Personal del Ejército Nacional adelantaba operaciones militares en el barrio Los Comodatos de El Bagre, cuando fue atado con armas de fuego, por parte de hombres que estaban en este municipio del Bajo Cauca antioqueño.

El sargento segundo, Wilmer José Pacheco Alvarado, y uno de los presuntos atacantes, murieron por la gravedad de las heridas.

En un comunicado, la Séptima División calificó como un “cobarde ataque” el asesinato del militar, “quien protegía a las comunidades” y afirmó que gracias a la rápida reacción de las tropas, “se logró neutralizar una acción criminal contra la población civil que se encontraba en la zona”.  

La institución envió un mensaje de solidaridad a la familia del sargento segundo Pacheco Alvarado.

A través de su cuenta de Twitter, el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, repudió el asesinato de uno de sus hombres.

"El sargento segundo Wilmer José Pacheco Prada fue atacado de manera cobarde por sujetos armados mientras protegía a la población que habita en el municipio de El Bagre, Antioquia. Los soldados del Ejército  acompañamos a su familia y amigos", escribió.

Las tropas del Ejército y de la Policía adelantan operaciones de control urbano para dar con el paradero de los demás responsables del ataque armado, “el cual es una violación a los Derechos Humanos e infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario”.

Fuente: https://bit.ly/3dlNDId

Tropas del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones militares y policiales desplegadas de manera sostenida contra los factores de criminalidad en el departamento de Antioquia, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía y la Unidad Especializada de Investigación de la Fiscalía, encargada de esclarecer homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y atendiendo la alerta temprana No.009 de 2018, neutralizaron en desarrollo de operaciones militares al sujeto conocido con el alias Romaña, señalado de ser cabecilla armado del Grupo Armado Organizado, GAO, Caparros.

Como resultado de la ofensiva militar y policial que se adelanta en el Bajo Cauca antioqueño y gracias a la información suministrada por la Red de Participación Cívica, las tropas del Ejército Nacional llegaron por tierra y aire hasta la vereda Ponciano Alto, del municipio de Cáceres, Antioquia, donde se produjo un enfrentamiento contra criminales del GAO Caparros, lo que dio como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares del sujeto conocido con el alias Romaña, la captura de otro sujeto conocido como alias Barbas, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes y la incautación de dos armas cortas, un arma larga, dos proveedores, 37 cartuchos, abundante material de intendencia y comunicaciones.

Romaña, con 50 años de edad, llevaría más de 15 años en organizaciones criminales; habría pertenecido a las antiguas AUC, sería el encargado de recolectar los cobros productos de las extorsiones a los comerciantes y campesinos en Tarazá, Cáceres, Cuacasia y sur de Córdoba; igualmente, sería el encargado de ordenar y coordinar asesinatos a líderes sociales y sería el responsable de desplazamientos forzados en la región.

Este sujeto era hombre de confianza de alias Caín, máximo cabecilla de los Caparros, razón por la cual Romaña habría sido delegado como enlace con los cabecillas de los grupos armados organizados residuales E18 y E36, con el frente Mártires de Tarazá, del ELN, y con grupos de delincuencia organizada del Valle de Aburrá, con el propósito de fortalecer el brazo armado para mantener la confrontación contra el Clan del Golfo.

Alias Romaña tenía orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos de uso restringido y privativo de las Fuerzas Militares. Este sujeto también sería el responsable del entrenamiento criminal a los integrantes del GAO Caparros y reclutamiento forzoso de menores.
Con este resultado se afecta de manera importante la estructura armada y criminal de los Caparros, y se ratifica el compromiso del Ejército Nacional de proteger a la población que habita en el Bajo Cauca antioqueño.

El Ejército logró destruir dos artefactos explosivos que habían sido ubicados en zonas de alto y tránsito de personas en el corregimiento de Barro Blanco del municipio de Tarazá, al parecer, instalados por la banda criminal “Los Caparros”. Según la fuerza pública tenían la intención de atacarlos, así mismo causar daños a la población civil.

