En un helicóptero Uh-60 Black Hawk, del Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana, se trasladó todo el material de un puente peatonal hacia la vereda San Agustín, corregimiento el Guáimaro del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.

Este proyecto surge a partir de las gestiones adelantadas por la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, el Dapard y el Municipio de Tarazá con apoyo de la Fuerza Aérea y el Ejército.

Las arriesgadas maniobras de la tripulación de esta aeronave permitieron el traslado de dos (2) carretes de cable de acero y dos rollos, que pesan cada uno 1.8 toneladas aproximadamente, su difícil manipulación dificultaba transportar este material por otro medio, por lo que el apoyo de la Fuerza Aérea fue vital para poder iniciar a tiempo los trabajos de construcción.

San Agustín es una zona vulnerable y distante del área rural del municipio de Tarazá con problemas de movilidad que se generan por el río San Agustín, al ser paso obligado de todos los habitantes de esta región, exponiendo sus vidas por la ausencia de un medio seguro de transporte, pues lo deben hacer cruzando la corriente y/o a través de carrucha.

Esta situación genera múltiples reportes de accidentalidad, sobre todo de la población infantil y escolar, la más vulnerable de la zona, en especial en épocas de invierno por el aumento del caudal del río.

El puente peatonal será de 120 metros de longitud y beneficiará seis veredas del municipio Tarazá (San Agustín Medio, La Estrella, La Linda, Caracolí, Caracolí 1 y Caracolí 2) y ocho veredas del municipio de Ituango, para un aproximado de 855 personas.

Fuente: http://bit.ly/2mtq3SO

La Policía Fiscal y Aduanera, División Medellín, en desarrollo de la estratégia contra el contrabando y el comercio ilícito realizo un operativo de impacto en el municipio de Caucasia, donde se logró la aprehensión de  52 mil 288 unidades de confecciones, calzado, bisutería, perfumería entre otras mercancías de procedencia China, Vietnam, Italia y Estados unidos  con un valor comercial de 718 millones 430 mil 226 de pesos.

Los procedimientos aduaneros se concentraron en el municipio de Caucasia Antioquia,  donde cerca de cincuenta unidades policiales realizaron la  intervención a treinta y cuatro (34) establecimientos de comercio abiertos al público dedicados a la venta de confecciones, calzado, bisutería, perfumería entre otras mercancías de origen extranjero.

Debido a las diferentes labores investigativas se logró la aprehensión de estas mercancías, las cuales ingresaron de forma ilegal al territorio aduanero nacional y eran comercializadas ilegalmente en los diferentes establecimientos comerciales de este municipio.

Los funcionarios de la POLFA, solicitaron a los propietarios de la mercancía la documentación que ampare el legal ingreso al territorio nacional; soporte que no fue presentado, además, estos artículos no cumplían con el reglamento técnico de etiquetado para su debida comercialización. Por tal razón, se procede a aplicar la medida cautelar de aprehensión en cumplimiento al Decreto 2685/1999 artículo 502, causal 1.6 y 1.28 Estatuto Aduanero Nacional.

La Policía Fiscal y Aduanera invita a la comunidad en general a denunciar a los números telefónicos 320 300 85 11 y 5816556, correo electrónico noalcontrabandodenuncie@gmail.com en los cuales se garantiza absoluta reserva de la información. Estos controles aduaneros se extenderán en toda el área metropolitana y Departamento de Antioquia tendientes a detectar mercancías ilegales o que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.

Fuente: http://bit.ly/2mEGcFu

Este lunes el Juzgado 38 Penal Municipal de Medellín concedió prisión domiciliaria a Joaquín Emilio Fajardo Landaeta, exsecretario de Planeación de Caucasia (Antioquia) y a Juan Carlos Romero Hernández, excontratista, por irregularidades en la construcción de la biblioteca de municipio, que no se terminó.

Los hechos investigados ocurrieron en el 2008, época para la cual se tenía prevista la construcción de la biblioteca, que no fue terminada durante esa administración.

El valor de la construcción era de más de 1.800 millones de pesos, en esta obra se realizaron anticipos y sobrecostos injustificados, según la investigación de la Fiscalía.

