Presidenta de Asociación de Transportadores de Carga dijo que se levanta de la mesa por los ataques de la fuerza pública contra manifestantes. Se militarizarán algunas vías: Gobierno. Dicen que manifestantes en paro han sido atacados por la fuerza pública
La presidenta de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC Alejandra Baquero, confirmó ayer que el gremio rompió las negociaciones que mantiene con el Ministerio de Transporte para cesar el paro de camioneros porque varios manifestantes han resultado heridos por parte de miembros de la fuerza pública.

“La seriedad que hemos tenido en 22 días de protesta y las constantes muestras de pacifismo en la misma, se ve empañada por la reacción arbitraria, injusta y agresiva de la fuerza pública, que golpeó, lesionó y capturó a transportadores que permanecían en diferentes sitios de concentración”, aseguró el gremio mediante comunicado.

Ante esta situación, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, anunció que algunas vías del país serán militarizadas con el objetivo de enfrentar al paro que ya cumple tres semanas.

Según Baquero, el Gobierno no ha sido claro con los transportadores. “En estos momentos se fueron (la fuerza pública) para Fontibón a levantar a la gente a la fuerza, ellos estaban tranquilos. Apresaron a una líder de ese punto que se llama María Antonia Cuervo. Bajo esas condiciones no vamos a negociar y los camioneros en todo el país estamos preparados para estar parados mucho tiempo y para responder a las dilaciones”, explicó Baquero.

“No hemos bloqueado, no hemos utilizado vías de hecho, simplemente hemos apagado nuestros motores, pero si el Gobierno nos arrincona, responderemos. Si el Gobierno Nacional pretende que la protesta pacífica se convierta en una batalla, los camioneros responderemos en la medida en que el Gobierno nos ataque”, dicen en el comunicado.

Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, dijo a The Associated Press que los camioneros demandan una rebaja en el precio de los combustibles y las tarifas de los peajes.

La Policía Nacional informó que acompaña las caravanas de transportistas de carga que no adhieren al paro y precisó que 8.106 camiones formaron 305 caravanas en departamentos clave como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Santander.

A su vez ofreció una recompensa de hasta de 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar a los responsables de las amenazas a los camioneros, de bloqueos en las carreteras y de ataques a los vehículos que no participan de la huelga que ya lleva 22 días.

Al menos 30 personas han sido detenidas en todo el país durante los desórdenes.

Gremios empresariales han calculado que el paro deja diariamente pérdidas por no menos de 6.000 millones de pesos (un poco más de 2,2 millones de dólares).

Fuente: http://bit.ly/1MNE5Bz

En Cáceres es investigado el crimen de un hombre de 45 años, quien fue asesinado a balazos en zona rural de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Ocurrió en el sector Alto del Caballo de la vereda Campanario, a 40 minutos de la zona urbana de Cáceres. Hasta allí llegaron los sicarios que dispararon en diferentes oportunidades en contra de Héctor de Jesús Rúa Patiño, de 45 años, quien murió tras recibir varios disparos en la cabeza.

Tras el hecho, el cuerpo de Rúa Patiño fue trasladado por sus familiares hasta la morgue municipal, donde la Unidad Básica de Investigación Criminal de Cáceres realizó la inspección del cadáver. El caso quedó a disposición de la Fiscalía.

Fuente: http://bit.ly/1MNCITt

En 2014, el Ejército y la Policía erradicaron 3.500 hectáreas cultivadas con coca en Antioquia, cifra que preocupa a las autoridades, porque en 2013 se había calculado que en el departamento solo quedaban 991 hectáreas de cultivos ilícitos.

Al analizar estas cifras, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe manifestó que se está presentando una resiembra en territorios dominados por las guerrillas de las Farc y el Eln.
Recordó que cuando se incrementó la lucha por la erradicación de los cultivos ilícitos en el país, en 2007 el departamento tenía 9.926 hectáreas de plantaciones de coca y 43 municipios estaban afectados.
En 2013, se calcularon unas 991 hectáreas de cultivos, en 28 poblaciones antioqueñas.

