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Fumigación con drones en cultivos de coca en Antioquia iniciará este viernes

En compañía del Ejército y la Policía Antinarcóticos, una empresa privada implementará a partir de este viernes la fumigación con dos drones en las más de 15.000 hectáreas de plantaciones de coca que se registran hasta ahora en el departamento.

Este mecanismo de precisión se desarrollará con el polémico glifosato en seis municipios del Bajo Cauca, región que concentra hasta un 70% de estas plantaciones.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, usualmente los controladores de los drones pueden fumigar hasta 4.5 hectáreas cada día, pero por las condiciones geográficas del departamento se hará a un ritmo de seis hectáreas diarias.

"Empezaremos con dos drones que ellos usualmente fumigan 4.5 hectáreas por día. Se espera que en Antioquia, por lo escarpado que es y por lo separado que están los cultivos, se tenga un rendimiento de tres hectáreas diarias por cada dron", agregó.

Cada dron tiene un costo de $1’200.000 al día y ya están financiados para los próximos gobiernos departamentales.

Además, la Secretaría de Gobierno dotará con sensores a las unidades antinarcóticos para que cada tres meses entreguen un reporte actualizado con el número de hectáreas que hay en el departamento.

A pesar de este trabajo con drones, las autoridades continuarán con los procesos de erradicación manual de cultivos ilícitos.

Fuente: http://bit.ly/2NzrglK

Duque convocó consejo de seguridad en Caucasia por crisis de orden público

El presidente Iván Duque tenía en su agenda de este jueves ir a Cartagena para participar en el Congreso Internacional de Transporte de Carga. Sin embargo, canceló ese viaje y convocó a un consejo extraordinario de seguridad en Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño, luego de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le enviara el martes pasado una carta pidiéndole ayuda por la situación de orden público.

El objetivo del consejo de seguridad es tomar medidas ante los problemas de seguridad en la subregión de Antioquia, donde, según el gobernador, hay un aumento de homicidios este año del 210 %. Se trata de una región donde coinciden el Clan del Golfo y Los Caparrapos, el ELN y las disidencias de las Farc, dedicados a la minería ilegal, el cultivo de hoja de coca, la extorsión y la venta de alucinógenos.

En el consejo de seguridad, además, se va a responder por la denuncia y las quejas con el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Según el gobernador, el Gobierno Nacional inscribió a 12.000 familias al programa de sustitución y ahora les ha incumplido con el pago, lo que habría incrementado las amenazas por parte de los grupos delincuenciales.

Al consejo de seguridad asistirá el presidente, su ministro de Defensa, la cúpula militar, las autoridades departamentales y los alcaldes de la subregión. 

 

Homicidios en Bajo Cauca antioqueño subieron 200 por ciento

En una carta dirigida al presidente Iván Duque, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le pidió intervención de carácter urgente debido a la gravedad de la situación por la que está pasando el Bajo Cauca antioqueño, causada por la lucha de grupos ilegales como el 'clan de Golfo', los 'Caparrapos', el Eln y las disidencias de las Farc.

Según cifras compartidas por Pérez, la gravedad del asunto radica en que entre 2017 y 2018, los asesinatos aumentaron un 200 por ciento. El año pasado se presentaron 96 homicidios en esta región, mientras que hasta el 2 de octubre de este año, se registraron 298 muertes violentas.

En la misiva, el gobernador expone que la zona superó la capacidad del Estado para asumir el control de los territorios afectados por el crecimiento de cultivos ilícitos y de minería ilegal.

El funcionario le pidió al mandatario su accionar para mitigar la situación. "Los problemas criminales del Bajo Cauca necesitan intervención integral, pues además, las promesas del Gobierno Nacional de apoyar a los que erradiquen voluntariamente los cultivos ilícitos fueron un engaño y han creado un caos social que estimula con agresividad la ilegalidad", dicta la carta.

En el consejo de seguridad que tuvo lugar en la mañana de este martes 2 de octubre, el mandatario se refirió al hecho explicando que la situación de guerra que se presenta en el Bajo Cauca superó la capacidad de las fuerzas de seguridad nacional, por lo que considera que es un problema de carácter presidencial.

"El gobernador no puede crear más policía ni puede tomar decisiones que le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, por eso pido intervención al Gobierno", manifestó el gobernador.

También aseguró que el próximo martes 9 de octubre serán convocados integrantes de Mineros S.A para identificar las zonas en las que operan maquinarias de extracción ilegal y comenzar a implementar acciones.

Fuente: http://bit.ly/2yfUfFv

Atacan a grupo de erradicadores de cultivos ilícitos en Cáceres

Según la Policía en Antioquia, hombres adscritos a la Unidad Antinarcóticos avanzaban en la erradicación manual de cultivos cuando fueron atacados con arma de fuego.

Los uniformados respondieron al ataque y posteriormente inspeccionaron la zona y encontraron material explosivo y 14 minas antipersona.