Por otro lado, el acta final de la obra dice que se entregó completa, pero una visita de la Contraloría General de Antioquia evidenció que no se había construido una parte de la biblioteca por un valor que ya se había pagado de 468 millones de pesos.

Romero Hernández y Fajardo Landaeta no aceptaron cargos por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, en concurso homogéneo.

Fuente: http://bit.ly/2mEN8SL

Por lo menos cuatro viviendas y una estación de gasolina terminaron consumidas por las llamas en la noche del martes en el corregimiento de Cuturú, Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard) la explosión de la estación de gasolina dejó un saldo de seis locales comerciales y dos viviendas destruidas. En el hecho no se reportaron lesionados.

Integrantes de la Defensa Civil, de acuerdo con la entidad, evacuaron la zona aledaña a la conflagración toda vez que muy cerca del lugar se encontraba un depósito de gas propano. Bomberos de Caucasia también hicieron presencia en el lugar de los hechos y estudian las causas que originaron la emergencia.

Fuente: http://bit.ly/2mEZo5N

El general Fernando Murillo, comandante de Grupo Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), reportó la localización de una menor de 11 años que había sido reportada como secuestrada el pasado 25 de febrero.

La niña vivía en una finca del municipio de San Pablo, Bolívar, y fue localizada por la Policía en el municipio de Caucasia, en compañía de Emilio José Santos, quien laboraba en el predio de los padres y con engaños la convenció de que se fuera con él.

Por información sobre el paradero de esta menor el Departamento de Policía del Magdalena Medio ofrecía una recompensa de 5 millones de pesos.

Fuente: http://bit.ly/2lHAoGZ

El CTI de la Fiscalía capturó al alcalde del municipio de Nechí, Miguel Enrique Franco Menco. El mandatario habría incurrido en delitos con un contrato ejecutado en su periodo como alcalde entre 2008 y 2011.

"En virtud de una actuación irregular por más de 170 millones de pesos había suplantado a un contratista del municipio, haciendo creer que había contratado una obra con el mismo, un dique carreteable. El contratista advirtió que eso no era cierto", indicó Carlos Jaime Taborda Tamayo, director Fiscalia de Antioquia.

"Por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público agravado en concurso homogéneo y sucesivo, falsedad en documento privado, no se allanó a los cargos", añadió el Director de la Fiscalia de Antioquia.

El 5 de febrero también se capturó al exalcalde Eduardo Cabrera Urbiña, quien según la Fiscalía, se habría apropiado de 130 millones de pesos para el pago deudas personales.

Fuente: http://bit.ly/2lHlQHw

Aunque la mayoría de colegiales inició su año escolar el 16 de enero, más de un mes después, 36.000 antioqueños están desescolarizados, casi el equivalente a una población como la de Amagá.

Existen 665 sedes en las nueve subregiones del Departamento esperando por los alumnos para que inicien su año escolar y por ello la estrategia es convencer a niños, jóvenes y padres sobre la importancia de no abandonar los estudios.

En Colombia faltan 900 mil escolares por matricularse, según informó Viviana Trujillo, delegada del Ministerio de Educación Nacional.

Pese a que Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio son las regiones más críticas en este aspecto, la estrategia de la Secretaría de Educación de Antioquia se enfoca en todos los municipios. “Esta semana, los funcionarios de la Secretaría de Educación seguirán trabajando para que ningún niño o joven se quede sin estudiar”, explicó Néstor David Restrepo Bonnett, secretario de Educación Departamental.

El caso de Urabá

Urabá es una de las tres zonas identificadas como críticas, especialmente por las distancias existentes entre las veredas y el casco urbano.

Tanela Rodríguez Perea, secretaria de Educación de Necoclí, informó que en la base de datos son cerca de 2.000 los alumnos bajo el sistema de cobertura, pero no todos se han matriculado. Los funcionarios revisan el listado de los estudiantes matriculados el año anterior y se empieza un trabajo para motivar aquellos que faltan. “Las escuelas de la zona rural de Necoclí quedan retiradas de las viviendas de los alumnos”, destacó.

