan los cultivos de uso ilícito, la extorsión y la explotación ilegal de yacimientos mineros.

Esta guerra ha generado gran cantidad de desplazamientos en la región, siendo el municipio de Tarazá el más perjudicado. Según la Unidad para las Víctimas, en esa población, se registraron entre 2018 y el 22 de enero de 2020, nueve eventos que afectaron a 282 familias, es decir, 829 personas.

Tanto Ejército como la Policía reforzaron su presencia en el Bajo Cauca y bajo una orden presidencial, el objetivo es aumentar las operaciones contra estas estructuras armadas. Se estima que en esa subregión de Antioquia, hay por lo menos seis mil integrantes de la Fuerza Pública.

Fuente: http://bit.ly/2whRM04

Una visita por el Bajo Cauca Antioqueño, fue lo que pidió Leiderman Ortiz Berrio, nuevo alcalde de Caucasia, Antioquia, al Procurador Fernando Carrillo. 

Le elevó esta solicitud con el fin de visibilizar la situación de orden público que padece la región.

El Bajo Cauca Antioqueño ha sido conocido por la presencia de los múltiples grupos al margen de la ley que delinquen en la zona y pretenden apropiarse del territorio para seguir con las economías conexas al narcotráfico.

Para Ortiz Berrio es de suma importancia que el jefe del Ministerio Público visibilice la situación que ha sembrado pánico en los habitantes de la zona, dado que a diario se registran desplazamiento forzado, e incluso reclutamiento de menores.

“Tengo el honor de dirigirme a usted para expresarle mi profunda preocupación por la grave crisis de seguridad que vive en la actualidad la región del bajo Cauca antioqueño”, expuso Ortiz Berrio, quien no ha podido posesionarse y asumir las riendas de la administración municipal por una acción judicial.

El nuevo alcalde, que lleva ejerciendo como líder social por más de 20 años, decidió lanzarse al mundo de la política y con ello conseguir ser elegido mandatario de Caucasia, Antoquia, esto debido a que conoce las problemáticas que aquejan su región.

“La corrupción y la delincuencia no se detienen en nuestra región. Ante este panorama, le escribo porque conozco su profunda sensibilidad y lucha por la defensa de los líderes sociales en Colombia y lo invito a que me acompañe a la región para que conozca de primera mano la grave crisis de seguridad y corrupción”, dijo el nuevo mandatario.

Para Ortiz Berrio, todo lo mencionando anteriormente es producto de la disputa territorial que tienen cinco actores armados: Los Caparros, el Clan del Golfo, los disidentes de las Farc, el Eln, y la delincuencia asociada al narcotráfico que protegen el movimiento de dinero, armas, laboratorios y rutas para el transporte de cocaína perteneciente al cartel mexicano de Sinaloa. Ortiz Berrio argumentó que los actores armados amenazan la seguridad de los pobladores de los municipios de Caucasia, Tarazá, Nechí, El Bagre, Cáceres y Zaragoza. Si bien, en este momento, el mandatario fue elegido por los habitantes de Caucasia como el nuevo alcalde, precisamente, para combatir el flagelo de la violencia, una acción legal en su contra lo tiene fuera del cargo, dado que una decisión judicial así lo determinó.

En su proceso judicial, que se ha adelantado desde enero pasado, solicitó a la Procuraduría que se designe una comisión especial para que intervenga de manera permanente. 

Fuente: http://bit.ly/2OzFuGv