La Secretaría De Gobierno de Antioquia ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien ayude a ubicar a Miguel Enrique Franco, alcalde de Nechí, Antioquia, quien está prófugo de la justicia desde hace tres meses.

Contra Franco hay una condena de cinco años de prisión, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, una multa y una inhabilidad de 94 meses para ejercer cargos públicos. La razón es que el alcalde habría cometido en 2009 —cuando también estaba en la cabeza del gobierno municipal—, los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo.

Franco habría modificado de manera indebida los requisitos de estudio mínimos que debían presentar los candidatos que aspiran a ser secretarios del despacho. Al parecer, el mandatario hizo esto paranombrar en dicho cargo a la señora Everilda Liseth Osorio Martínez, una mujer que se desempeñaba como empleada de un granero y no reunía los estudios académicos necesarios para dicho trabajo.

La orden de captura que hay en contra de Franco fue emitida el 20 de marzo pasado, pero desde ese momento el alcalde no se presenta en el despacho y nadie sabe de su paradero.

Desde ese momento Franco no ha cumplido sus funciones como alcalde. Sin embargo, la secretaria de gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, explicó que no se ha podido nombrar otra persona en el cargo porque Franco ha estado presentando incapacidades médicas desde la clandestinidad. Afirmó que por ello “le vamos a entregar a la comunidad una recompensa de 20 millones de pesos a quien nos ayude a ubicar al alcalde”.

Franco sufrió un accidente de tránsito el pasado 16 de marzo en el que resultó herido, y esa fue la última vez que se supo de su paradero.

En el pasado el alcalde ya había enfrentado investigaciones en su contra. En junio de 2017, un juzgado de Medellín lo encarceló por presuntamente haber cometido los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en  2010. Sin embargo, el mandatario había sido reintegrado a su cargo en diciembre de 2018.

La Policía Nacional capturó a 16 personas acusadas de pertenecer al grupo delincuencial los 'Caparros’, con presencia en varios municipios de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, principalmente Cáceres y Tarazá. Entre los capturados se encontrarían dos cabecillas, que según las autoridades estarían implicados en varios homicidios y serían parte del círculo más cercano a alias 'Caín', máximo líder de esa organización.

El coronel Giovanny Buitrago, comandante de la Policía Antioquia, informó que las capturas se produjeron en los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá y Cartagena, y agregó que estas esclarecerían al menos 9 homicidios y 3 intentos de homicidio ocurridos entre julio del año pasado y junio de este año en el Bajo Cauca.

El primer cabecilla sería alias el ‘Flaco’, identificado por la Policía como el jefe de sicarios de la organización. Según el perfil construido por las autoridades, este hombre habría ingresado a los ‘Caparros’ en 2016, cuando inició como integrante de la estructura urbana de ese grupo. Más adelante sería ascendido a comandante para el municipio de Tarazá y luego a coordinador de sicarios, donde presuntamente habría planeado múltiples homicidios.

El segundo capturado importante es alias ‘Tripilla’, identificado por los organismos policiales como uno de los hombres de confianza de alias ‘Cain’, el número uno de esa organización criminal. ‘Tripilla’ es señalado de ser responable de una serie de tres homicidios ocurridos en Tarazá el pasado 24 de junio.

La Policía de Antioquia aseguró en un comunicado de prensa que esta serie de capturas esclarecerían 9 homicidios y 3 intentos de homicidio ocurridos entre julio del año pasado y junio de este año. 

En el transcurso de 2019, las autoridades capturaron a 61 personas señaladas de pertenecer a los ‘Caparros’ y el ‘Clan del Golfo’, las dos máximas estructuras delincuenciales con presencia en el Bajo Cauca.

“Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión”, agregó la institución.

Fuente: http://bit.ly/2LM1dux

Tres presuntos miembros de la banda criminal Los Caparros, que delinquen en el Bajo Cauca y sur de Córdoba, fueron capturados en las últimas horas por las autoridades.

