En las últimas horas, en desarrollo de dos operaciones de control en el departamento de Antioquia, la Armada Nacional capturó a cuatro sujetos, tres de ellos por explotación ilícita de yacimiento minero y otra persona por homicidio agravado, concierto para delinquir y  porte de ilegal de armas. La primera operación fue realizada por tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 17, con el apoyo de la Policía Nacional de Caucasia, quienes dieron captura a tres sujetos en la finca “El Toro”, en el corregimiento Guarumo en el municipio de Cáceres, Antioquia, en el momento en que realizaban explotación de yacimiento minero sin los permisos de explotación requeridos.

El secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, afirmó que el departamento es una de las regiones en el país, donde más se utiliza el mercurio para la explotación minera, en donde dos subregiones son las que ya reportan una situación complicada por la exposición de elemento químico.

El titular de gobierno departamental expresó: “el tema del mercurio obviamente uno de los retos, ya lo hemos venido diciendo que hay regiones como ciertas regiones del Bajo Cauca, ciertas regiones del nordeste que tienen ya problemas del mercurio, fuentes de aguas contaminadas. El tema de la quema del mercurio que emite unos vapores que son realmente muy peligrosos y en algunos casos en los cascos urbanos se está dando esto”.

Además, el funcionario aseguró que las secretarías de Minas y de Salud, con las autoridades como la Policía y la Fiscalía, vienen atacando el uso del mercurio en las actividades mineras y apoyando a las poblaciones que tienen problemas por la exposición de estos peligrosos minerales.-

Dijo que muchas veces se utiliza por la dinámica de la región.

“El mercurio desafortunadamente se utiliza en buena parte de los procesos de la explotación de minería ilegal e informal, entonces no es exclusivo ni de una región, ni de un tipo de minero”, insistió el señor Londoño Uribe.

El Gobierno de Antioquia solicitó al presidente Juan Manuel Santos que, a través del Ministerio de Minas y Energía, impulse un nuevo proyecto de ley que regule la explotación minera, debido a que la actual legislación no ha logrado los resultados que se esperaban.

“El mercurio hace parte de toda una dinámica ilegal e informal que genera destrucción del medio ambiente, de daños sociales, de ingresos ilegales a organizaciones criminales, por eso creo que lo más importante es revisar esa política contra la minería ilegal, esa nueva cruzada contra la minería ilegal, sobre cuál van hacer las normas porque se necesita cambiar la legislación, porque la actual no ayuda en ese sentido”, concluyó el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe.

Fuente: http://bit.ly/1KNMPf4

Hoy, en El Bagre, expertos en minería y trabajo infantil, así como representantes de los gobiernos Nacional, Departamental, alcaldes de la región y otras autoridades, debatirán y buscarán alternativas para reducir el trabajo infantil minero.

La cita, enmarcada dentro del Proyecto Somos Tesoro, se constituye como el Primer encuentro de política pública para sacar a los niños de esta actividad flagelante en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.

De ahí la importancia de las experiencias que, sobre el particular, expongan líderes comunales, educativos y los delegados de las alcaldías de Segovia, Remedios, Zaragoza, El Bagre y otros de sus vecinos del Bajo Cauca y el nordeste.

Voceros de la Gobernación sostienen que se pretende sumar los esfuerzos de las distintas autoridades para brindarles alternativas de una vida digna para los niños que acaban sus vidas en socavones y filones de ríos y montañas.

Tal actividad está prohibida por el Código del menor. Se seleccionó El Bagre por ser uno de los centros de una región cuya vocación económica gira en torno a la actividad minera del oro.

Acabar con el trabajo infantil es una de las estrategias de la Gobernación. Para ello, con diversos convenios, liderados por la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y la Secretaría de Minas, ha invertido más de 2.000 millones de pesos, que han beneficiado a más de 20.000 niños.

La pequeña minería es un oficio que compromete el esfuerzo de toda la familia. Muchos de los niños inician labores, moviendo pequeñas piedras y lamiendo la montaña con palas y picos a los cinco años, como lo narró una indígena Nutabe del cañón del río Cauca en Sabanalarga.

