Un gigantesco Operativo Contra las Principales redes de extorsionistas del País culminó con la Captura de 60 personajes, Que from Las Principales Cárceles del País dirigían Toda una Estructura Dedicada a la Intimidación y La estafa un Través de las "Llamadas millonarias '.

En ofensiva de la Policía Antioquia en contra del crimen organizado y bandas delincuenciales,  mediante la ejecución de operativos en los Municipios de La Ceja del Tambo, Sonsón, Rionegro, Caucasia, Salgar y Yarumal, personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) con apoyo de unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, desplegaron actividades investigativas que permitieron lograr la captura nueve sujetos y aprehensión de una menor de edad, señalados de ser integrantes de las bandas delincuenciales “los Chatas”, “el Laberinto”, “la Ocho” y “el Salto” al servicio del crimen organizado del Clan del Golfo y un integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia entre las capturas se encuentran:

Alias “Dayan” de 22 años, según las informaciones recolectadas mediante labores investigativas, se pudo establecer que este sujeto es integrante activo del Clan del Golfo que tiene su accionar delictivo en el municipio de Yarumal, este sujeto es capturado mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, siendo capturado en dos oportunidades por este último delito.

Alias “Nilson” de 36 años, fue integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, del frente Hermes Cárdenas que tenía su accionar delictivo en el Departamento de Choco, es requerido mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir.

Alias “el Gordo” de 21 años, es señalado de ser integrante de la banda delincuencial el laberinto al servicio del Clan del Golfo dedicándose dentro de esta estructura delincuencial al sicariato, capturado mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, este sujeto ha sido capturado en flagrancia por tres oportunidades.

Alias “Didier” de 30 años, alias “Marce” de 46 años, alias “Willi” de 21 años, alias “Leo” de 23 años y la aprehensión de alias “Karina” de 14 años, quienes son señalados por fuente humana de ser integrantes de la banda delincuencial “los Chatas” al servicio del Clan del Golfo, encargados de cometer homicidios selectivos por la disputa de la comercialización y distribución de alucinógenos en los municipios de La Ceja del Tambo y Sonson.

Alias “Wilmar” de 20 años, quien había logrado evadir su captura durante  el desarrollo de la operación Halcón ejecutada el pasado 24 de Mayo del año en curso en el Municipio de Caucasia – Antioquia, donde fueron capturados 30 sujetos integra de la banda delincuencial “la Ocho”, mediante labores investigativas y fuente humana se pudo localizar y dar captura a este sujeto integrante de esta banda delincuencial, quien es solicitado mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.      

Alias “Pingo” de 24 años, integrante de la banda delincuencial “El Salto” al servicio del Clan del Golfo, quien llevaba su accionar delictivo en el Municipio de Salgar, ejerciendo como sicario y expendedor de estupefacientes, este sujeto es solicitado mediante orden judicial por los delitos de por los delitos de homicidio en la modalidad de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes, accesorios o municiones. 

De igual forma durante estos operativos se logró la incautación de  cocaína, marihuana listas para ser comercializadas, dinero producto de la venta de estupefacientes, 03 pistolas calibre 9 mm, 01 revólver calibre 32, 10 cartuchos, 01 cañón para adaptar supresor de sonido (silenciador), 02 proveedores y 02 equipos de comunicación (celulares).

Los capturados y la menor de edad fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Fuente: http://bit.ly/2a3h1Gn

Por la lentitud en la formalización y legalización de los mineros informales e ilegales, la falta de garantías y las denuncias de ataques de la Fuerza Pública, los mineros en esta región antioqueña cesarán sus actividades durante 24 horas el próximo lunes.

Una de las denuncias hechas por los mineros es que en la región se han realizado operativos contra los pequeños mineros y se ha destruido la maquinaria utilizada por estos.

Al respecto, Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), puntualizó a Caracol Radio que las autoridades “terminan golpeando a los pequeños mineros sin tener en cuenta ni los protocolos, ni la directriz que con los Ministerio de Defensa, Ambiente y Minas se adelantaron dentro de las jornadas a las que se llegaron a algunos acuerdos con el Gobierno Nacional”.

También Gómez explicó que los mineros piden al gobernador Luis Pérez que “atienda las razones que se le están planteando” y que no se señale a los trabajadores informales “como bandidos o integrantes de grupos al margen de la ley, es lo que no va a permitir que esta situación no se presente con vías de hecho”.

Aunque el paro está programado durante un día, en el momento de la protesta se definirá si este se prolongará por más tiempo e incluso si será indefinido. El secretario de Conalminercol también agregó que los mineros no están pidiendo subsidios, sino que les den garantías para trabajar.

