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Levantado el paro minero, tras lograr acuerdos con el gobierno nacional en Antioquia

La Mesa de Concertación entre los mineros de Antioquia y el Gobierno Nacional logró un acuerdo para construir herramientas normativas que contribuyan a la formalización del sector. Así lo anunció el secretario de Conalminercol, Rubén Darío Gómez, quien hizo un llamado a los mineros, para que levanten el paro, a la espera de una legislación para beneficio de miles de familias que viven de esta actividad.

La viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, explicó que el Gobierno buscará formalizar la pequeña y mediana minería y continuará atacando a las bandas criminales que se lucran de la minería ilegal.

A finales de esta semana y a comienzos del mes de marzo, serán radicadas en el Congreso, las propuestas establecidas en la negociación entre los mineros y el Gobierno.

Fuente: http://bit.ly/1zzLdeH

Acuerdo pone a calcular a mineros

Con 67 años a cuestas, Luis Ángel Castañeda sigue trabajando las minas. Su piel ennegrecida revela los muchos años que ha tenido que faenar de sol a sol, escarbando las montañas o los ríos, buscando el oro que le permita vivir con un poco de dignidad.

“Si no trabajamos nos morimos de hambre, por viejo que esté uno no se puede poner a descansar”, dice. A su lado, otro numeroso grupo de mineros de Tarazá, Bajo Cauca se prepara para una marcha de protesta, la cual se realizó ayer pasadas las 3:30 de la tarde sobre la Troncal a la Costa.

“Mi oficio es de baharequero, pero ya ni eso se puede hacer”, se lamenta el hombre, quien de la noche a la mañana pasó de ser minero informal a ser llamado “delincuente”, según los mineros, por la aplicación del decreto 2235, que declaró ilegal la minería informal y dio licencia para confiscar y destruir las maquinarias utilizadas para la labor.

No obstante, con el decreto, el Gobierno pretende poner orden en la actividad minera, pues en no pocos casos es sustento de grupos armados al margen de la ley.
John Edward Álvarez, uno de los organizadores de la marcha minera, explica que ante la tragedia que está viviendo Tarazá no queda más que protestar. “Acá, si no hay minería no hay economía. De esto viven el comerciante, el transportador, el mototaxista, el hotelero, el campesino, toda la región”, asegura.

Desde el lunes el pueblo congrega a mineros y campesinos de Tarazá y Cáceres, de los corregimientos Jardín, El Doce, El Guaimaro y demás, afectados por las normas con las que el gobierno pretende organizar la minería en el país.

Por eso, el paro minero seguirá, porque la situación para quienes han pasado su vida sobreviviendo en esta actividad, ahora es insostenible, dice Álvarez
El comandante de la Policía de Caucasia, coronel Luis Muñoz, quien hace presencia en Tarazá, sobre la parálisis del miércoles comentó que “el comercio está cerrado, pero es que los mismos comerciantes, en un consejo de seguridad que se hizo el lunes, dijeron que iban a cerrar tres días en señal de apoyo a los marchantes”.

En el área se reforzó el pie de fuerza, decisión que se mantendrá mientras duren las protestas, que abarcan los municipios del Bajo Cauca y el Nordeste.


Caucasia, sin movimiento 

En contraste, ayer en Caucasia se vivió un ambiente de normalidad y los manifestantes se mantenían a la expectativa de un posible acuerdo con la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, quien debe llegar hoy a Medellín para dialogar con los voceros de los mineros agrupados en Conalminercol.

“Ella dice que va a arreglar es con los baharequeros, pero con ellos no hay nada qué arreglar, el problema es con la pequeña y mediana minería que es la que está frenada con la persecución del Gobierno”, advierte Ramiro Restrepo, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca.

No tiene muchas expectativas, pues recalca que ya van tres acuerdos con el Gobierno para cambiar el decreto que terminó “criminalizando” la actividad minera informal y “ninguno se ha cumplido”.
Pero no se rinde. Espera, como los mineros a los que representa, que en el Plan Nacional de Desarrollo, que está en discusión en el Congreso, queden incluidas las normas que despenalicen su actividad y puedan seguir trabajando en la explotación minera.

