Además del levantamiento del censo de familias desplazadas y brindarle la ayuda humanitaria inicial, aún no se garantiza plenamente el retorno a sus sitios, debido a que se anuncian posibles enfrentamientos entre grupos delincuenciales de la zona, y hay temor entre la población campesina refugiada en Cáceres y Tarazá.

El Director de la Unidad de Atención a las víctimas, Jorge Mario Álzate Maldonado, reveló en Caracol Radio, que las familias desplazadas temen la llegada de otro grupo delincuencial a la zona, lo cual llevaría a enfrentamientos con los que actúan en esa franja de Antioquia.-

“¿Qué es lo difícil? A pesar de que puede haber fuerza pública en la zona, nosotros podemos decir que la situación es muy compleja en materia de orden público: hay una disputa territorial por las bandas criminales, y una de las cosas complejas es que esas disputas apenas están empezando. Inclusive, ha habido anuncios de que en 45 días habrá una retoma de un grupo a otro, que inclusive ya se ha generado unas barreras o fronteras invisibles entre Cáceres y Tarazá”, afirmó el señor Alzate Maldonado, en diálogo con Caracol Radio.

Además advirtió que en esa subregión antioqueña es prácticamente prohibido prohibido circular de noche por algunos sectores.

“No hay condiciones de seguridad, no se puede predecir hasta cuándo estarán, porque están llegando grupos nuevos a estos territorios, inclusive hay restricciones a la movilidad: en las noches no se puede salir y tampoco en las zonas rurales, está muy compleja”, dijo.

Las familias están albergados donde familiares y amigos, además de otro grupo está en la casa de paso indígena.

Fuente: http://bit.ly/2DMoPbu

Auxiliares de la Policía Antinarcóticos Antioquia en Caucasia bloquearon la vía que comunica hacia el municipio de El Bagre como protesta por las precarias condiciones en las que trabajan y habitan algunos uniformados en el alojamiento militar de la localidad.

La denuncia se conoció a través de videos en redes sociales, en los cuales los manifestantes afirman que no cuentan con servicios como luz y agua potable e incluso se han registrado robos en las instalaciones.

Los hechos fueron confirmados por el alcalde de Caucasia, Óscar Suárez, quien además contó que el bloqueo de la vía sucedió el domingo en horas de la noche, aunque la comunicación ya fue restablecida.

Respecto a lo sucedido, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, aclaró mediante un comunicado que “el personal de auxiliares cuenta con una partida de alimentación asignada por el Ministerio de Hacienda, la cual fue fortalecida con dos remesas adicionales, y en la actualidad se trabaja para mejorar sus condiciones de alojamiento”.

Precisamente en este lugar estuvo el embajador de Estados Unidos en Colombia como parte del proceso de acompañamiento que hace la entidad al proyecto “Antioquia Libre de Coca”.

Fuente: http://bit.ly/2DXiue6

El anuncio lo hizo el presidente Santos en su cuenta en Twitter. Había 22 órdenes de captura en su contra, tenía circular azul de la Interpol y se ofrecía una recompensa de $500 millones.

Roberto Vargas, alias "Gavilán", segundo al mando del Clan del Golfo y quien era buscado tanto por las autoridades colombianas como por las estadounidenses, murió este jueves en operativos de la Fuerza Pública.

Aunque se sabe poco del hecho, fuentes militares dijeron a El Espectador que la muerte de Gavilán se dio en el marco de la campaña Agamenón II, que desde junio busca acabar con el poderío del Clan del Golfo, una de las más poderosas estructuras delincuenciales que, tras la desaparición de los grupos paramilitares (de los que también hizo parte), comenzó a copar sus territorios, se adueñó de las principales rutas para la salida de drogas hacia Estados Unidos, se enseñoreó con su violencia en los pueblos más abandonados de las costas colombianas y hasta se dio el lujo de lanzar un Plan Pistola en contra de la Policía a usanza del Pablo Escobar de los ochenta y comienzos de los noventa. 

La muerte de "Gavilán" se presentó en el sector de Puerto Plata en Turbo (en el Urabá antioqueño), y fue liderada por las fuerzas especiales del Ejército, con varios desembarcos y asaltos aéreos con aviación militar.