Para el funcionario, esta resiembra se debió a la baja en los precios del oro, ya que en las zonas de cultivos, las bandas criminales y la guerrilla también manejan la extracción ilegal del metal, y a las expectativas de muchos frentes de las Farc frente a los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba.

Agregó que los municipios donde han detectado la resiembra son Ituango, Anorí, Tarazá, Briceño, Nechí, Cáceres, Zaragoza y El Bagre.

Se están moviendo
También se ha notado, dijo, que algunos de esos cultivos se han extendido hacia un sector de Urrao, límites con el Chocó. En cuanto a la región de Urabá, indicó que hay en menos escala pero sí han detectado algunas zonas cultivadas.

En Turbo, según las últimas estadísticas de 2013, las autoridades destruyeron 35 hectáreas; en Apartadó, cinco; en Chigorodó, cuatro, y en Mutatá, otras cuatro.
Añadió que también se han detectado algunas hectáreas en Vigía del Fuerte y Murindó.

Según el funcionario la siembra y producción de pasta de coca la llevan a cabo las Farc y el Eln, que le venden a las bandas criminales, que procesan, la convierten en cocaína en laboratorios ubicados cerca al Valle de Aburrá y municipios del occidente, norte y oriente de Antioquia.

Consolidación
Juan Fernando Vargas, experto en finanzas de grupos ilegales de la Universidad del Rosario, opinó que esta resiembra demuestra que estrategias como el Plan Colombia fracasaron, porque la efectividad en la erradicación fue muy baja, debido a que la coca es una planta que facilita la resiembra.

Por eso, destacó, el presidente Santos implantó el Plan de Consolidación para no solo erradicar, sino para consolidar la presencia estatal, con estrategias de desarrollo y más presencia del aparato militar para enfrentar la violencia.

Conceptuó que como los grupos armados necesitan financiar sus actividades terroristas acuden a negocios de alta renta y en medio de la campaña de erradicación del Estado incrementaron la explotación ilegal del oro en esas zonas, el cual les daba mayores rendimientos.

Aunque según datos de la Secretaría de Gobierno de Antioquia en los últimos años no han detectado cultivos de amapola, insumo principal de la heroína, llaman la atención los decomisos hechos en el aeropuerto internacional José María Córdova.

El mayor Fernando Bustacara, jefe de la Policía Antinarcóticos del terminal aéreo, dijo que en 2014 decomisaron 6.282 gramos de heroína y de cocaína 130 kilos, que iban a ser llevados al exterior.

Fuente: http://bit.ly/1EGBxG1

Un duro golpe le propinaron las autoridades al ‘Clan Úsuga’ en Antioquia, Córdoba y Bólivar. Después de un año de investigaciones fue capturado Odinson Mayo, uno de los delincuentes más buscados en Antioquia.

Durante un operativo realizado por la Policía, el CTI de la Fiscalía y la Fuerza Aérea en el corregimiento El Pato de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, fue capturado Odinson Mayo, alias ‘el Político’ o ‘Nicolás’, de 34 años, quien era requerido mediante una orden judicial por el delito de concierto para delinquir.

De acuerdo con el general José Ángel Mendoza, comandante de la Región N°6 de Policía, alias ‘el Político’ era cabecilla del ‘Clan Úsuga’ en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia. También en el sur de Bolívar y de Córdoba, donde realizaba actividades seudopolíticas y extorsivas.

“Este sujeto tenía una fuerte ingerencia como cabecilla en Yarumal, Valdivia, Briceño, Tarazá, Cáceres, El Bagre, zaragoza y Caucasia, donde se proclamaba como parte de las AGC haciéndoles creer a las comunidades que estaba trabajando por la seguridad de las regiones, pero esa solo era su estrategia para cobrar extorsiones”, detalló el general Mendoza.

En su perfil criminal siempre aparece la figura política, por medio de la cual se ha valido para acceder a diferentes sectores de la sociedad y de esta forma intimidar para cobrar extorsiones, para consolidar la expansión de ese grupo ilegal o para acercarse y ganarse la confianza de las comunidades.