Fuente: http://bit.ly/1z5MKbk

En Antioquia continuará hoy el paro minero en por lo menos 10 municipios

Sin alteraciones en el orden público por las movilizaciones en el Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, transcurrió el primer día del paro minero con la participación de cerca 3 mil personas.

Fabio Builes, coordinador del movimiento de protesta en el Bajo Cauca, destacó el apoyo de las autoridades y del comercio, durante la jornada que continuará hasta este viernes, cuando se reunirán con representantes del Gobierno Nacional.

En el Bajo Cauca, la subregión con mayor problemática por la minería informal, las autoridades continuarán con la vigilancia para evitar los bloqueos en las vías y la restricción del porte de armas, dijo el Secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe.

Las declaraciones de la Viceministra de minas, María Isabel Ulloa, sobre la destrucción de la maquinaria utilizada en la labor, fue tomada como una provocación por parte de los mineros agrupados en Conalminercol, dijo su secretario general Rubén Darío Gómez.

Fuente: http://bit.ly/1LenQg4

Calma, en marcha minera

Unas cinco mil personas marcharon ayer en la mañana en el municipio de Caucasia para presionar un acuerdo con el Gobierno Nacional que les permita a los pequeños mineros de la localidad y de las regiones Bajo Cauca y Nordeste seguir ejerciendo su labor sin ser perseguidos por las autoridades.

Con el noventa por ciento de los locales comerciales cerrados, los mineros pidieron que esta vez el Gobierno firme un acuerdo que respete su derecho al trabajo, como lo han hecho por décadas, y no siga incautándoles y quemando la maquinaria con la que ejercen su labor, de la que vive el 90 por ciento de la población.

La marcha se realizó en horas de la mañana y para la 1:00 de la tarde ya la protesta había terminado, pero por la jornada de ayer, pues hoy los mineros retoman su movimiento, como se hace en otros puntos de Antioquia y del país.

“Desde 2011 hemos firmado tres acuerdos, el último de ellos (3 de septiembre de 2013) con las firmas de tres ministros y ocho congresistas, con la Onu y la Curia, pero no se ha cumplido nada. Esperamos que esta vez se firme algo que tenga un verdadero respaldo de la máxima autoridad para poder aspirar a que se cumpla”, expresó Ricaurte Tirado, directivo de Conaminercol de la región del Bajo Cauca.
Dijo que aunque esperaban dos mil personas en la marcha, el descontento de la población es tal, que asistieron cinco mil personas.

Diego Calle, presidente de la Asociación de Comerciantes de la localidad, lamentó que los negocios hayan cerrado, pero aclaró que no hubo presiones.

“Temiendo que se presentaran desmanes como los de hace año y medio, muchos prefirieron no abrir, pero todo fue muy pacífico y tranquilo”, aseguró.

Añadió que es imposible medir la afectación en cifras económicas, pero admitió que es un golpe duro al comercio: “los mineros tienen razón en su protesta, pero los negocios cerrados sí causan pérdidas”.

Apoyo de mototaxistas Hoy seguirá la protesta, igual que en su vecina localidad de Tarazá, donde unas trescientas personas, entre mineros y mototaxistas, marcharon por la Troncal a la Costa pidiendo que les respeten el derecho a trabajar, pues allí la minería informal se ha ejercido por siglos.

“Si nuestros abuelos fueron mineros, nuestros padres son mineros, ¿por qué nuestros hijos no lo pueden ser?”, se preguntaban los voceros del movimiento a viva voz y con pancartas. “Yo trabajo la minería hace 30 años, tengo 58 y con esto he criado doce hijos, y casi todos ellos también son mineros, no hay más qué hacer acá”, manifestó Julio Hernández mientras caminaba sudoroso por la Troncal, que debió ser cerrada al paso vehicular por varias horas mientras avanzaba la caminata, que también culminó al mediodía.