Este es, quizá, uno de los operativos más importantes realizados por las Fuerzas Militares en la lucha contra el narcotráfico: alias "Gavilán" tenía un largo prontuario criminal, entre el que se incluía la violación de decenas de niñas menores de diez años.

Desde antes de llegar al Clan del Golfo ya tenía una amplia trayectoria criminal. En la década de los noventa, a los 16 años, hizo parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Urabá, de donde es originario. Tras el fin de esta guerrilla, llegó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hasta su desmovilización en 2005 como parte del bloque Sinú.

Ya como segundo del Clan del Golfo encabezó un alto número de acciones criminales y por las que la Interpol emitió circular azul en su contra. Entre sus crímenes se encuentra haber sido el artífice del denominado “Plan Pistola”, con el que ordenó el homicidio de policías en Antioquia, Córdoba y Chocó. Fue, además, según el Ejército, responsable de la retoma de las rutas de narcotráfico en el Urabá hacia Panamá. En su contra había 22 órdenes de captura por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, narcotráfico y desplazamiento forzado. 

En el 2016 asumió el cargo de cabecilla de sicarios en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, donde habría coordinado varios homicidios.

Tras sentir la presión por tres órdenes de captura en su contra, se entregó en las últimas horas ante la Policía de Montelíbano, Amaurys Ricardo Núñez, alias ‘DJ’ o ‘Carbón’, quien figuraba en el cartel de los más buscados en Córdoba, por pertenecer a la estructura del ‘Clan del Golfo’ en ese mismo municipio y en Puerto Libertador.

Este hombre era solicitado por las autoridades por el delito de concierto para delinquir y de acuerdo con los antecedentes que registra, en el 2015 era quien guiaba y acompañaba a los sicarios de esa organización para verificar que se efectuaran los homicidios que ordenaba la organización delictiva.

De acuerdo con el Departamento de Policía Córdoba, alias ‘DJ’ en el 2016 precisamente asumió como cabecilla de sicarios en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, región donde habría coordinado varios homicidios.

La Policía lo señala además como el responsable de coordinar el recaudo y cobro de extorsiones en la subregión del alto San Jorge cordobés.

Las tres órdenes de captura, todas por el delito de concierto para delinquir, fueron expedidas por el Juzgado Penal con funciones de control de garantías # 70 de Bogotá, el Juzgado Penal Municipal #1 de Montería y el Juzgado Promiscuo Municipal #2 de Caucasia (Antioquia).

Fuente: http://bit.ly/2xh9nBh

Montería.  En audiencia realizada este mañana en Montería, el juez del caso consideró que Sabrina Mahuad Holguín, incumplió uno de los compromisos de la detención domiciliaria, el cual era permanencia en su residencia.

Las pruebas aportadas evidenciaron que Sabrina Mahuad, sin permiso de ninguna autoridad competente, viajó el 2 de diciembre del año 2016, en un vuelo de la aerolínea ADA, de Montería a la ciudad de Cartagena, pese a tener restricción de salida de su residencia.

Guillermo Álvarez Machacón, Abogado de Camila Mejía, Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos y Políticos García, joven víctima en el proceso contra las hermanas Mahuad.

Después de revocar la medida de detención domiciliaria, el juez del caso ordenó a las autoridades penitenciarias, realizar el traslado de Sabrina Mahuad al pabellón de mujeres de la cárcel nacional Las Mercedes de Montería.

La defensa de Sabrina Mahuad, interpuso un recurso de reposición y subsidio de apelación, el juez de los primeros y aceptó el segundo, el cual va al juzgado penal del circuito que el corresponda por reparto.

Fuente: http://bit.ly/2uiR53L

En la subregión del Bajo Cauca, Durante las decadas 80 y 90, se gestó la ONU Proyecto de anarquía por la Presencia de narcotraficantes Como Pablo Escobar y las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), Que LUEGO SE convertirían en el AUC, Con Dos Que bloques sirvieron de enclave para el Proyecto paramilitar: Bloque central Bolívar, al mando de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', y de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy; Que Vieron estafadores Éxito de Como SU ORGANIZACION dominaba TODO El Territorio de Gracias a lugares la Participación de Actores alcaldes Como, congresistas y Concejales. Dicha alianza Llamada Seria, A partir de 2007, la parapolítica.