Los artefactos fueron identificados como dos granadas de mano; una dejada a pocos metros del parque principal de área urbana del corregimiento, por lo que fue necesario acordonar el área para una detonación controlada. El otro artefacto fue encontrado en un camino de herradura por donde se desplaza la población campesina y tropas del ejército, este también fue explotado de manera controlada por personal antiexplosivos del ejército.

En una acción simultánea, las tropas capturaron a seis personas en la vereda Puerto Antioquia de Tarazá, todos presuntos integrantes del Clan del Golfo.

“Estos bandidos estaban amenazando a la población civil y a los diferentes grupos vulnerables que hay en el bajo Cauca”, dijo el Mayor general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División.

En este operativo fue recuperado un menor de edad que había sido reclutado por esa banda criminal.

Fuente: https://bit.ly/2V2iAei

La Policía en Antioquia asumió la investigación del millonario robo de oro que ocurrió en la mina la Ye ubicada en la vereda El Naranjal, de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño.

Según el reporte, los ladrones se llevaron 47 kg en barras del mineral avaluado en 7.500 millones de pesos.

En el registro de las cámaras de seguridad se observa a los ladrones que ingresaron vestidos con uniformes de Corantioquia y pasaron sin mayores problemas, una vez adentro, sacaron fusiles y otras armas, amenazaron a los empleados y los amarraron. Luego, ingresaron al área de fundición y empacaron en morrales las barras de oro.

La empresa minera La Ye, que procesa diariamente unas 400 toneladas de minerales al día, perteneció a la compañía Mineros SA pero en marzo fue vendida por 5.5 millones de dólares a una multinacional extranjera.

Al parecer, esta empresa internacional no cede ante las extorsiones, lo que habría generado una serie de amenazas de grupos armados de esta zona del Bajo Cauca.

Fuente: https://bit.ly/37pibHO

Las autoridades aún tratan de establecer el cerco epidemiológico de un hombre que fue diagnosticado con el Covid-19, luego de que fuera atropellado por un carro en la carrera que de Caucasia conduce a El Bagre.

Se trata de un habitante de calle que sufrió fracturas en este accidente, por lo que fue llevado al Hospital César Uribe Piedrahita y de allí remitido a un centro asistencial de Montería, donde le fue diagnosticado el virus.

Sin embargo, aunque al principio se creyó que sí, él no murió por el coronavirus sino por las graves lesiones que sufrió. Las autoridades rápidamente contactaron a las personas que lo ayudaron después de arrollarlo y al personal de salud del Hospital de Caucasia.

A pesar de que estas personas ya están bajo supervisión y aislamiento, la preocupación radica en que se desconoce el verdadero cerco epidemiológico, es decir, no se logra saber este habitante de calle con quién interactuó durante sus últimos días.

El alcalde de Caucasia, Félix Olmedo Arango, sostuvo que es difícil hacer ese cerco, por lo que se pide a los pobladores estar atento a cualquier síntoma de la enfermedad.

Fuente: https://bit.ly/30EfDUF

La Gobernación de Antioquia entregó el balance, en materia de homicidios, correspondiente al mes de mayo y a lo que va del año, cifras que continúan con la tendencia a la baja.

En el mes pasado se cometieron 132 homicidios frente a los 218 de mayo de 2019, es decir, 86 asesinatos menos. Si se compara el acumulado del año, se tiene una diferencia de 228 casos menos (-22.2%) pues en ese periodo se presentaron 797 homicidios mientras que en los primeros cinco meses de 2019 fueron 1.025.

El gobernador Aníbal Gaviria indicó que esta disminución se da por las restricciones de la pandemia por el COVID- 19, sumado a la operatividad de las Fuerza Pública en la tarea de prevenir los hechos de violencia o la investigación y esclarecimiento de los mismos.

De acuerdo con el mandatario, los principales resultados, en cuanto a este delito, se observan en la subregión del Bajo Cauca pues desde el 1 de enero hasta la fecha se han reportado 113 homicidios cuando en los primeros cinco meses de 2019 ocurrieron152.

