Muestreos de la Procuraduría General de la Nación alertaron contaminación por mercurio y arsénico en el río Nechí,  uno de los más importantes de Antioquia, que concentra alta población en su cuenca y que vierte sus aguas al río Cauca.

De acuerdo con el ente de control, sobre la ronda hídrica del río Nechí en la cabecera municipal del municipio,  se identificaron 15 partes por millón - ppm de mercurio y 23 ppm de arsénico, superando los niveles establecidos por la normatividad internacional de la EPA (Enviromental Protection Agency), los cuales se encuentran establecidos en niveles máximos permisibles de 11 ppm y 0.68 ppm respectivamente, advirtiendo un potencial riesgo para las comunidades cercanas a este afluente.

En la primera mesa territorial realizada en Antioquia, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró que 10 de los 32 departamentos del país están en alerta por uso de mercurio en minería ilícita, por lo que realiza seguimiento y control a las actividades extractivas sin autorización y que están generando graves impactos socioambientales y un deterioro en el tejido social, el orden público y la salud de los colombianos.

Así mismo, la Procuraduría anunció investigación disciplinaria contra el ex alcalde municipal de Buriticá por la falta de implementación de medidas para atender la situación de orden público en el municipio e  informe con fines disciplinarios contra el comandante de la estación de Policía de Caucasia por las presuntas faltas de acciones efectivas para el control de la presunta extracción ilícita de minerales que se realiza en la ciénaga Cascajo del corregimiento de Margento en Caucasia.

Finalmente, se anunció la emisión de la Circular 003 de 2024, la cual exhorta entre otros aspectos, a organismos y entidades, a dar cumplimiento a la implementación con enfoque local y de género, de las acciones necesarias para el control de la extracción ilícita de minerales, que incluya la oferta institucional para asegurar la formalización o sustitución de actividades mineras.

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En una acción conjunta entre el ejército, la Armada Nacional y la policía ubicaron y destruyeron tres unidades mineras que serían ilegales, según las autoridades. Este operativo se realizó en el río Cauca entre las poblaciones de Cáceres y Caucasia en Antioquia.

Según el reporte del operativo en las tres unidades incautaron tres dragas tipo caperuzas, cuatro dragas tipo buzo, tres motores industriales y diez motobombas. Con esta poderosa maquinaria las personas que trabajaban allí podían extraer más de 1.000 gramos de oro al mes recaudando casi 280 millones de pesos. Presuntamente con estas extracciones ilegales los grupos al margen de la ley presuntamente financian sus actividades ilegales en el territorio.

Esta extracción había afectado más de cuatro hectáreas de fauna y flora lo que podría demorar entre 30 o 40 años en recuperarse.

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Si por el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia , hay preocupación de cuenta del accionar de mineros ilegales y de estructuras delincuenciales que desde hace semanas hostigan a los trabajadores de la Zijin Continental Gold, por los lados de la minería en el Bajo Cauca hay tensión por cuenta de los recientes operativos de las autoridades que terminaron con la destrucción de dragas y maquinaria amarilla, por los cuales los mineros alertan de un nuevo posible paro. 

El último operativo del Ejército y la Policía en contra de la minería ilegal se realizó en el sector del municipio de El Bagre conocido como El Jobo, en aguas del río Nechí. Allí fueron destruídas 3 dragas y se inmovilizó maquinaria amarilla.

Tres días antes se había realizado otro procedimiento que incluso fue informado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez: “En operaciones contra la minería ilegal en los municipios de Cáceres, Zaragoza y El Bagre fueron destruidos 3 dragas y 8 excavadoras, avaluados en $ 7.650 millones, afectando las finanzas del Clan del Golfo y los del Bajo", escribió en sus redes sociales el funcionario..

Sin embargo, los operativos de las autoridades no solo estarían afectando a mineros ilegales. Así lo hizo saber la Mesa Minera del Río Nechí asegurando que en el procedimiento que realizaron en el sector El Jobo, fue destruída una draga llamada La Naiva que pertenece a una tradicional familia minera de El Bagre y que, argumentan, estaba en proceso de legalización o caracterización con la Gobernación de Antioquia.

“Hemos hecho toda la caracterización de la gobernación de antioquia y vemos con sorpresa del gobierno colombiano que no nos da la oportunidad de formalizarnos, no nos da la oportunidad de crear empresa en colombia”, aseguró Álex Cossio, quien estaba al mando de esa draga.

Hechos como la destrucción de La Nativa han causado malestar en mineros de la subregión, que están analizando la posibilidad de decretar un paro minero porque consideran que las autoridades no están distinguiendo entre los ilegales, los legales y los que están en proceso de legalización.

“En este momento vamos a reunirnos todos los que hacemos parte de la Asociación y otras asociaciones que comportan la minería en el Bajo Cauca, para tomar decisiones, algunos ya hablan de la intensión de un paro, primero tenemos que reunirnos y ver todas las posibilidades, porque lo que queremos en este momento es que nos dejen trabajar, pero no descartamos la posibilidad de una manifestación pacífica”, dijo Francisco Arrieta, vocero de la Mesa Minera del Río Nechí.