Aunque se han logrado avances en su erradicación, la ilegalidad de ese trabajo no permite detectarlo y controlarlo del todo.

Fuente: http://bit.ly/1HV6rss

La Mesa de Concertación entre los mineros de Antioquia y el Gobierno Nacional logró un acuerdo para construir herramientas normativas que contribuyan a la formalización del sector. Así lo anunció el secretario de Conalminercol, Rubén Darío Gómez, quien hizo un llamado a los mineros, para que levanten el paro, a la espera de una legislación para beneficio de miles de familias que viven de esta actividad.

La viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, explicó que el Gobierno buscará formalizar la pequeña y mediana minería y continuará atacando a las bandas criminales que se lucran de la minería ilegal.

A finales de esta semana y a comienzos del mes de marzo, serán radicadas en el Congreso, las propuestas establecidas en la negociación entre los mineros y el Gobierno.

Fuente: http://bit.ly/1zzLdeH

Con 67 años a cuestas, Luis Ángel Castañeda sigue trabajando las minas. Su piel ennegrecida revela los muchos años que ha tenido que faenar de sol a sol, escarbando las montañas o los ríos, buscando el oro que le permita vivir con un poco de dignidad.

“Si no trabajamos nos morimos de hambre, por viejo que esté uno no se puede poner a descansar”, dice. A su lado, otro numeroso grupo de mineros de Tarazá, Bajo Cauca se prepara para una marcha de protesta, la cual se realizó ayer pasadas las 3:30 de la tarde sobre la Troncal a la Costa.

“Mi oficio es de baharequero, pero ya ni eso se puede hacer”, se lamenta el hombre, quien de la noche a la mañana pasó de ser minero informal a ser llamado “delincuente”, según los mineros, por la aplicación del decreto 2235, que declaró ilegal la minería informal y dio licencia para confiscar y destruir las maquinarias utilizadas para la labor.

No obstante, con el decreto, el Gobierno pretende poner orden en la actividad minera, pues en no pocos casos es sustento de grupos armados al margen de la ley.
John Edward Álvarez, uno de los organizadores de la marcha minera, explica que ante la tragedia que está viviendo Tarazá no queda más que protestar. “Acá, si no hay minería no hay economía. De esto viven el comerciante, el transportador, el mototaxista, el hotelero, el campesino, toda la región”, asegura.

Desde el lunes el pueblo congrega a mineros y campesinos de Tarazá y Cáceres, de los corregimientos Jardín, El Doce, El Guaimaro y demás, afectados por las normas con las que el gobierno pretende organizar la minería en el país.

Por eso, el paro minero seguirá, porque la situación para quienes han pasado su vida sobreviviendo en esta actividad, ahora es insostenible, dice Álvarez
El comandante de la Policía de Caucasia, coronel Luis Muñoz, quien hace presencia en Tarazá, sobre la parálisis del miércoles comentó que “el comercio está cerrado, pero es que los mismos comerciantes, en un consejo de seguridad que se hizo el lunes, dijeron que iban a cerrar tres días en señal de apoyo a los marchantes”.

En el área se reforzó el pie de fuerza, decisión que se mantendrá mientras duren las protestas, que abarcan los municipios del Bajo Cauca y el Nordeste.

Caucasia, sin movimiento 

En contraste, ayer en Caucasia se vivió un ambiente de normalidad y los manifestantes se mantenían a la expectativa de un posible acuerdo con la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, quien debe llegar hoy a Medellín para dialogar con los voceros de los mineros agrupados en Conalminercol.

“Ella dice que va a arreglar es con los baharequeros, pero con ellos no hay nada qué arreglar, el problema es con la pequeña y mediana minería que es la que está frenada con la persecución del Gobierno”, advierte Ramiro Restrepo, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca.