No obstante, la lupa está puesta en las subregiones del Nordeste y Suroeste, que fueron las únicas con aumento de muertes violentas. En el caso de la primera la variación (enero - mayo de 2019 y enero mayo de 2020) fue de 59 a 64. Mientras que en el Suroeste, los homicidios pasaron de 91 a 132 en los periodos mencionados.

Finalmente, el reporte indicó que se han logrado 141 capturas por homicidios cometidos este año y 130 capturas por homicidios anteriores al 2020.

Continúa el desplazamiento de campesinos en la vereda de La Esperanza del municipio de Tarazá. El éxodo comenzó el pasado miércoles con seis familias para un total de 14 personas desplazadas, pero entre el jueves y el viernes 3 familias más recibieron amenazas de la banda criminal Clan del Golfo.

“Se les está brindando ayuda sociológica y son atendidos por la secretaria de salud que ha brindado una ayuda importante, han estado presentes las 24 horas”, contó Deivinson Montero, secretario de gobierno de Tarazá.

Las cifras oficiales conocidas por caracol Radio indican que actualmente hay 68 personas desplazadas, entre ellas 26 menores de edad y tres mujeres en embarazo, para un total de 16 familias.

Algunas de las las víctimas de la violencia están en un albergue en la I.E Ángel de la cabecera municipal,recibiendo ayudas humanitarias como alimentación, hidratación, kit de bioseguridad en prevención al COVID-19, otras personas están auto albergadas en también en el área urbana con seguimiento de la gobernación y la Unidad de Víctimas.

Fuente: https://bit.ly/30fJGln

La Gobernación de Antioquia entregó el balance, en materia de homicidios, correspondiente al mes de mayo y a lo que va del año, cifras que continúan con la tendencia a la baja.

En el mes pasado se cometieron 132 homicidios frente a los 218 de mayo de 2019, es decir, 86 asesinatos menos. Si se compara el acumulado del año, se tiene una diferencia de 228 casos menos (-22.2%) pues en ese periodo se presentaron 797 homicidios mientras que en los primeros cinco meses de 2019 fueron 1.025.

El gobernador Aníbal Gaviria indicó que esta disminución se da por las restricciones de la pandemia por el COVID- 19, sumado a la operatividad de las Fuerza Pública en la tarea de prevenir los hechos de violencia o la investigación y esclarecimiento de los mismos.

De acuerdo con el mandatario, los principales resultados, en cuanto a este delito, se observan en la subregión del Bajo Cauca pues desde el 1 de enero hasta la fecha se han reportado 113 homicidios cuando en los primeros cinco meses de 2019 ocurrieron152.

No obstante, la lupa está puesta en las subregiones del Nordeste y Suroeste, que fueron las únicas con aumento de muertes violentas. En el caso de la primera la variación (enero - mayo de 2019 y enero mayo de 2020) fue de 59 a 64. Mientras que en el Suroeste, los homicidios pasaron de 91 a 132 en los periodos mencionados.

Finalmente, el reporte indicó que se han logrado 141 capturas por homicidios cometidos este año y 130 capturas por homicidios anteriores al 2020.

Por presunta corrupción en contratación, durante su primer periodo como gobernador entre 2004 y 2007, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ordenó la captura del Aníbal Gaviria.

El gobernador habría incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros. El 16 de abril de este año, Gaviria fue escuchado en indagatoria por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. La Gobernación de Antioquia manifestó que está recibiendo la noticia y Gaviria Correa se encuentra reunido con sus abogados antes de dar cualquier declaración.

El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que "la decisión fue comunicada el día de hoy al Presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia".

Según la Fiscalía, "el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $ 1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia".

Con supuestas cartas de alcaldías o de empresas de seguridad, algunos ciudadanos buscan la forma de desplazarse a otros lugares del país en plena cuarentena.

Se conoce el caso de tres personas que utilizaron esta modalidad para movilizarse entre la vía Planeta Rica- Caucasia, en los departamentos de Córdoba y Antioquia. Autoridades lograron establecer que el supuesto permiso de la alcaldía de Buenavista, con firma y sello del secretario de gobierno local, era falso.