Estos operativos se desarrollan a la par de un proceso de identificación o caracterización de unidades mineras del Bajo Cauca, que adelanta la Secretaría de Minas de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, explicó cómo avanza el proceso: “Se ha hablado de un censo de 4.00 a 4.500 unidades mineras, el censo ya van en 3.000, y continuaremos en ella porque ese es el camino, pero ojalá no haya un escollo que signifique un ataque o una intimidación de la población civil”.

Hay que recordar que esta caracterización se adelanta con el objetivo de realizar análisis técnicos y ambientales para definir la viabilidad de un proceso de formalización o reconversión productiva.

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Las autoridades continúan su ofensiva en contra de la minería ilegal, por lo que en el Bajo Cauca antioqueño fueron destruidas tres dragas, ocho excavadoras y unidades de producción minera que estarían al servicio del clan del Golfo y Los del Bajo, avaluados en $7.650 millones de pesos.

A través de sus redes sociales, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, informó en la noche del viernes 14 de julio que en trabajo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares llegaron a los municipios de Cáceres, Zaragoza y El Bagre.

“En operaciones contra la minería ilegal realizadas hoy por la Policia y Fuerzas Militares Colombia fueron destruidos 3 dragones y 8 excavadoras, avaluados en $7.650 millones, afectando las finanzas del Clan del Golfo y “Los del Bajo”, publicó en su cuenta de Twitter el jefe de cartera.

En uno de los operativos que se llevaron a cabo fue en la vereda Rosales, cerca al río Nechí, en el municipio de Zaragoza, los uniformados del Ejército ubicaron tres dragas con un valor aproximado de $800 millones y una retroexcavadora avaluada en $400 millones. Además, en el lugar se halló tres unidades de producción minera con capacidad de producción mensual de 16,5 kilos de oro, lo que es equivalente a más de $4.261 millones.

Por su parte, en la vereda Río Man del municipio de Cáceres, se destruyeron siete unidades de producción minera y la misma unidad en excavadoras, con un valor cerca a los $3.150 millones. En esta zona, los mineros ilegales extraían aproximadamente 21 kilos de oro mensual por $5.423 millones en el comercio.

En esta zona también se presentó la tala indiscriminada de 42.000 árboles y uso de químicos habituales en esta práctica, que afectan las fuentes hídricas de la región que surten de agua estos municipios.

De igual manera, el viernes 14 de julio en una operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada ubicaron diferentes equipos y maquinarias que eran utilizadas para procedimientos de extracción de yacimientos mineros en Guainía.

Según información de la Armada Nacional, las explotaciones ilegales servían para extraer mensualmente 7,5 kilos de oro y seis toneladas de otras materias primas, es así que se estima que la producción minera y dragas artesanales podrían alcanzar los $470 millones.

En Chorromanaca y Laguna Guibo, áreas rurales del municipio de Inírida, fueron halladas siete unidades de producción minera y dos dragas en plena operación ilegal, y fueron detenidas dos personas que están a disposición de la Fiscalía.

Además, las autoridades ubicaron otras tres dragas en el Paso del Diablo, corregimiento fronterizo de San Felipe; la segunda, en el área rural de Barrancominas, y la tercera, en el sector El Coco, municipio de Inírida.

Grupos ilegales utilizan niños para impedir operativos contra la minería ilegal en Antioquia, denunció el Ejército

Los grupos armados ilegales que controlan el negocio de la minería ilegal en Antioquia instrumentalizan a la población para que lleven menores de edad a los puntos de extracción para evitar el desarrollo de operativos por parte de la Fuerza Pública.

Esta denuncia fue hecha por la Séptima División del Ejército, que no pudo destruir varios puntos de extracción ilegal de oro en Antioquia por la presencia de niños.

El coronel Gustavo José Gutiérrez Navarro, comandante Décimo Cuarta Brigada de Ejército adscrita a la Séptima División, indicó que algunos pobladores de Anorí y Amalfi entorpecieron un operativo conjunto entre el CTI, Ejército y Policía contra esa economía ilegal en el noreste de Antioquia.

“Denunciamos públicamente ante las autoridades competentes el comportamiento de algunos moradores de la vereda Los Trozos del municipio de Anorí y de la vereda Los Toros de Amalfi, donde presuntamente instrumentaron a la población civil y entre ellos a unos menores de edad que estaban en una escuela. En el sitio se pudo evidenciar el daño irreversible que se le está haciendo al medio ambiente”, dijo el oficial del Ejército.

En medio del operativo un grupo de personas formó un muro humano para impedir el paso de las autoridades a la zona donde se encontraba la maquinaria que iba a ser destruida.

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la comunidad estarían siendo instrumentalizados por el frente 36 de las disidencias de las Farc y algunas columnas del ELN, que tienen fuerte presencia armada en el sector.

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El comité promotor del paro de minero del Bajo Cauca antioqueño tomó la decisión de suspender la manifestación que puso a tambalear el orden público de la subregión durante 33 días y llevó al Gobierno nacional a romper el cese al fuego con el Clan del Golfo.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos con este proceso que se ha venido llevando desde el 27 de febrero. Aquí vamos a seguir trabajando en la instalación de la mesa técnica, vamos a ser veedores para que el Gobierno nacional cumpla esa deuda histórica que tiene con nuestros mineros y los dignifique en su trabajo, en su honra, en la actividad que están haciendo para el desarrollo de nuestros territorios”, sostuvo Jefferson Sarmiento Ortiz, alcalde de Caucasia.