No tiene muchas expectativas, pues recalca que ya van tres acuerdos con el Gobierno para cambiar el decreto que terminó “criminalizando” la actividad minera informal y “ninguno se ha cumplido”.
Pero no se rinde. Espera, como los mineros a los que representa, que en el Plan Nacional de Desarrollo, que está en discusión en el Congreso, queden incluidas las normas que despenalicen su actividad y puedan seguir trabajando en la explotación minera.

Fuente: http://bit.ly/1z5MKbk

Sin alteraciones en el orden público por las movilizaciones en el Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, transcurrió el primer día del paro minero con la participación de cerca 3 mil personas.

Fabio Builes, coordinador del movimiento de protesta en el Bajo Cauca, destacó el apoyo de las autoridades y del comercio, durante la jornada que continuará hasta este viernes, cuando se reunirán con representantes del Gobierno Nacional.

En el Bajo Cauca, la subregión con mayor problemática por la minería informal, las autoridades continuarán con la vigilancia para evitar los bloqueos en las vías y la restricción del porte de armas, dijo el Secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe.

Las declaraciones de la Viceministra de minas, María Isabel Ulloa, sobre la destrucción de la maquinaria utilizada en la labor, fue tomada como una provocación por parte de los mineros agrupados en Conalminercol, dijo su secretario general Rubén Darío Gómez.

Fuente: http://bit.ly/1LenQg4

Unas cinco mil personas marcharon ayer en la mañana en el municipio de Caucasia para presionar un acuerdo con el Gobierno Nacional que les permita a los pequeños mineros de la localidad y de las regiones Bajo Cauca y Nordeste seguir ejerciendo su labor sin ser perseguidos por las autoridades.

Con el noventa por ciento de los locales comerciales cerrados, los mineros pidieron que esta vez el Gobierno firme un acuerdo que respete su derecho al trabajo, como lo han hecho por décadas, y no siga incautándoles y quemando la maquinaria con la que ejercen su labor, de la que vive el 90 por ciento de la población.

La marcha se realizó en horas de la mañana y para la 1:00 de la tarde ya la protesta había terminado, pero por la jornada de ayer, pues hoy los mineros retoman su movimiento, como se hace en otros puntos de Antioquia y del país.

“Desde 2011 hemos firmado tres acuerdos, el último de ellos (3 de septiembre de 2013) con las firmas de tres ministros y ocho congresistas, con la Onu y la Curia, pero no se ha cumplido nada. Esperamos que esta vez se firme algo que tenga un verdadero respaldo de la máxima autoridad para poder aspirar a que se cumpla”, expresó Ricaurte Tirado, directivo de Conaminercol de la región del Bajo Cauca.
Dijo que aunque esperaban dos mil personas en la marcha, el descontento de la población es tal, que asistieron cinco mil personas.

Diego Calle, presidente de la Asociación de Comerciantes de la localidad, lamentó que los negocios hayan cerrado, pero aclaró que no hubo presiones.

“Temiendo que se presentaran desmanes como los de hace año y medio, muchos prefirieron no abrir, pero todo fue muy pacífico y tranquilo”, aseguró.

Añadió que es imposible medir la afectación en cifras económicas, pero admitió que es un golpe duro al comercio: “los mineros tienen razón en su protesta, pero los negocios cerrados sí causan pérdidas”.

Apoyo de mototaxistas Hoy seguirá la protesta, igual que en su vecina localidad de Tarazá, donde unas trescientas personas, entre mineros y mototaxistas, marcharon por la Troncal a la Costa pidiendo que les respeten el derecho a trabajar, pues allí la minería informal se ha ejercido por siglos.

“Si nuestros abuelos fueron mineros, nuestros padres son mineros, ¿por qué nuestros hijos no lo pueden ser?”, se preguntaban los voceros del movimiento a viva voz y con pancartas. “Yo trabajo la minería hace 30 años, tengo 58 y con esto he criado doce hijos, y casi todos ellos también son mineros, no hay más qué hacer acá”, manifestó Julio Hernández mientras caminaba sudoroso por la Troncal, que debió ser cerrada al paso vehicular por varias horas mientras avanzaba la caminata, que también culminó al mediodía.