“Fueron judicializados ante la Fiscalía, primero por el uso del documento falso y simultáneamente por delito contra la salubridad pública", aseguró el General Carlos Rodríguez.

Esta situación no es ajena en otras ciudades del país, en Norte de Santander, ciudadanos utilizaron identificación, supuestamente, como integrantes de una empresa de seguridad.

"Fueron detectadas cinco personas que se movilizaban en tres vehículos con documentos de una empresa de seguridad privada, la cual no existe, pero pretendían evadir los controles de seguridad", señala el general Rodríguez

Quienes cometan este delito, se exponen a una pena de prisión entre cuatro y ocho años. Durante la cuarentena se han presentado 62 capturas por evadir controles viales con documentos falsos.

Además, ya se han impuesto más de 29 mil comparendos por no cumplir con las medidas decretadas por el Gobierno.

Fuente: https://bit.ly/2X08ziV

Con el propósito de implementar programas y proyectos de intervención social con las familias impactadas por la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, EPM y la Corporación Antioquia Presente firmaron un contrato que permitirá desarrollar acciones integrales para atender y acompañar a las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa.

El contrato contempla continuar con el plan retorno de la población evacuada en el municipio de Valdivia. De igual manera, adelantarán las concertaciones de las reclamaciones por cese de actividades económicas producto de la evacuación preventiva en mayo de 2018, en los corregimientos de Puerto Valdivia, Valdivia y El Doce, en Tarazá.

Próximamente se realizarán reuniones con las comunidades para lograr que la población restablezca de manera integral sus condiciones de vida y se garantice su permanencia en el territorio.

Fuente: https://bit.ly/36uU5Lp

El jueves 21 de mayo, Policía Antioquia le afirmó a Caracol Radio Medellín que siete detenidos que se habían fugado durante la madrugada de la sala de retención transitoria de la Estación de Policía de Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño, habían sido recapturados, esta información fue replicada en Caracol Radio pero horas después la entidad informó que se trataba de un error y que estas personas no han sido capturadas.

Sobre este hecho, Jorge Cabra, comandante de la policía había afirmado que “utilizando algunos elementos artesanales lograron cortar y doblar uno de los barrotes y emprenden la huida siete personas que se encontraban privadas de la libertad en la sala de retención transitoria de la estación de policía de Caucasia”.

La Policía Antioquia se mantiene en la descripción de los hechos pero con la aclaración de que no se han realizado tales capturas.Este tipo de hechos se han reportado en varias oportunidades en esa población, el más reciente había ocurrido el pasado mes de febrero en la sede del CTI de la Fiscalía y el año anterior había ocurrido lo propio pero en la cárcel municipal, en los tres lugares se reporta un alto porcentaje de hacinamiento.

Fuente: https://bit.ly/2ZHtx7Y

En las últimas horas se reportó la captura de dos mujeres en el bajo Cauca antioqueño; según la investigación de las autoridades en las que hubo interceptaciones telefónicas, se estableció que alias “La Flaca” sería una de las cabecillas financieras de la organización criminal “Los Caparros” y alias “Yuliet” o “Chupa Dedo” quien presuntamente llevaría la contabilidad del cobro de extorsiones de ese grupo ilegal.

La policía explicó que alias “La Flaca” capturada en el municipio de Caucasia, coordinaba las extorsiones a comerciantes y ganaderos de la zona, la cuota exigida se distribuía entre 50 mil pesos y 25 millones de pesos, de acuerdo al poder adquisitivo de las víctimas. Tendero que no pagaba se le ordenaba cerrar los negocios durante 24 horas para presionar el pago.

“Inicialmente en la organización comenzó cobrando las extorsiones, abordando los negocios, los comerciantes y realizando las exigencias. Al ganarse la confianza de dicha organización criminal tomó el mando y ya comenzó a ser cabecilla financiera de los municipios de Cáceres y Tarazá”, dijo un integrante del Gaula Antioquia quien lideró la investigación.