Las autoridades revelaron que una de las actividades más recientes en las que participó alias ‘el Política’ fue en el entrenamiento de un grupo de 80 integrantes del ‘Clan Úsuga’, 20 hombres por cada estructura de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

De múltiples disparos fue asesinado un hombre de 35 años en zona rural del municipio de Tarazá. Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer el caso.

En el sector El Nueve, zona rural de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, ocurrió el ataque sicarial en el que perdió la vida Jhon Mario Mercado Ríos, de 35 años, quien, según las autoridades, recibió varios disparos en la cabeza y en los brazos.

Las autoridades tratan de establecer los móviles y los responsables del crimen. La inspección del cadáver fue realizada por la Unidad Básica de Investigación Criminal de Tarazá en la morgue municipal, hasta donde fue trasladado el cuerpo.

Fuente: http://bit.ly/1EGAExm

La Mesa de Concertación entre los mineros de Antioquia y el Gobierno Nacional logró un acuerdo para construir herramientas normativas que contribuyan a la formalización del sector. Así lo anunció el secretario de Conalminercol, Rubén Darío Gómez, quien hizo un llamado a los mineros, para que levanten el paro, a la espera de una legislación para beneficio de miles de familias que viven de esta actividad.

La viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, explicó que el Gobierno buscará formalizar la pequeña y mediana minería y continuará atacando a las bandas criminales que se lucran de la minería ilegal.

A finales de esta semana y a comienzos del mes de marzo, serán radicadas en el Congreso, las propuestas establecidas en la negociación entre los mineros y el Gobierno.

Fuente: http://bit.ly/1zzLdeH

Con 67 años a cuestas, Luis Ángel Castañeda sigue trabajando las minas. Su piel ennegrecida revela los muchos años que ha tenido que faenar de sol a sol, escarbando las montañas o los ríos, buscando el oro que le permita vivir con un poco de dignidad.

“Si no trabajamos nos morimos de hambre, por viejo que esté uno no se puede poner a descansar”, dice. A su lado, otro numeroso grupo de mineros de Tarazá, Bajo Cauca se prepara para una marcha de protesta, la cual se realizó ayer pasadas las 3:30 de la tarde sobre la Troncal a la Costa.

“Mi oficio es de baharequero, pero ya ni eso se puede hacer”, se lamenta el hombre, quien de la noche a la mañana pasó de ser minero informal a ser llamado “delincuente”, según los mineros, por la aplicación del decreto 2235, que declaró ilegal la minería informal y dio licencia para confiscar y destruir las maquinarias utilizadas para la labor.

No obstante, con el decreto, el Gobierno pretende poner orden en la actividad minera, pues en no pocos casos es sustento de grupos armados al margen de la ley.
John Edward Álvarez, uno de los organizadores de la marcha minera, explica que ante la tragedia que está viviendo Tarazá no queda más que protestar. “Acá, si no hay minería no hay economía. De esto viven el comerciante, el transportador, el mototaxista, el hotelero, el campesino, toda la región”, asegura.

Desde el lunes el pueblo congrega a mineros y campesinos de Tarazá y Cáceres, de los corregimientos Jardín, El Doce, El Guaimaro y demás, afectados por las normas con las que el gobierno pretende organizar la minería en el país.

Por eso, el paro minero seguirá, porque la situación para quienes han pasado su vida sobreviviendo en esta actividad, ahora es insostenible, dice Álvarez
El comandante de la Policía de Caucasia, coronel Luis Muñoz, quien hace presencia en Tarazá, sobre la parálisis del miércoles comentó que “el comercio está cerrado, pero es que los mismos comerciantes, en un consejo de seguridad que se hizo el lunes, dijeron que iban a cerrar tres días en señal de apoyo a los marchantes”.

En el área se reforzó el pie de fuerza, decisión que se mantendrá mientras duren las protestas, que abarcan los municipios del Bajo Cauca y el Nordeste.