Y para atraer esos jóvenes a las instituciones se realizan visitas casa por casa y se investiga, con el padre de familia o el acudiente, las razones por las cuales no están los alumnos en clase.

En Carepa también realizan diversas actividades buscando motivar a los alumnos.

“Si esta semana el total de los colegiales que estudian bajo el modelo de cobertura no está inscrito, tendremos una matriculatón el cuatro de marzo. Los invitaremos por los medios de comunicación”, sostuvo Wálter García, secretario de Educación de Carepa.

Varias causas

Pero, ¿cuáles son los motivos para que padres de familia, niños y jóvenes no se acerquen a matricularse?

Felipe Aramburo, director de Ser más Maestro de Proantioquia, sostuvo que el fenómeno es multicausal.

“Cerca de 52 por ciento de las instituciones en Antioquia son rurales y no todas tienen oferta completa. Lo anterior puede generar deserción a lo largo del proceso: en el tránsito de primaria a secundaria o de básica secundaria a la media ”.

Otras razones, según el experto, son la necesidad de los muchachos de trabajar por problemas económicos en el hogar y el embarazo adolescente, entre otros.

Asimismo, la escuela no es aspiracional para los alumnos, “porque sienten que no es cercana a la vida, la ven como un proceso que solo tiene réditos a futuro y toman opciones económicas a edad temprana, lo que no les permite estar vinculados al sistema educativo”, puntualizó Aramburo.

Fuente: http://bit.ly/2m47q8x

Juan Carlos Posada, coordinador operativo de la Defensa Civil, informó que la menor de nueve años de edad que había caído accidentalmente al río Cauca, en el corregimiento de Cuturú, en el municipio de Caucasia (Bajo Cauca antioqueño), fue hallada en el río Pescadero.

El cuerpo de la niña fue hallado sin vida durante la medianoche de este domingo por parte de los organismos de socorro quienes, inmediatamente, lo entregaron a Medicina Legal de Caucasia para realizar la respectiva necropsia y poder ser entregada a sus familiares.

El hecho habría ocurrido cuando la niña estaba en compañía de su madre y otros menores a la orilla del río y, al parecer, en un descuido, la pequeña cayó al afluente.

Fuente: http://bit.ly/2m403xQ

En ejecución del  Plan de Operaciones Victoria en contra del Grupo Armado Organizado- Clan del Golfo, tropas del Décima Primera Brigada, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI,  lograron la capturan de alias “El Indio”; Segundo Cabecilla Urbano y  de  Alias “Echeverry”; Jefe de Finanzas del Clan del Golfo en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.

 El hecho ocurrió en el corregimiento Guarumo del municipio Cáceres (Antioquia).Hasta el lugar llegaron unidades del Batallón de Infantería Aerotransportado No.31 ´RIFLES’, quienes guiados por información de inteligencia militar, capturaron en flagrancia a los dos sujetos.   Alias “El Indio”; se desempeñaba como segundo cabecilla urbano del corregimiento de Guarumo y llevaba dentro de la organización delincuencial cerca de 10 años. Y alias “Echeverry” era el jefe de finanzas ilegales de dicha estructura.

De igual forma durante el desarrollo de la operación se les incautó un revolver calibre 39 mm marca SMITH & WESSON, 47 municiones calibre 38 mm, tres celulares, una motocicleta,  100 gramos de pasta base de coca y documentación de este grupo  armado que a esta hora es analizada por personal de inteligencia militar.   Las tropas de la Décima Primera Brigada, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional, continúan con la acción unificada soportada en esfuerzos, conjuntos, coordinados e interinstitucionales, a fin de cumplir la misión constitucional y lograr un control institucional del territorio.

Varias heridas con arma blanca le ocasionaron la muerte a Camilo Martín Tapias Tapias, de 72 años. Los hechos ocurrieron en la vereda San Pablo, zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia.

Según las primeras investigaciones, el hombre fue apuñaleado durante una riña.

El fallo emitido este lunes por el Juzgado 11 de Conocimiento de Bogotá indicó que Laura Moreno y Jessy Quintero no tuvieron participación en la muerte de Luis Andrés Colmenares en 2010, y quedaron absueltas de este caso.