Mientras que alias “La Chupa Dedo”, según explicó el uniformado, era la encargada de llevar la contabilidad de a quienes se le cobraba determinada cantidad, a ella se el encontraron varios cuadernos en los que tenía una lista de cerca de 120 nombres, todos víctimas de la banda criminal. 07 fincas, 17 distribuidores comerciales y 92 establecimientos comerciales ubicados en el corregimiento de Jardín de Tamaná y el municipio de Cáceres.

Las capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de fabricación, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones; concierto para delinquir y extorsión agravada.

Fuente: https://bit.ly/2ZdSFDg

Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, confirmó que las seis localidades que conforman la subregión del Magdalena Medio, así como Urrao, en el Suroeste, y Caucasia, en el Bajo Cauca, recibieron el aval del Ministerio del Interior que les permite la reapertura de su comercio, al declararlos municipios no COVID.

Explicó el funcionario que los restaurantes solo podrán atender domicilios, y los bares, cantinas y discotecas, así como piscinas y parques deportivos, aún no están autorizados para reactivarse. 

Así las cosas, los municipios de Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó ya pueden implementar sus protocolos de reapertura gradual, al igual que Caucasia y Urrao, como lo han venido concertando con el gobernador Aníbal Gaviria Correa.

"El diálogo con los demás alcaldes del departamento se mantiene de manera continua, para identificar a qué otros municipios les han dado la autorización. En este sentido, se conoció entonces que el Ministerio del Interior ha estado estudiando cada solicitud en la medida que las han ido recibiendo", añadió Luis Fernando Suárez.

Recordó el secretario de Gobierno que en Antioquia ya se han instalado 21 puestos de control sanitario, los cuales están repartidos estratégicamente a la entrada y salida de los diferentes puntos cardinales del área metropolitana, y en las principales troncales del departamento. 

Detalló que en las últimas horas se realizó una reunión con los secretarios de Gobierno y Seguridad de la Alcaldía de Medellín, representantes de la Policía Metropolitana y Policía Antioquia, en la cual se evaluaron y ajustaron detalles sobre dichos puestos de control.

"El gobernador anunció para la semana entrante una visita a algunos de esos puestos, en la ruta de seguir fortaleciéndonos, porque hoy son un instrumento fundamental para evitar que nos lleguen casos de fuera del departamento", puntualizó el funcionario.

Fuente: https://bit.ly/3dV1PJ2

Este domingo en la tarde, una menor de 16 años de edad perdió la vida en el corregimiento de Cuturú, en zona rural de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, luego de que fuera impactada por una bala perdida en medio de un enfrentamiento armado entre militares del Ejército Nacional y presuntos integrantes de la organización Los Caparros.

Información preliminar señala que la menor, quien cursaba grado séptimo, fue encontrada sin vida al interior de una tienda que está ubicada en el parque principal de esa población. Al parecer, hasta ese lugar habría llegado la niña para tratar de resguardarse del enfrentamiento armado.

El Comando de la Séptima División del Ejército indicó que en ese enfrentamiento también resultó herido un soldado profesional, quien recibió los primeros auxilios y se encuentra fuera de peligro.

“En hechos que son materia de investigación, ocurridos durante la tarde de ayer, integrantes del grupo armado organizado Los Caparros disparan y atacan de manera indiscriminada a la población que habita en el casco urbano de este corregimiento, ante lo cual las tropas que se encuentran en el lugar reaccionan y se presenta un combate urbano”, indicó el Ejército sobre lo ocurrido.

Tras la muerte de la menor algunos habitantes del corregimiento de Cuturú atacaron a los soldados, pues los acusaban de ser los responsables de ese hecho. Por lo tanto, se presentaron alteraciones en el orden público.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer de dónde provino la bala que terminó con la vida de la menor, en medio de la celebración del Día de la Madre.

“Este Comando lamenta el hecho, que ya fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para realizar las investigaciones a que haya lugar, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Personal de los organismos de control y funcionarios de la Policía Judicial se trasladaron al sitio para realizar los actos urgentes”, concluyó el Ejército.

Fuente: https://bit.ly/2SZeBOs