Estos sujetos son señalados como los presuntos responsables de las desapariciones y asesinatos de tres personas que salieron desde Montería hacia el municipio de Caucasia, Antioquia.

Las detenciones se realizaron en el corregimiento Puerto Bélgica del municipio de Cáceres y las investigaciones de las autoridades los relacionan de forma directa con el triple homicidio.

Los capturados, identificados con los alias de El Viejo, Freí y La Gata, pertenecerían a la subestructura Virgilio Peralta Arenas, conocida como Caparros y que delinque en esa zona del departamento.

Entre las víctimas de estos sujetos se encuentra el comerciante monteriano Arnaldo Sánchez, su hija, Judit Sánchez Villa y la joven Yosiris Martelo, amiga de ambos que los acompañó en el viaje sin retorno.

Las tres personas  salieron de Montería el pasado 14 de febrero con destino a Caucasia a concretar un negocio y desaparecieron.

Las dos mujeres fueron halladas muertas días después, flotando en las aguas del río Cauca y con señales de violencia, mientras que de Arnaldo Sánchez aún no se ha encontrado el cadáver.

Los detenidos deberán responder ante la Justicia por homicidio agravado, desaparición forzada, tortura, y concierto para delinquir.

La empresa también ha puesto en marcha un plan de recuperación para los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, afectados por la contingencia.

A pesar de que el Tribunal Superior de Medellín mencionó que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) causaron afectaciones al río Cauca con sus intervenciones en el proyecto hidroeléctrico Ituango, la compañía informó que la corporación judicial se abstuvo de emitir ordenes al reconocer que ha actuado "de manera efectiva y diligente al emprender todas las acciones necesarias para mitigar el impacto".

Cabe resaltar que la compañía dirigida por Jorge Londoño de La Cuesta suscribió convenios con varias entidades de reconocida trayectoria y experiencia científica y técnica en temas ambientales, entre ellas: la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), el Instituto Humboldt, Corantioquia y la Universidad de Antioquia en su esfuerzo para conservar, proteger la fauna y la flora de la región.

La empresa también avanza en la formalización de nuevos convenios con la Universidad Javeriana, la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional, la Fundación Humedales y la Fundación Natura, agregó la información.

Por otra parte, EPM subrayó que el Tribunal también ordena al Gobierno Nacional ejercer su representación legal sobre el río Cauca y todas las actividades pertinentes para su protección, conservación, mantenimiento y restauración.

Continuando con su compromiso con las comunidades abajo de la presa, la empresa también ha puesto en marcha un plan de recuperación para los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, afectados por la contingencia.

Fuente: http://bit.ly/2N6dEDu

Por presunta corrupción, el comandante del Departamento de Policía de Antioquia determinó el relevo de todos los uniformados pertenecientes al comando de Caucasia, que cumplían labores de seguridad en varios sectores del Bajo Cauca antioqueño, donde actualmente se trabaja con fuerza para solucionar los problemas de orden público. 

Desde el comandante de Policía de Caucasia hasta los subalternos fueron cambiados por nuevos uniformados, debido a quejas constantes de parte de la comunidad. Así lo afirmó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien aseguró que, incluso, estos policías estarían recibiendo dinero de las bandas de microtráfico. 

Pero, la afirmación más grave que entregó el mandatario departamental fue que los mismos policías estarían cometiendo extorsiones en la zona. 

"Esto lo tomo (el cambio inmediato de los uniformados) como un acto valeroso de la Policía de entrar a que haya transparencia y que los planes que haya en el Bajo Cauca den resultados efectivos porque no tiene sentido que trabajemos día y noche para que algunos miembros de la Policía estén recibiendo dineros ilícitos o ellos mismos haciendo extorsiones", sostuvo Pérez.

El gobernador también dijo que se mantienen las acciones conjuntas de las autoridades para hacerles frente a los problemas de orden público en la subregión, donde confluyen distintos grupos armados como el 'clan del Golfo', los 'Caparros', el Eln y las disidencias de las Farc. 

