La Alcaldía de Tarazá y la Fuerza Pública desarrollaron un dispositivo para evacuar a dos familias campesinas que abandonaron sus hogares en el corregimiento La Caucana de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Estos núcleos familiares están compuestos por 16 campesinos que fueron amenazados por el grupo armado Los Caparros que días previos decapitó a su pariente y le prendió fuego su motocicleta en esa zona rural.

Estas personas ya fueron trasladadas a la cabecera municipal de Tarazá, donde serán transportadas a un lugar seguro, según el secretario de Gobierno del municipio, Deivinson Montero.

“Tengo entendido que ya la Cruz Roja internacional recogió estas personas en un lgar donde teníamos vigilancia por la Policía Nacional y ser trasladados en un sector donde ellos dicen sentirse seguros”, afirmó.

Las autoridades se mantienen en alerta porque las intimidaciones del grupo armado persisten en La Caucana, razón por la cual otras tres familias decidieron abandonar sus hogares y se desplazarían en las próximas horas.

En lo que va del último mes, la Alcaldía de Tarazá calcula que más de 30 campesinos, entre ellos dos presidentes de juntas de acción comunal y sus familias, se han desplazado en la zona rural por los hostigamientos de los grupos armados ilegales.

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El pasado 29 de marzo en horas de la noche se presentó un segundo atentado terrorista en vías que conducen del Departamento de Antioquia a la Costa Caribe. El primero, acaecido en la noche del 28 de marzo, ocurrió en el tramo El Siete, de la vereda El Raudal en Valdivia, norte de Antioquia, cuando desconocidos incendiaron dos camiones de carga. 

Esta vez fueron quemados tres vehículos, una tractomula, un bus y un camión, además de dejar como saldo dos menores heridos, que se encontraban en el bus que se dirigía a la costa norte vía Medellín-Caucasia.

Los hechos ocurrieron en el sector El Quince, de Valdivia.

Reportes en la zona, divulgados por RCN Noticias y Blu Radio, aseguran que la carretera se encuentra cerrada.

De acuerdo con el testimonio del vocero de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Anderson Quiceno, recomendó a los camioneros abstenerse por transitar en este punto de la troncal que comunica Medellín con la Costa Caribe en horas de la noche, hasta cuando se garanticen las condiciones de seguridad para conductores y pasajeros.

“Hemos dicho que se paren todas las operaciones de las modalidades sobre este corredor por la vía hasta que las autoridades de la Policía y del Ejército controlen la zona. Sí, esto puede generar un golpe en las actividades, pero primero hay que proteger la vida y el patrimonio (...). También sabemos que hay combates en la zona”, señaló para la emisora RCN Radio.

De otra parte, la Séptima División del Ejército atribuyó el atentado a integrantes del ELN, que escaparon tan pronto incineraron los vehículos en la vía.

En esa zona del Departamento de Antioquia operan disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, delincuentes comunes y Los Caparros, facciones que combaten por el control del territorio.

En febrero fue fue capturado en la vereda Quebradas Altas de Valdivia, norte de Antioquia, Neyder de Jesús García Zapata, conocido con los alias de ‘Mono o Jeringa’, cabecilla de la compañía Héroes de Tarazá del ELN.

Esta captura podría ser el motivo de los atentados terroristas presentados en los últimos días en Valdivia por parte del ELN.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, este hombre jugaría un rol definitivo en las extorsiones a transportadores, comerciantes y ganaderos en el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.

u proceder habría consistido en fijar cuotas económicas periódicas a los mineros ilegales y a los traficantes de drogas en esa zona del departamento, motivo que le permitió tener un control estrecho de las finanzas de la compañía que lideró en la clandestinidad.

También cabe destacar que durante 2021, Antioquia es el departamento que cuenta con el mayor número de desplazamiento interno en Colombia.

Son más de 1343 personas, en su mayoría de comunidades indígenas, que se han desplazado a lo largo y lo ancho del departamento, especialmente por amenazas de grupos armados organizados y delincuencia común.