El Dominio de Macaco y Cuco Vanoy, en los municipios de Cáceres y Tarazá, FUE aprovechado por congresistas Que recibieron su Apoyo para Comprar Baratas Tierras, Como Es El caso de Mario Uribe Escobar; y por algunos adj adj alcaldes para sostenerse en el Poder. Estós mandatarios locales serian MAS TARDE testaferros de los jefes paras.

En Tarazá, era considerado Cuco Vanoy ONU «Alcalde alterno», por El poder acumulado, Extendido Hasta Cáceres, En Donde también HACIA presence Macaco. Para Evitar: Diferencias y Garantizar la Coexistencia de los dos Grupos, Vicente Castaño, alias El Profe, delimitó el municipio Así: Desde la margen del río Cauca Hacia el corregimiento de Piamonte y La Reserva parrafo Macaco, y de la margen del río, corregimiento de Jardín, Nicaragua, Puerto Bélgica y Manizales ONU Cuco Vanoy.

En abril de 2001 se Daría Una Reunión Que cambiaria la vida de la candidata un Continuación, Rocío Arias. En el corregimiento Manizales, ONU cuatro horas por carretera destapada Desde la Zona Urbana de Cáceres, se dio Lugar Una Reunión Organizada por Macaco Una La que asistieron Alcalde y concejales de Caucasia, Cáceres y Tarazá, ::: Además de los jefes Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Cuco. Por Dicha Reunión condenados serian La congresista Arias y el senador Carlos Arturo Clavijo Vargas. Los alcaldes y concejales Pasaron de agache.

De Lo Que No pudieron zafarse Varios alcaldes de Caucasia, Cáceres y Tarazá FUE de Ser señalados por la Justicia ordinaria de Como testaferros de los jefes paras, de Como Obra en Evidencias recaudadas por la Fiscalía y avaladas por los Magistrados de la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín, en Donde were condenados Cuco Vanoy y Macaco. alcaldes de Estós, AÚN Despues De Una Década, hijo deudores de la Justicia.

Caucasia

Los exalcaldes de Caucasia, Juan Carlos Garcés Estrada (2004-2007), Jorge Iván Valencia Rivera (2008-2011) y José Nadin Arabia Abissad (1992-1994, 1998-2000 y 2012-2015) no han explicado sus vínculos con el paramilitarismo.

Juan Carlos Garcés Rivera, por ejemplo, según Informe 459 (30 de mayo de 2011) de la Fiscalía tuvo a su nombre los siguientes predios que pertenecían al jefe paramilitar Cuco Vanoy:

Pese a la evidencia recabada por la Fiscalía, Cuco Vanoy, al ser preguntado por la Sala de Justicia y Paz por su relación con el exalcalde Garcés Estrada, respondió: «Sí lo conozco, es amigo, él estuvo en Tarazá el día que me entregué», agregando que «nunca lo utilizó como testaferro». Las pruebas lo desmienten.

El exalcalde es socio de Ganadería Casa Blanca, que aparece registrada a nombre de Juan Carlos Garcés e hijos, siendo además dueño de la hacienda Casa Blanca [Ver video de la hacienda Casa Blanca], dedicada a la cría de toros de lidia que son exhibidos en las corralejas de Caucasia, Córdoba y Sucre [Ver cartel ganadería Casa Blanca]

En cuanto al exalcalde Jorge Iván Valencia Rivera la Fiscalía [Informe 459] relaciona los siguientes bienes:

El exalcalde José Nadin Arabia Abissad también fue simpatizante del proyecto político de las AUC. En enero de 2006, él y el exalcalde Hugo de Jesús Barrera Gómez, de Cáceres, participaron en una reunión a la que asistieron ganaderos y firmaron una carta a favor de los excomandantes Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy.