Miguel Ángel Gómez, vocero de los mineros informales, y Libardo Bravo, portavoz de los mototaxistas, esperan que esta vez el Gobierno atienda su clamor por el derecho al trabajo. “Sin minería se acaba el mototaxismo, porque nosotros trabajamos transportando a los mineros y sus familias”, aseveró Libardo, mientras Miguel Ángel expresó que el 80 por ciento de la población de Tarazá no tiene más en qué trabajar si no es de minero.

“Hasta el oro lo declararon ilegal y no tenemos dónde venderlo, nosotros somos campesinos honestos y pedimos que nos respeten los derechos por una actividad que viene de nuestros ancestros, desde hace 500 años”.

Sandra González, una ama de casa que marchó con su hija, clamó por una solución: “yo también vivo de la minería, es un trabajo como todos y no sé porqué lo persiguen, esto es una lucha de cada día de gente honrada”, puntualizó.

Esta vez no hubo árboles en la vía, ni llantas o troncos de madera ardiendo e impidiendo el paso vehicular. La tarde fue tranquila en ambas localidades.

Fuente: http://bit.ly/1Len9Dz

Se inicia paro minero y concentraciones en trece lugares

Las mayores concentraciones serán en el Bajo Cauca antioqueño, en las poblaciones de Tarazá y

En 13 puntos de Antioquia habrá concentraciones y movilizaciones a partir de hoy al comenzar el nuevo paro nacional minero convocado por la Confederación Nacional de Mineros, para reclamarle al gobierno por lo que califican como su incumplimiento y la falta de compromiso con el gremio, y su política de arrasamiento de la pequeña y mediana minera en el país.

Las mayores concentraciones están previstas en el Bajo Cauca antioqueño, en las poblaciones de Tarazá y Caucasia donde se espera participen en la protesta unas 10 mil personas.

Pero además los mineros se concentrarán en el corregimiento Jardín de Cáceres; en el corregimiento El Doce de Tarazá, en Puerto Valdivia, el municipio de Campamento, en Vegachí, Yalí, Amalfi, Porce, en Amagá, el corregimiento Puente Iglesias de Fredonia y el corregimiento Doradal de Puerto Triunfo.

Mauricio Gómez Peña, presidente de Conalminercol, manifestó que los llamados en todas las zonas son pacifistas y un ejemplo es lo que ocurrirá en Tarazá donde párrocos, pastores, juntas de acción comunal, comerciantes, mineros, agricultores, saldrán a pedirle al gobierno nacional no por el derecho al trabajo de los mineros, sino por el encadenamiento productivo y social que la minería tiene en su región.

El dirigente gremial descalificó cualquier intento del Gobierno por desnaturalizar las protestas, de deslegitimar los actos legítimos de reclamo de la ciudadanía, diciendo que hay infiltraciones en las movilizaciones, para poder así tener un marco represivo más amplio y hacer de ese marco represivo la solución al problema.

Fuente: http://bit.ly/1yWKC5C

 

Antioquia será eje principal de paro minero nacional de este miércoles

Los mineros informales de Antioquia comenzaron este martes a movilizarse desde las zonas de extracción de oro hacia los seis puntos de concentración donde marcharán este miércoles y reclamarán al Gobierno medidas oportunas al considerar que ha incumplido los acuerdos firmados luego del último paro de 2013.

Los mineros tradicionales del departamento se congregarán a partir de la noche de este martes en los municipios de Caucasia, Tarazá (Bajo Cauca), La Pintada, Angelópolis (Suroeste), Vegachí y Cisneros (Nordeste), convocados por la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol).

Esta organización estima que unas 350 mil pequeños y medianos mineros son parte de los productores informales, tradicionales y artesanales, de los cuales unos 150 mil se localizan en Antioquia, básicamente en la extracción de oro y carbón.

“Frente al incremento de fuerza pública en varios sitios de Antioquia, cabe aclarar que será una protesta completamente pacífica, solo queremos reclamar al Gobierno soluciones reales, ciertas, que nos permitan seguir trabajando”, comentó a este diario el secretario General de Conalminercol, Rubén Darío Gómez.