Miguel Ángel Gómez, vocero de los mineros informales, y Libardo Bravo, portavoz de los mototaxistas, esperan que esta vez el Gobierno atienda su clamor por el derecho al trabajo. “Sin minería se acaba el mototaxismo, porque nosotros trabajamos transportando a los mineros y sus familias”, aseveró Libardo, mientras Miguel Ángel expresó que el 80 por ciento de la población de Tarazá no tiene más en qué trabajar si no es de minero.

“Hasta el oro lo declararon ilegal y no tenemos dónde venderlo, nosotros somos campesinos honestos y pedimos que nos respeten los derechos por una actividad que viene de nuestros ancestros, desde hace 500 años”.

Sandra González, una ama de casa que marchó con su hija, clamó por una solución: “yo también vivo de la minería, es un trabajo como todos y no sé porqué lo persiguen, esto es una lucha de cada día de gente honrada”, puntualizó.

Esta vez no hubo árboles en la vía, ni llantas o troncos de madera ardiendo e impidiendo el paso vehicular. La tarde fue tranquila en ambas localidades.

Fuente: http://bit.ly/1Len9Dz

El próximo 18 de febrero se realizará el paro minero Nacional, y teniendo en cuenta las alteraciones del orden público que se presentan durante estas manifestaciones, autoridades civiles y militares alistan un plan de contingencia para evitar bloqueos de la vía hacía la Costa, destrucción de infraestructura y confrontaciones.

"Estamos adelantando reuniones con todos, es decir, Policía, Ejército y Armada, para adelantar un gran plan y así evitar hechos violentos y garantizar que la protesta se desarrolle con normalidad y que no ocurra lo de hace dos años", afirmó el coronel Javier Guillermo Guerrero Salazar.

El oficial explicó que se diseñarán las estrategias para proteger los sitios críticos, porque la orden de la Dirección Nacional de la Policía es que se debe garantizar la movilidad por esta importante troncal que comunica a la Costa Atlántica, además de evitar la saqueos y problemas en el transcurso de la manifestación”, insistió.

Tanto los batallones militares, personal de la policía de los diferentes municipios del Bajo Cauca y de la Armada, estarán alertas a cualquier alteración que se pueda presentar.

Igualmente, para la próxima semana se espera una visita al municipio de Caucasia por parte del gobierno nacional encabezada por el viceministerio de Minas, para tratar de conjurar el paro minero y llegar a un acuerdo con los manifestantes.

Cálculos de los mineros señalan que de los tres puntos de concentración ubicados en el Suroeste, Norte y Bajo Cauca en Antioquia, en el municipio de Caucasia se espera la mayor concentración con unas 10 mil personas.

Fuente: http://bit.ly/1F2aV28

Mineros del Bajo Cauca analizan la posibilidad de salir a paro, pues según ellos la nueva normatividad prohíbe comercializar el oro sacado de minas que no tengan título

El bien más productivo que hoy tiene el Fondo de Reparación de Víctimas, una mina de oro valorada en más de 3.000 millones de pesos, entregada a Justicia y Paz por el exparamilitar José Germán Sena Pico, ha sido ocupada en el último año por lo menos cuatro veces.

Según fuentes de la Unidad de Víctimas, hace más de un mes llegaron a la mina Mandinga, ubicada en Cáceres (Antioquia), al menos siete retroexcavadoras de Luis Horacio Escobar Saldarriaga, un reconocido ganadero del bajo Cauca, que tiene un predio colindante con el socavón.

“Ha buscado por todas las formas quedarse con la mina de oro. Ha ofrecido dinero a funcionarios, y luego corrió las cercas, ocupando varias hectáreas”, indicó una fuente oficial.

Aunque la Unidad de Víctimas pasó un derecho de petición a la Gobernación de Antioquia, al Ejército y a la Policía para que impongan medidas, funcionarios indican que las entidades no han tomado ninguna decisión.