Tarazá

Miguel Ángel Gómez García, elegido para el periodo 2001-2003 como alcalde de Tarazá, se alió con el Bloque Mineros para acabar con el sindicato de trabajadores del municipio conocido como Sintraofan. La primera decisión del alcalde Gómez García fue citar a los empleados a una reunión con el comandante Cuco Vanoy, realizada en febrero, a un mes de posesionado el alcalde, en la finca El Atajadero, en la vía de Tarazá al corregimiento de La Caucana, centro de operaciones del Bloque Mineros. Luego fue citada otra reunión en la finca La Moneda. Allí el comandante Cuco Vanoy les ordenó a los empleados que «conciliaran las diferencias que existían con la alcaldía».

El 12 septiembre de 2001, en la finca La Moneda, Cuco Vanoy y el alcalde Gómez García se reunieron de nuevo con los empleados sindicalizados, quienes fueron llevados en dos busetas de transporte público por alias Pepe y Dairo Zabala. A dicha reunión asistieron, además del alcalde: Boby Bedoya, secretario de Gobierno; Jhon Fredy Morales, párroco de la iglesia; Digna Tuirán Hoyos, personera de Tarazá; Francisco Alvarado Paternina, secretario de Hacienda; Raúl Hernán Torres Bustamante, tesorero municipal; y Fernando Toro, jefe de obras. El poder civil y eclesiástico vinculado con la ilegalidad.

Los sindicalistas fueron amenazados directamente por alias Cuéllar, quien les dijo que «era mejor renunciar a sus cargos para evitar dolencias en el cuerpo, pues una bala arde mucho». El 19 de septiembre fueron citados de nuevo y les hicieron la misma advertencia. En mayo de 2002, en la finca El Porvenir, en Cáceres, los sindicalistas tuvieron que aceptar firmar un acta de compromiso con el alcalde, con el aval de Cuco Vanoy, para ser despedidos e indemnizados, no sin antes advertirles que no podían demandar a menos que previeran las consecuencias.

La relación entre el alcalde Miguel Ángel Gómez y Cuco Vanoy fue mucho más estrecha, llegando a ser socios en negocios. La finca El Guaimaral, de propiedad del alcalde Gómez, sirvió de corral para los hatos del Bloque Mineros.

Miguel Ángel Gómez García fue reelegido como alcalde de Tarazá para el periodo 2008-2011, el cual dejó iniciado por la captura librada en su contra por relaciones con las AUC, dentro de lo que se conoce como parapolítica. Fueron varios los alcaldes encargados y el desgobierno que se vivió en Tarazá en ese cuatrienio, situación que fue denunciada por el periodista Luis Carlos Cervantes, corresponsal de Teleantioquia Noticias, firmando su sentencia de muerte.

En octubre de 2015 fue elegida como alcaldesa de Tarazá una ficha del exalcalde Gómez García, Gladis Rebeca Miguel Vides, por el Partido Liberal, quien no toma una decisión sin el consentimiento del exalcalde, el poder detrás del trono. Sobre la actual alcaldesa pesa una investigación penal por la presunta participación en el homicidio del periodista Cervantes.

Otro alcalde de Tarazá, Reinaldo Pozo —periodo 2004-2007—, también estuvo vinculado con las AUC y Cuco Vanoy. El 22 de abril de 2005 el alcalde Pozo encabezó un homenaje a Ramiro Vanoy Murillo: «La comunidad del municipio de Tarazá en conjunto con todos los organismos sociales agradecen las obras en pro del desarrollo social y económico de la región al señor comandante Ramiro Vanoy Murillo». En razón a que el alcalde Pozo era soltero, fue nombrada por decreto como primera dama la concejala Griselda Blanco, quien más tarde se desmovilizaría con el Bloque Mineros, por lo que fue investigada por concierto para delinquir.

Cáceres

El alcalde de Cáceres para el periodo 2001-2003, Hugo de Jesús Barrera Gómez, también fue un asiduo visitante de los campamentos del Bloque Mineros de las AUC e invitado de Cuco Vanoy. Producto de ese compadrazgo político, el alcalde, desde su cargo, facilitó la operación de los paramilitares. También, además de aliados políticos, fueron socios en varios negocios de compra y venta de fincas.

Luego de la desmovilización del Bloque Mineros en 2006 en Tarazá, y el sometimiento de Cuco Vanoy a la Ley de Justicia y Paz —Ley 975/2005—, en donde los jefes paras se comprometieron en reparar a las víctimas, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) encontró a nombre del exalcalde Hugo de Jesús Barrera Gómez varias propiedades que pertenecían al comandante Cuco Vanoy.