Entre los puntos que reclaman los mineros informales está que se agilicen y faciliten los procesos de legalización, que se derogue el decreto que dispone la destrucción de maquinaria, que haya claridad en las guías minero ambientales que debe cumplir el pequeño minero para su formalización, así como un tratamiento tributario diferencial.
También hay reparos al nuevo Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), pues en su pretensión de regularizar la actividad minera y darle trazabilidad a la cadena de producción y comercialización, para Conalminercol está paralizando con requisitos a la pequeña minería informal.

“Seguimos abiertos al diálogo, a que en la Mesa de Concertación citada para el próximo viernes, en Medellín, se recomponga el pliego de peticiones y el Gobierno entienda que no puede exigir al pequeño minero que cumpla con las mismas condiciones de las grandes multinacionales”, concluyó Gómez.

Fuente: http://bit.ly/1ySQJI7

Restricciones al porte de armas en bajo Cauca, por el paro minero

La Décima Primera Brigada del ejército expidió una resolución por medio de la cual se suspende de manera provisional el uso de armas de fuego en la zona del Bajo Cauca Antioqueño con el fin de garantizar la seguridad de la población durante el desarrollo del paro minero.


La resolución entra en vigencia a partir hoy a las 6 de la tarde y se extenderá en principio hasta el sábado 21 a las 6 de la tarde.

La medida tendrá vigencia en las poblaciones de Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí, El Bagre, Zaragoza y el corregimiento Puerto Valdivia de Valdivia.

Fuente: http://bit.ly/1ySQ8Gq

En Caucasia alistan plan de contingencia para el paro minero

El próximo 18 de febrero se realizará el paro minero Nacional, y teniendo en cuenta las alteraciones del orden público que se presentan durante estas manifestaciones, autoridades civiles y militares alistan un plan de contingencia para evitar bloqueos de la vía hacía la Costa, destrucción de infraestructura y confrontaciones.

"Estamos adelantando reuniones con todos, es decir, Policía, Ejército y Armada, para adelantar un gran plan y así evitar hechos violentos y garantizar que la protesta se desarrolle con normalidad y que no ocurra lo de hace dos años", afirmó el coronel Javier Guillermo Guerrero Salazar.

El oficial explicó que se diseñarán las estrategias para proteger los sitios críticos, porque la orden de la Dirección Nacional de la Policía es que se debe garantizar la movilidad por esta importante troncal que comunica a la Costa Atlántica, además de evitar la saqueos y problemas en el transcurso de la manifestación”, insistió.

Tanto los batallones militares, personal de la policía de los diferentes municipios del Bajo Cauca y de la Armada, estarán alertas a cualquier alteración que se pueda presentar.

Igualmente, para la próxima semana se espera una visita al municipio de Caucasia por parte del gobierno nacional encabezada por el viceministerio de Minas, para tratar de conjurar el paro minero y llegar a un acuerdo con los manifestantes.

Cálculos de los mineros señalan que de los tres puntos de concentración ubicados en el Suroeste, Norte y Bajo Cauca en Antioquia, en el municipio de Caucasia se espera la mayor concentración con unas 10 mil personas.

Fuente: http://bit.ly/1F2aV28

Campesinos concetrados en Tarazá y Valdivia regresaron a sus veredas

Campesinos concetrados en Tarazá y Valdivia regresaron a sus veredas
 

Cerca de 700 campesinos que permanecían concentrados debido al paro agrario, en el corregimiento Puerto Valdivia de Valdivia y en Tarazá, retornaron a sus veredas luego de lograr un acuerdo con la empresa de energía EPM, constructora del proyecto HidroItuango.

Milton Ramírez, miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, confirmó que tras una reunión con EPM y la Gobernación de Antioquia, lograron firmar un acta de compromiso en la cual se fijan fechas y acuerdos puntuales en los temas de electrificación y construcción de viviendas.

El vocero campesino manifestó que el tema que quedó por desarrollar, es el censo de personas afectadas por el Hidroituango, entre ellos los mineros tradicionales, los balseros, y los arrieros.

En junio los líderes campesinos y los garantes del proceso se reunirán nuevamente para valorar el avance de los acuerdos por parte de EPM y la Gobernación de Antioquia, con el fin de evitar nuevos incumplimientos.