La Unidad sigue en alerta porque Escobar, según indican fuentes de la zona, ya se presentó en la mina como arrendatario, exigiendo un canon para la extracción de minerales.

Mientras tanto, por las ocupaciones irregulares, el Fondo de Víctimas denuncia que el valor de la mina va en detrimento. “Al predio lo han acabado en los últimos 8 meses”, señala un funcionario.

A la llegada de Escobar se suman las denuncias por invasión de bandas criminales. Según el Fondo de Reparación de Víctimas, a la región han llegado hombres armados del clan de ‘los Úsuga’ que “amenazan y cobran ‘vacunas’ a los campesinos y a dos mineros que hoy tienen los permisos para extraer oro en la mina Mandinga”, advierten.

Investigan corrupción
La primera ocupación ilegal de esta mina, según fuentes del Fondo, la hizo Francisco Salazar, abogado del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. El abogado afirmaba que el predio lo había adquirido cuando la sociedad Builes y Compañía se lo cedió en concepto de honorarios.

Haciéndose pasar por el administrador del predio desde el año 2012, Salazar les cobraba a dos familias que extraían oro en Mandinga el 10 por ciento de lo que sacaran. Al mes, según el Fondo de Víctimas, podía recibir entre 160 y 200 millones de pesos por pagos de cada familia.

Al ratificar las medidas cautelares contra la finca Mandinga, el 10 de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que se investiguen las actuaciones de Salazar.

Cuando el abogado salió de la mina, la Unidad de Víctimas le arrendó el bien a Asocaribia. Tras una minuciosa investigación, el Fondo de Reparación encontró que esta asociación, en complicidad con Guillermo Ernesto Durán, abogado contratista de la Unidad de Víctimas, estaban subarrendando el bien y cobrando millonarias sumas a terceros para que explotaran oro, sin ningún permiso.

El Fondo de Reparación tiene documentos que probarían que en ese negocio ilegal estaría involucrado el abogado Miguel Maza Álvarez, hijo del exgeneral Miguel Maza Márquez, investigado por el magnicidio de Luis Carlos Galán.

Según las pruebas en poder de la institución, Maza Álvarez recibió una parte del dinero que se les cobraba a los subcontratistas.

Fuente: http://bit.ly/14dvXeA

En el Bajo Cauca antioqueño, la pequeña minería ha sobrevivido durante siglos y con ella sus prácticas ancestrales, algunas de ellas ocasionan graves afectaciones ambientales como el uso del mercurio para la recuperación de oro y su posterior vertimiento a los ríos.

Los mini dragueros reconocen que su actividad, aunque pequeña, afecta ríos y quebradas, por eso, y por un serio compromiso con el medio ambiente, 600 de ellos, quienes laboran en 300 mini dragas de los municipios de Cáceres y El Bagre, están disminuyendo el uso del mercurio y le apuestan al uso de tecnologías limpias.

En el pasado reciente estas 300 mini dragas en un día normal de actividad usaban un promedio de 36 kilos de mercurio, de los cuales vertían al río cerca de 4,5 kilos, cifra que en la actualidad se ha reducido a 2,7 kilos por día. La meta es disminuirla aún más.

“Cuando no teníamos el conocimiento, usábamos hasta 5 libras de mercurio en cada lavada diaria, unos 40 gramos de esa cantidad se iba al río, nosotros creíamos que con el mercurio recuperábamos el 100% del oro, hoy podemos decir con orgullo que estamos comprometidos con el cuidado de nuestro principal fuente de ingresos, que es el Río Cauca, lo estamos protegiendo porque ahora solo utilizamos entre 100 y 120 gramos en cada lavada y lo que arrojamos al río es una mínima cantidad que en poco tiempo vamos a llevar a cero, si seguimos por este camino”, expresó German Darío Díaz Cochero, representante legal de la Asociación de Mini Dragueros del Corregimiento de Guarumo, municipio de Cáceres.

Esta significativa reducción del uso del mercurio se dio gracias al proyecto Global Mercury de Naciones Unidas y a la continuidad que le ha dado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Programa BIOREDD+ que se ha encargado de capacitar y acompañar a los mini dragueros en la implementación de las buenas prácticas en la pequeña minería.