Entretanto, Saúl Bedoya, líder del paro, dijo que se van a sus casas “con el conocimiento de la interpretación tácita de irnos a trabajar y somos parte de la mesa donde se va a construir el cambio en desarrollo del Bajo Cauca. Nunca antes y sin ningún precedente en la historia, ni antes ni después, de que lo que ha logrado esta protesta es histórico y trascendental; siéntanse enorgullecidos”, manifestó.

En su discurso también sostuvo: “nos vamos a la casa el día de mañana a laborar, entendemos e interpretamos el contenido tácito descrito. Muchísimas gracias mi gente”, agregó.

Detrás de la suspensión del paro está la carta que le envió el Gobierno nacional a los manifestantes, indicándoles que les dan garantías de seguridad para que vuelvan a sus labores.

De esa manera, en Consejo de Ministros del 4 de abril de 2023, el Gobierno ordenó de manera urgente la instalación de la mesa técnica conformada por el Ministerio de Minas, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, Ministerio de Ciencias, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Ministerio de Ambiente.

Y convocó a las comunidades a construir colectivamente el crecimiento y la diversificación productiva para Bajo Cauca antioqueño, y crear un modelo replicable en otras regiones como el sur de Córdoba y Bolívar, Valdivia y Nordeste Antioqueño, etc.

Así las cosas, se les convocó a la instalación e integración de dicha mesa para el próximo jueves 13 de abril en el municipio de Caucasia en lugar por definir.

“De otra parte, tras la declaración de suspensión de la protesta, la presencia de la mesa pro paro minero está garantizada, el gobierno se encargará de las garantías de seguridad de la población minera y declara nuevamente la firme intención de transitar al proceso de caracterización y formalización minera en conjunto con la comunidad, tal como se puede ver en la declaración de gobierno adjunta al presente escrito”, indicó por medio de un comunicado el viceministro General del Interior, Gustavo García Figueroa.

Asimismo, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada reveló que la directriz que dio el presidente Gustavo Petro es el de revisar con lupa toda la titulación minera, con el objetivo de identificar la minería ilegal.

“El presidente Gustavo Petro le pidió al Ministerio de Minas herramientas tecnológicas para la extracción de oro en la zona, ordenó la revisión de toda la titulación minera y saber quiénes son los tenedores de los derechos mineros, el Ministerio de Transporte realizará una caracterización de la maquinaria amarilla y sus dueños”, sostuvo Prada.

Y agregó en su declaración: “Desde el mes de marzo que empezó el paro minero en el Bajo Cauca, el Gobierno ha venido haciendo presencia en el territorio, adelantando varios diálogos y en el consejo de ministros, para el Gobierno es necesaria la atención de los pequeños mineros, desde el inicio hemos estado allí con varios funcionarios y entidades”.

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Como medida ante la situación de orden público y la escalada de la violencia por el Paro Minero en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, el Ministerio del Interior instaló una serie de mesas técnicas de diálogo, trabajo y concertación para abordar las propuestas de los trabajadores.

El viceministro general del Interior, Gustavo García, lideró las jornadas del Gobierno en los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, en donde buscaron escuchar a las comunidades para avanzar en la conformación del Distrito Minero, productivo y la transformación económica en aspectos sostenibles y de ingresos.

Las mesas se desarrollaron entre el jueves 30 y el viernes 31 de marzo -en articulación con los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Minas y Energía- y plantearon iniciativas de cara al respeto por el ecosistema, las garantías laborales y de seguridad para quienes se dedican a la explotación minera ancestral y artesanal dentro del marco que establece la ley.

En las mesas instaladas participaron alrededor de 2.250 personas, entre los que hubo representantes de diferentes sectores económicos y sociales como pesqueros, apicultores, comerciantes, profesores, indígenas, afros, mujeres, jóvenes, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, Juntas de Acción de Comunal, organizaciones comunitarias, líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, delegados de iglesias y otros credos religiosos y mineros, entre otros, según lo informó el Ministerio del Interior.

Por otro lado, las partes hablaron sobre la situación humanitaria y la política de “paz total”, así como del Distrito minero y productivo, agropecuaria y pesquera, socioambiental y restauración ecológica, y de enfoque diferencial.

“Lideramos la apropiación de la ciudadanía del proyecto de Distrito Minero y productivo del Bajo Cauca, buscamos soluciones efectivas nacidas desde el territorio para una transición rápida y sostenible”, indicó el viceministro García.

¿Qué sería el Distrito Minero?

El Gobierno Nacional había anunciado que para resolver el paro en el Bajo Cauca, se implementaría la formalización y creación de un Distrito Minero, es decir, una figura que integra a un municipio, o grupo de municipios en donde se ubica un número significativo de productores mineros.

Según dice la administración Petro, sería el canal para la formalización de la minería en su conjunto en el Bajo Cauca y en el nordeste.