Para la jueza Paula Astrid Jiménez, no existen evidencias que sustenten que las dos jóvenes son culpables de los delitos de falso testimonio, homicidio en calidad de coautoría y encubrimiento.

Más de seis años tuvieron que pasar para que la justicia diera su veredicto sobre la participación de Moreno y Quintero en los misteriosos hechos que rodearon la muerte del joven universitario.

El cuerpo de Colmenares fue encontrado el 1 de noviembre del año 2010 en un caño del parque El Virrey, en Bogotá, a varios metros de donde fue visto por última vez.

Se presume que el joven habría muerto la noche anterior, tras asistir a una fiesta de Halloween en el sector. Sin embargo, no se conoce aún si se trató de un suicidio, de un accidente o de un homicidio, que son algunas de las versiones que se han tejido en los últimos años.

La decisión se toma en contravía de la postura de la Fiscalía y la Procuraduría, que solicitaron al juez que Laura Moreno y Jessy Quintero fueran condenadas. Aseguraron que las versiones que Jessy Quintero y Laura Moreno dieron ante las autoridades sobre los hechos, estas no concuerdan.

El soporte probatorio de la Fiscalía estaba principalmente en el peritaje hecho por el médico forense Máximo Alberto Duque, exdirector de Medicina Legal, quien fue contratado por la familia Colmenares para exhumar el cadáver de Luis Andrés, a mediados del año 2012. 

Duque afirmó que se había tratado de un homicidio, basado en que en su rostro y su cráneo, además de otras partes de su cuerpo, existían múltiples golpes que no podrían haber sido ocasionados por una simple caída. De hecho, uno de ellos fue tan fuerte, que le hundió uno de los huesos de la cara.

Las subastas ganaderas de Antioquia implicadas en una cartelización analizan buscar otra instancia para evitar la multa con que ayer las sancionó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y de la que no han sido notificadas formalmente.

Así lo comentó una fuente de las implicadas, que pidió reserva de su nombre, al considerar que no se puede generalizar que todas las subastas de ganado aplicaron la comisión de 0,5 % al comprador sobre cada negocio.

Por esta práctica ilegal, la SIC anunció una multa a la Sociedad Central Ganadera (550 salarios mínimos, 405,7 millones de pesos), con sede en Medellín. Su gerente, Jorge Mario Escobar, se abstuvo de dar alguna declaración porque no había recibido notificación.

También fueron sancionadas Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar S.A., 202 salarios o 149 millones) y la Subasta Ganadera de Caucasia (Subagauca, 140 salarios o 103,2 millones). Esta última se encuentra en proceso de reestructuración financiera y no opera en el mercado. En su lugar, funciona hoy la Subasta Ganadera del Bajo Cauca S.A.S.

Estas sanciones hacen parte de los 2.692 millones de pesos (3.650 salarios mínimos) que suman lo que deben pagar al fisco la Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia (Asosubastas) y 16 afiliadas al violar la libre competencia.

Asimismo, la SIC multó a 17 representantes legales de estas organizaciones con un total de 339,3 millones de pesos. Según la SIC, “colaboraron, facilitaron, autorizaron , ejecutaron o toleraron el diseño del esquema en violación de la Constitución”.

LA OPERACIÓN SANCIONADA

Otra fuente consultada por este diario manifestó que no todas las subastas ganaderas del país aplicaron el cobro acordado: “Nos implican porque aparecimos en el acta de la reunión en que se promovió esta práctica, pero no la implementamos”, aseguró.

El pago que sanciona la SIC nace de una transacción. Un ganadero evita vender directamente a la cadena cárnica, porque le pagan a 30 o 45 días, pero con la intermediación de las subastas, recibe el dinero por adelantado. Es ahí cuando las subastas decidieron cobrar 0,5 % del valor del negocio al comprador, para asumir riesgos de cartera o absorber cualquier siniestro con el animal cuando está en la subasta. Con ese argumento, Asosubastas creó un fondo para solventar eventuales pérdidas.

Esta conducta derivó en que la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia sugiriera la sanción el 19 de diciembre pasado.

Fuente: http://bit.ly/2lkshUq