Adicionalmente, tres asociaciones del Bajo Cauca Antioqueño – Asociación de Minidragueros de Guarumo, Asociación de Dragueros Artesanales de Jardín de Tamaná (Asodrata) y la Asociación de Mineros y Agropecuarios del Bagre, (Asotramiagro) – fueron seleccionadas como proyectos pilotos por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Programa BIOREDD+ para eliminar el uso de mercurio en sus procesos de extracción de oro, a través del montaje de 3 centros de beneficio cuya construcción se inicia en los próximos días.

Fuente: http://bit.ly/1tDIXFD

En 40.000 metros cuadrados está puesta la esperanza de formalización de más de 8.000 mineros en Antioquia en los próximos dos años.

Ese espacio físico, a 332 kilómetros de Medellín, en la región del Bajo Cauca albergará, en tres meses, el primer Centro de Formación Minero Ambiental del país (CFMA), la estrategia con que el gobernador Sergio Fajardo busca enfrentar la creciente minería informal.

Se trata de un ambicioso proyecto de 13.000 millones de pesos de inversión en una alianza entre el Gobierno seccional, el Sena y la empresa Mineros S.A., para ofrecer carreras técnicas y tecnológicas en labores concernientes al oficio de la minería.

La sede del CFMA es El Bagre, primer municipio productor de oro de Antioquia y desde donde operan más de 60 por ciento de las 1.664 unidades mineras informales del departamento.

Para el gobernador Fajardo, ese espacio de formación académica en el que en unos años esperan graduar profesionales universitarios, es una apuesta por la educación junto a la estrategia de Parque Educativos.

“Con el CFMA se podrá mirar la minería con una perspectiva diferente”, enfatizó Fajardo, en tanto añadió que con la educación se puede llegar a crear una nueva generación minera en el país.

En Antioquia la minería se desarrolla principalmente en las regiones del Bajo Cauca y el Nordeste, que serán las impactadas con el centro de Formación. Sin embargo, otras zonas del departamento como la occidental y la Cuenca del Sinifaná, en el suroeste, también evidencian problemáticas sociales asociadas a la minería.

Según Juan Carlos Loaiza, director de fomento minero del departamento, para sacar adelante el proyecto cuentan con la cooperación del gobierno australiano y del canadiense, con el cual buscan certificar una pista de entrenamiento.

“Habrá un laboratorio en el que trabajarán temas como por ejemplo la extracción de oro sin utilizar el mercurio. Hoy con esa técnica recuperan el 50 por ciento del oro; el otro 50 se está yendo. Lo que queremos es que vean que se puede ser responsable y obtener más productividad”, dijo Loaiza.

Para las autoridades regionales la extracción del oro con mercurio es la responsable del más grande daño ambiental en el Bajo Cauca. De hecho, reportan que en esa zona hay un pasivo de 45.000 hectáreas devastadas por la minería.

Actualmente la Gobernación busca recuperar al menos 1.000 de esas.

“Son desiertos y ver en seis meses árboles creciendo es algo emocionante”, apuntó Loaiza.

Recientemente 34 mineros del Bajo Cauca fueron graduados en buenas prácticas como parte de esos programas para evitar el mercurio. Se llaman Biored y los auspicia agencia Usaid.

Germán Díaz, quien trabaja en una mina de oro en el sector Yarumo, de Cáceres, es uno de los beneficiados. Aseveró que han reducido el uso del mercurio a la mínima cantidad. Antes –agregó– manejaban entre 4 y 5 libras y hoy una quinta parte de una libra.

"Hay que cuidar el medio ambiente porque es allí donde habitamos y si lo contaminamos nos estamos matando nosotros”, afirmó Díaz.

Al tiempo con Biored, que espera graduar a final de año otros 100 trabajadores, 17 unidades mineras pudieron salir de la informalidad gracias a un programa piloto de la Gobernación.

