Doña Sandra Páez llama “hijitos” a las plántulas que germinan en el vivero que creó hace un par de años junto con seis mujeres, luego de regresar a Caucasia, tras un periplo de trece años yendo aquí y allá huyéndole a la guerra que la sacó de su parcela.
Vive en una de las 500 veredas que quedaron semidesérticas en el Bajo Cauca por cuenta de la minería ilegal y los cultivos ilícitos que han arrasado durante años su cobertura vegetal y riqueza hídrica.
Las plántulas de doña Sandra y los campesinos integrantes de diez asociaciones comunitarias están destinadas a devolverle la vida a una fracción de las 110.000 hectáreas de suelos degradados en el Bajo Cauca, los cuales la actividad criminal saqueó sin contemplación hasta dejarlos estériles.
Cuando empezó a involucrarse con el proyecto, doña Sandra creía que era cuestión de un par de años y mucho esfuerzo para ver reverdecer nuevamente la región en la que se crió. Luego, a medida que fue capacitándose, comprendió que es probable es que la restauración de esos suelos tarde tanto tiempo que ella ya no alcance a verlo. Y es que recuperar algunos ecosistemas de las heridas que le han dejado el conflicto en el ambiente y el territorio puede tomar décadas.
Las 500 veredas semidesérticas en El Bagre, Nechí, Zaragoza y Caucasia son apenas algunas de las muchas cicatrices que quedaron en el ambiente y el territorio en Antioquia a causa del conflicto y de las deudas con la paz.
En el último informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP titulado “El ambiente como víctima silenciosa. Un diagnóstico de las afectaciones en el posacuerdo de paz (2017- 2022)”, la JEP concluyó que Antioquia fue el departamento con más afectaciones a la naturaleza como consecuencia del conflicto armado tras el Acuerdo de Paz.
Entre septiembre de 2016 y mayo de 2022, en el departamento ocurrieron 50 de las 283 afectaciones a la naturaleza que padeció el país en dicho lapso. De estos 50 hechos, el 78 % se concentró en el Bajo Cauca.
Una necesaria radiografía
El documento arroja un panorama preocupante sobre las amenazas que persisten contra la riqueza natural de Colombia tras la firma del Acuerdo. Pero también es esclarecedor justo en este momento de cambio que atraviesa el país.
Desde la JEP plantean una verdad irrefutable: a pesar de que por vía judicial en más de 17 departamentos y 85 municipios (incluyendo a Antioquia y nueve de sus municipios), se ha declarado el medio ambiente como sujeto de derechos y las justicias transicionales han declarado a la naturaleza como víctima del conflicto armado, hoy siguen existiendo redes criminales cuyas acciones minan las garantías de no repetición para la tierra, el agua, el aire, la flora y la fauna.
En consecuencia, cientos de poblaciones enteras siguen padeciendo este delito pluriofensivo, pues vulnera de forma simultánea los derechos a la vida, el agua, la salud y la vivienda.
Por eso la Unidad de Investigación y Acusación contabilizó en los últimos 66 meses 283 afectaciones al medio ambiente natural en 21 departamentos, le asignó responsabilidades a los grupos criminales vigentes.
Clan del Golfo vs. la naturaleza
El panorama que encontraron los carabineros que descedieron de los helicópteros hace exactamente un año en un paraje rural de Dabeiba fue el de un infierno en la tierra.
15 integrantes del Clan del Golfo, con 17 motores y cinco kilogramos de explosivos, se encontraban desviando el cauce del río Quiparadó, un afluente clave en zona de influencia del Parque Nacional Nudo de Paramillo, que protege ecosistemas sensibles como páramos, selvas y bosques húmedos.
El mercurio que habían usado para extraer el oro cubría completamente las aguas del afluente, que conectan con decenas de ríos fundamentales para la subsistencia de cientos especies de fauna y miles de habitantes en las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y la Serranía de Ayapel.
Según la JEP, el Clan del Golfo es el responsable de la mayoría de las afectaciones al medio ambiente. En 2021 la extracción ilícita de minerales llegó a cifras escandalosos, nunca vistas en los otros años tras la firma del Acuerdo. Solo en ese periodo se presentaron 71 afectaciones contra la naturaleza. Los ecosistemas antioqueños sufrieron el 23% de los desastres presentados.
El ataque sistemático del Clan del Golfo contra el medio ambiente a través de la minería ilegal representa el 39% del total de las acciones perpetradas en todo el país y fueron realizadas principalmente en Antioquia, Chocó y Bolívar.
Pero también las disidencias de las Farc y el ELN hicieron de las suyas, cometiendo cada uno 11 afectaciones por cuenta de la extracción ilícita.
Matan a los guardianes
No es gratuito que el departamento tenga la mayor cantidad de vulneraciones contra el medio ambiente por cuenta del conflicto. La institucionalidad dejó solos durante estos cinco años de posconflicto a los que asumieron la responsabilidad de defender la naturaleza y el territorio.