Caucasia, sin movimiento 

En contraste, ayer en Caucasia se vivió un ambiente de normalidad y los manifestantes se mantenían a la expectativa de un posible acuerdo con la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, quien debe llegar hoy a Medellín para dialogar con los voceros de los mineros agrupados en Conalminercol.

“Ella dice que va a arreglar es con los baharequeros, pero con ellos no hay nada qué arreglar, el problema es con la pequeña y mediana minería que es la que está frenada con la persecución del Gobierno”, advierte Ramiro Restrepo, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca.

No tiene muchas expectativas, pues recalca que ya van tres acuerdos con el Gobierno para cambiar el decreto que terminó “criminalizando” la actividad minera informal y “ninguno se ha cumplido”.
Pero no se rinde. Espera, como los mineros a los que representa, que en el Plan Nacional de Desarrollo, que está en discusión en el Congreso, queden incluidas las normas que despenalicen su actividad y puedan seguir trabajando en la explotación minera.

Fuente: http://bit.ly/1z5MKbk

Cuando el camarada Santos ordenó al Director de la Policía Nacional que en menos de 3 días debería capturar a los asesinos que perpetraron la horrible masacre en el departamento de Caquetá, muchos colombianos pensaron que ahí había gato encerrado. Y tenían razón.

El show mediático de Santos, repartiendo órdenes a diestra y siniestra, seguro de que habría capturas, nos llevó a desconfiar de quien siendo ministro de Defensa se inventó el cuento macabro de que las Fuerzas Militares tenían como propósito institucional el asesinar civiles para hacerlos pasar como terroristas.

El espectáculo de las capturas estuvo dividido en varios capítulos. Primero decían que se habían pagado 500 mil pesos y que eran tres asesinos; poco a poco fueron subiendo el número de sicarios y de dinero, y hasta hace unas horas ya iban acomodados a las malas 11 asesinos y un millón de pesos en ese crimen.

Le echaron el cuentico a la opinión pública de que la causa había sido por tierras, pero se les olvidó un pequeño detalle: la madre de los niños asesinados, Victoria Grimaldo, es desmovilizada de las FARC, y todos saben que un desmovilizado no puede regresar al territorio donde delinquen los terroristas de las FARC, porque la venganza de los bandidos es terrible.

Y resulta que esas tierras del Caquetá, donde está la vereda El Cóndor (sitio del asesinato) es área de influencia del terrorista Joaquín Gómez quien, a pesar de los anuncios del gobierno y de las FARC acerca de su intención de no reclutar más menores de edad, lo estaba haciendo en la región.

Según nuestras muy confiables fuentes, Joaquín Gómez le exigió a su antigua correligionaria en el crimen, que les entregara al joven de 17 años y a la niña de 14 años como cuota de apoyo a la revolución.

Y como la desmovilizada se negó, aseguran nuestras fuentes, Joaquín Gómez ordenó asesinar a los niños de 4, 10, 14 y 17 años de edad, con la instrucción precisa de violar salvajemente a la niña para que la “traidora” a la causa escarmentara y aprendiera que con las FARC no se juega. Y estos “capturados”, si todo marcha según lo planeado por esa mafia, no pagarán más de 3 años de cárcel. O eso, o los matan sus contratantes.

El camarada Santos debe conocer muy bien esta verdad, igual que el ministro Pinzón, el Fiscal General Eduardo Montealegre, Sergio Jaramillo y Humberto de La Calle. Pero como necesitan seguir con el tétrico sainete, se inventaron lo que se inventaron.

Acá uno no sabe quién es más desalmado: el que ordenó la masacre, los que la perpetraron, o la joya que tenemos de presidente quien, junto a sus coequiperos en la perversidad, desprecian la vida de inocentes criaturas que parecieran haber nacido con el único propósito de satisfacer la obscena y lujuriosa pasión de Juan Manuel Santos por ofrecer niños en sacrificio abominable para saciar la sed de sangre de sus amigos, los terroristas.

Fuente: http://bit.ly/1zzM6Uw

Sin alteraciones en el orden público por las movilizaciones en el Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, transcurrió el primer día del paro minero con la participación de cerca 3 mil personas.