Este elemento sería uno más dentro del panorama del conflicto que acontece en Antioquia, del que los atentados en las vías son una de sus últimas manifestaciones.

El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, destacó las inversiones sociales que se adelantan a través de 156 obras Pdet por un valor de $26.173 millones en los municipios del Bajo Cauca, Nordeste antioqueño.

En la sesión institucional que se adelantó ayer en Caucasia, el funcionario reveló además que en la actualidad hay 13 proyectos aprobados en Ocad paz por un valor de $37.672 millones.

“Lo que estamos haciendo en los municipios Pdet es una verdadera transformación social. Además de las cifras anteriores, en la subregión del Bajo Cauca, nordeste antioqueño, tenemos 1.255 familias que se benefician de cinco proyectos productivos agrícolas aprobados por un valor de $1.444 millones de pesos”, dijo.

De los 125 municipios del departamento de Antioquia, 24 son Pdet, explicó, y dijo que gracias al mecanismo de obras por impuestos 21 de estos municipios reciben dotaciones escolares.

En total se invirtieron $ 19.954 millones de pesos en dotación escolar en 21 municipios focalizados del departamento de Antioquia. Solo en Caucasia, la inversión fue de $2.190 millones de pesos, aseguró.

Archila anunció, además, que para la vigencia 2021 se firmó con la empresa Trans Metano un proyecto de dotación para Centros de Atención Infantil, CDIs. El Convenio tiene un valor de $9.980 millones de pesos y beneficiará a 10 municipios: Caucasia, Amalfi, Briceño, Cáceres, el Bagre, Nechí, Remedios, Segovia, Taraza y Zaragoza.

Con una inversión cercana a los $ 4 mil 300 millones de pesos, Gobierno Nacional mejora vías terciarias en Caucasia- Antioquia.

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En operaciones militares y de Policía en el norte del departamento de Antioquia murió Jesús Benítez Durango, alias El Perro o 'Don Diego', quien se encontraba en el cartel de los más buscado y era señalado como el segundo cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo en la mencionada región

Según el prontuario delictivo y las investigaciones adelantadas por las Fuerzas Militares, “este sujeto llevaría 22 años en la organización criminal, habría sido el responsable de las recientes amenazas en contra del personero municipal de Peque y del alcalde de Frontino”.

El general Juvel Díaz, comandante de la VII División del Ejército, entregó detalles de la operación adelantada , en la vereda El Tinto, jurisdicción del municipio de Ituango, norte de Antioquia.

“Por medio de información suministrada por inteligencia y en atención a la Alerta Temprana 004 de 2020, de la Defensoría del Pueblo, fue posible llevar a cabo la operación militar, que terminó con la neutralización de este sujeto”, detalló el oficial.

Alias El Perro era buscado además por ser el determinador de la muerte de siete personas, entre ellas un menor de dos años, ocurridos en julio de 2010, en el municipio de Uramita.

En la Fiscalía un proceso en su contra da fe que “estaría vinculado con la incineración de vehículos y motocicletas sobre las principales vías del departamento de Antioquia durante 2016 y 2017, acciones que dejaron como resultado nueve patrulleros de la Policía y cuatro civiles heridos”.

Su cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Medellín.

De acuerdo con el Ejército, alias El Perro era la persona encargada de retomar el control de esta agrupación armada en la población de Ituango. 

Durante el operativo conjunto entre Policía y Ejército también se logró incautar material de intendencia. 

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Las autoridades dieron un duro golpe al 'Clan del Golfo' al capturar a Nini Johana Úsuga David, alias ‘la Negra’, hermana del máximo cabecilla del Grupo Armado, alias 'Otoniel'.

En el operativo se realizó en Sabaneta, Antioquia y fue llevado a cabo por la Policía Nacional en coordinación con Interpol, la agencia antidrogas DEA y la Fiscalía.

De acuerdo al reporte, alias 'La Negra' figuraba en una circular roja y es requerida en extradición por la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos por narcotráfico.