Especialmente Cáceres y El Bagre son municipios en los que la situación está más crítica. Por ello, en el Bajo Cauca se realizará un consejo de seguridad cada 15 días, según lo anunció Pérez.

Los uniformados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y concusión.

El mayor Yesmair Torres y el patrullero Carlos José Rúa fueron capturados en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, señalados de extorsionar a algunos habitantes de esa región.

“Parece que es por temas de extorsión, exigencias de dinero a personas residentes en el Bajo Cauca que al parecer fueron víctimas de parte de estos integrantes de la institución, pero será lo que se debe esclarecer dentro de la investigación”, manifestó el coronel Giovanny Buitrago Beltrán, comandante de la Policía de Antioquia. 

Buitrago también indicó que se está tratando de establecer si los uniformados tenían vínculos con grupos delincuenciales. 

Fuente: http://bit.ly/2Xxxzfx

Ante las Alertas Tempranas 028 y 029 de 2018 y la 02 de 2019, emitidas por la Defensoría del Pueblo, la Séptima División del Ejército Nacional realizó una serie de operaciones militares en los corredores de movilidad usados por grupos armados organizados, neutralizando tres acciones terroristas que estos pretendían realizar.

El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional informó que el primer hecho frustrado tuvo lugar en Valdivia, Norte, vereda La Coposa, donde los uniformados sostuvieron un combate contra presuntos integrantes de la subestructura Tarazá del Eln, quienes huyeron de la zona.

"Según se pudo establecer, de acuerdo a información de la Red de Participación Cívica, estos individuos tenían planeado realizar un acto de terrorismo sobre la Troncal de Occidente y así perjudicar a transportadores, comerciantes y viajeros", expresó el general Ramírez.

Agregó el comandante de la Séptima División, que el segundo caso se presentó en la vereda La Montañita, de Tarazá (Bajo Cauca), donde el grupo armado organizado residual Estructura 18 tenía planeado atentar en contra de campesinos y habitantes de esa zona. Allí también hubo intercambio de disparos replegando a los del Gao-r, los cuales son buscados por aire y tierra.

El último hecho frustrado tuvo lugar en Ituango, vereda Quebrada del Medio donde presuntos integrantes de este mismo grupo residual tenían planeada otra acción terrorista.

"Con información de la Red de Participación Cívica se pudo establecer la intención criminal que pretendían ejecutar los bandidos y fue así como se organizó un completo dispositivo de seguridad que permitió evitar cualquier acto contra la comunidad. Es en ese momento que, en medio de su desespero, lo individuos comienzan a disparar contra la tropa al tiempo que huían", explicó el uniformado.

En el hecho no se presentaron lesionados.

Fuente: http://bit.ly/2XxAWmF

Cuatro personas resultaron muertas tras un ataque armado que se registró en horas de la noche del domingo en zona rural del Bajo Cauca antioqueño.

Hombres vestidos con uniformes azules y chalecos del Gaula llegaron fuertemente armados hasta un local comercial del corregimiento de Guarumo, en jurisdicción del municipio de Cáceres, y abrieron fuego contra varias personas que allí departían.

Los individuos descargaron sus armas y además lanzaron una granada contra el inmueble, y posteriormente huyeron.

Como resultado del hecho, cuatro personas perdieron la vida, mientras que dos más resultaron heridas y se recuperan en un hospital.

La Fuerza Pública hizo presencia en el lugar e indicó preliminarmente que todo podría tratarse de una ‘vendetta’ entre los grupos delincuenciales del Clan del Golfo y Los Caparrapos.

Fuente: http://bit.ly/2XlftgB

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se dirigió hasta el Bajo Cauca antioqueño para realizar consejos de seguridad en las regiones que más problemas de orden público han presentado. Tras estar en Caucasia, el mandatario aseguró que se fortalecerá el pié de fuerza con la llegada de 20 nuevos hombres del Gaula que llegarán con dotaciones nuevas, así como también aseguró que se construirá un muro, con el fin de evitar afectaciones con el invierno y se demolerán cinco casas donde expendían droga.