Fuente: http://bit.ly/1o0u8GY 

Campesinos en protesta de Puerto Valdivia, Antioquia, esperan retornar hoy

Unos 600 campesinos que continúan congregados en el coliseo del corregimiento de Puerto Valdivia desde que se inició el paro agrario, esperan sostener en las próximas horas una reunión con representantes de la Gobernación de Antioquia y de la empresa EPMconstructora de Hidroituango, para levantar la protesta y poder regresar a sus regiones.
 
Los labriegos exigen el cumplimiento de compromisos pactados con la comunidad como parte del mega-proyecto energético, indicó Milton Ramírez, miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca.
 
Las peticiones de campesinos que viven en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico, consisten básicamente en electrificación, vivienda, vías de comunicación, y construcción y mejoramiento de escuelas.
 
En energía, se solicita la electrificación de 8 veredas de Valdivia y 4 de Ituango, Norte de Antioquia; y en vivienda, se pide la construcción de 100 casas, prometidas desde el proyecto Aldeas para las comunidades ubicadas en las zonas de influencia deHidroituango en el Bajo Cauca. 
 
La reunión está programada para hoy las diez de la mañana, según se acordó el pasado martes cuando hubo un acercamiento con un representante de la Gobernación de Antioquia.
 
Como un gesto de buena voluntad para facilitar los acercamientos los campesinos acordaron levantar el bloqueo de la vía que conduce hacia el campamento de EPM, con el propósito de permitir la movilidad y labores de los trabajadores de la obra.

Fuente: http://bit.ly/1lDuCSj

ATC denunció incremento de ataques guerrilleros contra camiones de carga

La Asociación de Transportadores de Carga denunció que en los primeros cinco meses de este año, ha aumentado considerablemente el número de ataques de guerrilleros de grupos armados ilegales contra los vehículos de carga que se desplazan por las carreteras del país.
 
Alejandra Baquero García, presidenta de la junta directiva de ATC, aseguró que por cada vehículo quemado pierden un patrimonio valorado en cerca de 300 millones de pesos, por lo que reiteran una intervención del Gobierno Nacional. 
 
“Estamos muy preocupados porque la seguridad está muy complicada, necesitamos solucionar esta situación, nosotros ya le hemos hecho varias solicitudes al Gobierno, entre ellas, el desmonte de los resaltos en las carreteras porque ahí es cuando somos víctimas de atraco, también más protección en las vías; los problemas de orden público son un problema del estado y nosotros somos los principales afectados”, detalló la señora Baquero.
 
En Medellín lamentaron los recientes hechos ocurridos en el municipio de Tarazá, norte de Antioquia, donde fueron quemados dos camiones, pidieron además investigación de los hechos.
 
La Asociación de Transportadores de Carga revelaron que durante el año 2013 las perdidas por afectaciones, intimidaciones y ataques guerrilleros sumaron los 50.000 millones de pesos.

Fuente: http://bit.ly/1uKygPh

Decreto que busca poner fin al paro

Voceros de las 11 organizaciones que conforman la Cumbre Agraria, Popular y Étnica, y representantes del Gobierno Nacional, encabezados por los ministros de Agricultura e Interior, buscan un acuerdo para levantar el paro agrario, que ya completa 12 días. En el primer día de sesión se concretó la firma de un decreto presidencial que le da vida a la Mesa Única de Negociación. Este viernes los delegados de las partes continúan trabajando para evacuar los nueve puntos que se discuten. Mientras los diálogos avanzan, los voceros de las organizaciones sociales afirmaron que las movilizaciones siguen convocadas en Popayán, Barranquilla, Ituango, Tarazá, Florencia, Mocoa, Cali, Bucaramanga, ente otras.

Los puntos que aún faltan por ser acordados tienen que ver con la creación de un fondo para el fortalecimiento de la economía étnica y campesina, que serviría para apoyar proyectos propios de la economía de pequeños agricultores, así como de aquellos proyectos que incentiven la promoción de actividades tradicionales de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Frente al tema, la principal diferencia entre el Gobierno y las organizaciones es por el monto que debe tener el fondo en mención.