El día de ayer, un reducto del ELN atacó una patrulla en la vereda El Dorado de Cáceres. Este hostigamiento se realizó en un lapso de 15 minutos. Al verificar la zona se constató que se encontraban instalando artefactos explosivos y minas antipersona”, declaró el coronel José James Roa, jefe de erradicación manual.

Fuente: http://bit.ly/2Nccaq1

En el Bajo Cauca hay que ser ciego, sordo y mudo

Este año han asesinado a ocho líderes sociales en el Bajo Cauca antioqueño: cuatro en Cáceres, dos en Caucasia y dos en Tarazá. Pero ellos no son los únicos muertos. Van 334 homicidios.

Entender las causas de la muerte allí es tan complejo como entender el contexto de una subregión que vive disputas entre grupos residuales de las AUC, brazos armados del ELN, el proceso de reinserción de las Farc y un proyecto para sustituir cultivos de coca voluntariamente.

Mientras, sus habitantes sufren no solo las consecuencias de esos problemas, sino también los coletazos de la emergencia en Hidroituango, y su economía (cuyo motor es la minería informal) cada vez se atranca más.

Una estela de guerra

Siete horas en bus de Medellín a Caucasia. En el camino se pasa de largo por Valdivia, Tarazá y Cáceres, donde está el 70 por ciento de la coca de Antioquia.

En las extensas zonas rurales que separan los cascos urbanos, dicen los que saben que se encuentran los grupos armados que desde hace más de veinte años se disputan o se comparten el control de una de las zonas más geoestratégicas para el tráfico de los negocios ilícitos en Colombia.

Grupos que están expulsando gente: las cifras de la Alcaldía de Medellín, a donde suelen huir los desplazados antioqueños, muestran la llegada de 3.336 desplazados del Bajo Cauca entre enero y junio de este año.

Tarazá es el municipio más expulsor con más de dos mil personas que arribaron a la ciudad, casi el mismo número de las que salieron del municipio, una cifra que venía bajando desde 2013, cuando tuvo 2.475 mil expulsados, según el Registro Único de Víctimas. En lo que va del año, el número de desplazados superó el de todo el 2017 en un 485 por ciento.

Pero a Medellín no llegan ni la mitad de los desplazados de Cáceres, que son 2.571 en lo que va del año; y de Caucasia han llegado a la capital 368 personas de las 591 que han huido del municipio.

Allí son más los que se quedan.

Un señor de 60 años, nativo de Caucasia, me dijo: “He visto peores tormentas en todos los años que he vivido acá”.

La última la vivió entre el 2008 y el 2012, pues luego de la extradición de Macaco y Cuco Vanoy, mandos importantes de las AUC en la subregión, se disputaron el control las Águilas Negras, aliados con los Caparrapos, y Los Rastrojos.

En 2010 hubo más de 40 ataques con granadas o petardos en lugares de comercio de Caucasia, según el Distrito de Policía Especial para el Bajo Cauca. Ese mismo año fue el de más homicidios en la historia del municipio: 128; y el de más desplazamientos en la subregión con nueve mil en los últimos diez años, según el Registro Único para las Víctimas (RUV).

Fue una guerra muy parecida a la que se vive ahora.

Luego, la región vivió una tensa tranquilidad desde 2012 cuando las Águilas Negras y Los Rastrojos llegaron a un acuerdo para unirse y convertirse en los frentes Julio César Vargas, Francisco Morelos Peñalta y el de Virgilio Peralta Arenas adscritos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Se rompió cuando este último, más conocido como los Caparrapos -dicen que porque varios de sus miembros iniciales venían de Caparrapí, en Cundinamarca-, decidió declararse disidencia a finales del año pasado.

Tener la suerte de que la guerra no te toque

 

 

La nueva guerra empezó con alertas.

En la madrugada del 29 de diciembre del 2017 estalló un artefacto en Bora Bora, una de las discotecas más grandes de Caucasia, que dejó 39 heridos.

En enero, hombres armados llegaron a siete veredas de Cáceres para anunciar enfrentamientos y pedirle a los habitantes abandonar sus casas, por lo que se desplazaron 356 personas, el primer desplazamiento masivo de los cinco que se dieron ese mismo mes dejando 1.695 personas afectadas, según alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes corren peligro?

En Caucasia, la respuesta del señor del mototaxi, de la señora que atiende en la cafetería, de líderes, fuentes oficiales y conocedores del municipio coinciden: “la persona de bien, vive bien”, “si no te metes con ellos, puedes estar tranquilo”.

Según fuentes de la Policía, los 94 homicidios registrados en Caucasia este año hasta el viernes 27 de julio, son fruto de la guerra entre el Clan y los Caparrapos, y por eso las víctimas eran, en su mayoría, vendedores de drogas, campaneros, extorsionistas, sicarios, paga diarios y colaboradores de esos dos grupos.

Pero el riesgo no solo es hacer parte de ellos.