En medio de las sesiones de construcción de la propuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó ayudas humanitarias para las personas que se vieron afectadas por los bloqueos y movilizaciones del Paro Minero.

De igual manera, las jornadas tuvieron el acompañamiento y asistencia de entes de control como la Defensoría del Pueblo, veedurías ciudadanas y comunitarias, y de organismos internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP OEA).

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Durante este domingo, 19 de marzo, se reportó la quema de al menos 6 vehículos que transitaban a través de la Troncal de Occidente, en el tramo entre Yarumal y Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. 

Por el momento, se conoce que dos de los vehículos afectados son buses de transporte público de la empresa Coonorte y los demás son camiones de carga que se movilizaban por la región.

Tanto el Ejército como la Policía Nacional avanzan en las labores de verificación para esclarecer los hechos y determinar si estarían relacionados con el paro minero que vive la región desde hace 18 días.

"Incineración de 6 vehículos en la Troncal de Cccidente, entre Valdivia y Caucasia, y el hostigamiento con fusil a unidades de la Fuerza Pública. ¿Protesta Pacífica?", escribió el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en su cuenta de Twitter. 

El mandatario agregó en otra publicación que: "repudio total a quienes insisten en sembrar zozobra y terror ante ofensiva de la fuerza pública contra los ilegales".

El comité pro minero dio a conocer este domingo un comunicado en el que aseguró que la protesta se mantienen de manera indefinida hasta que se llegue a un acuerdo definitivo con el Gobierno Nacional.

Asimismo, su vocero, Saúl Bedoya, ha reiterado en diferentes oportunidades que su manifestación es pacífica y que deben ser las autoridades quienes esclarezcan los hechos de violencia. 

"Desde el inicio de nuestras justas exigencias, se han sumado voluntades de diferentes organizaciones como la de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia,
que fortalece más nuestra protesta pacífica y la impulsa en el camino de que el gremio minero de Colombia, pueda trabajar dignamente y sin miedo", apuntó el comité. 

Diferentes autoridades han manifestado en las últimas semanas que detrás de los desmanes y hechos de vandalismos en el Bajo Cauca estaría el 'clan del Golfo', organización que habría reclutado e instrumentalizado a jóvenes para participar en acciones violentas.

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Hay molestia entre los habitantes del Bajo Cauca por las declaraciones del ministro de la Defensa quien asegura que en la subregión hay normalidad y el comercio abastecido. Algunos habitantes han enviado fotografías a Caracol Radio de almacenes de cadena donde se observan estantes vacíos. Aunque han llegado algunos camiones con carga, estos no dan abasto. Las tiendas, especialmente de alimentos solo abren algunas horas y luego debe cerrar, así pasa en Tarazá, Cáceres y en el Bagre.

Aseguran que dicha normalidad no ha llegado al territorio en el día 14 del paro, hace dos semanas los estudiantes no asisten a clase, el transporte público interno e intermunicipal tampoco funciona, aparte de desabastecimiento.

“Eso es pura mentira, no hay nada normal. Es que mire, empezando por los mototaxis no se pueden movilizar y carros no hay en el pueblo, ni en la carretera encontrás un carro, qué normalidad es esa por Dios, hay mucho almacén cerrado porque no tienen que vender. Hay almacenes abiertos, sí, pero de ropa, y quien va a comprar ropa ahora o quien va comprar útiles si los estudiantes van para 20 días que están cesantes, entonces, si eso se llama normalidad, a qué le llaman anormalidad”, dijo un habitante de Tarazá que prefirió que no se publicara la identidad.

El señor también se quejó de que a Tarazá tampoco han llegado alimentos suficientes y los existentes tienen unos precios supremamente altos, incluso valores de tres veces más de lo que costaban antes del paro. Por ejemplo, hoy un plátano maduro cuesta 2.500 y antes 800. Un kilo de maíz amarillo vale 3.000 y antes 1.500. Un kilo de yuca cuesta 5.000 y antes entre $1.500 y $2000, son algunos de los productos reportados.

“Lo que encontré da tristeza, porque yo lo que compraba con $150.000 hoy me valió $300.000, ósea el doble las cosas están ms de un 100% más caras. Me fui compra un bulto de concentrado para las gallinas y no me lo vendieron, solo el valor de $20 mil seis kilos, o sea que un bulto de concentrado cuesta 160 mil pesos y antes costaba 60 mil pesos y yo llevo 15 días sin trabajar”.

Esta situación no solo está ocurriendo en Tarazá, también en El Bagre y Cáceres, en esta última población el alimento para animales de granja tampoco llega y los propietarios ya están desesperado.

“La que más están sufriendo es la parte pecuaria que son las granjas de aves, el pollo de engorde y la gallina ponedora, el cerdo y la piscicultura si que esta afectada porque no se encuentran en las proveedoras el alimento específico para ellos, y eso nos a afectado muchísimo, la producción agropecuaria esta por el suelo en este momento”, dijo otro habitante, pero e Cáceres.

El gobierno nacional citó al comité del paro minero a una mesa de trabaja para este jueves 16 de marzo en la sede del ministerio del Interior en Bogotá. Aparte del jefe de esa cartera, también participarán las ministras de Minas y Medio Ambiente, además del alto Comisionado para la Paz, donde se espera analizar la actual situación y llegar a un acuerdo para que se levante la protesta.