Fabio Builes, coordinador del movimiento de protesta en el Bajo Cauca, destacó el apoyo de las autoridades y del comercio, durante la jornada que continuará hasta este viernes, cuando se reunirán con representantes del Gobierno Nacional.

En el Bajo Cauca, la subregión con mayor problemática por la minería informal, las autoridades continuarán con la vigilancia para evitar los bloqueos en las vías y la restricción del porte de armas, dijo el Secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe.

Las declaraciones de la Viceministra de minas, María Isabel Ulloa, sobre la destrucción de la maquinaria utilizada en la labor, fue tomada como una provocación por parte de los mineros agrupados en Conalminercol, dijo su secretario general Rubén Darío Gómez.

Fuente: http://bit.ly/1LenQg4

Unas cinco mil personas marcharon ayer en la mañana en el municipio de Caucasia para presionar un acuerdo con el Gobierno Nacional que les permita a los pequeños mineros de la localidad y de las regiones Bajo Cauca y Nordeste seguir ejerciendo su labor sin ser perseguidos por las autoridades.

Con el noventa por ciento de los locales comerciales cerrados, los mineros pidieron que esta vez el Gobierno firme un acuerdo que respete su derecho al trabajo, como lo han hecho por décadas, y no siga incautándoles y quemando la maquinaria con la que ejercen su labor, de la que vive el 90 por ciento de la población.

La marcha se realizó en horas de la mañana y para la 1:00 de la tarde ya la protesta había terminado, pero por la jornada de ayer, pues hoy los mineros retoman su movimiento, como se hace en otros puntos de Antioquia y del país.

“Desde 2011 hemos firmado tres acuerdos, el último de ellos (3 de septiembre de 2013) con las firmas de tres ministros y ocho congresistas, con la Onu y la Curia, pero no se ha cumplido nada. Esperamos que esta vez se firme algo que tenga un verdadero respaldo de la máxima autoridad para poder aspirar a que se cumpla”, expresó Ricaurte Tirado, directivo de Conaminercol de la región del Bajo Cauca.
Dijo que aunque esperaban dos mil personas en la marcha, el descontento de la población es tal, que asistieron cinco mil personas.

Diego Calle, presidente de la Asociación de Comerciantes de la localidad, lamentó que los negocios hayan cerrado, pero aclaró que no hubo presiones.

“Temiendo que se presentaran desmanes como los de hace año y medio, muchos prefirieron no abrir, pero todo fue muy pacífico y tranquilo”, aseguró.

Añadió que es imposible medir la afectación en cifras económicas, pero admitió que es un golpe duro al comercio: “los mineros tienen razón en su protesta, pero los negocios cerrados sí causan pérdidas”.

Apoyo de mototaxistas Hoy seguirá la protesta, igual que en su vecina localidad de Tarazá, donde unas trescientas personas, entre mineros y mototaxistas, marcharon por la Troncal a la Costa pidiendo que les respeten el derecho a trabajar, pues allí la minería informal se ha ejercido por siglos.

“Si nuestros abuelos fueron mineros, nuestros padres son mineros, ¿por qué nuestros hijos no lo pueden ser?”, se preguntaban los voceros del movimiento a viva voz y con pancartas. “Yo trabajo la minería hace 30 años, tengo 58 y con esto he criado doce hijos, y casi todos ellos también son mineros, no hay más qué hacer acá”, manifestó Julio Hernández mientras caminaba sudoroso por la Troncal, que debió ser cerrada al paso vehicular por varias horas mientras avanzaba la caminata, que también culminó al mediodía.

Miguel Ángel Gómez, vocero de los mineros informales, y Libardo Bravo, portavoz de los mototaxistas, esperan que esta vez el Gobierno atienda su clamor por el derecho al trabajo. “Sin minería se acaba el mototaxismo, porque nosotros trabajamos transportando a los mineros y sus familias”, aseveró Libardo, mientras Miguel Ángel expresó que el 80 por ciento de la población de Tarazá no tiene más en qué trabajar si no es de minero.