La noche en la que asesinaron a Robert Jaraba, uno de los ocho líderes asesinados en el Bajo Cauca, un familiar le recomendó no salir de fiesta porque la ciudad estaba peligrosa. “Yo no le debo nada a nadie”, respondió.

Y no es la única historia. Dos líderes del municipio recordaron el homicidio de Juan Carlos Zabala en enero, un joven que nada tenía que ver con las bandas del barrio, pero al que le dispararon poco después de haber denunciado en la Policía una olla cerca de su casa.

“Si te matan a un ser querido, llóralo, entiérralo y no más”, explica una líder que recuerda que en alguna ocasión quiso convocar una marcha por la vida, pero rápidamente le llegaron rumores de que era mejor que no lo hiciera.

Rumores, eso es lo que llega y es suficiente para causar temor y coartar a las personas. Un enlace de la Mesa de Víctimas de Caucasia contó que su trabajo se ha apaciguado desde que empezaron los ataques a líderes sociales. No han querido moverse ni hacerse visibles pues, aunque no han recibido amenaza directa, el miedo está.

Además, sus dos hijas tuvieron que desplazarse a Medellín: una fue abordada por dos hombres en una moto que “se burlaron de ella por ser lesbiana” y le advirtieron que no la querían ver en la ciudad. La otra, luego de ver cómo un conocido suyo le disparó a un hombre, decidió irse por temor a que tomara represalias en su contra.

Otros enlaces de la Mesa de Víctimas que lideraban los temas de jóvenes y desaparición forzada salieron de Caucasia porque sentían miedo de realizar su trabajo allí, según esta fuente.

La muerte no solo llega por ser líder

En esa revuelta murieron Ana María Cortés, en Cáceres; y Robert Jaraba, en Caucasia. Son los dos asesinatos de líderes más recientes, en el mes y medio que va después de la segunda vuelta presidencial. Ella, líder política; él, líder sindical.

Ana María Cortés fue asesinada el 4 de julio a eso de las 7 de la noche a la entrada del pueblo, en una cafetería que visitaba diariamente. Robert Jaraba, cerca de la medianoche del 16 de julio, en Noche de Reinas, uno de los dos burdeles más conocidos de la ciudad.

Ambas muertes se enmarcan en la guerra que se anunció a finales del año pasado.

Que eran líderes es una realidad.

Cortés lo fue en la campaña de la Colombia Humana en Cáceres, coinciden las personas que acompañaron el nodo en el pueblo y Edith Navarro, encargada de la campaña en el Bajo Cauca.

Era más que una colaboradora: convocó, organizó y compartió la propuesta de Petro en el casco urbano, además de ser testigo electoral en las votaciones.

Sin embargo, ni ella ni su grupo de seis personas en la Colombia Humana recibieron amenazas en medio de la campaña; no hubo denuncias de constreñimiento y ni siquiera quienes se adentraron a las zonas montañosas, donde hay mayor presencia de ilegales, recibieron un mensaje negativo por esa actividad.

“No le conocimos un contexto muy profundo de ser líder social, a ella le gustaba más eso de la política” dijo un cercano suyo, que habló, como la mayoría de fuentes de esta historia, bajo la condición de proteger su identidad por miedo a la violencia.

Lo confirmaron dos personas más que viven en el pueblo hace más de diez años.

El personero Anderson Piedrahita corroboró que Ana María no hacía parte de ninguna asociación o junta de acción comunal. Pero con fechas imprecisas, se sabe que trabajó en la Personería de la alcaldía de Davinson Correa (2008-2011), para quien también hizo campaña en su momento.

Durante la emergencia de Hidroituango en mayo, tomó la vocería en el punto de encuentro dispuesto en Cáceres para los afectados exigiendo ayudas humanitarias.

La líder de la Colombia Humana, según cinco fuentes, había vuelto a su pueblo a principio de este año, pues en los últimos dos se había desplazado a Medellín por amenazas que no pudimos identificar.

Una fuente cercana a ella contó que desde entonces la Policía la perseguía y la abordaba en la cafetería que visitaba a diario en Cáceres. Piedrahita confirmó que Ana María hizo dos quejas por malos procedimientos policivos, pero que en ninguno expresó amenazas de la institución.

Uno de sus amigos más cercanos nos dijo que dos días antes de su muerte le comentó que había regresado al pueblo porque quería saludar a su familia, pero que sabía bien que no podía volver, y por eso pensaba dejar el municipio lo antes posible. No alcanzó.

Por su parte, Robert Jaraba también era reconocido como líder en Cerro Matoso, empresa para la que trabajó 16 años en Montelíbano, sur de Córdoba, donde se vive una guerra muy parecida a la del Bajo Cauca como contamos. Pero visitaba con frecuencia Caucasia, que queda a menos de una hora, pues allí nació y vive la mayoría de su familia.