La investigación apunta que esta mujer era la encargada de manejar las finanzas ilícitas producto del narcotráfico. De hecho, a través del lavado de activos y  su vínculo de sangre, llegó a ser una de las integrantes de la agrupación criminal más cercanas a 'Otoniel'. 

El director general de la Policía Nacional, mayor general Jorge Luis Vargas Valencia, aseguró que "este es un mensaje claro a ‘Otoniel’: no solo las autoridades de Colombia sino también las internacionales están en su búsqueda. La Campaña Militar y Policial ‘Agamenón’ se ha fortalecido en la zona de Urabá".

Nini Johana Úsuga había sido capturada en 2013 en una finca situada cerca de Medellín, con 23.000 millones de pesos en su poder, justamente por su relación con las rentas ilegales de la agrupación criminal en cabeza de su hermano, 'Otoniel.

Este dinero iba a ser utilizado en ese entonces para la compra de salones de belleza, gimnasios, centros de estética en Antioquia. Tras fugarse de prisión, en Medellín, luego de falsificar unos documentos, fue puesta de nuevo a disposición de la justicia en 2014, cuando fue condenada por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, falsedad en documento público y fraude procesal. En diciembre pasado recobró la libertad.

"La instrucción dada al general Fernando Murillo, director de la Dijin, es que de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, se le logren imputar a 'Otoniel' los homicidios de nuestros policías ocurridos en los últimos días en distintos lugares de Colombia. Tenemos la certeza de que el máximo cabecilla del 'Clan del Golfo' y 'Chiquito Malo', segundo en la línea criminal, dieron la orden”, señaló el general Vargas.

Cabe mencionar que por alias 'Otoniel', el gobierno de Colombia ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos, mientras que el gobierno de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares. 

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Los Caparros le pidieron al funcionario abandonar el municipio, según el mismo secretario Deivison Montero. A principios de febrero ya había denunciado que su vida estaba en riesgo. Incluso, el 26 de enero, su cuñada fue asesinada a menos de un kilómetro del edificio de la Alcaldía.

Deivison Montero, secretario de Gobierno de Tarazá, Antioquia, nuevamente fue amenazado por Los Caparros, una estructura armada que opera en la zona y que en el último año ha sido acusada de extorsiones y masacres. En esta ocasión le enviaron el mensaje con una persona cercana, quien le advirtió que debía salir del municipio

“Estoy estudiando la posibilidad de irme a vivir a otro municipio porque, a pesar de que se le han hecho varios llamados a la Unidad Nacional de Protección (UNP), todavía no han dado respuesta del estudio de seguridad”, dijo el secretario a Blu Radio.

Esta no es la primera amenaza. De hecho, el pasado 26 de enero fue asesinada la cuñada del funcionario a menos de un kilómetro del edificio de la Alcaldía. María Loaiza, quien cuidaba a las hijas de Montero, estaba durmiendo cuando hombres armados entraron a su casa y le dispararon varias veces.

“Ella era muy cercana a mí. Nos veíamos a diario. Las autoridades están investigando lo sucedido, no se descarta que esté relacionado con las amenazas que he recibido”, manifestó el secretario en una entrevista reciente con este diario.

Ferney Álvarez, el alcalde encargado de Tarazá tras la muerte por COVID-19 de Miguel Ángel Gómez, también ha recibido amenazas de muerte desde el año pasado. Hace un mes el secretario de Gobierno informó que les pidieron dirigirse a Uré, en los límites entre Antioquia y Córdoba. Les dijeron que si no asistían tomarían represalias. Por eso, Álvarez le solicitó un esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección.

Entre enero de 2018 y febrero de 2021, en este municipio se registraron 292 homicidios. En 2020 el 70 % de los homicidios relacionados con la operación de estructuras ilegales se presentaron en el casco urbano.

Además, el 3 de marzo de 2021 un funcionario de la administración local fue asesinado. Dagoberto Cerpa Erazo, de 47 años, recibió tres disparos en el barrio San Miguel. Un grupo de hombres armados llegaron a una finca en la que estaba Cerpa. Los responsables serían miembros de Los Caparros.