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En Tarazá hay un hombre que lleva bien las cuentas del tiempo: 13 días. Eso ha pasado sin trabajar, “vagando de arriba para abajo”. Se las ha apañado para comer gracias a la caridad de amigos y familiares. A las 2:00 de la tarde de ayer, con la camisa de botones abierta y la piel apergaminada, se quejaba: “Este pueblo está vuelto mierda, vuelto mierda”.

A esa hora el cielo estaba encapotado y un helicóptero llamaba la atención de los presentes. Todos los comercios estaban cerrados, con las persianas abajo. Cuando el hombre se quejaba, cientos de personas, en una procesión ensordecedora, entraban al municipio. Era un día más del paro minero que mantiene en zozobra al Bajo Cauca.

La procesión salió desde Caucasia a las 10:00 de la mañana. Con un picó enorme sobre un camión, los voceros del paro animaban a los cientos de asistentes. El recorrido hasta Tarazá duró tres horas, a paso muy lento, zigzagueando entre las decenas de árboles que todavía están atravesados en la carretera.

Antes de la llegada de la caravana, la orden en Tarazá fue cerrar el comercio. Las calles parecían las de un pueblo fantasma, recientemente abandonado. “Estamos cerrando por si pasa algo, que no nos vayan a dañar el negocio. La marcha pasa y volvemos a abrir”, decía la regente de una farmacia.

El Bajo Cauca es una región convulsa, sacudida por paros armados, como los que ha hecho el Clan del Golfo. Por eso, sus pobladores están acostumbrados a la anomalía, al desorden. Con este escenario al frente, el hombre de la camisa abierta decía: “Esto está muy malo. Yo trabajo con un motocarguero y no me dejan salir para las veredas. No he aguantado hambre porque la gente me ayuda, pero los que no somos mineros estamos entre la espada y la pared”.

Sintiendo el bullicio de la caravana, que ahora traquea un vallenato en el enorme picó, el hombre baja la voz: “Acá es mejor no decir nada para no meterse uno en problemas. Es mejor hacerse a un lado y esperar, dejar que el tiempo pase”.

Esa misma actitud tenía un tendero en Jardín, cerca de Cáceres. El hombre contaba que no había podido surtir y que, a lo sumo, tenía para dos días más. Lo que más escaseaba en su tienda eran el arroz y el azúcar: “Esto está grave. Ya está el rumor de que hay mucha gente aguantando hambre. Realmente yo solo tengo lo más básico, me quedan muy pocos huevos y unos tarros de aceite”.

El tendero, como el hombre de la camisa abierta, comentaba que prefiere “no tomar partido” para no tener problemas. A las preguntas respondía con cordialidad, pero con suma cautela: “El nombre se lo quedo debiendo por cuestiones de seguridad. Tampoco tomen fotos, por favor, porque me ponen en riesgo”.

Saúl Bedoya, el vocero de los mineros que están en paro, decía en la mañana de ayer que la idea era continuar la manifestación de manera pacífica: “Nos queremos desmarcar de los hechos violentos que se han presentado y queremos hablar con el gobierno nacional. Que todo sea en razón de la formalización de los pequeños mineros, que es lo que hemos propuesto con el distrito minero”.

En cuanto a esos hechos violentos como los enfrentamientos con la Policía, la quema de ambulancias y de maquinaria amarilla, el vocero comentaba que no sabía quiénes los habían cometido, pero que no habían sido los mineros.

Desde el comienzo, los voceros del paro han dicho que el comercio cerró sus negocios en solidaridad con los manifestantes. Sin embargo, cuando la caravana arrancaba, dos mecánicos de Caucasia decían que solo abrían los negocios dos o tres horas al día porque no había clientes.

Uno de ellos comentaba: “No nos han amenazado para no abrir, es más, tenemos muchos amigos mineros y sabemos de la lucha de ellos. Acá todos vivimos de la minería, entonces, si esta se cierra, todo se cierra”.

Los efectos del paro se sienten en todos los municipios de la subregión. En la tarde de este martes, junto al río Nechí, Santiago Roa, dueño del restaurante Anclares, decía que el pueblo estaba en sus peores momentos. Y basta echar una mirada rápida para comprobarlo: los compradores de oro cabeceaban al calor del mediodía esperando clientes que nunca llegaban. “Pero nosotros somos un pueblo minero, eso es lo que hemos hecho por siglos. Nos tienen que dejar trabajar”, decía Santiago, pese a los efectos negativos en su negocio.

Víctor Perlaza, el alcalde de Zaragoza, decía que al municipio no han podido llegar a entregar el gas natural para los hogares. El desespero de muchos quedó en evidencia el viernes pasado, cuando cientos de personas se agolparon a buscar oro en la calle principal, donde se adelantan trabajos de alcantarillado. Muchos eran pequeños mineros o barequeros que llevan días sin ir al río y pasan las peores necesidades.