Jaraba, quien era operador de máquinas en la Mina e hizo parte del Comité de Certificación del Sena que capacitó a unos 140 trabajadores de la empresa, fue uno de los fundadores del sindicato Sintramineros en 2012.

Como en el caso de Cortés, sus compañeros del sindicato y familiares niegan que su papel ahí fuera fruto de incomodidad para alguien.

“A él no le gustaba enfrentarse y pelear con los directivos, sino más bien encontrar soluciones prácticas para ambos”, dice uno de sus seres más queridos.

Aunque tenía una lucha por tierras, no era un líder de ese sector.

Desde diciembre del 2017 llevaba el proceso de reclamación de un predio llamado Las Delicias, en la vereda La Mojosa, Cáceres, que le despojó el exparamilitar ´Macaco’ a su padre Atilano en 1998.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, no manifestó amenazas por esa actividad; de hecho, era el único entusiasmado de la familia porque creía que ya estaban cerca de recuperar su finca, aunque el proceso apenas está en estudio formal.

Sus más allegados también desmienten lo que se difundió en prensa sobre un ataque personal que recibió semanas antes de su muerte. El hecho fue en enero; dos hombres en moto le tiraron una piedra al ventanal de su casa en Montelíbano. Nunca pudieron identificar el porqué.

En los dos casos, las autoridades dicen por fuera de micrófonos que los asesinatos no se deben a su condición de líderes.

Información extraoficial de la Policía arroja que Cortés estaba siendo investigada por pertenecer al Clan del Golfo y tenía un hijo en la organización criminal. Efectivamente, a los trece días del homicidio, el Ejército capturó su hijo, Camilo Andrés Chaverra Cortés, presunto integrante del Clan del Golfo.

Esa versión responsabiliza la muerte de Cortés a los Caparrapos, grupo para el que supuestamente ella trabajó en el pasado, antes de abandonar el pueblo, hace más o menos dos años.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que tienen pruebas contundentes de que el autor del crimen sería alias “Jonás”, líder de los Caparrapos.

Según esta misma fuente, hay indicios de que la muerte de Robert tuvo que ver con su hermano Anuar, quien es el cuñado de alias Carlitos, un caparrapo de Caucasia que fue herido de bala el 14 de julio y murió el mismo día que el líder de Cerro Matoso.

La teoría que comparten algunos familiares es que al que querían matar era a su hermano y pudo ser un error porque los dos se parecían físicamente. Ninguno se imaginó que Robert pudiera morir de esa forma, “él siempre le huía a los problemas”.

Esta semana la Policía capturó al presunto asesino: alias Cristian, quien se desempeñaba como sicario de los Caparrapos en Caucasia, según las autoridades.

Pero el liderazgo vulnerado en el Bajo Cauca va más allá, y se concentra más que todo en las veredas, entre cultivos de coca y el asedio de Clan del Golfo y los Caparrapos.

Fuente: http://bit.ly/2NVhDia

Campesinos volverían a la siembra de coca por incumplimientos del Gobierno

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), advirtió que está en riesgo de fracasar el programa de sustitución de cultivos, por supuestos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional en la ruta de trabajo planteada desde se pusieron en marcha los procesos de sustitución.

José David Hernández coordinador del programa en Antioquia, explicó que, por ejemplo, en Briceño los campesinos ya desmontaron los cultivos de coca y que desde hace varios meses esperan el soporte técnico del gobierno para cultivar otro alimento.

Esta situación, según el líder departamental, llevaría a que los campesinos vuelvan a sembrar la coca, primero porque es lo que saben hacer y segundo para obtener su sustento económico.

“Nosotros no queremos seguir el programa porque como líderes fracasa nuestro trabajo, porque nosotros apoyamos al campesino y creemos en el programa, le hemos dicho a los compañeros que podemos vivir de otras economías pero el Gobierno no se preocupa por carreteras, por lo que vamos a producir, al Gobierno no le interesa que el campesino aguante hambre”, dijo el señor José.

Añadió inclusive, que los cultivadores se arriesgaron a dejar de sembrar la coca pese a ser consienten de que otro alimento les podría generar pérdidas por la lejanía de sus territorios y transportarlos será más difícil para ellos.

“si el programa llega a fracasar volvemos al cultivo de coca y lo que pasa es que esos cultivos están en sitios muy alejados y donde por ejemplo si sembramos café no va dar ganancias porque no lo sabemos transforma y la coca si sabemos y la coca hay quien la compre y mucho y esa es la problemática en el Bajo Cauca por los cultivos ilícitos, por los palos de coca”, puntualizó el líder campesino.

Fuente: http://bit.ly/2Flwmmo

En Nechí hallan laboratorio de coca que sacaba hasta 4 toneladas mensuales

En una operación que hace parte de Agamenón 2, tropas de la Séptima División del Ejército y personal de la Policía y la Fiscalía, localizaron y destruyeron un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína, al parecer al servicio del Clan del Golfo, con capacidad de producir hasta cuatro toneladas mensuales. El hallazgo se dio en la vereda Caño Pescado, zona rural del municipio de Nechí, bajo cauca antioqueño.