Los Caparros son uno de los grupos armados que se disputan El Bajo Cauca y el sur de Córdoba, zonas que hacen parte de un corredor estratégico para el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades de orden ilícito. La historia de esta organización criminal se remonta a finales de los años 90, cuando la expansión paramilitar empezaba a gestarse. 

El Ejército Nacional envió 400 soldados al Bajo Cauca antioqueño, con la intención de reforzar la persecución a las bandas criminales que tienen como blanco preferido a esta región paisa por su riqueza natural y por su estratégica ubicación geográfica. La ofensiva, incluye 400 uniformados adicionales para el corredor ilegal que atraviesa el norte del departamento, el Nudo del Paramillo y que conduce a Chocó, Urabá y la frontera con Panamá.

“Si nosotros logramos borrar los cultivos de coca del bajo Cauca, el panorama cambia ciento por ciento”, es la premisa y la obsesión del General Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División, quien coordina desde febrero un ambicioso plan militar.

La iniciativa incluyó una fase de planeación en Medellín y una segunda etapa en los Llanos de Cuivá, corregimiento de Yarumal, donde Noticias RCN fue testigo del riguroso proceso de entrenamiento y alistamiento de los uniformados antes del desplazamiento a la zona de operaciones.

La fase operativa incluye varios componentes. La Fuerza de Tarea Aquiles, con 3.928 hombres y mujeres altamente entrenados, concentra su atención en Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza. Al mando está el general Raúl Vargas.

“El objetivo es sacar de estas regiones a los que lideran estos factores de inestabilidad en la región. Sacarles ese cáncer para mejorar las condiciones de seguridad”, dice en tono fuerte el oficial, al referirse a alias Gonzalito, del Clan del Golfo; alias Flechas, de Los Caparros; ‘Maicol’ del ELN y a los antiguos cabecillas de las Farc ‘Cabuyo’ y ‘Leo’.

También, desde el Gaula Militar que opera en la zona, se anunció un refuerzo en la lucha contra la extorsión, flagelo que acosa a ganaderos, comerciantes, mineros formalizados e incluso a algunos pobladores que buscan alternativas diferentes al camino ilegal.

“Que alguien le cobre $300 mil, $400 mil, un peso o dos pesos, eso se va incrementando y con eso van a buscar comprar armas, van a buscar fortalecerse, incorporar niños, jóvenes”, asegura el mayor Jhony Alexander Araújo, comandante del Gaula Militar Bajo Cauca.

También dialogamos con líderes sociales. Llegamos hasta El Alto del Mico, una zona de difícil acceso en Puerto Valdivia, donde los campesinos, de la mano del Ejército, buscan caminos de legalidad, pero reclaman una ayuda estatal integral.

“El llamado al Estado es que no nos abandonen más, porque, así como hemos erradicado [cultivos ilícitos], nos va a tocar volver a sembrar porque si no nos llegan los proyectos productivos, entonces qué vamos a hacer”, es la expresión de la lideresa social Teresa Jaramillo.

El General Díaz Mateus, oficial de 53 años, 32 de ellos al servicio de la institución, conoce la zona y ha estado en permanente contacto con la comunidad. Asumió el mando de la Séptima División en diciembre pasado y confía en que este 2021 se produzca el quiebre, el giro, el regreso de la esperanza y de la tranquilidad, que han sido tan esquivas en esta zona antioqueña.

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Las autoridades siguen sin conocer el paracedero de los seis jóvenes desaparecidos desde el pasado 25 de febrero cuando viajaban hacia la costa Caribe en un camión de carga y al parecer, fueron retenidos por grupos ilegales. en un sector entre Puerto Valdivia y Tarazá.

La policía logró que las familias de los muchachos en edades entre los 15 y 21 años denuncien este hecho y así lograron activar todo un operativo para hallarlos ojalá con vida. Para ello se sumó el Gaula, la Sijin y la Fiscalía; el ente investigador delegó un fiscal especializado para que adelante las indagaciones del caso.