Desde el 2011 los mineros del Bajo Cauca están concertando con el Gobierno nacional medidas para formalizar y legalizar a los mineros. Esto significaría la realización de un censo de trabajadores y de puntos de extracción.

Fuente: http://bit.ly/29GdKfT

El ministro del Interior encargado, Guillermo Rivera Flórez, anunció que el 13 de julio visitará El Bagre, Bajo Cauca, en compañía de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gobierno de Antioquia.

El propósito de la visita es verificar las denuncias realizadas por algunos líderes y la exsenadora Piedad Córdoba, sobre asesinatos selectivos y presuntos patrullajes de grupos paramilitares, aseguró el ministro del Interior.

“La idea es examinar la situación humanitaria que se presenta en el municipio de El Bagre, tomar las medidas que haya que tomar en materia de protección de los ciudadanos y en materia de judicialización de aquellas personas que estén amenazando o agrediendo en su integridad a los defensores de los derechos humanos”, señaló el funcionario.

En lo que va corrido del año, 17 personas han sido asesinadas en El Bagre. Las hipótesis de la Fiscalía descartarían que los hechos tengan relación con su militancia en movimientos sociales, pero las investigaciones continuarán.

Fuente: http://bit.ly/29oJh1W

La zozobra, el temor y la muerte rondan el corregimiento de Puerto López en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, donde sus habitantes denuncian amenazas en su contra por parte de grupos ilegales, que ya han cobrado la vida de algunos líderes y han generado el desplazamiento gota a gota de familias.

Así lo indicó Deimer Arango, vocero de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, quien reveló que hasta escuela del corregimiento han llegado una 200 personas desde las veredas en busca de resguardo.

En busca de soluciones a esta situación, la comunidad ha declarado a Puerto López como un refugio humanitario y así llamar la atención de las autoridades gubernamentales y militares para que les brinden apoyo.

Según Deimer Arango, en los últimos días los grupos ilegales han asesinado a tres de sus líderes, el último de los casos se presentó esta semana, cuando el hombre fue ultimado en la puerta de su casa.

Agregó que hay rumores de que existe una lista de 70 personas que serán asesinadas por los delincuentes, lo que ha generado que se estén presentado más casos de familias desplazadas.

Recordemos que El Bagre ha sido uno de los municipios más afectados por la violencia de los últimos años, tanto que en otro de sus corregimiento denominado Puerto Claver también se ha presentado este año desplazamiento gota a gota de sus habitantes.

Fuente: http://bit.ly/29eBELy

Cada año es menor

Un fiscal del Bajo Cauca antioqueño, con sede en Caucasia y especializado en antibacrim, es quien está señalado como el presunto responsable de una balacera registrada ayer en horas de la madrugada en Montería. Se trata de Alfonso Lora Correa.

El Coronel Jesús Díaz, comandante de la policía metropolitana, relató que el fiscal, habría acudido a buscar acompañamiento de la policía hasta una discoteca en la calle 41 de la zona céntrica, donde aseguró le habían robado, al instante un uniformado se trasladó hasta el lugar e inició una requisa, cuando se encontraba en esta labor, terceros relatan que Alfonso Lora Correa, habría llegado y disparó a los dos jóvenes que acusaba de haberle robado.

Al momento de haber ocurrido los hechos las autoridades llegaron al lugar y capturaron al fiscal quien se encuentra en la URI, de la Fiscalía.

Frente al parte médico de los heridos, estos son tres, los dos jóvenes a quienes se requisaba y un uniformado, este último se encuentra estable, mientras que los dos primeros uno está en UCI y el otro podría quedarcuadripléjico.

Fuente: http://bit.ly/28PXMj1

Desde este martes Antioquia cuenta con 60 puntos de control especializados para evitar bloqueo de vías y alteración del orden público, debido a la minga indígena y campesina que ya completa ocho días y el posible paro de los camineros.

Así lo confirmó el coronel Wilson Pardo, comandante del departamento de policía en Antioquia, al manifestar que por ahora el sector transportador se ha comprometido con no bloquear las carreteras, en caso tal de frenar actividades.

“Vamos a redoblar los esfuerzos y vamos a tener 60 puestos de control en todo el departamento para generar seguridad y evitar bloqueos de las vías, especialmente de los camioneros que entrarían a paro, aunque desde ATC se ha dicho que de tener paro no van a bloquear las vías y van a estar en las orillas de las carreteras”, sostuvo el oficial.