Sobre la llegada de los uniformados, Pérez Gutiérrez aseguró que con ellos, se realizará un plan “antiextorsión porque algunos pudientes del municipio que generan empleo están saliendo de la localidad por la extorsión y con estas garantías que les estamos dando, están regresando”. Además, aseguró que el próximo 10 de junio serán demolidas unas cinco casas de vicio, según él, “como un ejemplo correctivo de que la droga es la peor peste que puede sufrir una sociedad y no se puede tolerar”.

Ahora bien, en cuestión de seguridad, aseguró que para los uniformados se entregaron diez motocicletas para facilitar la movilidad y la oportuna respuesta de los miembros del Batallón Rifles en la zona, la inversión superó los $182.670 millones. También se aportó una motocicleta con una inversión por $ 18 millones 639 mil pesos al municipio de Tarazá.

En dotación vehicular 4×4, Caucasia recibió un vehículo Renault Duster que costó $69 millones 695 mil pesos. Recibió además como Tarazá y Cáceres una de las tres camionetas Nissan Frontier, en la que la inversión llegó a los 106 millones 277 mil pesos.

Por último, sobre el muro que se construirá, aseguró que será de contención para proteger a las familias y a las riberas del río. Al respecto el Gobernador indicó que ya los diseños están terminados y reportaron un costo de $5.000 millones. Para hacer realidad dicho muro, se dispondrá de más de $25.000 millones.

Además, el Dapard entregará $85 millones para que al municipio llegue un un carro de bomberos de atención inmediata, para el cual también se destina entregar el kit de herramientas para el control de incendios.

Dos hombres y una mujer fueron capturados por uniformados del Ejército Nacional, en trabajos articulados con la Policía y la Fiscalía General de la Nación, en el barrio Villa del Socorro, zona céntrica del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

Los capturados serían los autores intelectuales del homicidio del médico Cristian Camilo Julio Arteaga, hecho que causó el posterior cese de actividades en el hospital de la localidad como muestra de rechazo ante el acto de violencia, que consideraron como un atentado a la misión médica, el pasado 10 de mayo.

La Fiscalía 26 Seccional de Caucasia será la encargada de procesar a los capturado, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.

Según los trabajos investigativos llevados a cabo por las autoridades, los tres capturados fueron identificados bajo los alias de La Flaca, El viejo y El Enano, pertenecientes a la subestructura Francisco Morelo Peñate del Clan del Golfo.

Con estas, ya son cuatro las personas capturadas que habrían participado en la planeación y ejecución del crimen contra el médico Arteaga.

Desde el Ejército afirman que continuará el desarrollo de operaciones en el Bajo Cauca antioqueño y en el Sur del departamento de Córdoba, en articulación con las demás autoridades competentes para restablecer la seguridad en la región.

Fuente: http://bit.ly/2JD3t74

En Antioquia, según un estudio de 2017-2018 de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, hay 361 Áreas Mineras en Estado de Abandono (Amea). Se trata de proyectos en los que se realizó extracción de material —con título o de manera informal— y en los que no se efectuaron los protocolos de cierre que garanticen que no habrá afectación a los ecosistemas.

La ley colombiana obliga a que las empresas de minería que tienen títulos y licencias para funcionar presenten, ante las autoridades ambientales, un plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y la infraestructura. Pero en los proyectos informales no hay controles.

“Muchas minas dejan de operar sin un plan (de cierre y post cierre) y, como estamos en un trópico, eso (terreno) en dos años está cargado de vegetación, pero debajo queda mercurio o sustancias peligrosas, socavones, y otros elementos”, explicó Oswaldo Ordóñez, geólogo y profesor de la Universidad Nacional.

Cambios en la norma

Dora Elena Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, explicó que en el actual Código de Minas (Ley 685 de 2001) “no encontramos instrumentos jurídicos para exigirle al titular minero que no solo haga un abandono, sino también un cierre técnico adecuado”.