El Mecanismo de Monitoreo de Riesgos de la JEP emitió una alerta en el informe por las 72 afectaciones a liderazgos ambientales, entre los cuales se registran 23 homicidios, siendo Antioquia la región con mayor número homicidios selectivos contra líderes dedicados específicamente a la protección del ambiente.
Fernando Jaramillo Vélez (Maceo), Edilson Arango Gallego (Puerto Nare), Marío Palomino (Carmen de Viboral), Gustavo Suárez (Jardín) y Julián David Ochoa (Granada), perdieron la vida por defender la riqueza natural de sus territorios. En total, desde la firma del Acuerdo, 132 personas que ejercían diversos liderazgos en las subregiones fueron asesinados.
Para Óscar Yesid Zapata, vocero de la ONG Nodo Antioquia, en los homicidios de estos ambientalistas, así como los desplazamientos forzados, amenazas y atentados documentados hay factores comunes: su desprotección ante la exposición de sus liderazgos y el desinterés de la institucionalidad por entender las mutaciones del conflicto.
No es gratuito, dice, que el Oriente antioqueño sea una de las subregiones más peligrosas para los defensores del territorio Según Zapata las autoridades departamentales y Gobierno Nacional han hecho oídos sordos a los llamados de los líderes para denunciar las nuevas formas de violencia, como la avanzada que lanzaron desde el Magdalena Medio los herederos del paramilitarismo y narcotráfico, como el clan Isaza, para apoderarse progresivamente de corredores estratégicos en los municipios del Oriente.
Además de su interés por controlar laboratorios y plazas de microtráfico, están documentadas decenas de alertas de organizaciones de derechos humanos sobre el interés de estos grupos criminales de tomar partido en los conflictos socioambientales que han surgido por la proliferación de decenas de hidroeléctricas y la resistencia de las comunidades a que sigan explotando el recurso hídrico del Oriente.
Mario Palomino y Julián Ochoa, que se oponían abiertamente a la construcción de hidroeléctricas, fueron asesinados sin que hasta ahora hayan sido esclarecidas las causas y los responsables.
Las deudas de Antioquia
El padecimiento del medio ambiente antioqueño tras la firma del Acuerdo está estrechamente ligado a todos los rezagos de los programas encaminados a alcanzar la paz en los territorios.
En el debate de control al Acuerdo de Paz que citó la Asamblea hace dos semanas la administración de Aníbal Gaviria no salió bien parada.
Según el diputado Andrés Mesa, Antioquia, a pesar de ser el departamento con mayor cantidad de víctimas del conflicto, no ha recibido ni el 2% de los recursos para la paz. Además, de 11.566 familias integrantes del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, solo el 16% tiene avances en proyectos productivos.
Asociaciones campesinas de Urabá, Norte y Nordeste lamentaron los incumplimientos del gobierno Iván Duque que hoy termina y la gestión de la Gobernación para ayudar a sacar adelante alos proyectos en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, hoy estancados. Y esto lo confirma el sexto informe Kroc sobre la implementación del Acuerdo.
La falta de resultados en los programas destinados a llevar progreso y equidad en las zonas de conflicto repercutió en la degradación del medio ambiente, porque ante la persistencia de economías ilegales y otras nocivas como la expansión de la frontera agrícola y la ganadería extensiva, era imposible restarle a los territorios la presión de la deforestación, los cultivos y la minería ilícitos.
Los caminos que deben seguir
Pero no todo ha sido adverso en estos años de posconflicto. El Gobierno Nacional saliente dejó marchando – en una alianza entre el departamento, Usaid, corporaciones autónomas, gremios y comunidades– la ambiosa meta de restaurar 10.000 hectáreas degradadas en Bajo Cauca.
Al finalizar este mes de agosto deberán estar en proceso de restauración 1.300 hectáreas, gracias a un primer impulso de $20.000 millones.
Las especies destinadas a reverdecer estos suelos marchitos salen de la red de viveros comunitarios. Son los hijitos de doña Sandra y de 140 familias campesinas.
Antioquia, además, tiene 420.000 hectáreas de bosque protegidas bajo algún esquema de conservación: guardabosques y pagos por servicios ambientales a campesinos y comunidades afro e indígenas.
Y tiene, según Jorge Eduardo Ceballos, director territorial de Parques Nacionales, unos mecanismos que llevan años funcionando entre entidades y sociedad civil que permite que hoy los tres parques nacionales en su jurisdicción tengan pocas presiones en su contra, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los parques en el país.
Pero todos estos esfuerzos de campesinos, líderes y tenaces funcionarios tienden a estancarse si no llegan rápido grandes reformas: el ordenamiento social y de los suelos, la redistribución de la tierra y sus usos.
Concluye la JEP en su informe que para romper finalmente los ciclos de violencia y alcanzar la paz estable y duradera que se le escapó al gobierno saliente y que tanto promete el entrante es obligatorio abandonar el paradigma de que el medio ambiente es un mero instrumento para maximizar beneficios lucrativos y económicos. Hasta tanto no ocurra, las heridas de la naturaleza no sanarán.
Fuente: https://bityl.co/Digp