El territorio antioqueño cuenta con 5.600 uniformados de la policía que estarán atentos en las 9 subregiones y en especial aquellas zonas en el Bajo Cauca, el Nordeste, Urabá y el Valle de Aburrá donde permanecen las concentraciones.

“Vamos a tener disponibles unidades y kits de desbloqueo, grúas que pueden cargar más de 35 toneladas de peso y vamos hacer todo lo posible por garantizar la libre circulación de todos los antioqueños en este departamento”, detalló el coronel Pardo.

La policía Metropolitana también activó un plan de control por la minga indígena de que Urabá se trasladó a la ciudad de Medellín.

Fuente: http://bit.ly/1UnQPTd

Con la participación de cerca de 4.000 personas se cumplió este lunes el primer día de paro agrario en Antioquia; una jornada que estuvo marcada por varias manifestaciones pacíficas y ningún bloqueo de vías.

El coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que las principales concentraciones se presentaron en Tarazá, en el Bajo Cauca; y en El Santuario, Oriente antioqueño.

“En Tarazá hay unas 300 personas, en su mayoría integrantes de una asociación minera que hoy (martes) tiene programada una marcha pacífica en el pueblo”, dijo el coronel Pardo, quien aclaró que estas personas formaron parte del grupo que el fin de semana se desplazó hasta Santa Rosa de Osos y se asentó en un predio particular del que fueron desalojados.

Según Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, ese desalojo fue pacífico y negociado. “Ellos llegaron el sábado en la noche en siete vehículos y se organizaron en dos predios, en carpas. Por la noche negociamos con ellos y vimos que varios querían regresar a sus lugares de origen y pudimos ayudarles en ese proceso. Seis de esos vehículos retornaron a Tarazá”, explicó.

En El Santuario, entre tanto, durante el lunes hubo varios encuentros de reflexión en torno al sector rural y los derechos humanos. La Policía Antioquia informó que unas 300 personas participaron de las actividades que se desarrollaron en el coliseo municipal. “Hoy quedan entre 80 y 100 personas y también tienen programada una marcha pacífica por el casco urbano”, indicó el coronel Pardo.

En Turbo y Necoclí, en el Urabá antioqueño, se prevé que este martes continúe la concentración de indígenas y campesinos que ya reúne a más de 2.000 personas.

El Congreso de los Pueblos, organización que lidera el paro agrario, informó en un comunicado que en la movilización han participado más de 30 mil personas, congregadas en 34 puntos de concentración de 17 departamentos: Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Vichada, Norte de Santander, Santander, Cesar, Valle, Huila, Tolima, Nariño, Risaralda y Caldas.

“Nosotros y nosotras seguiremos caminando, seguiremos en minga –que no es otra cosa que el trabajo colectivo por el bienestar conjunto- y seguiremos exigiendo una reforma agraria integral que reconozca nuestros territorios campesinos agroalimentarios, que anulen las concesiones mineras en nuestros territorios, que dejen de matarnos y encarcelarnos, y que nos permitan participar, en nuestros términos, en la construcción de una Paz de verdad”, dijeron los líderes del Congreso.

Fuente: http://bit.ly/1XNEn40

La Organización Indígena de Antioquia rechazó el crimen de Manuel Chimá Pérez, integrante del Resguardo Los Almendros del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

La presidenta de la OIA, Aida Suárez Santos, pidió acciones urgentes de las autoridades  para capturar y sancionar a los responsables de la muerte del joven 21 años, quien no había reportado amenazas.

Suárez Santos reiteró el llamado a los actores armados para que respeten la vida de los indígenas. Dijo que en esa subregión antioqueña hay varios líderes amenazados y las comunidades viven en constante riesgo por los enfrentamientos entre grupos ilegales.

Con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, en los próximos días se conformará la mesa de derechos humanos para analizar la problemática de violencia, que afecta a las comunidades indígenas del Bajo Cauca, confirmó la presidente de la OIA, Aida Suárez Santos.

Fuente: http://bit.ly/1VfFiKt

En momentos en que en algunas regiones del país se han reducido considerablemente las acciones violentas gracias a las negociaciones de las Farc con el gobierno nacional, en otras los asesinatos, las amenazas, las extorsiones y los desplazamientos forzados siguen siendo el pan de cada día. Todo por el enfrentamiento entre las bandas criminales y las guerrillas por controlar el territorio y el narcotráfico.  

Ese es el caso del municipio de El Bagre, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, en el que la violencia lejos de disminuir ha aumentado. Desde hace unos meses  el Clan Úsuga libra una cruenta guerra contra las Farc y el ELN, que ha desplazado a 568 personas desde el 9 de enero, en medio de asesinatos y extorsiones. Aunque muchas han retornado, la tensión en la zona se mantiene.