La finca El Porvenir fue comprada por Cuco Vanoy a Hugo de Jesús Barrera Gómez por un valor de 400 millones de pesos, y le fue devuelta al exalcalde Barrera Gómez en la época de la desmovilización. Además, la finca Nicaragua, en Cáceres, también fue comprada por Cuco.

Por las relaciones con el proyecto político-militar de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Bajo Cauca, sur de Córdoba y Sucre, fueron condenadas las excongresistas Rocío Arias y Eleonora Pinera, y el exalcalde Miguel Ángel Gómez, quedando impunes los demás mencionados por los jefes paras.

Con la incursión de las bandas criminales Los Paisas, Los Rastrojos, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, en el Bajo Cauca, en donde existe relación de estos mismos políticos, es hora de abrir la otra versión de la parapolítica: la bacrimpolítica, que haría cabezas y atacaría un brazo importante del poder criminal que domina Cáceres: Piamonte y Guarumo; Tarazá: La Caucana y el Guaimaro; y Caucasia, en donde el negocio del narcotráfico sigue igual de rampante que en la época en que Macaco y Cuco Vanoy mostraban su poder con modelos, empresarios y exóticas fiestas.

Fuente: http://bit.ly/2tbdb72

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, aseguró en RCN Radio que el 60% de las 102 mil solicitudes de restitución de tierras se encuentra en proceso.

Sabogal reportó además que en los primeros 5 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se han entregado 200 mil hectáreas de terreno a campesinos y población que había sido despojada de estos terrenos.

Dijo que otras 600 mil hectáreas están en proceso para ser restituidas. En total, sostuvo Sabogal, “hay 800 mil hectáreas de tierra georeferenciadas para ser objeto de posible restitución”. 

Mayores despojadores

El directivo hizo alusión a los grupos armados que más tierras han despojado a los campesinos y pobladores de las diferentes regiones del país.

Según Sabogal, “un 43% de los casos han sido obra de los grupos paramilitares, otro 43% de grupos guerrilleros y el 12% restante”, por parte de otros actores del conflicto, como bandas criminales, el narcotráfico, entre otros.

Sabogal expresó que “en lo corrido del desempeño de la entidad por el tema de la restitución de tierras, se ha revisado ya más del 50% de los casos”.

Dijo que la acción del organismo se concentra ahora en departamentos como Caquetá, donde los mayores despojadores de tierra han sido las Farc.

Expresó que hay zonas del país donde todavía hay dificultades para adelantar el proceso, como en la región del Catatumbo, bajo Cauca y Nariño.

Sabogal reportó que a la fecha han sido asesinados 18 reclamantes de tierra y 700 más están amenazados.

Sostuvo que en el caso del Ejército de Liberación Nacional, la entidad espera adelantar proceso de restitución de tierras en las zonas de influencia de esta agrupación, en especial en la región del Catatumbo y Arauca.

Informó además que se buscará reforzar el número de jueces y magistrados encargados de la restitución, que hoy en día es de 54.

“A medida que vayamos avanzando de seguro se tendrá que reforzar el contingente de jueces, de hecho, estamos por hacerlo ahora, ya que estamos incursionando en regiones donde antes no se hubiera podido adelantar este proceso, como Caquetá o el sur del Huila”, afirmó.

Señaló además que la meta de la entidad es terminar su labor antes del 2021, pero en caso de que el proceso no se surta por completo para ese año, la idea sería ampliar el plazo que establece la vigencia de la ley.

Otros resultados

Durante el proceso de restitución, la Policía Nacional ha capturado a 9 integrantes del cartel de los más buscados despojadores de estos terrenos.

Así mismo, en cumplimiento al punto 1 del A|cuerdo de Paz, el Fondo ha entregado tierras del narcotráfico avaluadas en 10 mil millones de pesos a campesinos honestos (Gacha, Los Urdinola, Los Henao, Los Galeano, Los Ochoa, Pablo Escobar).

De igual forma, la restitución se ha consolidado en territorios como Morroa (Sucre) Sabana de Torres (Santander), Montebello (Antioquia), Urabá (Antioquia) y Valle del Guamuez (Putumayo).