Un minero profesional

Con el Centro de Formación Minero Ambiental y los programas de formalización, la Administración departamental busca que las personas que trabajan en ese sector den un primer paso para adquirir un título profesional y, de paso, que adquieran condiciones técnicas, administrativas y financieras para que la unidad minera pueda soportar las obligaciones que se le vienen cuando estén legalizados.

Esto es una función del mediano y largo plazo. Por eso pedimos vigencias futuras. De cara al ‘boom’ de la minería, no todos se podrán legalizar. Por eso proponemos a muchos a que creen empresas de encadenamiento que ofrezcan servicios", acotó Juan Carlos Loaiza, director de Fomento Minero.

Fuente: http://bit.ly/1sfsipF

Las autoridades avanzan en una investigación en la que se demuestra que de manera ilegal se han sacado toneladas de oro de Colombia a Panamá, Estados Unidos y Europa. 
 
Por estos hechos, en la Fiscalía General de la Nación las unidades de medio ambiente, lavado de activos, entre otras, trabajan en un informe para establecer como se está dando lacomercialización del oro en el extranjero y si tiene procedencia ilegal. 
 
Esto después de que el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, reveló que el lavado de activos y la comercialización ilegal del oro en el país supera los 400 millones de dólares. 
 
Las bandas criminales, Farc y Eln, entre otros grupos ilegales, serían los que se estarían beneficiando de los ingresos de la minería ilegal de oro que funciona en el Bajo Cauca antioqueño, desde ahí el metal sale desde Ayapel, Cáceres, Tarazá y Nechí. 
 
Las empresas o funcionarios que resulten involucrados en esto serían acusados de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

Fuente: http://bit.ly/WNPAFJ

Expertos en problemática ambiental y sanitaria asociada al mercurio e investigadores internacionales y nacionales de diferentes instituciones se darán cita el próximo viernes 13 de junio en el Auditorio del SENA de Caucasia, en el marco del primer Foro Sobre Minería Limpia en el Bajo Cauca Antioqueño.

Este evento permitirá socializar las diferentes investigaciones adelantadas en la región con relación al uso del mercurio, así como los avances logrados en su reducción en la minería de oro y la tecnología que se está implementando para tal fin.

El Primer Foro Sobre Minería Limpia en el Bajo Cauca Antioqueño es organizado por el SENA – Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial en Caucasia y auspiciado por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a través del programa BIOREDD+.

Entre los conferencistas invitados se encuentra Paul David Cordy, Canadiense Consultor de Global EnviromentFound – GEF; Oscar Jaime Restrepo del Centro de Investigación de Metalurgia Extractiva de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, Inés Toro Suarez de Corpoica , Víctor Manuel Aguirre de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y mineros de la región entre otros.

Fuente: http://bit.ly/1hKDZRI

Dos hombres tratan de prender la minidraga de succión, oxidada por la humedad, el sol y el continuo uso. Halan con fuerza la polea y revisan el tanque y el motor, pero nada funciona.

Diez minutos después, ya cansados de los brazos, con uno de los hombres casi sumergido en el agua revisando el tubo de succión, se logra por fin escuchar el bramido constante y preciso de la motobomba.

Están a orillas del río Tarazá, un brazo del majestuoso río Cauca, que por años ha sido lugar de trabajo de los mineros artesanales.

“Desde siempre he trabajado de barequero, lo mismos que mis padres y abuelos. Mis hijas ahora estudian en la universidad gracias a lo que hago”, dice Clemencio Martínez, quien hace parte de la Asociación de Mineros de Guarumo (Asomidragua), del corregimiento de Cáceres, en el bajo Cauca antioqueño.

Esta asociación, que integra a más de 90 mineros y beneficia a 270 personas, se unió desde junio del año pasado al proyecto Cero Mercurio, organizado y liderado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.

El objetivo que se han trazado los miembros del proyecto es lograr que la minería en el bajo Cauca y nordeste de Antioquia se desarrolle en la legalidad y la formalidad. Para esto, abogados, ingenieros de minas y medio ambientales, dictan talleres y conferencias a propietarios y personal administrativo de 90 unidades de producción minera.