Otro de los temas en que se busca un acuerdo se refiere a la conformación de una comisión de verificación de derechos humanos y garantías que esté acompañada por Naciones Unidas. La propuesta busca que el organismo internacional haga seguimiento a las jornadas de protesta, ya que existen acusaciones de excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Antimotines , así como los señalamientos de que los manifestantes están bloqueando las vías.

De esta manera, la firma del decreto presidencial constituye sin duda un primer paso en el camino de conjurar el malestar social que alegan las organizaciones participantes de la Cumbre Agraria. La mesa única de negociación es una petición que se ha repetido desde las movilizaciones del año pasado, ahora los voceros del Gobierno y las 11 organizaciones seguirán trabajando para lograr un acuerdo total en torno al tema agrario.

Fuente: http://bit.ly/1uKxG4b

No dejan movilizar marchas campesinas hacía Medellín

Los cerca de 1.500 campesinos, mineros e indígenas que pretendían movilizarse hacia Medellín para participar en las movilizaciones prevista en esta capital desde mañana hasta el viernes, denunciaron que las autoridades han bloqueado las vías de salida de varias poblaciones e impiden su desplazamiento.
 
Carlos Morales, presidente de Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste manifestó que los manifestantes que se dirigían hacia Medellín han sido inmovilizados en Remedios, Ituango y Tarazá, por el Ejército y la Policía que les impiden movilizarse y ejercer el derecho pacífico a la protesta.
 
El señor Morales indicó que estas actuaciones del Ejército y la Policía desconocen lo acordado con las autoridades administrativas de Medellín que habían dado el permiso para las movilizaciones, aunque desautorizaron una concentración que se pretendía realizar en un sitio de la ciudad durante los tres días.
 
A raíz de estos hechos algunas de las vías que conducen de esas poblaciones hacia Medellín, se encuentran a esta hora bloqueadas, por los campesinos que esperan se les permita continuar su marcha hacia la capital del departamento. 

Fuerza pública reprime ciudadanos en vísperas del Paro Nacional

El 27 de abril se presentaron dos hechos de detención arbitraria en la región del centro oriente colombiano, departamentos de Casanare y Santander dejando como víctimas a varios dirigentes sociales. Estos se presentan como los primeros hechos de represión policial en el marco de la movilización nacional de los sectores agrarios y populares del país.

Aproximadamente a las 00:00 horas, cuando transitaban en bus por la vía Aguazul – Yopal, fueron detenidos irregularmente, en el puesto de control de la policía ubicado sobre el río Charte, los dirigentes campesinos Héctor Julio Martínez y Pedro José Murcia quienes fueron trasladados por parte de funcionarios del Seccional de Investigación Judicial -Sijin- al casco urbano de Aguazul e incomunicados por más de dos horas, para después ser llevados al lugar de su detención.

A su vez, en el municipio de Berlín Santander miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-  impidieron a un grupo de personas provenientes de la zona rural el ingreso, circulación y permanencia en el casco urbano, a pesar de que hasta el momento no se ha producido bloqueo ni obstaculización de espacio público. El Mayor de la Policía Oscar Caballero, comandante del distrito n° 9 de matanza del departamento de Santander, fotografió a las personas y además destruyó la cédula de ciudadanía del dirigente juvenil Kendy Ortiz, miembro de la junta nacional de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia -Anjeco-.

De igual forma, en el departamento de Boyacá la Policía está entregando a los ciudadanos panfletos en los cuales se deslegitima la jornada nacional de paro, según expresaron manifestantes presentes en la zona.

Para Sonia López de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, se trata de una campaña emprendida por diferentes instituciones del Estado que pretenden estigmatizar,  difamar y satanizar la movilización para justificar las agresiones. Agregó: “con estas campañas se desconocen las reclamaciones que desde el paro del año 2013 vienen realizando los campesinos y aun no tienen respuestas satisfactorias por parte del gobierno nacional”.

Fuente: http://bit.ly/1kiyMNt

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