En Tarazá, un jornalero comentaba que lleva sin trabajar desde que comenzó el paro. “Yo hago lo que se pueda en las fincas, pero desde esto los patrones no están contratando. Por ahí me han estado dando comida donde unos familiares. También sé barequear, pero al que ven a uno por ahí en el río, lo sacan”, decía ayer el jornalero.

Los restaurantes de la carretera están todos cerrados, con las sillas arrumadas. Los lavaderos, donde se estacionan las tractomulas, tienen las mangueras apagadas. Da temor la soledad de la troncal a la costa.

El fin del paro no se ve próximo y el hambre apremia. Los habitantes del Bajo Cauca recuerdan épocas peores, como cuando un paro cocalero trastocó todo; con resignación aceptan lo que está pasando, están acostumbrados a los cataclismos. En el Bajo Cauca hay mucho estoicismo.

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En la noche de este domingo se reportó una nueva alteración al orden público y pocas horas después de que el Presidente Gustavo Petro, liderara un consejo de seguridad en Montelíbano departamento de Córdoba.

El reciente ataque se registró en el municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño. Allí un grupo de manifestantes le prendieron fuego al peaje que está en la salida hacia Cáceres y Caucasia. La caseta fue atacada con bombas incendiarias y mientras ardía en llamas era atacada con piedras. Las autoridades llegaron hasta el lugar para controlar la situación.

El alcalde de Tarazá Mario Sierra, le solicitó a las personas que están generando daños en el municipio, que recapaciten porque esa situación los afecta mucho más como comunidad.

“Quiero dirigirme a ese grupo de manifestantes que hoy están en las calles de nuestro bello municipio y que están optando por la violencia, decirle a ese grupo de personas que por favor recapaciten, que entiendan que esos daños que hoy le están ocasionando a la infraestructura pública y los daños que hoy hacen algunos comerciantes no traen ningún beneficio para el reclamo que hoy está haciendo el gremio minero”.

Es de recordar que este domingo la fuerza pública hizo acompañamiento de caravanas humanitarias garantizando el recorrido de los camiones con carga, así mismo hicieron presencia en toda la troncal a la costa Atlántica.

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Sin importar la labor que prestan, vándalos incendiaron en la tarde de este sábado dos ambulancias que fueron interceptadas en las vías de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

La primera fue incinerada en cercanías de una estación de gasolina, donde los delincuentes obligaron a bajar a todo el personal médico.

El segundo hecho ocurrió en el puente Carlos Lleras Restrepo, donde hombres dijeron ser mineros y quemaron el vehículo que sería de Hospital Nuestra Señora del Carmen, de El Bagre y transportaba a una mujer en embarazo.

Posteriormente fueron vistos los implicados jugando con la camilla de este vehículo como si fuera una carretilla.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló: “Ante operatividad y presencia estatal en el Bajo Cauca, criminales quemaron esta noche dos ambulancias. Como sociedad debemos rechazar enérgicamente, unidos, este gravísimo y cobarde atentado contra la Misión Médica que tanto le sirve a nuestra gente”.

Estos hechos no dejaron personas lesionadas, aunque sí afectaciones a la misión médica que lucha contra la violencia en esta subregión del departamento.

A esto se le adiciona que en el sector Campo Alegre, también de Caucasia, fueron quemados camiones que transportaban 3.240 canastas de huevos, equivalentes a 97.200 unidades, que llevaban este alimento desde la planta de Avinal, en el Oriente antioqueño, hacia el Bajo Cauca y el departamento de Córdoba.

Adicionalmente, los bloqueos ocasionados por el paro minero han llevado a que 15.000 hogares y 280 comercios de Zaragoza, Segovia, Tarazá, El Bagre y Cáceres, en Antioquia, y Puerto Libertador, en Córdoba, informó la empresa Surtigas.

“Es lamentable ver la situación que están padeciendo tantas familias y comerciantes de la zona, en su mayoría de escasos recursos, a causa de los bloqueos que han impedido el ingreso del gas natural y otros insumos de primera necesidad a estas poblaciones.”, indicó Santiago Mejía, gerente general de esta empresa.

Sobre el hecho también se pronunció la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, quienes lamentaron estos hechos ocurridos en el Bajo Cauca antioqueño y manifestaron su rechazo a cualquier ataque que se realice en contra de la Misión Médica, el personal de salud y los pacientes en general.

“Estos hechos constituyen una violación flagrante a la Misión Médica, especialmente por haber atentado contra dos vehículos esenciales para la prestación de servicios de salud y protección a la vida”.

Añadieron que reconocen el derecho de la población a realizar protestas sociales y pacíficas por las vías legítimas, “sin embargo, hacemos un llamado para que las protestas no sean un escenario propicio para violentar el derecho a la salud de las personas que necesitan atención y bienestar de los equipos y misiones médicas que prestan un servicio invaluable a la comunidad”.

Añadieron que “es necesario que la comunidad permanezca unida y proteja los equipos y al talento humano en salud que día a día expone su vida en favor de todos, como bien preciado de la sociedad. Por lo tanto, exigimos no solo respeto por nuestra labor, sino garantías que salvaguarden el bienestar y la seguridad de los pacientes por parte de las autoridades y de la comunidad”.

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno atender de manera urgente la grave situación de orden público que se está registrando en los municipios del bajo Cauca.