En ese lugar fueron encontrados nueve construcciones de madera y plástico con capacidad de alojar hasta 30 personas y en donde se realizaban los diferentes ciclos para la fabricación y procesamiento de clorhidrato de cocaína. “Diariamente, este laboratorio lograba producir entre 80 y 100 kilos de clorhidrato de cocaína, la cual tiene un valor mensual de aproximadamente 30 mil millones de pesos y puesto en el exterior, ese valor puede llegar hasta los 50 millones de dólares”, explicó el Coronel Gabriel Fernando Marín Peñalosa, comandante de la Brigada 11 del Ejército.

“En el lugar, también fueron encontrados 3346 galones de insumos químicos líquidos y más de 300 kilos de insumos químicos sólidos, elementos, herramientas y equipos necesarios para la realización de esta actividad ilícita, así como cerca de 100 kilos de droga que ya estaban listos para ser empacados y sacados de la zona con destino centro y Norteamérica”, añaden las autoridades.

Para el Ejército, este hallazgo se convierte en el más grande realizado por esa institución en esa región de Antioquia, donde hay fuerte presencia del Clan del Golfo. En este 2017, la Séptima División reportó la destrucción de 321 laboratorios para el procesamiento de droga en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, pertenecientes al Eln y al Clan del Golfo.

Fuente: http://bit.ly/2DZTKl7

Lanzan programa para convertir a Antioquia en primera región libre de Coca en Colombia

Antioquia ha sido uno de los departamentos que más ha tenido que padecer del narcotráfico pero en la actualidad se levanta erguida para borrar esté estigma y demostrar que el Gobierno puede llegar a ser más competitivo que la delincuencia organizada.

En el 2016, en este departamento había 8.855 hectáreas sembradas con coca. Entre la Policía y el Ejército han erradicado 6.741,4 hectáreas en 2017. A pesar de los buenos resultados en la erradicación de cultivos ilícitos.

En Antioquia hay mucha resiembra pues se estima que la está en un 40 por ciento. Por cuenta de este fenómeno, de las 6.741,4 hectáreas erradicadas, las efectivas pueden estar en cerca de 4.000, lo que significa que este año se ha hecho un esfuerzo de erradicación del 50 por ciento de las hectáreas con cultivos ilícitos en Antioquia.

‘Antioquia Libre de Coca’ es una estrategia liderada por la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Pública y la Embajada de los Estados Unidos y se aplica inicialmente en los municipios del Bajo Cauca, los más afectados por los cultivos ilícitos, y se extiende simultáneamente a todo el territorio antioqueño.

Gracias a este trabajo y al apoyo constante de la Embajada de los Estados Unidos, con el embajador Kevin Whitaker a la cabeza, Antioquia se convertirá en la primera región de Colombia que estará libre de coca.

Este es un proyecto que habla de inversiones, de construcción de carreteras, de siembra de agricultura comercial, de dignificación de la vida de los campesinos.

En el marco de este Proyecto, se logró un acuerdo entre los Gobiernos Nacional y Departamental, el Comité de Cafeteros y la firma Starbucks para sembrar en Briceño 5.000 hectáreas de café, con aporte del Departamento por 6 mil millones y de 12 mil millones el Gobierno Nacional. Este acuerdo es un reconocimiento a la transformación que estamos logrando en el campo y lleva un mensaje de legalidad al mundo.

La unión de esfuerzos y voluntades entre los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Antioquia constituye una férrea alianza que no parar hasta erradicar los cultivos ilícitos, dejando a Antioquia libre de coca y así dejar de ser el referente del cartel de Medellín y de las organizaciones delictivas.

Fuente: http://bit.ly/2oeOdTP

En Antioquia aumentan erradicación y controles para evitar tránsito de coca

La Policía del departamento de Antioquia reveló que en esta región sus efectivos e investigadores trabajan en dos operaciones contra el narcotráfico internacional luego de detectar distintas modalidades de rutas.

El primero procedimiento busca la erradicación de cultivos ilícitos y el segundo pretende evitar el tránsito del alcaloide desde el sur de Colombia u otros países del continente hacia Centroamérica y los Estados Unidos.

 “Estamos liderando tres frentes de trabajo con la gobernación: Antioquia libre de coca, con la dirección antinarcóticos y estamos erradicando de cultivos con gente. Por ejemplo se llegó en Tarazá a una negociación para que los campesinos erradiquen de 3.8 hectáreas hacia abajo, y nosotros de 3.8 hectáreas hacia arriba”, explicó el coronel Carlos Mauricio Sierra Niño, comandante de la Policía Antioquia.

Explicó que también se desarrollan estudios de ADN para determinar la procedencia de la cocaína incautada en Antioquia, porque se han encontrado estupefaciente que se trafica desde Ecuador, Perú y Bolivia.