Sabogal informó que “con una inversión que supera los 61 mil millones de pesos la restitución ha beneficiado a 27.305 personas con proyectos productivos, reactivando sus economías”.

El 65% de los proyectos productivos están enfocados a la línea ganadera, el 14% a la producción de café y el 4,3% a la producción de maíz.

Las otras líneas productivas están enfocadas a las líneas de pimienta, plátano, porcicultura, cacao y avicultura.

Finalmente, un total de 6.804 mujeres han sido beneficiadas con fallos de restitución de tierras, en manos de jueces hay 5.451 casos de mujeres.

Y 11.182 mujeres han sido capacitadas en restitución de tierras con enfoque de género.

Fuente: http://bit.ly/2q1qcMN

Preocupados se encuentran los habitantes de cuatro barrios de Caucasia, debido al incremento de la inseguridad. A esto se suma el alto índice de consumo de drogas por parte de los jóvenes. Solicitan mayor presencia de la Fuerza Pública.

Fuente: http://bit.ly/2pa8LMS

Las familias son desplazadas por el conflicto que azota al Bajo Cauca antioqueño.

Tres predios que pertenecen a la Policía Antinarcóticos, la alcaldía de Caucasia y una asociación de ganaderos, fueron invadidos por mil 500 personas que denunciaron ser desplazadas por el conflicto armado que afecta a toda la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Según las autoridades, las familias levantaron cambuches con plásticos y maderas en estos lugares.

El alcalde de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez, explicó que desde hace dos meses se estaban adelantando negociaciones con estas personas para que salieran de los predios. Sin embargo, fue necesaria una intervención entre el Esmad y el Ejército para desalojarlos bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo.

“Son personas a las que ya les habíamos dicho que tenían que desalojar, entendemos que son familias desplazadas pero que quieren aprovechar la oportunidad para invadir estos lotes, eso no lo vamos a permitir en Caucasia“, manifestó el mandatario.

Las autoridades de Caucasia aseguraron que afrontan una grave problemática, por la cantidad de familias que llegan a la localidad argumentado desplazamientos forzados en varios municipios. Las personas que serán desalojadas en los tres predios intervenidos, deberán acercarse a la alcaldía para tramitar la solicitud de vivienda de interés social, en donde deberán demostrar su condición de víctimas y que no han accedido a beneficios de viviendas.

El cuerpo de bomberos exigió el pago de 174 millones de pesos, a lo cual el alcalde de Caucasia aseguró que el municipio no tiene recursos suficientes y les solicitó que recorten su personal.

No hay quien atienda emergencias en Caucasia. El cuerpo de bomberos de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño entró en cese de actividades desde este jueves por déficit presupuestal.

Según los bomberos, la Alcaldía de Caucasia no ha establecido contratos con ellos y estos son los encargados de atender los accidentes de tránsito, los incendios y otras eventualidades. El municipio está en alerta naranja por posible desbordamiento del río Cauca en el casco urbano y el cuerpo de bomberos, afirma, no tiene contrato desde enero y solicita cerca de 280 millones de pesos. En contrapropuesta, el alcalde ofrece 80 millones de pesos.

"Llamamos al alcalde a que nos dé un contrato con el que podamos pagar a los bomberos un mínimo con todas las prestaciones. Invitamos también a la comunidad a que nos apoye porque son los más afectados. Atendemos a diario tres o cuatro emergencias, en especial accidentes de tránsito y con este cese pueden verse afectadas las personas. Pero es muy riesgoso salir a trabajar sin seguridad social porque si hay un accidente, no habría como responder por la integridad de los voluntarios. Es difícil trabajar 24 horas sin un salario mínimo", manifestó Wilmar Mejía, director del cuerpo de bomberos de Caucasia.

Fuente: http://bit.ly/2nw56Hj

Varias heridas con arma blanca le ocasionaron la muerte a Camilo Martín Tapias Tapias, de 72 años. Los hechos ocurrieron en la vereda San Pablo, zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia.

Según las primeras investigaciones, el hombre fue apuñaleado durante una riña.