La entidad advirtió que en el municipio de Caucasia y otros lugares de la región, se han presentado actos de vandalismo en protesta por el retorno de los operativos policiales contra la minería ilegal.

Según la entidad, estos hechos "están impidiendo la libre movilización de la comunidad y demás derechos de las poblaciones, por el bloqueo de vías terrestres y fluviales, generando afectaciones a la misión médica y el cierre del comercio en gran parte de la subregión, lo que está llevando al desabastecimiento de alimentos de primera necesidad".

Asimismo, rechazó los actos violentos contra la infraestructura pública y privada e instó a los funcionarios públicos a garantizar la seguridad de los habitantes de la región y de los empleados de la empresa Mineros Aluvial, que están en riesgo por el ingreso de manifestantes a uno de sus campamentos de operación.

Fuente: https://bityl.co/HUrj

La Troncal a la Costa Caribe completa seis días de cierre por paro minero en Caucasia. Desde el pasado miércoles 1 de marzo, a las 6:00 p. m., a la altura de este municipio del Urabá Antioqueño cerraron la vía que conduce a la costa.

Las manifestaciones de los mineros han acarreado una serie de efectos colaterales para las personas que necesitan movilizarse por esta zona del país, especialmente para el gremio de los camioneros.

Durante estos seis días, la Troncal a la Costa Caribe ha estado bloqueada en diferentes sectores, lo cual ha imposibilitado el paso de vehículos hacia esta región.

El comité del paro minero está conformado por representantes de los municipios de Zaragoza, Cáceres, Tarazá y Caucasia.

Durante el fin de semana, entre los municipios de Tarazá y Cáceres, manifestantes del paro minero tumbaron al menos cuatro árboles que estaban al borde de la carretera.

Caravana humanitaria

El pasado domingo 5 de marzo se realizó una caravana humanitaria para facilitar la movilidad entre Medellín y la Troncal del Nordeste hasta Segovia y Remedios, y de Segovia y Remedios hasta Medellín.

Para posibilitar el tránsito en este eje vial se tomaron decisiones estratégicas de seguridad que corresponden a la fuerza pública.

Apoyo al minero ancestral, pero ataque decidido a la minería criminal

Esta fue la determinación de la Gobernación de Antioquia ante el paro minero del Bajo Cauca y el Nordeste.

Varios consejos de seguridad se llevaron a cabo en Caucasia (Bajo Cauca) y en Segovia (Nordeste), para analizar el panorama de orden público de las dos subregiones y explorar el contexto de los municipios involucrados en el denominado Paro Minero Nacional.

Sobre el consejo de seguridad de Caucasia, el gobernador señaló: “En Caucasia continuamos el consejo de seguridad con la presencia de los miembros del equipo del Gobierno nacional, allí se desactivaron unas situaciones de riesgo frente a la alcaldía de Caucasia”.

Y agregó: “Allí ha estado atenta la Policía y el Ejército para repeler cualquier acción que se ha intentado por grupos que quieren vandalizar la alcaldía. Igualmente, la retención o el secuestro de algunos miembros de las empresas mineras en el Bagre y Nechí, este tema ya fue solucionado con el acompañamiento de la Defensoría, pero también del Ejército y la Policía”, enfatizó.

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Los mineros del Bajo Cauca antioqueño están liderando una protesta en la subregión para reprochar los operativos que adelanta la Fuerza Pública contra la minería informal y pedir medidas efectivas para la formalización de sus trabajos. Hay alerta por el orden público.

Siete municipios se unieron al paro y llamarán la atención del Gobierno nacional con bloqueos intermitentes sobre la vía que comunica la Costa Atlántica con la ciudad de Medellín, entre el municipio de Valdivia y el puente de San Jorge, en Córdoba.

En la lista figura Caucasia como el punto de concentración de la manifestación y allí se reunirán los habitantes de El Bagre, Zaragoza y el sur de Bolívar. Mientras tanto, la población de Valdivia, Tarazá, Nechí y Ayapel lo harán en sus territorios, bajo la misma sombrilla.

Aunque se acordó con las autoridades que las reclamaciones se harían de manera pacífica, en el comercio y colegios hay temor por las complicaciones que se podrían dar. Sobre la mesa está el violento paro que lideraron el año pasado y que bloqueó el paso en la región.

Varias instituciones educativas tomaron la decisión de devolver a los alumnos a sus casas este jueves para mitigar los riesgos de seguridad, muchas de ellas sin contar con el visto bueno de las administraciones locales porque hay condiciones para dar tranquilidad.

Esta situación se está presentando en Zaragoza. Mientras tanto, en Caucasia sí se suspendieron de parcialmente los encuentros educativos, tanto en la zona urbana como rural, confirmó el mandatario Jefferson Sarmiento Ortiz en un comunicado.

“Se suspenden de manera temporal las actividades académicas en aras de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, considerando las posibles alteraciones del orden público”, manifestó. Por otro lado, el comercio está funcionando con normalidad.

Ahora bien, los mineros de Caucasia iniciaron un recorrido hacia el corregimiento de Guarumo del municipio de Cáceres a las ocho de la mañana de este jueves. Se espera que la movilización dure cuatro horas sin bloqueos parciales sobre la troncal.