Hasta hace unos meses se decía que los Úsuga y las Farc estaban aliados para cuidar los cultivos y mover cocaína por el río Nechí, hasta la costa Caribe para embarcarla a Centroamérica. La Gobernación de Antioquia estima que en los dos últimos años los cultivos subieron, como mínimo, un 200 por ciento. “Lo que está pasando en El Bagre es el reflejo del Bajo Cauca, la bonanza de la coca, ahora le dicen a Tarazá la capital nacional de la coca, y eso ha desatado una guerra entre los grupos armados”, le dijo a SEMANA la secretaria de Gobierno del departamento, Victoria Eugenia Ramírez. 
Sin embargo, algunos campesinos han dicho que la alianza que esta bacrim tenía con las Farc se rompió cuando llegó el ELN, directo desde el sur de Bolívar, no se sabe si para trabajar de forma conjunta o para ocupar el espacio que están dejando las Farc. Incluso, se habla que muchos farianos se pasaron a las filas elenas. Esto hizo que el clan comenzara una guerra contra esas guerrillas.

A este conflicto se suma la aparición del llamado Ejército Antirrestitución, del cual no se sabe quién lo conforma. Según fuentes de la zona, este ejército y los Úsuga ya se han apoderado de los baldíos como una forma de impedir que avance el proceso para restituir las tierras a los desplazados. Además, todo parece indicar que también son los autores de las amenazas y muertes de dirigentes sociales de la región, como el asesinato del líder de derechos humanos William Castillo ocurrido en marzo pasado. Ese hecho se atribuye al Clan Úsuga, aunque esa organización criminal lo negó en un comunicado.

La presencia de los Úsuga y la disputa territorial han aumentado de tal manera la extorsión y otros delitos que, por ejemplo, recorrer el río Nechí se ha convertido en un verdadero peligro. Los viajeros y pobladores que se atreven a navegar sus aguas para llegar o salir de El Bagre corren el riesgo de que hombres encapuchados, armados con rifles de asalto, los intercepten y los despojen de sus pertenencias, les cobren extorsiones o les roben las lanchas.
Oponerse a las extorsiones es una sentencia automática de muerte. Este año, solo en Puerto Claver y Puerto López, van siete asesinatos, muchos de ellos por no pagar las vacunas que el Clan Úsuga exige. Por ejemplo, el jueves 28 de abril, hombres del Clan Úsuga remataron al exconcejal Wilson Hoyos Olano cuando lo llevaban en una lancha a El Bagre para intentar salvarlo, tras haber sido herido en el corregimiento Puerto Claver. Hoyos Olano se había negado a pagar la vacuna.

Ni siquiera la presencia de la Policía en los corregimientos, ni las capturas de 24 miembros de los Úsuga han podido contener esta ola de violencia. Incluso un habitante de Puerto Claver afirma que desde que la Policía llegó, “las cosas han estado peores, porque esos muchachos (los agentes) se mantienen ahí encerrados y les matan gente en las narices”.

Fuente: http://bit.ly/1TaQ5mp

La Unidad para las Víctimas informó este martes que los últimos dos años ha recibido5.250 declaraciones de hechos de violencia relacionados con el conflicto armado y que dejaron víctimas en el departamento de Antioquia.

En total la entidad recibió 8.807 declaraciones de personas en territorio antioqueño siendo Medellín el municipio donde más declaraciones se generaron ante el Ministerio Público (personerías, Procuraduría, Defensoría del Pueblo) con 4.808 reportes.

Lo sigue Caucasia con 315, Bello 269, El Bagre 214, Chigorodó 149, Apartadó 139, Yarumal 138, Envigado 138 e Itagüí 137. Cabe aclarar, que las más de ocho mil declaraciones corresponden a casos ocurridos en Antioquia y las distintas regiones del país.

Según el Registro Nacional de Información, estas declaraciones informaron sobre 5.250 nuevos hechos que dejaron víctimas en Antioquia. Los 10 municipios de mayor ocurrenciason Medellín 1.227 casos, El Bagre 314, Bello 166, Segovia 162, Turbo 159, Briceño 135, Caucasia 122, Apartadó 94, Ituango 73, Valdivia 72.

Los hechos más denunciados en el departamento son: desplazamiento forzado con 3.412 reportes, amenazas 1.321, atentados 232, homicidios 210, delitos contra la libertad sexual 24, secuestros 20, desaparición forzada 18, tortura 10, minas antipersonal 3.