El Código establece que tres meses antes del cierre, la mina debe presentar a la autoridad ambiental el plan de desmantelamiento, con acciones específicas para la recuperación geomorfológica, paisajística y forestal.

El problema es que las autoridades mineras (en Antioquia está delegada la Secretaría de Minas) y las ambientales (Corantioquia, Cornare) no tienen sistemas de información articulados y eso, según Balvín, dificulta hacer seguimiento y control.

Por eso la Gobernación presentó un proyecto de ordenanza que fue aprobado ayer en tercer debate por la Asamblea, con 18 votos a favor y uno en contra.

El documento, que pasó a sanción del gobernador, lo autoriza a que junto con las autoridades ambientales, adopten un protocolo minero ambiental “apoyado en el uso de tecnologías informáticas, con el fin de ejercer control de la actividad minera, y los cierres y abandonos de proyectos mineros”, según el documento.

Cuestionamientos

El único voto negativo lo dio el diputado del Polo, Luis Peláez, quien consideró que se le está dando autorización al gobernador para expedir una norma (el protocolo minero) sin conocer su contenido.

“Yo pedí que lo mostraran y dijeron que apenas estaba en elaboración. Para mí lo que quieren es cerrar las minas ancestrales, que ellos llaman informales, para beneficiar a las multinacionales”, dijo.

Su voz está respaldada por la Confederación de Mineros de Colombia, Conalminercol, que dijo que este es un paso más en la estrategia de apoyar a las multinacionales, por encima de los mineros artesanales colombianos.

La secretaria Balvin sostuvo que la nueva ordenanza busca que, desde antes del inicio de la operación, se presenten los planes de cierre.

“Queríamos que se aprobara la creación de una fiducia con dineros de los títulos para garantizar el cumplimiento y que el Estado no acarree con esos gastos, pero eso se debe crear por ley. Estamos conversando con la Comisión Quinta del Senado para que eso se incluya en el proyecto de código minero que se está formulando”, aclaró Balvín.

Panorama

Al preguntarle a la Secretaría de Minas de Antioquia cuántas minas hay en abandono, aseguró que aún no tiene disponible el dato actualizado. “Informales hay muchas. Nosotros aceptamos renuncias (al título minero) y lo caducamos, pero apenas estamos consolidando el registro de cuántas renuncias hay”, dijo.

Según el estudio de la Universidad Nacional, en Remedios hay 128 áreas mineras abandonadas —entre legales e irregulares—, mientras que en Segovia son 78. En Angelópolis hay 52, en Nechí 36, en Amagá 28, en Venecia 16, en Andes 15 y en Titiribí 8.

De ellas el 19,4 % corresponden a minas a cielo abierto y 80,6 % a subterráneas, es decir, a socavones.

De las 361 minas abandonadas registradas por el estudio, 257 correspondían a extracciones de oro, 99 de carbón, cuatro de materiales de construcción y una de arena.

La Gobernación aseguró que uno de los retos de la ordenanza es revisar casos de cierres antiguos, como el de las minas de carbón de Industrial Hullera (Suroeste), pues se hicieron cuando la ley no era clara en cómo manejar pasivos ambientales.

Fuente: http://bit.ly/2JCHCfS

La guerra violenta entre el Clan del Golfo, los Caparrapos y otros grupos criminales siguen generando terror en las poblaciones del bajo Cauca, principalmente en Tarazá que hoy es uno de los municipio de Antioquia con mayor desplazamiento.

De acuerdo a un informe de la administración pública, durante los últimos 3 días han llegado a Medellín cerca de 20 familias, conformadas por cerca de 70 personas.

El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que tienen toda la oferta dispuesta, pero le preocupa que cada vez la situación se agudiza más.

“Ya son muchos los que han llegado en los últimos dos años, esto es una situación de orden público que se genera por ese aumento de cultivos ilícitos, por temas de minería ilegal, por confrontaciones armadas” expresó el mandatario.