“Iniciamos un ejercicio de búsqueda de estas personas en el municipio de Valdivia y nos desplazamos un poco más hacia Tarazá, Cáceres y Caucasia. Hemos coordinado con nuestro Ejército Nacional, la gobernación de Antioquia y las alcaldías municipales”, dijo el coronel Jorge Cabra, comandante de la policía Antioquia.

Los familiares de los muchachos han logrado comunicarse con algunos de ellos, señaló el Personero del municipio de Valdivia y han indicado que están bien, pero que no se les permite indicar el lugar exacto en el que están retenidos.

Por el momento no se desconoce qué grupo criminal es el responsable de esta retención ya que desde puerto Valdivia y hasta Caucasia delinque la guerrilla del Eln, el Clan del Golfo, Los Caparros y disidencias.

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En las últimas horas, varios hombres armados llegaron a una vivienda en el barrio Los Ángeles, zona rural de Cáceres, en la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, en la búsqueda de un joven de 17 años, al que pretendían asesinar, pero dos mujeres, abuela y madre del menor, se opusieron por lo que resultaron perdiendo la vida al ser impactadas con arma de fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, al menor de 17 años, lo atacaron y ellas al ver la situación, trataron de impedir que siguieran disparando contra él. El joven quedó gravemente herido y, posteriormente fue trasladado a un centro asistencial.

Por el momento se desconocen las razones que motivaron el ataque armado, pues familiares del joven y las mujeres señalan que el menor no tenía amenazas. Asimismo, tampoco se conoce qué grupo ilegal sería el responsable del doble asesinato.

En los últimos meses, la situación de orden público en esta zona del departamento antioqueño no ha sido fácil, pues en la zona hay una disputa por el territorio del Clan del Golfo y Los Caparros lo que ha generado un ala ola de violencia e incluso cientos de desplazados de varias veredas.

Desde el pasado 6 de febrero, aproximadamente 500 campesinos de la vereda Rio Man que abandonaron sus viviendas se sienten en riesgo, pues tienen miedo de volver a sus hogares por la falta de garantías.

De acuerdo con un reporte de RCN Radio, a pesar de que ya hay presencia de las autoridades, 140 familias, que censadas por la Unidad para las Víctimas, han exigido mayores garantías de seguridad antes de emprender el camino de regreso a sus domicilios.

Al respecto, Wilson Córdoba Mena, director de dicha entidad en Antioquia señaló que lo que se vive en el momento en la región es un caso de “pánico colectivo”, que podría llevar a que el número de desplazados continúe aumentando en los próximos días, teniendo en cuenta que en la vereda quedan diez habitantes. Vale recordar que, además de las 140 familias que salieron de Cáceres, ya se tenía cuenta de otras 65 del mismo municipio que llevan por lo menos tres meses en situación de desplazamiento por las mismas razones.

Félix Olmedo, alcalde de Caucasia, también confirmó la presencia de la fuerza pública y la renuencia a regresar por parte de las familias desplazadas. “Aunque esta vereda es jurisdicción de Cáceres, está ubicada más cerca del casco urbano de Caucasia. Nosotros los estamos atendiendo con todos los protocolos que se establecen para este tipo de situaciones”, dijo a la emisora

El pasado 11 de febrero, se registró el asesinato de indígena, de 22 años, el cual hacía parte del resguardo Los Almendros, adscrito a la comunidad zenú.

La víctima fue identificada como Orlando Manuel Chimá, quien murio durante un enfrentamiento entre miembros del Ejército Nacional e integrantes del grupo armado narcoparamilitar, ‘Los Caparros’, en Piamonte, corregimiento del municipio de Cáceres, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño.

La organización Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes/as Sociales, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Antioquia fue la encargada de difundir la noticia y relató que cuando empezó el fuego cruzado los habitantes de la zona intentaron resguardarse rápidamente. En ese momento, Chimá estaba trabajando en una mina e intentó resguardarse pero no tuvo éxito.