“Hasta el oro lo declararon ilegal y no tenemos dónde venderlo, nosotros somos campesinos honestos y pedimos que nos respeten los derechos por una actividad que viene de nuestros ancestros, desde hace 500 años”.

Sandra González, una ama de casa que marchó con su hija, clamó por una solución: “yo también vivo de la minería, es un trabajo como todos y no sé porqué lo persiguen, esto es una lucha de cada día de gente honrada”, puntualizó.

Esta vez no hubo árboles en la vía, ni llantas o troncos de madera ardiendo e impidiendo el paso vehicular. La tarde fue tranquila en ambas localidades.

Fuente: http://bit.ly/1Len9Dz

Las mayores concentraciones serán en el Bajo Cauca antioqueño, en las poblaciones de Tarazá y

En 13 puntos de Antioquia habrá concentraciones y movilizaciones a partir de hoy al comenzar el nuevo paro nacional minero convocado por la Confederación Nacional de Mineros, para reclamarle al gobierno por lo que califican como su incumplimiento y la falta de compromiso con el gremio, y su política de arrasamiento de la pequeña y mediana minera en el país.

Las mayores concentraciones están previstas en el Bajo Cauca antioqueño, en las poblaciones de Tarazá y Caucasia donde se espera participen en la protesta unas 10 mil personas.

Pero además los mineros se concentrarán en el corregimiento Jardín de Cáceres; en el corregimiento El Doce de Tarazá, en Puerto Valdivia, el municipio de Campamento, en Vegachí, Yalí, Amalfi, Porce, en Amagá, el corregimiento Puente Iglesias de Fredonia y el corregimiento Doradal de Puerto Triunfo.

Mauricio Gómez Peña, presidente de Conalminercol, manifestó que los llamados en todas las zonas son pacifistas y un ejemplo es lo que ocurrirá en Tarazá donde párrocos, pastores, juntas de acción comunal, comerciantes, mineros, agricultores, saldrán a pedirle al gobierno nacional no por el derecho al trabajo de los mineros, sino por el encadenamiento productivo y social que la minería tiene en su región.

El dirigente gremial descalificó cualquier intento del Gobierno por desnaturalizar las protestas, de deslegitimar los actos legítimos de reclamo de la ciudadanía, diciendo que hay infiltraciones en las movilizaciones, para poder así tener un marco represivo más amplio y hacer de ese marco represivo la solución al problema.

Fuente: http://bit.ly/1yWKC5C

Los mineros informales de Antioquia comenzaron este martes a movilizarse desde las zonas de extracción de oro hacia los seis puntos de concentración donde marcharán este miércoles y reclamarán al Gobierno medidas oportunas al considerar que ha incumplido los acuerdos firmados luego del último paro de 2013.

Los mineros tradicionales del departamento se congregarán a partir de la noche de este martes en los municipios de Caucasia, Tarazá (Bajo Cauca), La Pintada, Angelópolis (Suroeste), Vegachí y Cisneros (Nordeste), convocados por la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol).

Esta organización estima que unas 350 mil pequeños y medianos mineros son parte de los productores informales, tradicionales y artesanales, de los cuales unos 150 mil se localizan en Antioquia, básicamente en la extracción de oro y carbón.

“Frente al incremento de fuerza pública en varios sitios de Antioquia, cabe aclarar que será una protesta completamente pacífica, solo queremos reclamar al Gobierno soluciones reales, ciertas, que nos permitan seguir trabajando”, comentó a este diario el secretario General de Conalminercol, Rubén Darío Gómez.

Entre los puntos que reclaman los mineros informales está que se agilicen y faciliten los procesos de legalización, que se derogue el decreto que dispone la destrucción de maquinaria, que haya claridad en las guías minero ambientales que debe cumplir el pequeño minero para su formalización, así como un tratamiento tributario diferencial.
También hay reparos al nuevo Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), pues en su pretensión de regularizar la actividad minera y darle trazabilidad a la cadena de producción y comercialización, para Conalminercol está paralizando con requisitos a la pequeña minería informal.