“Podemos observar que de Perú, Ecuador y Bolivia pueden mandar pasta de coca porque la pueden enviar por la frontera con panamá y eso ya lo tenemos identificados”, señaló el coronel Sierra Niño.

Fuente: http://bit.ly/2xqJCku

EE. UU. podría descertificar al país si no controla cultivos ilícitos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con "descertificar" a Colombia si el país no logra controlar cuando antes el incremento de los cultivos ilícitos en el país.

El anuncio de Trump marca el más serio deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países en casi dos décadas. 

Trump dijo, en una determinación que se publica anualmente sobre grandes productores que la única razón por la cual no decreta a Colombia como un país que no colabora en la lucha contra las drogas es por el trabajo que vienen haciendo la policía y el Ejército, pero omitiendo mencionar los esfuerzos del gobierno nacional.

"El gobierno de EE. UU. consideró muy seriamente designar a Colombia como una país que ha fallado de una manera clara en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas dada el extraordinario crecimiento de los cultivos y producción de coca en estos últimos tres años, incluyendo un récord en los cultivos en estos últimos 12 meses", dice Trump en su determinación anual sobre Mayor Países Productores y Traficantes droga años Fiscal 2018 que fue incluida en el Registro Oficial.

En su determinación, el mandatario dice que "la única razón por la que no fue designada fue porque las Fuerzas Armadas y la Policía son socios estrechos de EE. UU. en el Hemisferio Occidental y están mejorando sus esfuerzos de prohibición y han reiniciado cierta erradicación que habían limitado desde el 2013".

Para cerrar, el presidente de EE. UU. afirma que mantendrá "esta designación (de Colombia como país que no coopera) como una opción" y que espera que el país realice "progresos significativos" en la reducción de producción y cultivos de coca en el país.

Varias fuentes consultadas por EL TIEMPO se declararon "totalmente sorprendidas" por el anuncio pues se supone que EE. UU. considera al país como su "aliado estratégico" en la región. Prueba de ello fue la visita del vicepresidente Mike Pence al país hace poco más de un mes.

La última vez que Colombia fue "descertificada" fue en 1998. Desde entonces, y si bien el problema de la droga nunca ha desaparecido, ninguna administración de Estados Unidos había puesto en entredicho la voluntad del gobierno para colaborar en la lucha contra las drogas.

Dada las críticas que surgieron en la década de los años 90 por el mecanismo de certificación que empleaba EE. UU. para evaluar a los países en materia de drogas, el Congreso aprobó una nueva ley en el 2001 que modificó el proceso.

Bajo esa ley, el presidente debe determinar anualmente qué países son grandes productores de drogas o sirven para su tráfico. 

Esa determinación no prevé sanción alguna, y como dice el mismo texto de la medida, "no implica que el país incluido no esté cooperando". En esa lista siempre ha estado Colombia. 

Este año se incluyó en ella a Afganistán, Bahamas. Belize, Bolivia, Burma, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica. Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Pero la ley del 2001 le pide al presidente estadounidense designar a los países que considere no están cooperando ni cumpliendo con sus compromisos. Esos designados son sujetos de sanciones a menos que el mandatario incluya una cláusula de excepción en aras del interés nacional. En esa "lista negra" solo están este año Venezuela y Bolivia.

La amenaza de Trump está directamente relacionada con el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en el país desde el año 2013, desde esa época a la fecha los cultivos se han más que duplicado, pasando de unas 80.000 hectáreas sembradas con coca a 188.000 en el 2016, un récord histórico.

En sus evaluaciones previas, EE. UU., había ofrecido varias explicaciones al fenómeno, entre ellas la decisión de las Farc de incentivar los cultivos para que los campesinos obtuvieran beneficios por la vía del proceso de paz y al fin de la erradicación.

El gobierno, ante esto, había pedido un compás de espera mientras los acuerdos con al guerrilla daban sus frutos y prometió erradicar 100.000 hectáreas antes de finalizar este año.

También se sabe que Washington venía presionando para que se aumentaran los esfuerzos de erradicación y que no confiaba mucho en la estrategia diseñada por el gobierno de erradicar forzosamente en algunas zonas y negociar la erradicación voluntaria en otras. 

Pero nadie se imaginaba que el tema ya había escalado a este nivel, y mucho menos que Trump -que se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos en una semana en Nueva York-, preparaba semejante golpe.

Algo, eso sí, se ventiló esta misma semana cuando congresistas republicanos y demócratas, al igual que figuras de la administración criticaron abiertamente la estrategia del Gobierno durante una audiencia ante el Senado.

En esa audiencia, la senadora demócrata Diana Feinstein amenazó prácticamente con frenar la ayuda si está no se dirigía exclusivamente a combatir la producción y el tráfico y exigió la extradición a EE. UU. de personas requeridas por la justicia de su país, incluyendo miembros de las Farc involucrados en narcotráfico.