El fallo emitido este lunes por el Juzgado 11 de Conocimiento de Bogotá indicó que Laura Moreno y Jessy Quintero no tuvieron participación en la muerte de Luis Andrés Colmenares en 2010, y quedaron absueltas de este caso.

Para la jueza Paula Astrid Jiménez, no existen evidencias que sustenten que las dos jóvenes son culpables de los delitos de falso testimonio, homicidio en calidad de coautoría y encubrimiento.

Más de seis años tuvieron que pasar para que la justicia diera su veredicto sobre la participación de Moreno y Quintero en los misteriosos hechos que rodearon la muerte del joven universitario.

El cuerpo de Colmenares fue encontrado el 1 de noviembre del año 2010 en un caño del parque El Virrey, en Bogotá, a varios metros de donde fue visto por última vez.

Se presume que el joven habría muerto la noche anterior, tras asistir a una fiesta de Halloween en el sector. Sin embargo, no se conoce aún si se trató de un suicidio, de un accidente o de un homicidio, que son algunas de las versiones que se han tejido en los últimos años.

La decisión se toma en contravía de la postura de la Fiscalía y la Procuraduría, que solicitaron al juez que Laura Moreno y Jessy Quintero fueran condenadas. Aseguraron que las versiones que Jessy Quintero y Laura Moreno dieron ante las autoridades sobre los hechos, estas no concuerdan.

El soporte probatorio de la Fiscalía estaba principalmente en el peritaje hecho por el médico forense Máximo Alberto Duque, exdirector de Medicina Legal, quien fue contratado por la familia Colmenares para exhumar el cadáver de Luis Andrés, a mediados del año 2012. 

Duque afirmó que se había tratado de un homicidio, basado en que en su rostro y su cráneo, además de otras partes de su cuerpo, existían múltiples golpes que no podrían haber sido ocasionados por una simple caída. De hecho, uno de ellos fue tan fuerte, que le hundió uno de los huesos de la cara.

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia, presentó una denuncia en donde aseguró que varias bandas de crimen organizado, como el “clan del Golfo”, antes conocidos como Urabeños y el clan Úsuga (ambos ubicados en el Bajo Cauca, al nordeste antioqueño en el sur de Córdoba) han estado reclutando a jóvenes guerrilleros y disidentes que formaron parte de las FARC a cambio de $1.800.000.

Durante una visita realizada al municipio de Caucasia en Antioquia, el fiscal Martínez logró recibir información confirmada sobre la delicada situación que están atravesando los defensores de derechos humanos y líderes sociales. De esta manera indicó que en esta zona se han estado registrando los índices más altos de homicidios en toda Colombia, aclarando que todo se debe a que se han presentado muchas acciones del clan del Golfo en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba para intentar apropiarse de dos de las rentas ilegales más importantes, el narcotráfico y la minería ilegal. Ésta última ahora está superando de manera significativa con relación al tráfico de drogas.

Martínez ratificó que el clan del Golfo ha estado intentando reclutar a varios de los disidentes de las FARC y que les están ofreciendo salarios de hasta $1.800.000, sobre todo en las zonas de Ituango y el norte de Antioquia. De esta manera, confirmó, se han estado manteniendo las disidencias de la guerrilla.

Por otra parte, agregó que otro de los elementos de vital importancia que pueden servir para evitar que se formen nuevas formas de criminalidad es que las FARC devuelvan de manera inmediata a los menores de edad que hacen vida en sus filas al ICBF, para de esta manera lograr hacer un proceso de reintegración más efectivo y evitar que de alguna manera vuelvan a ser reclutados por bandas criminales como las antes mencionadas.

La situación actual en toda la región del Bajo Cauca y sur de Córdoba no es la mejor y en el trascurso de la última semana se han registrado seis homicidios en Puerto Libertadores.

De esta manera, el fiscal colombiano anunció que ya se están realizando varias labores de inteligencia para lograr dar con el paradero de los responsables de estos actos y así iniciar una campaña en la que la presencia de las instituciones del Estado se haga de manera imperante, ya que se debe evitar que las zonas que las FARC dejen sean ocupadas por grupos dedicados al crimen organizado.

Fuente: http://bit.ly/2kCrxdK