“Seguimos abiertos al diálogo, a que en la Mesa de Concertación citada para el próximo viernes, en Medellín, se recomponga el pliego de peticiones y el Gobierno entienda que no puede exigir al pequeño minero que cumpla con las mismas condiciones de las grandes multinacionales”, concluyó Gómez.

Fuente: http://bit.ly/1ySQJI7

La Décima Primera Brigada del ejército expidió una resolución por medio de la cual se suspende de manera provisional el uso de armas de fuego en la zona del Bajo Cauca Antioqueño con el fin de garantizar la seguridad de la población durante el desarrollo del paro minero.

La resolución entra en vigencia a partir hoy a las 6 de la tarde y se extenderá en principio hasta el sábado 21 a las 6 de la tarde.

La medida tendrá vigencia en las poblaciones de Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí, El Bagre, Zaragoza y el corregimiento Puerto Valdivia de Valdivia.

Fuente: http://bit.ly/1ySQ8Gq

El próximo 18 de febrero se realizará el paro minero Nacional, y teniendo en cuenta las alteraciones del orden público que se presentan durante estas manifestaciones, autoridades civiles y militares alistan un plan de contingencia para evitar bloqueos de la vía hacía la Costa, destrucción de infraestructura y confrontaciones.

"Estamos adelantando reuniones con todos, es decir, Policía, Ejército y Armada, para adelantar un gran plan y así evitar hechos violentos y garantizar que la protesta se desarrolle con normalidad y que no ocurra lo de hace dos años", afirmó el coronel Javier Guillermo Guerrero Salazar.

El oficial explicó que se diseñarán las estrategias para proteger los sitios críticos, porque la orden de la Dirección Nacional de la Policía es que se debe garantizar la movilidad por esta importante troncal que comunica a la Costa Atlántica, además de evitar la saqueos y problemas en el transcurso de la manifestación”, insistió.

Tanto los batallones militares, personal de la policía de los diferentes municipios del Bajo Cauca y de la Armada, estarán alertas a cualquier alteración que se pueda presentar.

Igualmente, para la próxima semana se espera una visita al municipio de Caucasia por parte del gobierno nacional encabezada por el viceministerio de Minas, para tratar de conjurar el paro minero y llegar a un acuerdo con los manifestantes.

Cálculos de los mineros señalan que de los tres puntos de concentración ubicados en el Suroeste, Norte y Bajo Cauca en Antioquia, en el municipio de Caucasia se espera la mayor concentración con unas 10 mil personas.

Fuente: http://bit.ly/1F2aV28

Con un acto especial, que incluye actividades culturales y simbólicas en el municipio de Tarazá, bajo cauca antioqueño, el Ministerio de Defensa lanzará su campaña "Basta, aquí soy libre", con la cual se vincula a la conmemoración del día internacional Contra el Reclutamiento de niños o "Día de la mano Roja".

El gobierno escogió el municipio de Tarazá por ser uno de los más afectados con el reclutamiento de menores, delito que cometen grupos guerrilleros y bandas criminales, lo cual se observa también en localidades como Anorí, Ituango Briceño y Campamento.

Según datos del Ministerio de Defensa desde el año 2002 a la fecha en el país se han desvinculado 4 mil menores de grupos armados, el 66 por ciento de ellos de las Farc y un 17 por ciento del ELN y de esa cifra total 500 de ellos en Antioquia, lo que lo convierte en el departamento del país con mayor número de menores de edad desvinculados.

Durante los 12 años que contempla el registro del ICBF, las edades más frecuentes entre los menores de edad desvinculados fueron los 16 y los 17 años, 3 mil 275 casos en estos rangos de edad.

Observadores del conflicto indicaron que la abultada cifra de niños desvinculados de las organizaciones guerrilleras y delincuenciales al margen de la ley obedece al continuo esfuerzo de estos grupos por reponer sus efectivos dados de baja, las deserciones y las desmovilizaciones generadas por la presión militar.

Fuente: http://bit.ly/1F2bYPN