Fuente: http://bit.ly/2h3IbPf

Cultivos de coca en el país aumentaron un 52%

Este viernes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogra y el Delito (UNODC) informó que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 52 % en 2016 al pasar el área sembrada de 96.000 a 146.000 hectáreas.

"El mayor crecimiento se registra en zonas fronterizas, especialmente en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, los mismos territorios con mayor número de hectáreas reportadas en el informe del 2015", señala el informe. 

El estudio también señala que la producción potencial de cocaína aumentó un 34 % al pasar de 646 toneladas en 2015 a 866 en 2016. 

El organismo señaló que el precio del kilo de hoja de coca subió un 43 % respecto a las estimaciones del 2013 "año en el que la tendencia empezó a ser el aumento del área sembrada". 

Si bien el documento alerta sobre el incremento de los cultivos de coca en el país, también destaca que las autoridades aumentaron las incautaciones en un 49 %. Según el informe, en 2015 fueron confiscadas 253 toneladas de cocaína, y en 2016 ese volumen subió a 378 toneladas. 

“Aunque los datos indican una situación preocupante, el escenario en Colombia se muestra propicio para una solución sostenible a partir de la transición de una estrategia centrada en los cultivos a una estrategia centrada en la transformación de los territorios y en las comunidades", aseguró la ONU. 

Junto con esto la organización destaca que comienza a consolidarse un panorama de confianza entre el Estado y las comunidades para la construcción conjunta de soluciones sostenibles. 

Asegura que en ese sentido serán necesarias acciones integrales que enfrenten las economías ilícitas y el crimen organizado para permitir que los cultivadores tomen "libres sin la presión de grupos armados al margen de la ley y promuevan en el territorio alternativas legales de desarrollo", especialmente tras la firma de la paz con la guerrilla de las FARC.

Fuente: http://bit.ly/2ujdVZ7

En febrero se extenderá en Bajo Cauca la fumigación manual con glifosato

Una semana después que el Consejo Nacional de Estupefacientesautorizó a la Policía Nacional la expansión de la fumigación manual con glifosato a plantaciones de coca en Colombia, Caracol Radio conoció que el Ejército se sumará a la operación que promete esparcir glifosato mata a mata y reducir el número de hectáreas de cultivos ilícitos en el país.

 
En total 2.000 militares de diferentes batallones se sumarían a la aspersión manual con glifosato y se preparan en la actualidad en el manejo y riego del herbicida y en la adaptación de protocolos de salud en terreno.

Aunque la fumigación manual con glifosato empezó en Tumaco, Nariño y en Condoto, Chocó, se extenderá después de la última semana de febrero de 2017 al Catatumbo, en Norte de Santander y Santander.

También al Bajo Cauca Antioqueño, que comprende Urabá, Caucasia y Tarazá, donde opera el Clan del Golfo.

La fumigación manual con glifosato también llegará a Valle, Cauca, San José del Guaviare, Meta y Putumayo.

Con la primera aspersión manual con el químico se alcanzó a erradicar más de 400 hectáreas de coca. La Policía destinó 1.800 de sus uniformados para atacar las plantaciones ilícitas en el país.

Fuente: http://bit.ly/2iAeG6C

Alcaldesa de Tarazá denunció enfermedades en la piel y abortos por uso de glifosato

 
La mandataria del municipio antioqueño pidió que las aspersiones aéreas con glifosato no vuelvan a su municipio.
 
Uno de los municipios de Antioquia donde históricamente se han combatido los cultivos ilícitos con aspersiones aéreas con glifosato es Tarazá, ubicado en la subregión del Bajo Cauca. Allí delinquen el ELN y el Clan del Golfo.
 
El histórico uso del glifosato en la localidad, ha generado numerosas enfermedades degenerativas en la piel, además de abortos en mujeres jóvenes. La denuncia la hizo la misma alcaldesa Gladis Rebeca Miguel, quien además es bacterióloga.
 
La mandataria aseguró que "yo trabajé en el área de la salud y veía la cantidad de personas que llegaban con la piel afectada, mujeres embarazadas que perdían a sus bebés por esta situación. Acá hay muchas afectaciones en la salud por el uso del químico y ni qué decir de los daños en los cultivos".
 
Después del norte y el Urabá, el Bajo Cauca es la tercera subregión de Antioquia con mayor número de hectáreas de cultivos ilícitos. Pese a eso, la alcaldesa de Tarazá pidió al Consejo Nacional de Estupefacientes no reactivar las aspersiones aéreas con glifosato, al asegurar que debe primar la salud de las comunidades.
 
En Antioquia, según las denuncias del gobernador Luis Pérez, los cultivos ilícitos pasaron de dos mil hectáreas en 2012 a seis mil hectáreas en 2016, principalmente en el corredor montañoso que conecta a Urabá con Ituango.
 