“Ya tenemos 60 mineros con muchas posibilidades de poder legalizarse, los otros 100 que están en el proceso seguirán por el camino, porque no sabemos hasta cuándo continúe el proyecto (…) Solo el acompañamiento que les hemos dado ha servido para que ellos se asocien y, además, se concienticen de la necesidad de tener un buen manejo ambiental para lograr legalizarse”, dijo Oseas García, coordinador regional de componente de minería de Usaid.

El énfasis de los cursos y talleres es el mejoramiento de prácticas comprometidas con el desarrollo social y del medio ambiente, pero también se imparten cursos de legislación laboral, seguridad industrial y salud ocupacional, que beneficia a los mineros en el proceso de legalización.

Adicional a la capacitación, Usaid creó un consultorio jurídico en Segovia que pretende orientar a los mineros y sus familias en seguridad social, contabilidad y medio ambiente. Por ahora ya van 560 consultas, pero el objetivo es llegar a las 2.400.

“Todo lo que puedan hacer las instituciones en materia de capacitación es ganancia, porque el minero aún no tiene la claridad de cómo es el tema de la legalización y eso es lo que hace falta, que le gente tome conciencia de las cosas y aprenda temas que son tan necesarios y que se deben aplicar si queremos recibir apoyo del Estado”, dijo Darío de Jesús Garcés Díaz, líder de la Asociación de Mineros de Guarumal.

Esta asociación extrae el mineral a través de 90 minidragas y utiliza un promedio de dos kilogramos de mercurio al día, cuando hace algunos meses eran siete los que caían al río y contaminaban sus aguas.

Debido a estos ejemplos, al programa también se unieron la Asociación de Mineros del Jardín y siete minas de la Empresa Minera de Jobo Medio (Emijom) en la Vereda Jobo Medio, municipio de Zaragoza.

“Son personas que quieren el camino de la legalidad y de la formalidad. Hacen esfuerzos muy grandes y van al Bagre y a Caucasia a las capacitaciones que hacemos (…) Nosotros los apoyamos en trabajo de obras y plan de manejo ambiental con recursos y además con la realización de un estudio técnico de manejo ambiental”, contó García.

Es el caso de la Asociación de Mineros de Guarumo (Asomidragua), que además de recibir capacitación técnica sobre el manejo ambiental y legal, también están siendo beneficiados con recursos para el montaje y construcción de pequeños centros de beneficio.

La asociación aporta la propiedad de los lotes y Usaid se encarga de adecuar la infraestructura, dotarla con equipos de concentración gravimétrica libre del uso de mercurio y brindar capacitación para el manejo de los mismos.

“Antes de pronto contaminábamos porque no teníamos el conocimiento, pero ahora estamos a la espera del centro de acopio porque sabemos que cuando se de este proyecto las cosas comenzarán a cambiar. Pero ahí quedan las grandes dragas y empresa mineras, porque el gobierno nos acusa de que nosotros somos los que más contaminamos el río y no, si tenemos es algo muy pequeñito”, aseguró Garcés.

Mientras adquieren la infraestructura y se legalizan, estos mineros seguirán utilizando menos mercurio en la extracción del mineral para así no contaminar el afluente, del que siempre se han servido.

Porque, dicen, ellos quieren y respetan el río, por eso se comprometen a no contaminarlo y devolver el agua tal como llega a su draga.

Cursos de seis meses para legalizarse

Por seis meses, pequeños mineros del bajo Cauca y nordeste de Antioquia dejarán sus dragas por un pupitre.

El programa contempla capacitar y actualizar a los propietarios de pequeñas empresas y empleados en toda la normatividad minera vigente en Colombia, así como en temas de legislación ambiental, laboral, seguridad industrial y salud ocupacional.

Así mismo se les brindará herramientas empresariales y administrativas para que inicien su proceso de formalización empresarial.

Fuente: http://bit.ly/1p00aWu