“Lamentablemente, hasta el sitio donde el joven intentó protegerse llegaron las balas y ahí fue asesinado. Eso demuestra que los grupos armados no están respetando los derechos humanos cuando la población civil está en medio de este fuego cruzado”, aseguró Yesid Zapata, vocero de Proceso Social de Garantías.

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A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Iván Duque, informó que el Ejército Nacional en colaboración con la Fiscalía y la Policía Nacional capturaron en Valdivia, Antioquia a Neyder García Zapata, conocido por el alias de ‘Felipe’, cabecilla de la compañía Tarazá del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Me permito informar que en impecable operación coordinada entre @FuerzasMilCol, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol, fue capturado en Valdivia, Antioquia, Neyder García Zapata, alias Felipe, cabecilla de la compañía Tarazá del grupo narcoterrorista Eln”, informó Duque.

Asimismo, el mandatario agregó que alias Felipe “cuenta con un prontuario criminal de más de 5 años en el Eln”.

Según información preliminar, García tiene órdenes de captura por delitos de concierto para delinquir agravado.

“Con esta captura se afecta el Frente ‘Darío Ramírez Castro’, dedicado también al narcotráfico, extorsión y minería ilegal”, precisó Duque.

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El Gaula militar y el CTI lograron liberar a una comisión médica que había sido secuestrada en el Bajo Cauca Antioqueño, al parecer, por el Grupo Armado Los Caparros.

Según la Fiscalía General de la Nación, hombres que se identificaron como integrantes del Grupo Armado Organizado Los Caparros secuestraron a estos dos profesionales de la salud, el viernes 19 de febrero, hechos ocurrido en el corregimiento Cuturú, de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

Los rescatados aseguraron que fueron retenidos cuando acudieron a un llamado que les habían hecho para atender una emergencia en ese caserío.

Al parecer, los dos hombres permanecían privados de la libertad en la misma ambulancia en la que se movilizaban.

La Fiscalía adelanta las pesquisas para individualizar, capturar y judicializar a los responsables del hecho. 

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El pasado domingo 14 de febrero dos hombres atacaron a tiros a dos policías, uno murió identificado como Edison Ferney Parra Cadavid, de 35 años de edad, de inmediato fueron capturados dos hombres acusados de ser los responsables. Los dos delincuentes fueron judicializados de inmediato. A los procesados se les incautó se les incautó dos armas de fuego y la motocicleta en la que se movilizaban.

Los acusados son Julio César Ávila de la Vega y Luwding Pacheco Perneth, fueron enviados a la cárcel de manera preventiva por solicitud de la Fiscalía General, como presuntos responsables de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado. Pero ninguno de los procesados se allanó a los cargos.

“En coordinación con la Fiscalía General vamos a investigar todos los hechos en los que resulten lesionados todos nuestros compañeros policías, serán llevados a las instancias judiciales correspondientes y sobre ellos caerá todo el peso de la ley”, dijo el coronel Jorge Cabra comandante de la policía Antioquia.

La Fiscalía informó que se trata de establecer si este ataque sicarial fue ordenado por la banda criminal Clan del Golfo en un denominado plan pistola en retaliación por la muerte de alias Marihuano durante un operativo de la fuerza pública.

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Fue dado de baja alias “Tilico”, presunto cabecilla urbano de “Los Caparros” en Caucasia, Antioquia. El hecho tuvo lugar en el corregimiento de Puerto Bélgica, zona rural del municipio de Cáceres.

Se trata de un operativo mediante la campaña militar y policial “aquiles”, en coordinación con la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos se presentaron cuando el personal policial del GOER-DICAR, ingresaron a un inmueble con el fin de realizar diligencia de registro y allanamiento, y al ser recibidos con disparos, los uniformados reaccionaron y neutralizaron la amenaza.

Esta operación permitió la neutralización de uno de los principales dinamizadores de los cobros extorsivos en zona urbana de Caucasia.

“Tilico” había sido capturado en 2017, por su participación en el lanzamiento de una granada en la discoteca Bora Bora en Caucasia, que generó más de 36 lesionados.