Dentro de este grupo de municipios afectados están El Bagre y Briceño, que durante lo corrido del año fueron escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y de intimidaciones de éstos a pobladores, como ocurrió en el corregimiento Puerto Claver, donde 193 familias se desplazaron entre enero y febrero.

En El Bagre, el segundo municipio con más hechos victimizantes reportados después de Medellín, se presentaron 246 declaraciones por desplazamiento, 44 amenazas, 9 atentados, 8 homicidios, 2 desapariciones forzadas, un secuestro, un delito contra la libertad sexual y un caso de tortura.

Según el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Jorge Mario Alzate Maldonado, “el alto número de hechos sucedidos en municipios como Medellín y otros de las regiones del Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá antioqueños demuestra que el conflicto persiste en esas regiones con presencia recurrente de grupos armados ilegales, con consecuencias para la población civil”.

El director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia también llamó la atención sobre el alto número de declaraciones y hechos ocurridos en municipios comoMedellín, que ha sido receptor histórico de población víctima y también localidad con alto índice de desplazamiento intraurbano.

Los 1.227 hechos victimizantes en Medellín ocurridos entre 2015 y abril de 2016 se declararon así: 750 desplazamientos, 369 amenazas, 50 atentados, 42 homicidios, 10 delitos contra la libertad sexual, 3 casos de tortura, dos presuntas desapariciones forzadas, un secuestro.

Fuente: http://bit.ly/1TaPWj4

Este jueves, 10 presuntos integrantes de la banda “Los Urabeños” fueron capturados en el Bajo Cauca durante un operativo adelantado por la Policía Nacional en dicha zona.

Según las autoridades, la principal actividad de los capturados era el comercio de drogas en la región, sobre el cual tenían total control. Además, realizaban extorsiones, atentados y son señalados de varios homicidios a unidades de la Policía y a habitantes de las poblaciones de El Bagre, Nechí, Zaragoza y Caucasia.

El grupo de Investigación Criminal de la Policía, indicó que entre los capturados están alias “el blanquito”, señalado de ser cabecilla de la banda criminal en El Bagre, y encargado de recaudar el dinero de extorsiones en ese municipio y en Zaragoza; alias “el ingeniero”, segundo de “Lor Urabeños” en el Bajo Cauca; alias “José”, cabecilla rural en el corregimiento Cuturú de Caucasia; alias “Andrés”, cabecilla de puerto Claver, señalado de haber asesinado al sobrino del alcalde de El Bagre, y alias “Carlos”, sobre quien recae la responsabilidad de haber atentado con explosivos a unidades de la Policía en El Bagre, dejando heridos tres uniformados y cinco civiles.

Las capturas se suman a los 992 miembros de bandas criminales que han muerto o han sido detenidos, según balance del Ministerio de Defensa, dando un nuevo golpe esta vez contra “Los Urabeños”. Según Santos, en la semana del 18 al 24 de abril, 67 integrantes del “Clan Úsuga” fueron neutralizados, destacando la captura de dos cabecillas que se encontraban en la lista de los 20 más buscados del país. 

Fuente: http://bit.ly/24ukDYT

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 780 millones de pesos por la muerte de un residente de la vereda Ocó Alto, del municipio de Tarazá (Antioquia), que fue víctima de una mina antipersonal en el año 2009.

Explicó el Alto Tribunal que el Estado está obligado a destruir las minas o asegurar que esto se cumpla, por lo que debe identificar las zonas donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonas y deberádemarcar los lugares, vigilarlos y asegurar la exclusión eficaz de civiles.

En el año 2007, cuando se creó el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, el Gobierno inició el programa de identificación de zonas de minado y para el año 2009 ya se había reconocido el municipio de Tarazá como uno de los más afectados por ser identificado como zona guerrillera y sujeto de continua perturbación del orden público.

Por ejemplo, según los datos estadísticos aportados, “en el año 2009, en el departamento de Antioquia, en 39 municipios se registraron 365 eventos por minas antipersonal, de los cuales 56 fueron registrados en el municipio de Tarazá”.

Por tal razón, la Sala estimó que en el presente asunto se pueden haber concretado vulneraciones a derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, pues se evidenció una falla en el servicio por incumplimiento, omisión y esencialmente por falta de eficacia en la aplicación e implementación de los medios y herramientas disponibles por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional para la erradicación de estos artefactos.

Expuso que razonable y proporcionalmente estas entidades debían haber atendido la grave e insostenible situación que padecían los pobladores del municipio de Tarazá.

Fuente: http://bit.ly/1SZ2ud5