Los registros oficiales indican que ya son 2.471 personas desplazadas del Bajo Cauca que han llegado a Medellín durante este año: 767 personas de Tarazá, 684 de Cáceres, 454, 429 Bagre, 97 Zaragoza y 40 de Nechí.

Fuente: http://bit.ly/2JyAy3O

La Gobernación de Antioquia ya implementó un plan de contingencia para garantizar el servicio de salud a los habitantes del municipio de El Bagre, en el bajo Cauca de Antioquia.

Entre las decisiones comunicadas por el Gobernador Luis Pérez, figura la activación del Programa Aéreo de Salud y la contratación de servicios con una IPS en Caucasia para atender a los bagreños, mientras se resuelve la crisis desatada por el asesinato de un médico en esa población.-

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, explicó que están todas las condiciones de seguridad dispuestas para el retorno de los médicos que renunciaron, luego del asesinato del profesional Cristian Camilo Julio Arteaga.

“Estamos recuperando la tranquilidad en el municipio. Si los médicos insisten en irse, contrataremos más médicos. Indiqué que el Programa Aéreo de Salud se vaya para El Bagre. Se contratarán los pequeños servicios de salud con una IPS de la zona, y con Caucasia se contrató los servicios de salud en la zona. Además Savia Salud pagará transporte a quienes necesiten de urgencia un servicio de salud en Caucasia”, describió el gobernador de Antioquia.

Explicó que con la captura del exsoldado del Ejército y miembro del Clan del Golfo, señalado como autor o implicado en el homicidio del médico Julio Arteaga, la comunidad espera que los otros médicos se tranquilicen y regresen a sus labores en este municipio del Bajo Cauca.

A un establecimiento comercial, del corregimiento El Doce del municipio de Tarazá, llegaron varios delincuentes para atentar contra la vida de varias personas que se encontraban departiendo en el local este jueves a las 3:00 p.m.

Con una granada y fusiles AK- 47 dejaron un saldo de una persona muerta y siete más heridas luego de disparar y hacer explotar el artefacto.

“De todo ese evento quedan tres personas inicialmente heridas y luego estas mismas personas cuando arrancan a huir hacen el lanzamiento de un artefacto explosivo y dejan a cuatro personas heridas más”, contó Giovanny Buitrago, comandante de la Policía Antioquia.

La organización social Ríos Vivos confirmó, a través de redes sociales, la muerte de una familiar de un líder de la organización identificada como Diana Gutiérrez.

El dato fue corroborado por la Policía quienes agregaron que se trata de una mujer de 25 años oriunda de Ituango.

Según los primeros reportes policiales los heridos fueron trasladados hasta el municipio de Valdivia para ser atendidos y se desconocen, por ahora, qué personas o grupo delincuencial pudo haber perpetrado el atentado.

En la zona hacen presencia grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo, Caparrapos y el ELN.

Fuente: http://bit.ly/2JNFAbW

El Grupo EPM anunció la suspensión del servicio de energía para seis municipios del Bajo Cauca, durante esta semana, por obras de mantenimiento.

 Para realizar trabajos de modernización en la Subestación Caucasia es necesario interrumpir el servicio de energía eléctrica, de manera programada, este miércoles 15 de mayo, en las siguientes localidades y horarios:

 De 5:00 a.m. a 6:30 p.m.

 • Municipios de Tarazá, Caucasia, Nechí y Cáceres.

 De 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

 • Municipio de Zaragoza: zona urbana y rural.

 De 6:00 a.m. a 6:30 p.m.

 • Municipio de El Bagre: zona urbana y rural.

 EPM presenta excusas a los habitantes de estos municipios por esta interrupción y agradece su comprensión.

La empresa pone a disposición de la ciudadanía las líneas gratuitas de Atención al Cliente 44 44 115 o 018000 415 115 para solucionar cualquier inquietud sobre estas interrupciones del servicio de energía.