Este cabecilla se encontraba indiciado dentro de un proceso investigativo por concierto para delinquir y homicidio, por tres hechos ocurridos en el municipio de Caucasia, que dejaron cinco muertos.

En el operativo se incautaron los siguientes materiales: 2 pistolas 9mm, 3 proveedores calibre 9 mm 26 cartuchos de 9 mm, 40 cartuchos de 38 mm y 2 celulares.

En el sector conocido como Pueblo Nuevo, en el municipio de Caucasia, Antioquia, dos hombres dispararon contra Edison Ferney Parra Cadavid, un uniformado de la policía que estaba haciendo vigilancia en la zona. Por la gravedad de las lesiones el patrullero murió en el sitio del ataque. 
 
Minutos después, compañeros del oficial lograron la captura de los dos responsables del homicidio a quienes se les incautaron dos armas de fuego y la motocicleta en la que cometieron el crimen.

Según las primeras informaciones, se trataría de integrantes del Clan del Golfo.  
 
El comandante de la Policía en Antioquia, coronel Jorge Cabra, aseguró que “lamentablemente uno de nuestros hombres fue asesinado en el cumplimiento de su deber. Este tipo de ataques son perpetrados por los grupos criminales en respuesta a los controles efectivos que estamos realizando en estos municipios”.  

Luego del ataque, los comerciantes de la zona decidieron cerrar sus locales, por temor a posibles enfrentamientos entre la fuerza pública y las estructuras criminales. 
 
El homicidio del patrullero Parra Cadavid, se suma al ataque del que fueron víctima dos uniformados que permanecían en una patrulla en el sector conocido como La Electrificadora de Segovia.
 
En respuesta al atentado, los uniformados dispararon contra los criminales que se desplazaban en una motocicleta, uno de ellos perdió la vida en el sitio y el otro tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de Medellín para una intervención quirúrgica por la gravedad de las lesiones. 
 
Según las primeras investigaciones, los hombres, de nacionalidad venezolana, hacían parte del Clan del Golfo y estaban cumpliendo indicaciones de un cabecilla.

La policía manifestó que este hecho confirma las versiones sobre el reclutamiento por parte de estructuras paramilitares de ciudadanos venezolanos en zonas como el Bajo Cauca antioqueño.

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Ya son 161 familias, representadas en 510 personas, entre niños y adultos, que permanecen en el coliseo municipal de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, tras desplazarse de la vereda Río Man de Cáceres por las amenazas de los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio.

El alcalde de Caucasia, Félix Olmedo, dijo que como el coliseo no contaba con las condiciones para albergar a todas las familias, se les propuso trasladarlas a la antigua sede del hospital del municipio, pero se negaron por temor a ser contagiados de coronavirus.

El mandatario local aclaró que la antigua sede del hospital no presta servicios de salud y fue higienizada, pero para tranquilidad de las familias, permanecerán en el coliseo con ayudas humanitarias y apoyo psicosocial hasta que regresen a la vereda, bajo condiciones de seguridad.

"Aunque esta vereda es jurisdicción de Cáceres, está ubicada más cerca del casco urbano de Caucasia. Nosotros los estamos atendiendo con todos los protocolos que se establecen para este tipo de situaciones”, destacó.

¿Ayudas humanitarias?

El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, aseguró que hay un “pánico colectivo” por la presencia de los grupos armados en la zona.

Los desplazados recibieron las primeras ayudas humanitarias como sábanas, cobijas, toldillos y elementos de cocina, por parte de la Unidad para las Víctimas. Según algunos líderes, solo diez habitantes quedaron en la vereda de Cáceres y los otros huyeron por temor.

Según algunos líderes, solo diez habitantes quedaron en la vereda de Cáceres y los otros huyeron por temor. Del total de familias desplazadas, 40 permanecen en el coliseo municipal de Caucasia. Las otras se auto albergaron en casas de amigos y familiares, donde esperan garantías de seguridad para volver.

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