Los líderes de Nechí se tomaron la carretera desde la vereda Campo Alegre hasta el corregimiento de Guarumo, por lo que se presume habrá congestión de los vehículos que se muevan entre la capital del departamento de Antioquia y la Costa Atlántica.

La población de Cáceres caminará desde el corregimiento Jardines hasta Puerto Bélgica, con un retorno estimado de tres horas. En Puerto Valdivia estará frenado el paso desde las once de la mañana por concentraciones en los kilómetros diez, once y doce.

Finalmente, los mineros de Tarazá se plantará en el puente de esta población durante la mañana y hará un recorrido hasta Cáceres. Se piensa que la movilidad podría estar afectada durante seis horas, según el plan que los mismos organizadores socializaron.

Frente a los hechos que se podrían presentar, las autoridades activaron un plan especial para atender las situaciones que se salgan de control. Hasta el momento, no se ha presentado ningún tipo de incidente y las movilizaciones transcurren con normalidad.

Este paro se da dos semanas después de que el Gobierno nacional realizara dos consejos de seguridad en el Bajo Cauca antioqueño. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, comentó que las autoridades iban a seguir contrarrestando la minería ilegal.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ratificó que la destrucción que está sufriendo el territorio no hace parte de ningunos acuerdos y que se buscará la formalización de los pequeños trabajadores que ejercen la minería de manera irregular.

“No se puede aprovechar el acuerdo que se hizo durante el paro que hubo en esta región como excusa para destruir los bienes ambientales a través de esa minería. Haremos una oferta productiva seria, integral, territorial a todos esos mineros y los invitamos a hacer parte de la caracterización y formalización”, afirmó la ministra.

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La emergencia fue reportada en la tarde del pasado sábado 28 de mayo cuando una draga se volcó sobre el afluente debido a los fuertes vientos ocasionados por una tormenta eléctrica. Los hechos ocurrieron en el municipio El Bagre, del Bajo Cauca Antioqueño, en una planta flotante de la compañía Mineros S.A. Ocho personas estaban a bordo de la draga al momento de la emergencia.

En los procedimientos de búsqueda y rescate participan miembros de la Defensa Civil, la Infantería de Marina, el Ejército Nacional y la Policía, además del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN).

Hasta el momento, dos personas han sido rescatadas sin vida y otras dos fueron halladas ilesas. El vicepresidente de la compañía, Santiago Cardona, confirmó que los fuertes vientos en la zona fueron la causa de la emergencia, y señaló que están tomando todo tipo de acciones para hallar a los cuatro trabajadores que continúan desaparecidos tras haber caído a las aguas del río Nechí. Uno de ellos apenas estaba en proceso de inducción. “Estamos dando todo el acompañamiento y fortaleza a las familias”.

Las inmediaciones del río son motivo de estudio por parte de las autoridades, quienes ya han declarado la alerta naranja, debido a que podría aumentar el nivel de agua a causa de las intensas lluvias. Se prevé que se den crecientes súbitas en los municipios colindantes de Anorí, Campamento y Yarumal.

A la espera de novedades, la compañía solicitó, a través de un comunicado, a la ciudadanía estar atentos a las comunicaciones oficiales y no atender a las especulaciones que se han generado en la zona. “Hacemos un llamado a la prudencia y al adecuado manejo de la información que se genere a partir de este hecho, ya que esto garantiza el adecuado desarrollo de las investigaciones y ambiente óptimo para nuestros colaboradores y sus familias”.

Municipios en alerta

A causa de las lluvias y derrumbes en zonas inestables y de alta pendiente, los municipios de Gómez Plata y Yumaral han sido declarados en alerta roja. Otras 61 localidades lo han sido en alerta amarilla, con motivo de los deslizamientos y las crecientes súbitas en ríos y quebradas. Por la temporada invernal, los municipios de Urrao, Betulia e Itagüí han sufrido daños en sus estructuras y atienden emergencias por derrumbes e inundaciones.

El director del DAGRAN, Jaime Gómez Zapata, informó que en Urrao, 15 viviendas han sufrido daños en sus techos, y múltiples vías secundarias y terciarias han quedado obstruidas por los deslizamientos.

Con base en el último informe de la Gobernación de Antioquia, ya son 45 mil familias las que han quedado afectadas por las condiciones climáticas en esta zona del país. Los incidentes asociados a los estragos ocasionados por los eventos naturales han dejado 32 personas fallecidas y 35 municipios tienen calamidad pública en vigencia. Por probabilidad de movimientos de masa a causa de las precipitaciones, la Gobernación ha llamado la atención sobre las poblaciones de Gómez Plata, El Carmen de Viboral, La Unión, Andes y Anzá.

Según datos del DAGRAN, entre enero y mayo de 2022, han sido 38.599 las personas que se han capacitado en gestión del riesgo de desastres. Las labores corren por cuenta de profesionales en las áreas de ciencias sociales y humanas, quienes llevan sus saberes a los distintos territorios, con un enfoque comunitario, empresarial, comercial y educativo. El fin es que todos puedan estar en capacidad de atender este tipo de emergencias de la manera más profesional posible.

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