Lo capturaron por portar dos kilos de cocaína y llevarlos escondidos en las bolsas del mercado

Unidades policiales adscritas al departamento de Policía de Córdoba capturaron a un hombre por el delito de tráfico fabricación y porte de estupefacientes en la vía que comunica a los municipios de Caucasia, Antioquia; con el municipio de Planeta Rica.

El hecho en el que fue detenido este sujeto -quien hacía las veces de pasajero en un bus de servicio público- se presentó cuando los uniformados realizaban labores de registro a vehículos y personas en un puesto de control ubicado sobre la vía mencionada.

Al momento de realizar el registro de este bus intermunicipal, que cumplía la ruta Montelibano-Sincelejo, “los uniformados observaron la actitud nerviosa de uno de los pasajeros por lo que lo requisaron, encontrando un paquete con 2.000 gramos de base de cocaína en una bolsa que, además, contenía plátano y yuca”.

Como alias ‘Tomás’, de 48 años de edad, fue identificado el individuo que portaba la cocaína avaluada en seis millones de pesos.

Según las autoridades, “esta droga tenía como destino final Sincelejo, en donde se pretendía comercializarla en los diferentes lugares u ollas dedicadas a este flagelo”.

 

 

Capturan a alias “Bula”, el jefe de extorsiones del clan del Golfo

redy José Rivera, oriundo de Ayapel (Córdoba), administraba los negocios ilegales, sobre todo el cobro de extorsiones en el nordeste antioqueño. El hombre de 34 años estaría tras el cobro de dineros a varias empresas de ese sector del departamento. Sectores mineros en los municipios de Barbosa, Buriticá, Zaragoza, Gómez Plata, Yalí, Vegachí, Segovia y Remedios también se habrían visto afectados.
 
Este viernes 22 de julio fue capturado en Medellín Fredy José Rivera, aliasBula, uno de los líderes del Grupo Armado Organizado (GAO) más grande del país: el clan del Golfo. De acuerdo con la Policía Antinarcóticos, Bula fue capturado cuando salía de un hotel ubicado en el Parque Berrío, centro de la capital antioqueña. Fuentes oficiales le dijeron a este diario que Bula se encontraba en Medellín para reunirse con otros presuntos miembros de la organización criminal clan del Golfo para coordinar nuevos crímenes.

Fredy José Rivera, oriundo de Ayapel (Córdoba), administraba los negocios ilegales, sobre todo el cobro de extorsiones en el nordeste antioqueño. El hombre de 34 años estaría tras el cobro de dineros a varias empresas de ese sector del departamento. Sectores mineros en los municipios de Barbosa, Buriticá, Zaragoza, Gómez Plata, Yalí, Vegachí, Segovia y Remedios también se habrían visto afectados.

De acuerdo con la información de la Policía, las sociedades mineras Gran Colombian Gold y la sociedad minera Damasa, propietaria de la mina El Silencio, habrían sido víctimas de alias Bula. Al parecer, el líder criminal estaba planeando que hombres armados hicieran presencia en las minas, y a través de asesinatos, presionaran para que los mineros abandonaran los lugares de explotación. De este modo, el grupo ilegal se quedaría con los yacimientos de oro y otros metales preciosos.

 

 

Al parecer, el monto que debían pagar estas empresas al grupo ilegal asciende hasta los $150 millones mensuales. Las autoridades calculan que en total, alias Bula habría recaudado para el clan del Golfo unos mil millones de pesos, pues no solo se extorsionaba a empresas mineras sino que además a los ganaderos de la zona. Según documentos oficiales, alias Bula estaba a cargo de la elaboración de censos ilegales de ganados que se llevaban a cabo para poder cobrar un porcentaje determinado por cada cabeza de res que tuvieran los ganaderos de la región.

Por este motivo, las autoridades creen que alias Bula era tal vez uno de los miembros que más dividendos le aportaba a la organización por actividades distintas al narcotráfico. Bula, de 34 años, habría sido designado como jefe de finanzas del nordeste antioqueño por Uldar Cardona Rueda, alias Pablito, pues era él quien podía establecer el contacto con alias Navarro, el líder del clan del Golfo en la región. Además del cobro de dineros a empresarios, alias Bula estaría detrás del tráfico de estupefacientes y explotación ilegal de minas en los municipios del nordeste.

Alias Bula le entregaba las ganancias a alias Pablito, quién a su vez le rendía cuentas a Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán. El presunto líder del clan del Golfo también estaría implicado en la compra de armas de la organización y en tráfico de estupefacientes, así como la explotación ilegal de minas. De esta forma, alias Bula se habría convertido en una ficha clave para los más poderosos del clan del Golfo, pues era él quien pagaba la nómina del Grupo Armado Organizado (GAO) y los gastos generados por enfrentamientos con otras organizaciones criminales en la zona.

Por estos hechos, el pasado fin de fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado le imputó a alias Bula el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

Fuente: http://bit.ly/2aFGUwB

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